Norma Angélica Pérez Gómez

Expediente 1040/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1040/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
18/03/2022

Partes del expediente

  • Norma Angélica Pérez Gómez
  • Norma Angélica Pérez Gómez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Vista la cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia. se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto concluido. toda vez que se concedió la suspensión de plano en el presente asunto, este expediente es susceptible de depuración, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Por otra parte, de las constancias que obran en autos se advierte que obran documentos susceptibles de devolución, exhibidos por la parte quejosa; en esa medida, requiérasele para que en el plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicha documentación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, será destruida. Asimismo, se le informa que para la entrega de éstos, deberá agendar la cita respectiva en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, a fin de generar el código QR correspondiente para su ingreso para ello.-

  2. Principal

    intégrese el oficio suscrito por el apoderado legal de la Secretaría e Instituto, ambos de Salud Pública del Estado de Guanajuato, mediante el cual informa que el nueve de febrero actual se aplicó la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el SARSCOV- 2 al menor de edad de iniciales A.C.P, y para acreditarlo anexa el comprobante de vacunación correspondiente. Ahora, con base en las documentales anexas al oficio que se provee, se advierte se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que los menores de edad de iniciales A.C.P. y R.C.P., ya les fue suministrada la segunda dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2, por lo que han completado su esquema de vacunación; por tanto, se concluye que han cesado los efectos de los actos reclamados en esta instancia constitucional. El artículo citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". 1 Lo que se certifica en atención a la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 2018, Libro 54, registro 2016852, de rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO". Los efectos del acto reclamado cesan cuando éstos se suspenden o acaban. En otras palabras, cuando la autoridad lo revoca o deroga. Para que sea aplicable esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean revocados o derogados por la autoridad responsable, pues el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado debe haber una situación idéntica a la que originalmente existía. Entonces, es innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos y que no deja huella en la esfera jurídica del particular que deba analizarse en sentencia. En el caso, la parte quejosa reclamó la omisión de las autoridades responsables de vacunar a los menores de edad de iniciales A.C.P. y R.C.P. contra el virus SARSCoV-2 y solicitó el amparo y protección de la justicia federal para que le fuera aplicado el biológico preventivo correspondiente; lo anterior, en atención a que, entre otras razones, pertenecen a un grupo especialmente vulnerable. Ahora, visto el estado de autos y los comprobantes de vacunación remitidos por la responsable, se aprecia que el once de enero del año en curso y el nueve de los actuales, así como el veinte de noviembre anterior y el catorce de diciembre pasado, respectivamente, los menores de edad de iniciales A.C.P. y R.C.P., fueron inoculados con la primera y segunda dosis del biológico del laboratorio Pfizer-BioNTech, completándose el esquema de vacunación a que alude la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-Cov-2, para la prevención de la Covid-19 en México. Por tanto, la conducta omisiva de las autoridades responsables desapareció de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo. Conviene precisar que la desaparición de la conducta omisiva antes de la presentación de la demanda de amparo, implica la inexistencia del acto de autoridad y actualiza la causa de sobreseimiento que prevé el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo; sin embargo, cuando la omisión desaparece con posterioridad a la presentación de la demanda, cesan los efectos del acto negativo y con ello se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El caso que nos ocupa, se ubica en la segunda hipótesis, pues se observa que la omisión dejó de existir con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda y, en esa medida, se actualiza la causa de improcedencia conocida como cesación de efectos. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De acuerdo con lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de su audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita2. 2 Al respecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, se pronunció en la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, Tomo IX, Junio de 1999, visible a folio 38, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su epígrafe señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia y contravendría el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y para ello emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." indirecto 1040/2021 [Énfasis añadido]. Por tanto, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas con diez minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidós.

  3. Principal

    agréguese a los autos sin mayor proveer el oficio firmado por Pedro Arturo Ramírez Ramírez, apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, toda vez que el diecisiete de los cursantes se proveyó en cuanto a su contenido.

  4. Principal

    agréguese el oficio suscrito por Pedro Arturo Ramírez Ramírez, apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, mediante el cual informa que el quejoso menor de edad de iniciales A.C.P. ya recibió la primera dosis de la vacuna preventiva contra la COVID-19 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech -lo cual acredita con la constancia de vacunación correspondiente- y que se señalaron las nueve horas del nueve de febrero de dos mil veintidós, para la aplicación de la segunda dosis de dicha vacuna en las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Irapuato, ubicado en Vialidad Interior, 367, colonia Malvas Revolución de esta ciudad. Por tanto, requiérase a la promovente del amparo Norma Angélica Pérez Gómez para que en la hora y fecha indicadas acuda con su menor hijo a la cita de vacunación aludida. En el entendido de que la madre del menor deberá llevar consigo los siguientes documentos: Credencial de elector. Comprobante de domicilio. Comprobante de aplicación de la primera dosis de la vacuna del menor. Acta de nacimiento del menor. CURP del menor. Auto donde se concedió la suspensión de plano. Se precisa que la autoridad oficiante hizo llegar dicha información a la parte interesada por medio del correo electrónico proporcionado en la demanda (vac12-17.IB@hotmail.com). Por otro lado, requiérase al Director General del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato para que una vez que se aplique la segunda dosis de la vacuna al menor quejoso, lo informe a este órgano jurisdiccional dentro de los tres días siguientes. Hágase del conocimiento de la autoridad requerida que el incumplimiento al anterior mandato judicial constituye un delito previsto y sancionado en el artículo 265, fracción I, de la legislación citada.

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