Norma Angelica Martinez Gallardo

Expediente 3/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 22 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
3/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
25/02/2022

Partes del expediente

  • Norma Angelica Martinez Gallardo
  • Juan Pablo Juarez Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Irapuato, Guanajuato, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte denunciante interpusiera el recurso de inconformidad que prevé el artículo 201, fracción IV, de la legislación en comento. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. - VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA documental. - DESTINO Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses contado a partir de la fecha del presente auto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15 interpretado en sentido contrario, 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Téngase por recibida la pieza postal relativa al oficio 24103/2021, dirigido al Director General del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (IPN), con sede en la ciudad de México; devuelta por el servicio de mensajería acelerada denominado "estafeta", por el motivo "D02 falta de datos o domicilio incorrecto" y la leyenda "nombre de quien recibe". En esas condiciones, a fin de no producir mayor dilación en la entrega de dichas comunicaciones, mediante oficio con transcripción del presente acuerdo, se ordena reexpedir las misivas señaladas, vía fax o correo electrónico o bien a través de cualquier medio tecnológico que permita su notificación, a fin de que dicha autoridad de cumplimiento con lo solicitado. Asimismo, se concede al fedatario que se encomiende, facultad de investigación respecto del domicilio o en su defecto, de la denominación correcta de la aludida autoridad, en caso de que la proporcionada no lo sea, de lo cual deberá levantar la razón actuarial correspondiente, para acordar lo que en derecho proceda. Notifíquese.

  3. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Irapuato, Guanajuato, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. DEVUELVEN PIEZA POSTAL Téngase por recibida la pieza postal de cuenta, relativa al oficio 20941/2021, dirigido al Director General del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) con sede en Ciudad de México, que devuelve el servicio de mensajería acelerada "Estafeta", sin motivo aparente. En tales condiciones, a fin de no producir mayor dilación en la entrega de dicha comunicación, mediante oficio con transcripción del presente acuerdo, se ordena reexpedir la misiva señalada, con sus anexos, vía ordinaria, fax o correo electrónico o bien a través de cualquier medio tecnológico que permita su notificación, a fin de que dicha autoridad se imponga de su contenido. Notifíquese.

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE DENUNCIANTE, LA SENTENCIA DICTADA EL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE, EN LA QUE EN SÍNTESIS SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: mes de mayo del año dos mil diecinueve y subsecuentes, por ser las que acontecieron con posterioridad a que surtió efectos la ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulado 108/2018. TERCERO. Estudio de fondo. De la intelección del artículo 210 de la Ley de Amparo, concatenado con los diversos 47, 59 y 72 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se advierte que la denuncia por incumplimiento de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en la acción que puede formular la persona afectada por la eventual inobservancia de una declaratoria de inconstitucionalidad que repercute en su esfera de derechos, sin que tenga la necesidad de promover diverso medio de defensa por vulneración a sus derechos fundamentales. De ahí que la denuncia puede formularse por los gobernados cuando, con posterioridad a la entrada en vigor de una declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma declarada contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se actualiza su incumplimiento al reunirse los siguientes elementos: 1) La existencia de una norma declarada inválida a través de una acción de inconstitucionalidad que se encuentre surtiendo sus efectos. 2) La aplicación posterior a la declaratoria de invalidez de la norma. La falta de cualquiera de ellos implica que no se actualiza el incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad. - EXISTENCIA DE UNA NORMA DECLARADA INVÁLIDA. Para realizar el estudio correspondiente, se precisa que en el Considerando Noveno de la ejecutoria emitida en las acciones de inconstitucionalidad de previa alusión, se determinó lo siguiente: "(.) NOVENO. Violación al artículo 127 de la Constitución Federal porque la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos permite fijar remuneraciones de manera discrecional. (.) El examen sistemático a los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III, IV, incisos b) y c), párrafo último y 