Norma Angelica Jaramillo Frincas

Expediente 429/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
429/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
30/06/2022

Partes del expediente

  • Norma Angelica Jaramillo Frincas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; treinta de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de diez de junio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ************. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diez de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito presentado por ************, por el que subsana la prevención formulada en autos. Anotaciones en el libro de gobierno. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro , y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia . Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Acto reclamado. En el particular la parte quejosa reclama: a). El acuerdo de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós, publicado en el boletín judicial el pasado treinta de marzo del dos mil veintidós. b). La orden de desalojo, desposesión, desocupación o lanzamiento del bien ubicado en el ************ c). La negativa de acceso el expediente ********** del índice de la autoridad responsable. Causa de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." La disposición transcrita prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando, contra el acto reclamado procede un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlo, revocarlo o modificarlo, y no se hubiere agotado antes de promover la acción constitucional, siempre y cuando no opere algún supuesto de excepción. Así, el principio de definitividad en materia de amparo, estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance los gobernados, para revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo. Entonces, el legislador exige como requisitos para actualizar la causal de improcedencia invocada, los siguientes: 1. El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; 2. La ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; 3. Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; 4. Que por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, 5. No se actualice alguna de las excepciones al principio de definitividad. Ahora bien, para mejor comprensión del presente asunto, se señalan los antecedentes que guardan relación con el presente juicio en que se actúa. 1.- Con fecha diez de noviembre de dos mil dieciocho y diez de noviembre de dos mil diecinueve, la aquí peticionaria de amparo celebró contrato de arrendamiento con **********, señalada aquí como tercera interesada, respecto al inmueble ubicado en ************. 2.- El veinticinco de septiembre del año dos mil veinte, la autoridad señala como responsable Juzgado Segundo Familiar del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, ordenó el emplazamiento de la aquí peticionaria de amparo al juicio de origen ********** y su acumulado. 3.- Asimismo, toda vez que la impetrante consideró que la diligencia de emplazamiento no se había efectuado conforme lo ordena la ley de la materia, ello, en razón de que manifestó que no se efectuó en el domicilio correcto, por tanto, con fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, promovió ante la responsable incidente de nulidad por vicios en el emplazamiento. 4.- Por lo que por auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, la responsable resolvió que el incidente de nulidad promovido era improcedente, por tanto, continuó el procedimiento, asimismo, refiere se ordenaron nuevos acuerdos de "emplazamiento" y requerimiento de pago en el juicio de origen. 5.- Finalmente, indicó que a la fecha desconoce el estado que guarda el juicio natural ************ y su acumulado, esto, toda vez que refiere que la responsable no le permite la consulta de los autos. Este Juzgado Federal estima que respecto al acuerdo de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós, y la orden de desalojo, desposesión, desocupación o lanzamiento del bien ubicado en el ***********, así como las consecuencias jurídicas de dicho acto, debe tenerse presente que la misma parte quejosa indica fue dictado dentro de los autos del expediente de origen ******** y su acumulado, del índice de la autoridad responsable, del cual es parte y ha comparecido; precisando lo siguiente: "(.) es el caso que el 30 de marzo de esta misma anualidad, al revisar el boletín judicial del estado, me percato de la publicación de un auto del expediente ************" Al respecto, si bien también refiere desconocer la literalidad del contenido del referido auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, aunado a que de