Norma Angélica Prado Torres y Otros.
Expediente 91/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 91/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 24/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Norma Angélica Prado Torres
- Norma Angélica Prado Torres y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de inconformidad contra el auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en que este juzgado federal declaró cumplida la sentencia dictada en el presente asunto, sin que a la fecha lo haya hecho así, no obstante estar legalmente notificada para ello, como se desprende de las constancias relativas; en consecuencia, se tiene consentido dicho auto.
- Principal
Visto el oficio signado por José Manuel Añorve Calzada, Delegado de los Juzgados Mixtos Civil, Familiar y Penales de Primera Instancia del Distrito Judicial de Azueta, Zihuatanejo, Guerrero, por medio del cual manifiesta que no está dentro de sus facultades intervenir dentro de los procesos judiciales ya que la quejosa deberá de hacerlo ante la autoridad competente, por lo que se ve imposibilitado a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, dígasele a dicha autoridad que no ha lugar a tenerle justificada su imposibilidad, así como su negativa a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que como se le especificó en sentencia, que la peticionaria de amparo se duele de la dilación en que incurre la autoridad responsable Delegado de los Juzgados Mixtos Civil, Familiar y Penales de Primera Instancia del Distrito Judicial de Azueta, Guerrero, en acordar el escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil diecisiete, y asimismo argumenta, sustancialmente, que la responsable viola lo dispuesto en el artículo 8° Constitucional al no haber emitido la respuesta correspondiente a la petición que le fue formulada mediante dicho escrito. Por lo que a fin de no afectar a dicha autoridad se analiza nuevamente el artículo 8º constitucional que se estima trasgredido, el cual señala: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Como se ve el artículo constitucional transcrito prevé el denominado "derecho de petición", el cual acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, implica que cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad tiene derecho a recibir una contestación, por lo que es obligación de la autoridad de producir una respuesta. Lo expuesto encuentra apoyo en la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página: 2167, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, cuyo contenido es el siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." Al respecto, al haber acreditado la parte quejosa que realizó una solicitud a la autoridad responsable tal y como se observa del acuse del escrito que adjuntó a su demanda de amparo, dicha autoridad genera la obligación constitucional de emitir el acuerdo respectivo a la solicitud de la quejosa. Lo anterior, no obstante que la autoridad señalada como responsable en esta misma data haya expresado que la petición hecha por la aquí quejosa, no está dentro de sus facultades o competencia legal, pues como ya se dijo y como lo establece el segundo párrafo del artículo octavo constitucional refiere claramente que "a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo. Así también, debe de quedar claro y preciso, que no existe obligación de resolver en determinado sentido sobre la petición realizada, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló a que provea necesariamente de conformidad con lo solicitado, sino que a lo que está jurídicamente obligada es a CONTESTAR de manera congruente, fundada y motivada, así como a notificarle dicha respuesta a la ahora parte quejosa. Por lo que, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable José Manuel Añorve Calzada, Delegado de los Juzgados Mixtos Civil, Familiar y Penales de Primera Instancia del Distrito Judicial de Azueta, Zihuatanejo, Guerrero, para que dentro del término de TRES DÍAS HABILES, siguientes al que tenga conocimiento del presente proveído: ".de inmediato emita respuesta de manera congruente a la solicitud presentada el catorce de septiembre de dos mil diecisiete; asimismo, notifique de manera personal su contenido, debiendo exhibir a este juzgado federal copia certificada de las constancias con lo que lo acredite." Apercibido que, de no hacerlo, SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA EQUIVALENTE A CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, lo anterior con arreglo a los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la Ley de la materia. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARÓ ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Delegado de los Juzgados Mixtos Civil, Familiar y Penales de primera Instancia del Distrito Judicial de Azueta (Juan Manuel Añorve Calzada), con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional a efecto de que: ".de inmediato emita respuesta de manera congruente a la solicitud presentada el catorce de septiembre de dos mil diecisiete; asimismo, notifique de manera personal su contenido, debiendo exhibir a este juzgado federal copia certificada de las constancias con lo que lo acredite." Informe los actos que haya realizado para ese efecto y remita las constancias que así lo acrediten, apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente, lo anterior con arreglo a los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la Ley de la materia. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior o bien informe gestiones ineficaces o evasivas de conformidad con el artículo 193 de la ley de Amparo, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al órgano colegiado correspondiente, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la Unión ampara y protege a **********, por su propio derecho y en representación de su menor hija **********, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Delegado de los Juzgados Mixtos Civil, Familiar y Penales de Primera Instancia del Distrito Judicial de Azueta, Guerrero, en términos de lo razonado en el considerando SEXTO y para los efectos señalados en el SÉPTIMO considerativo de esta resolución. SEGUNDO. Se tiene a la parte quejosa de mérito implícitamente conforme con que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de la presente determinación, en términos del último considerando.
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