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, demuestra que asiste la razón a los promoventes de la acción pues, en efecto, la regulación impugnada permite fijar las remuneraciones de los servidores públicos de manera discrecional, cuando uno de los objetivos de la reforma constitucional de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, fue la de evitar la discrecionalidad en la determinación del sueldo burocrático ya sea a la alza o a la baja. Esto es así, porque el sistema de remuneraciones ordenado por el Poder Constituyente tuvo entre otros ejes centrales, el de evitar actos arbitrarios en la política de sueldos en la administración pública, los Poderes Legislativo y Judicial y otros; a pesar de ello, los artículos 6 y 7 de la Ley Federal reclamada permiten a la Cámara de Diputados establecer remuneraciones sin sujetar esa facultad a criterios objetivos y metodologías que eviten actos discrecionales, y ello porque el artículo 6 simplemente ordena que para la determinación de las remuneraciones ningún servidor público podrá tener alguna igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios puestos, un contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, un trabajo técnico calificado y un trabajo de alta especialización, esto es, reproduce en buena medida la fracción III del artículo 127 constitucional, que desde luego debe observar esa Cámara al momento de fijar remuneraciones; empero, la redacción del precepto reclamado termina siendo violatoria de esa norma y del principio de legalidad y seguridad jurídica porque no hay mayor criterio, elemento o parámetro que oriente a la Cámara de Diputados en el cumplimiento de la facultad que le otorga la Constitución al momento de aprobar el Presupuesto de Egresos y, en éste, las remuneraciones de los servidores públicos. (.) La conclusión que sustenta este Tribunal Constitucional parte sin duda alguna de los razonamientos expuestos por el Constituyente Permanente en el procedimiento de reforma constitucional que culminó con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, de donde se desprenden los mandatos dirigidos al Congreso de la Unión, quien debía hacer efectivo el contenido del artículo 127 constitucional y de las disposiciones también constitucionales relativas. En ese contexto, se acentúa que uno de los objetivos de la reforma constitucional fue el de evitar la discrecionalidad en la determinación de los sueldos en el servicio público, motivo por el cual se expresó la necesidad de que con base en lo dispuesto en los artículos 75 y 127 de la Constitución Federal y otras disposiciones del mismo rango, se diera sentido y alcance a esos preceptos en la ley reglamentaria, a fin de establecer las bases uniformes para el cálculo de las remuneraciones en todos los poderes, unidades, y órganos propios del servicio público, para lo cual se previó que se debe partir de un referente máximo, en el caso, la remuneración del Presidente de la República, la cual debe observarse para la integración del resto de retribuciones del servicio público. A pesar de ello, en los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos se introdujeron hipótesis normativas que simplemente aluden a ese referente máximo, pero no existen otras que contengan los elementos técnicos, bases, procedimientos o metodologías que permitan establecer la remuneración del titular del Ejecutivo Federal, cuando el mandato de la Constitución es que el Congreso de la Unión debía desarrollar las bases previstas en el artículo 127 constitucional, a fin darle eficacia al sistema de remuneraciones del servicio público; y si bien el hecho de que los preceptos cuestionados repitan lo que prevé la Constitución no hace a la ley ordinaria inconstitucional, también lo es que las órdenes fijadas en ese precepto constitucional son claras, por cuanto el legislador debía contemplar supuestos normativos que desarrollaran no sólo ese precepto constitucional, sino el resto de disposiciones del mismo rango que impacten en el servicio público. En este apartado se hace hincapié en que el examen conjunto de los artículos 6 y 7 del ordenamiento impugnado acreditan que su texto no cumple los objetivos buscados por el Constituyente, pues finalmente sus hipótesis no contienen elementos, bases, o metodología alguna para conocer la cuantificación precisa del sueldo del Presidente de la República, sobre todo cuando su remuneración no sólo se integra por un salario bruto asignado en el presupuesto de egresos, sino que incluye todas las prestaciones en especie propias del cargo, entre otras, alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad, servicios de salud, tan es así que la fracción I del artículo 127 constitucional incluye en el concepto de remuneración no sólo los pagos en efectivo, sino también en especie. Por añadidura, el Constituyente Permanente tuvo como eje a observar, la proporcionalidad que debe existir entre las remuneraciones y las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que se desempeñe en el servicio