igual forma manifiesta que no fue debidamente emplazada a dicho juicio de origen, tiene relevancia que ya acudió al juicio e incluso promovió en su momento incidente de nulidad de emplazamiento, y el cual dice que se declaró improcedente. En ese orden de ideas, tenemos que la impetrante está en condiciones de defenderse en el juicio; que si bien alega que no se le dio acceso al expediente y que reclama una orden de desalojo o lanzamiento, lo cierto es que atendiendo a la ley que rige el procedimiento de origen, de ser el caso que la autoridad haya emitido o emita el lanzamiento, la quejosa tiene a su alcance el recurso de apelación. Sin que pase desapercibido que toda vez que forma parte del asunto también puede hacer valer los derechos correspondientes, como lo es el oponer excepciones y ofrecer pruebas, así como también solicitar de ser el caso que puede suspenderse la diligencia en cuestión, conforme a los supuestos de la ley. Al respecto, el Código Procesal Civil del Estado regula el juicio de desahucio, respecto del cual dice la quejosa derivan los actos reclamados, en los términos siguientes: "Del juicio especial de desahucio. (REFORMADO, P.O. 5 DE MARZO DE 2008) Artículo 644-A.- De la procedencia del juicio. El juicio de desahucio procede cuando se exige la desocupación de un bien inmueble, por falta de pago de tres o más mensualidades. La demanda deberá ir acompañada con el contrato de arrendamiento respectivo en el caso de haberse celebrado por escrito, en caso contrario, de haberse cumplido por ambos contratantes sin otorgamiento de documento, se justificará el acuerdo de voluntades por medio de información testimonial, prueba documental o cualquier otras bastante como medio preparatorio de juicio. Al escrito de demanda, se deberán acompañar las pruebas para acreditar las pretensiones, dichas pruebas deberán ser ofrecidas en los términos dispuestos por el artículo 391 de este Código. Simultáneamente con el desahucio podrá reclamarse el pago de las rentas vencidas y de las que se sigan venciendo hasta ejecutarse el lanzamiento. (REFORMADO, P.O. 5 DE MARZO DE 2008) Artículo 644-B.- Admisión, emplazamiento y contestación de la demanda. Presentada la demanda con el documento o las (sic) justificación correspondiente, dictará el auto el juez mandando requerir al arrendatario para que en el acto de la diligencia justifique con el recibo correspondiente estar al corriente en el pago de las rentas y de no hacerlo, se le prevenga que dentro del término de treinta días si se trata de casa habitación, de sesenta días si sirve para giro mercantil o industrial y de noventa días si fuera rustica proceda a desocuparla apercibido del lanzamiento a su costa si no lo efectúa. Si lo pidiere el actor, en el mismo auto, mandará que se embarguen y depositen bienes bastantes para cubrir las pensiones reclamadas. Mandará, para que en el mismo acto se emplace al demandado para que dentro del plazo de cinco días ocurra a contestar la demanda, oponer las excepciones que tuviere, ofreciendo en el mismo escrito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 391 de este Código, las pruebas para acreditarlas, corriéndosele traslado de la demanda, con entrega de las copias de ley. Transcurrido el plazo de cinco días, a partir de la fecha del requerimiento y emplazamiento, sin que el arrendatario conteste la demanda, oponga excepciones o siendo inadmisibles las que haga valer, a petición del actor, se dictará sentencia de desahucio en los términos del artículo 644-H, condenando simultáneamente al pago de las rentas vencidas y a las que devenguen hasta la fecha del lanzamiento. (REFORMADO, P.O. 5 DE MARZO DE 2008) Artículo 664-C.- De la suspensión de la diligencia del juicio. Si en el acto de la diligencia justificare el arrendatario, con el recibo de renta correspondiente, haber hecho el pago de las pensiones reclamadas, o acredite con los escritos de consignación debidamente sellados o exhibiere su importe, se suspenderá la diligencia, asentándose en ella el hecho y agregándose el justificante de pago para dar cuenta al juzgado. Si se hubiere exhibido el importe se mandará entregar al actor sin más trámites y se dará por terminado el procedimiento. Si se exhibiere el recibo de pago se mandará dar vista al actor por el término de tres días y si este lo objeta, previa admisión de las pruebas ofrecidas en la demanda y contestación, se citará para la audiencia de pruebas y alegatos, debiéndose desahogar aquellas que se encuentren debidamente preparadas. La audiencia no se suspenderá ni se diferirá en ningún caso por falta de preparación o desahogo de las pruebas admitidas. En caso de no objetar los recibos de pago, se