Norma Angelica Prado Torres

Expediente 93/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
93/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
30/11/2021

Partes del expediente

  • Norma Angelica Prado Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Segundo Tribunal en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco Guerrero, por medio del cual remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja administrativa 63/2021; por tanto, agréguese a los autos el oficio y testimonio de referencia. Acúsese el recibo correspondiente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE). Hágase saber a las partes que el Tribunal de Alzada por unanimidad de votos resolvió bajo el siguiente punto: "ÚNICO.- El recurso de queja es infundado." En mérito de lo anterior, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, respecto del cuaderno de antecedentes formado por la interposición del recurso de inconformidad, y toda vez que carece de valor institucional histórico o no aporta mayores elementos al acervo archivístico, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 20, número I, inciso a), capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que hayan transcurrido seis meses a partir del presente proveído, carece de valor institucional e histórico, ni es considerado de relevancia documental, conforme al Acuerdo General citado. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diez de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido electrónicamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la firma electrónica del Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja, interpuesto por la quejosa Norma Angélica Prado Torres, por propio derecho y en representación de la menor con iniciales G.S.A.P, en contra del auto de ocho de abril del año en curso, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, el que quedó registrado bajo el toca R. Q. AD. 63/2021. Notifíquese electrónicamente.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el escrito signado por la quejosa ******, a través del cual interpone recurso de queja en contra del auto de ocho de abril del presente año, por el que este Juzgado Federal desechó la demanda de amparo; con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del ocurso que se provee y remítase al Tribunal Colegiado de este Circuito, que por turno y materia corresponda, el original y copia de éste, así como copia certificada de las constancias que se estiman necesarias para la substanciación de dicho medio de impugnación. Asimismo, de conformidad con el numeral 101 de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación, en los siguientes términos: es cierto el acto impugnado, en virtud de que en la fecha indicada se dictó el auto que reclama. Notifíquese.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de garantías promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con sede en esta ciudad. *** Dígase al oficial administrativo encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que al secretario le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: *** Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. *** En ese orden lógico, del estudio integral de la demanda se tiene que correctamente la solicitante del amparo reclama del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: *** *** Contra la autoridad y acto que antecede resulta improcedente el juicio constitucional toda vez que así lo ha determinado en jurisprudencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de suerte que se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. De la intelección de dichos preceptos, se advierte que para determinar la procedencia del juicio de amparo, la promovente deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo; además deberá alegar que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Carta Magna, de lo que deriva una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior es así, ya que el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, consiste en que únicamente puede instaurar la acción constitucional quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo colectivo, esto es, que para estar legitimado para promover el juicio constitucional, el solicitante del amparo debe: Ser titular de un derecho jurídicamente reconocido a su favor en la Constitución Federal, que sufre una afectación directa por el acto reclamado (interés jurídico Ser titular de un interés jurídicamente reconocido a su favor en la Constitución Federal, que por encontrarse ubicado en una especial situación frente al orden jurídico sufre una afectación interés legítimo. Desde esa óptica, es dable afirmar que lo previsto en el citado artículo 107, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuye consecuencias de derecho desde el punto de vista de la legitimación del promovente del amparo indirecto tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al interés legítimo, puesto que en ambos supuestos al impetrante que se ubique dentro de ellos se les otorga autentificación para instar el juicio de amparo. *** *** En tal virtud, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, los quejosos deben acreditar el interés, jurídico o legítimo, que les asiste cuando promueven la acción constitucional, de la siguiente manera: Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia del quejoso a dicha colectividad. *** Ello es así, en virtud de que en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, no se advierte que conceda esa facultad al particular que formule denuncia de la conducta que estima irregular del servidor público, ya que se limita únicamente a que le sea recibida esa denuncia y en su caso se inicie el procedimiento respectivo. De dicho ordenamiento normativo destacan los siguientes preceptos: Artículo 122. Siempre que se presente una denuncia o queja en contra de algún servidor público del Poder Judicial del Estado, el Consejo de la Judicatura, en un término no mayor de treinta días hábiles, instrumentará el proceso respectivo y dictará resolución dentro del término de diez días hábiles. La queja presentada en contra de un juzgador por la omisión de un acto procesal en el proceso penal acusatorio, se tramitará y resolverá por el Consejo de la Judicatura en los términos establecidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 123.- Las denuncias o quejas que se presenten por falta o incumplimiento de las obligaciones en que incurran los Magistrados, Jueces, Secretarios, Actuarios y demás servidores públicos, se hará constar por escrito, para su debida tramitación, las cuales en todo caso deberán estar autorizadas con la firma del denunciante con expresión de su domicilio. Artículo 124.- Tienen acción para denunciar la comisión de faltas o incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos de la Administración de Justicia del Estado: I.- Las partes en el juicio en el que se cometieren; II.- Las personas físicas o morales que acrediten su personalidad conforme a la Ley y que tengan interés jurídico en el asunto; III.- Los abogados patronos de los litigantes en los casos de responsabilidades provenientes de hechos u omisiones cometidas en el Juicio que patrocinen; y IV.- El Ministerio Público en los negocios en que intervenga De los artículos transcritos, se advierte que otorga a los particulares, la posibilidad de presentar una queja en contra de algún servidor público de la administración de justicia, de cuyo conocimiento corresponde al Consejo de la Judicatura del Estado, quien deberá instrumentar el proceso respectivo y dictar resolución dentro del término de diez días hábiles; sin embargo, de los artículos referidos también se observa que no se otorga a quienes presentan esas denuncias, el derecho de exigir de la autoridad ante quien las presenta, una determinada conducta respecto de sus pretensiones. *** *** *** *** *** *** *** *** *** En ese entendido, como se anticipó, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia antes indicada, al carecer de interés jurídico la parte quejosa para cuestionar en esta instancia constitucional la resolución que se dictó en el procedimiento administrativo que se inició con motivo de la queja presentada ante la autoridad responsable de origen. En mérito de lo expuesto es indudable que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo; consecuentemente, lo procedente es DESECHAR DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO que nos ocupa, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la promovente y como sus autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ***, toda vez que no cuenta con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En ese contexto, como lo solicita, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza el acceso al juicio en que se actúa de manera electrónica, a ***, con nombre de usuario ***, y en tal virtud, se ordena su alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE). *** *** *** En caso de que las partes exhiban documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán exhibirla o enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. *** Lo anterior tiene la finalidad de proteger la salud de quienes intervengan en la diligencia y de impartir justicia pronta y expedita. *** Notifíquese personalmente.

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