público, a fin de no provocar que el límite objetivo para evitar la discrecionalidad, se convirtiera en una barrera infranqueable que hiciera ineficaz el sistema de remuneraciones, lo que explica que en el primer párrafo del artículo 127 constitucional se estableciera que los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada, irrenunciable y proporcional a sus responsabilidades. Pese a ello, los preceptos impugnados terminan inobservando esas características que la propia Constitución exige para toda remuneración. Es decir, es indiscutible que la remuneración del Presidente de la República es el referente que irradia en la fijación del resto de remuneraciones, pero con el fin de no distorsionar el sistema de remuneraciones el Poder Reformador exigió proporcionalidad según las funciones y las responsabilidades, pero del examen integral de los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, se desprende que sus supuestos normativos no permiten lograr ese mandato constitucional, ya que no contienen los elementos, metodología o procedimientos para respetar la proporcionalidad, la cual se orienta en los grados de responsabilidad, pues a mayor responsabilidad la remuneración deberá incrementarse proporcionalmente, según se desprende de lo expuesto en el dictamen de la Cámara de origen y discusión correspondiente en el Pleno de ésta, por cuanto se expuso la necesidad de que los sueldos respondan a criterios técnicos que conjuguen por una parte, el nivel de responsabilidad y cargas de trabajo asociados al empleo público, expresión ésta que subraya la importancia de haber introducido el término "proporcional" en el texto del artículo 127 constitucional y, desde luego, la necesidad de que la Ley Reglamentaria desarrollara esa expresión para que las retribuciones sean congruentes con los niveles de responsabilidad. Lo antedicho guarda importante relación con un diverso mandato que permite que existan servidores públicos que puedan obtener una remuneración mayor a la de su superior jerárquico, para lo cual el Poder Reformador introdujo cuatro excepciones en la fracción III del artículo 127 constitucional, a saber, que el excedente de la remuneración: a. Sea consecuencia del desempeño de varios cargos públicos; b. Sea producto de las condiciones generales de trabajo; c. De un trabajo técnico calificado; o d. Por especialización en la función, con la condición de que la suma de esas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente y, desde luego, de que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico. A pesar de lo palpable de los objetivos buscados con la reforma constitucional y los mandatos y bases plasmados en el artículo 127 constitucional, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en los preceptos motivo de análisis, contiene hipótesis que no desarrollan el principio de proporcionalidad y las cuatro excepciones a la regla general de no percibir una remuneración mayor a la del superior jerárquico; ni se regulan las otras características consistentes en que debe ser adecuada e irrenunciable por el desempeño de la función, empleo, cargo o comisión que se desempeñe. En este considerando se ha hecho énfasis en lo dispuesto en la fracción VI del artículo 127 constitucional, por cuanto prevé que el Congreso de la Unión debe expedir la ley que haga efectivo el contenido de esa norma y de las "disposiciones constitucionales relativas", lo que nos lleva al principio de división de poderes, a la regulación en materia de remuneraciones para el Poder Judicial de la Federación y los órganos constitucionales autónomos. Al respecto, esta Suprema Corte se ha pronunciado en el sentido de que la autonomía de gestión presupuestal de los entes autónomos y de los poderes es una garantía institucional indispensable para lograr los fines para los cuales fueron constituidos. En este sentido, tanto constitucional como convencionalmente, la independencia judicial se ha protegido como pilar de la democracia y como contraparte del derecho de toda persona a acceder a una justicia imparcial, llevando aparejada -entre otras garantías- la estabilidad en el cargo y la irreductibilidad del salario adecuado; y en lo que concerniente a los órganos constitucionales autónomos, la autonomía presupuestal y, por tanto, la capacidad de decidir la remuneración de sus servidores públicos responde también a la necesidad de garantizar la independencia de su funcionamiento interno para cumplir sus funciones técnicas especializadas. Estas garantías que asisten tanto al Poder Judicial como a los órganos constitucionales autónomos, constituyen una obligación de contenido constitucional y también convencional que el legislador federal debió de observar en los preceptos que se analizan de la Ley reclamada; en otras palabras, el legislador debió armonizar el principio de división de poderes en las vertientes antes descritas en relación con el artículo 127 constitucional, para establecer criterios objetivos para determinar cuánto debe ganar el titular