dará por concluida la instancia. (ADICIONADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2005) Artículo 644-D. De la suspensión de la providencia de lanzamiento. Cuando durante el plazo fijado para el desahucio exhiba el arrendatario el recibo de las pensiones debidas, escritos de consignación debidamente sellados o el importe de ellas, se dará por terminada la providencia de lanzamiento sin condenación de costas. Si el recibo de rentas o escritos de consignación debidamente sellados presentados son de fecha posterior, o la exhibición del importe de las pensiones se hace fuera del término señalado por el desahucio, también se dará por concluida la providencia de lanzamiento; pero se condenará al arrendatario al pago de las costas causadas. (ADICIONADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2005) Artículo 644-E. Irrenunciabilidad. Los beneficios que este capítulo concede a los arrendatarios no son renunciables. (REFORMADO, P.O. 5 DE MARZO DE 2008) Artículo 644-F.- Excepciones distintas a las de pago. En caso de que se opongan excepciones por el arrendatario distintas a las de pago, sólo serán admisibles si se hacen valer ofreciendo sus pruebas; se mandará dar vista con ellas al actor, citándose para audiencia de pruebas y alegatos dentro de los cinco días siguientes teniendo en cuenta que esta audiencia debe efectuarse antes del vencimiento fijado para el lanzamiento. En esta audiencia, concurran o no las partes, se dictará resolución declarando si el arrendatario ha justificado o no sus excepciones, y si debe procederse o no al lanzamiento. Son improcedentes la reconvención y la compensación. (REFORMADO, P.O. 5 DE MARZO DE 2008) Artículo 644-H (sic).- De la sentencia. Si las excepciones fueran declaradas procedentes, en la misma resolución, dará el Juez por terminada la providencia de lanzamiento, en caso contrario, en la sentencia, se señalará el plazo para la desocupación, que será el que falte para cumplirse el señalado en el artículo 644-B. En la misma sentencia se condenará al arrendatario en su caso, a pagar al actor las rentas insolutas vencidas y las que se devenguen hasta que se lleve a cabo el lanzamiento. La sentencia que decrete el desahucio será apelable en el efecto devolutivo, y podrá ejecutarse sin otorgamiento de garantía. La sentencia que niegue el desahucio, será apelable en el efecto suspensivo. (ADICIONADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2005) Artículo 644-I. De las facultades del juez en la ejecución de la sentencia. Cuando en la ejecución de sentencia se trate de desalojar a alguna persona o familia, podrá el juez prorrogar por un mes más el plazo fijado para la desocupación si el interesado acredita que está impedido para salir de la casa por causa de enfermedad o por alguna otra circunstancia grave. (ADICIONADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2005) Artículo 644.-J. De la diligencia de lanzamiento. La diligencia que ejecute la providencia de lanzamiento se entenderá con el ejecutado o en su defecto cualquier persona de la familia, doméstico, portera o portero, agente de la policía o vecinos y en caso necesario se procederá al rompimiento de cerraduras. Los muebles u objetos que en la casa se encuentren si no hubiere persona de la familia del arrendatario que los recoja u otra persona autorizada para ello, se remitirán por inventario al local que designe la autoridad administrativa, dejándose constancia de esta diligencia en autos. (ADICIONADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2005) Artículo 644-K. De las garantías en el requerimiento. Al hacer el requerimiento se embargarán y depositarán bienes suficientes para cubrir las pensiones reclamadas, si así se hubiere decretado, lo mismo se observará al ejecutarse el lanzamiento. El arrendatario podrá antes de la diligencia de remate que se celebre respecto de los bienes embargados librarlos cubriendo las pensiones que adeude. (ADICIONADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2005) Artículo 644.-L. Del domicilio legal en el juicio. Para la ejecución del desahucio se tiene como domicilio legal del ejecutado la finca o departamento de cuya desocupación se trata. (ADICIONADO, P.O. 5 DE MARZO DE 2008) Artículo 644-M.