Norma Angelica Martinez Jaimes

Expediente 738/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
738/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
08/06/2017

Partes del expediente

  • Norma Angelica Martinez Jaimes

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II.- Villahermosa, Tabasco, ocho de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio 6853/2017, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Oficio que fue recibido vía correo institucional, derivado del juicio de amparo 1243/2013, al que se le da pleno valor, de conformidad con lo expuesto en la tesis jurisprudencial 1a./J. 27/2007, registro 173,071, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, marzo de 2007, página 30, aplicada al presente caso por identidad jurídica sustancial que dice: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de esta Ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica se encuentra el denominado fax, que es un medio de transmisión de datos que emplea la red telefónica, por el cual se envía un documento que se recibe por el destinatario en copia fotostática; de ahí que las constancias transmitidas por este medio, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si están certificadas por el secretario de Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite el mensaje, sobre la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional federal que lo remitió, tienen pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fueron comunicadas dichas constancias, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del fax recibido". También es aplicable, la tesis I.3o.P.41 P (10a.), registro 2011039, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, visible a página 2049, que dice: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso numeral 2o. de esa ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica a que se refiere la legislación procesal civil de referencia, se encuentra el denominado correo electrónico, que es un medio de transmisión de datos mediante redes informáticas (Internet), por el que es factible el envío de información que se recibe por el destinatario en forma de mensaje de texto o como dato adjunto; de ahí que la información generada o comunicada en mensajes de texto o archivos adjuntos que se transmite por medio del correo electrónico oficial, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si su recepción está certificada por el secretario de acuerdos del tribunal judicial al que se transmite, sobre la hora y fecha en que la recibió y la persona del órgano jurisdiccional federal que la remitió, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen del mensaje como el archivo adjunto que a través de éste se remita; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del mensaje de texto o dato adjunto recibido. En razón de ello, se ordena glosar a los presentes autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, acusa recibo del oficio 2094-II, a través del que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 738/2017 del índice de este Juzgado, con motivo de la incompetencia declinada por el suscrito en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Por tanto, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y se archiva el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el presente cuadernillo, ya que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un expediente auxiliar, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    MESA II.- Villahermosa, Tabasco, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio 200-V, signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el expediente 16/2017-V de su índice, que contiene la demanda de amparo promovida por Norma Angélica Martínez Jaimes, en contra de las siguientes autoridades responsables: 1. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCO. 2. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE TABASCO. 3. DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO. 4. DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE CABLECOM TABASCO. Ahora, de las constancias remitidas por la Secretaria del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, se aprecia que dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de derechos fundamentales, dado que conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, los Tribunales Unitarios de Circuito sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros Tribunales de la misma naturaleza, por lo que si el acto reclamado no fue emitido por otro Tribunal Unitario, dicho órgano jurisdiccional carece de competencia legal para substanciar y resolver el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto; por lo que, remítase el acuse de recibo y se ordena agregar las constancias originales del expediente declinado. ANOTACIONES Fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado; y regístrese bajo el juicio de amparo 738/2017-II, asimismo se ordena acusar de recibo el juicio referido. INCOMPETENCIA Del análisis de la demanda de amparo se aprecia que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente juicio. Al respecto, es menester subrayar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un subderecho inserto en el genérico de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, únicamente pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, al tener en consideración que la competencia se finca principalmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable; por tanto, para establecer la competencia el Juez de Distrito no sólo debe atenderse al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Así del análisis de la demanda de amparo se advierte que la promovente del juicio señala como actos reclamados: ". De las autoridades ordenadoras reclamo el omitir ordenar a las autoridades ejecutoras dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1º y 6º, párrafo B, fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 164 y demás relativos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; artículos 5 fracción III y 58 de la Ley Federal de Radio y Televisión; omisión que se traduce en que hasta la presente fecha no estoy recibiendo en mi equipo de televisión las transmisiones del Canal Once (Once TV), del Instituto Politécnico Nacional en el paquete básico que tengo contratado con la empresa CABLECOM. De la autoridades ejecutoras reclamo el incumplimiento u omisión a lo que establecen los artículos 10, fracción V, y 13, del Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos; omisión que se traduce en que hasta la presente fecha no estoy recibiendo en mi equipo de televisión las transmisiones del Canal Once (Once TV), del Instituto Politécnico Nacional en el paquete básico que tengo contratado con la empresa CABLECOM, infringiendo en mi perjuicio las disposiciones establecidas en los artículos 1º y 6º, párrafo B, fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 164 y demás relativos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; artículos 5 fracción III y 58 de la Ley Federal de Radio y Televisión." Es decir, el acto reclamado consiste esencialmente en la omisión de las autoridades responsables de dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 1º y 6º, párrafo B, fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 164 y demás relativos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, artículos 5, fracción III y 58 de la Ley Federal de Radio y Televisión y artículos 10, fracción V, y 13, del Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos, que básicamente se traduce en la abstención de retransmitir la señal del Canal Once (Once TV) del Instituto Politécnico Nacional, que se incluye en el paquete básico que la parte quejosa tiene contratado con la empresa CABLECOM. Ahora, si la empresa CABLECOM es una concesionaria del servicio de televisión y audio restringidos que, de conformidad con el artículo 3, fracciones LXIV de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, comprende el servicio de telecomunicaciones de audio o de audio y video asociados que se presta a suscriptores, a través de redes públicas de telecomunicaciones, mediante contrato y el pago periódico de una cantidad preestablecida y la prestación de dicho servicio debe ser regulada, promovida y supervisada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en términos del artículo 7 del referido ordenamiento jurídico. En esa medida si, de conformidad con los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuyos actos sólo podrán impugnarse a través del juicio de amparo sustanciado ante Juzgados de Distrito especializados. Además, en atención a lo establecido en el "Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y jurisdicción territorial en toda la República. A la conclusión de funciones de los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República. Así como su domicilio, fecha de inicio de funcionamiento y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Órganos Jurisdiccionales indicados. Y al cambio de denominación de la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de la Primera Región", los referidos órganos jurisdiccionales conocerán de los amparos indirectos y de los recursos derivados de ellos, relacionados con esas materias. Lo anterior conlleva a determinar que este Juzgado Segundo de Distrito, con residencia en Villahermosa, Tabasco carece de competencia legal para conocer de la presente demanda, porque si bien es cierto no se señaló como autoridad responsable al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene dentro de sus facultades la de regular y supervisar la prestación del servicio de televisión restringida, no menos cierto es que tomando en cuenta la naturaleza de los actos que por esta vía constitucional se reclaman y que en el caso se aplica el marco normativo que regula las actividades en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión; por tanto, se estima competente para conocer del presente asunto, el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y jurisdicción territorial en toda la República, en turno.

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