del Poder Ejecutivo, pues de ello depende la remuneración que corresponde al resto de los servidores públicos que integran todos los Poderes de la Unión; y sobre esa base, señalar también, los criterios, elementos y metodología aplicables para las retribuciones del resto de servidores públicos. Los elementos o criterios objetivos que, por ejemplo, pueden impedir el ejercicio discrecional de esa facultad, consisten en tomar en cuenta: ? Funciones y nivel de responsabilidad asociado al perfil para cada puesto; ? Independencia para minimizar la probabilidad de captura por el poder político o económico; ? Especialización; ? Riesgo asociado al desempeño de las funciones; ? Costo de vida del lugar donde deberá desempeñarse el servidor público; ? Índice inflacionario; ? Costo de oportunidad de desarrollarse en el sector público en comparación con una responsabilidad similar en el sector privado; ? Posibilidad de percibir otros ingresos, sin que exista conflicto de interés; y, ? La integración de un órgano autónomo y objetivo que defina lineamientos y fórmulas de cálculo, así como la posibilidad de revisión de las retribuciones según las circunstancias de las funciones que se desarrollen. Los anteriores criterios, se aclara, sólo son un enunciado de lo que permitiría definir las remuneraciones de la forma más objetiva posible, serían entonces algunos parámetros que permitan una base objetiva que garantice a todo servidor público recibir una remuneración adecuada y proporcional a sus responsabilidades; y, en consecuencia, son criterios que impiden que los sueldos se fijen de manera discrecional. Los que además se mencionan porque es necesario acentuar que la Constitución ordena que las remuneraciones deben ser adecuadas y proporcionales a las responsabilidades encomendadas, además de que no pueden ser disminuidas; aunado a que el Poder Reformador tuvo presente la existencia de trabajos técnicos calificados o por especialización en su función, principios que están plasmados en el artículo 127 constitucional, y tienen como finalidad que el servicio público cuente con personal calificado e idóneo que acredite las habilidades requeridas para las funciones a desempeñar, pues también buscó eficacia y calidad en el ejercicio de la función pública, de ahí la importancia de cerrar espacios a la arbitrariedad o discrecionalidad. En consecuencia, los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III, IV, incisos b) y c) y párrafo último, así como 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV, de la Ley reclamada, permiten fijar remuneraciones sin mayor criterio que garantice las características que exige el artículo 127 constitucional, empezando por la del Presidente de la República, lo que influye en todo el sistema de remuneraciones, porque el sueldo de éste es el referente máximo para la determinación del resto de salarios del servicio público, de ahí que resulte inconstitucional que esa importante facultad de la Cámara de Diputados quede al arbitrio de la autoridad. (.) De acuerdo con lo razonado ha lugar a declarar la invalidez de los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III, IV, incisos b) y c) y párrafo último, así como 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.)" De la anterior transcripción, se advierte que el Máximo Tribunal realizó el estudio sistemático de diversas fracciones del numeral 6 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, entre ellas su fracción III, concatenando el diverso ordinal 7, y determinó declarar la invalidez de tales porciones normativas, pues concluyó, de manera medular, que tales preceptos no contenían elementos, bases o metodología alguna para conocer la cuantificación precisa del sueldo del Presidente de la República, incluyendo las prestaciones propias de ese cargo, por lo que se consideró, fue fijada de manera discrecional; lo que influía en todo el sistema de remuneraciones porque el sueldo del citado funcionario era el referente para la determinación del resto de salarios del servicio público. De modo que, el Máximo Tribunal estableció una serie de parámetros que consideró podían tomarse en cuenta para fijar la remuneración de los servidores públicos, a fin de impedir que se establecieran de manera discrecional, por lo que se condenó al Congreso de la Unión a que en el siguiente periodo ordinario de sesiones legislara respecto de las deficiencias legislativas advertidas, sin menoscabar su facultar de legislar como lo considerara pertinente. Por su parte, como se señaló en párrafos que anteceden, el Tribunal Pleno, en la última parte del Considerando Décimo tercero, determinó que la declaratoria de invalidez surtiría sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso de la Unión; lo cual aconteció el veinte de mayo de dos mil diecinueve. Así, se actualiza el primer requisito, puesto que, en lo que interesa, el artículo 6, fracción, III, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, fue declarado inválido en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018; invalidez que sigue surtiendo sus efectos, en tanto que el legislador ordinario ha sido omiso en subsanar las deficiencias legislativas advertidas, o bien, en expedir la normativa respectiva en los términos que considerara pertinentes; de ahí que resulta aplicable al periodo que refiere la parte denunciante. - INEXISTENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA INVALIDA RESPECTO DE LOS ACTOS IMPUGNADOS. Sin embargo, en relación con el segundo requisito consistente en que se haya aplicado la norma declarada inválida respecto de los actos en estudio, con independencia de lo expuesto por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato "3", con sede en Celaya, Guanajuato, del Servicio de Administración Tributaria, al desahogar la vista que se otorgó con la presente denuncia, así como que las autoridades responsables del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, con sede en Ciudad de México, y del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del propio Instituto, Unidad Irapuato, Guanajuato, hayan sido omisas en desahogarla; se precisa que no se encuentra cumplido por lo siguiente. La porción normativa cuya aplicación se reclama por haber sido declarada inválida, dispone: "Artículo 6. Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos se consideran las siguientes bases: (.) III. En ningún caso se cubre una remuneración con efectos retroactivos a la fecha de su autorización, salvo resolución jurisdiccional. Las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo de los servidores públicos se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación aplicable y no son pagadas por los órganos públicos en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro concepto. (.)" -lo resaltado y subrayado es propio- En lo tocante a la materia de impugnación, el numeral transcrito prevé que para la determinación de la remuneración de los servidores públicos, las contribuciones que se causaran debían ser retenidas y enteradas a las autoridades fiscales con base en la legislación aplicable y no serían pagadas en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro concepto. Por su parte, los artículos 94, 95 y 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, disponen que los funcionarios y trabajadores de la federación están obligados al pago del impuesto sobre la renta respecto de las remuneraciones y prestaciones que reciben; además, que dichos pagos se deben realizar por medio de retenciones que efectúa la persona moral oficial para la que trabajen, quienes deben enterar mensualmente a la autoridad tributaria las cantidades retenidas. Ahora bien, la parte promovente denuncia la aplicación del artículo 6, fracción III, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, al aducir que dicho precepto fue declarado contrario a la Constitución General de la República por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria pronunciada en la acción de inconstitucionalidad 105/2018, y su acumulado 108/2018; aduciendo que las responsables retuvieron cantidades que considera excesivas respecto de las prestaciones que integran su salario. Sin embargo, contrario a lo que alega la parte denunciante, la actuación de las autoridades responsables retenedoras en los actos impugnados se encuentra vinculada con la obligación tributaria a cargo de los funcionarios públicos de enterar a la autoridad exactora el impuesto sobre la renta respecto de sus percepciones; más no está relacionada con la fijación de los elementos, bases o metodología para establecer la cuantificación precisa del sueldo del funcionario, así como fijar el monto de las prestaciones propias de su cargo, que son las circunstancias previstas en las disposiciones normativas que fueron declaradas inválidas en la aludida ejecutoria. Es así, dado que la parte denunciante pretende combatir el monto al que asciende la retención que le es efectuada por concepto del impuesto sobre la renta, al cual le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esto, porque de los numerales 94, 95 y 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se obtiene que las retenciones reclamadas corresponden a la deducción que realizaron las responsables a las prestaciones que integran el salario del denunciante, por dicho tributo, en cumplimiento a la obligación que tienen los servidores públicos de enterar dicho gravamen a través de la retención efectuada por la institución en que laboran, a efecto de que sea recaudada por el fisco federal. Lo que se corrobora con las manifestaciones que la parte promovente realizó en la narrativa de antecedentes del escrito inicial, pues indicó que en el mes de enero de dos mil diecinueve, tuvo conocimiento de que se le aplicaría el impuesto sobre la renta en diversos de los conceptos que integran su nómina por una cantidad superior a la que previamente se le realizaban, según lo que indica, e incluso, refirió que recibió información del Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, en el sentido de que la retención de los impuestos se realizaría en estricto apego a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Asimismo, las documentales exhibidas con el escrito inicial, relativas a seis recibos de nómina expedidos a favor de la parte denunciante; a las que se concede pleno valor probatorio, en términos del numeral 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; prueban en contra de su oferente, pues se advierte que las retenciones reclamadas descritas bajo el concepto 1 de deducciones, corresponden al pago del impuesto sobre la renta. Por tanto, la parte denunciante no demostró fehacientemente que se aplicara en su perjuicio la norma declarada inválida, pues se itera que la actuación de las autoridades retenedoras se encuentra vinculada con la obligación tributaria a cargo de los funcionarios públicos de enterar a la autoridad exactora el impuesto sobre la renta respecto de sus percepciones, con base en la legislación tributaria aplicable. Así, resulta inexistente la aplicación del numeral 6, fracción III, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pues en realidad la retención impugnada se efectuó en cumplimiento a diversa normativa que es la Ley del Impuesto Sobre la Renta, como inclusive de manera reiterada admite la denunciante. En la inteligencia de que el criterio aquí asumido se ciñe al de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de inconformidad 5/2021, previsto en la fracción IV del artículo 201 de la ley de amparo, en sesión de dos de junio de dos mil veintiuno, originado con motivo del recurso de inconformidad interpuesto por el denunciante, contra la resolución emitida por este juzgado federal en la declaratoria de inconstitucionalidad 9/2020 (en la que se decretó infundada tal declaratoria); lo que constituye un hecho notorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2°, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En dicha ejecutoria el Máximo órgano concluyó, el denunciante no demostró la aplicación en su perjuicio de la disposición declarada inconstitucional en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, concretamente del artículo 6, fracción III, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; siendo correcta la conclusión de este Juzgado de Distrito en el sentido de que el pago del gravamen, con el incremento del que se quejó el denunciante, se llevó a cabo no por lo dispuesto en el precepto declarado inconstitucional, sino en acatamiento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, concretamente de los artículos 94, 95 y 96. Aunado a que, los recibos de nómina exhibidos por el ahí denunciante trabajador también, como la aquí inconforme, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, no constituyen actos de aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, porque esa disposición declarada inválida, lo que establecía en su segundo párrafo era que las contribuciones causadas por remuneraciones se retienen y enteran a las autoridades fiscales de conformidad con la legislación aplicable y no son pagadas por los órganos públicos en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro concepto, esto es, si bien ordenaba que la contribución no debía ser pagada por el órgano público en su carácter de retenedor, también lo es que frente a esa hipótesis declarada inválida, está lo previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que ordena el pago de la contribución a cargo del trabajador siendo el patrón un retenedor. En ese sentido concluyó que, contrariamente a lo aducido por el denunciante, no existe acto de aplicación alguno del artículo 6, fracción III, párrafo segundo de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, posterior al veinte de mayo de dos mil diecinueve, en que se declaró su invalidez por parte de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (hasta aquí lo resuelto por la Segunda Sala). En consecuencia, al quedar demostrado que el monto de las retenciones reclamadas no derivó de la aplicación del artículo 6°, fracción III, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, resulta infundada la presente denuncia por incumplimiento a la declaratoria de inconstitucionalidad determinada en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018. Lo anterior, con la observación que la presente resolución no prejuzga sobre la legalidad de la retención del impuesto efectuado en los actos denunciados, puesto que la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad no es la vía para analizar tal circunstancia. CUARTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Captúrese la presente sentencia el día de su publicación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos numerales 210 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Es infundada la presente denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 3/2021 promovida por *****, por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución.

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