- Para el caso de inexistencia de disposición expresa o de que la que exista sea imprecisa o insuficiente, en relación con el juicio de desahucio, se aplicarán e interpretarán las reglas establecidas para el juicio especial de arrendamiento." De lo referido, se tiene entonces que la parte quejosa tiene a su alcance los medios de defensa para hacerlos valer durante el juicio; esto es, en el presente asunto, no se está ante un acto en los que se deje sin defensa a la quejosa, en virtud de que los actos reclamados emanan de un juicio y se desarrolla ante una autoridad jurisdiccional en materia civil, que incluso según manifestó bajo protesta de decir verdad, no solo ya acudió al juicio sino que incluso promovió incidente de nulidad de emplazamiento que se le declaró improcedente. Luego, conforme a la naturaleza del juicio especial de desahucio, si bien es cierto que es factible que desde su admisión se ordenen actos de imposible reparación como puede ser el lanzamiento del inmueble arrendado y el embargo de bienes, empero, además de que no se tiene la certeza de que se haya ordenado el lanzamiento del bien inmueble descrito, como lo afirmó en la demanda de amparo y escritos aclaratorios, tiene a su alcance un recurso legal; teniendo relevancia que aun tratándose de actos de imposible reparación debe observarse el principio de definitividad. Sirven de apoyo los siguientes criterios: Registro digital: 168478 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Común Tesis: III.2o.C.30 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, página 1347 Tipo: Aislada SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. LA CONSTITUYE EL AUTO DICTADO DENTRO DE JUICIO, CON APERCIBIMIENTO DE LANZAMIENTO EN JUICIO CIVIL SUMARIO DE DESAHUCIO, PARA EL CASO DE QUE LA DEMANDADA NO DESOCUPE VOLUNTARIAMENTE LA FINCA ARRENDADA. Si durante la substanciación de un juicio civil sumario de rescisión de arrendamiento, se decreta la desocupación de la finca arrendada, otorgándole a la demandada un término de treinta días para el cumplimiento voluntario, con apercibimiento que en caso de no hacerlo en dicho término, se decretará la ejecución forzosa, y previa interposición del recurso ordinario que resulta infundado se promueve amparo indirecto; tal acto es susceptible de reclamarse en dicha vía, cuenta habida que la consecuencia del acto jurídico en cuestión es que quede firme la resolución que decreta la desocupación y entrega del bien alquilado, pues aun cuando éste ordena la realización voluntaria dentro de un término determinado, que de no realizarse generará que se haga efectivo el apercibimiento respectivo y se proceda a la ejecución forzosa, ello implica que la orden de lanzamiento decretada no está supeditada a circunstancia alguna, por lo que después de ésta, únicamente queda su cumplimiento forzoso que, de efectuarse, es susceptible de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales de la quejosa que tutela la Constitución, como es el derecho sustantivo de la posesión, afectación o sus efectos que no se destruyen con el hecho de que la quejosa obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio natural, por haberse consumado de manera irreparable la violación en el disfrute de la garantía individual violada, pues aun cuando la peticionaria de garantías obtenga sentencia favorable, y se ordene la restitución en la posesión de la finca arrendada, el término que dure el desposeimiento y los perjuicios ocasionados por éste, no podrán ser restituidos; de lo que se concluye, que las consecuencias del acto reclamado constituyen una actuación que sí tiene el alcance de afectar las garantías individuales de la quejosa y por ende, procede en su contra el amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo." Registro digital: 2017117 Instancia: Pleno Décima Época Materia(s): Común Tesis: P./J. 11/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8 Tipo: Jurisprudencia "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Asimismo, aun en el supuesto de que la autoridad responsable haya emitido algún acuerdo u orden de desalojo del bien inmueble señalado, la aquí impetrante de amparo al momento de la diligencia podrá justificar el pago correspondiente o alguna otra cuestión que le beneficie. No pasa inadvertido que se alega que no se le permitió a la parte quejosa la revisión del expediente, sin embargo, esto es insuficiente para que se determine la procedencia de la demanda, atento a que el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones de autoridades que violen derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que significa que mediante dicho juicio sólo pueden examinarse por los tribunales federales, actos o abstenciones provenientes de una autoridad que vulneren la esfera jurídica del gobernado. Lo que en el caso no acontece, en virtud de lo siguiente. En el presente caso cobra relevancia lo indicado en el inciso b), pues la supuesta negativa a permitirle la revisión del expediente, atribuida a las autoridades responsables, al hacerla derivar de una solicitud verbal y de respuesta igualmente verbal, no configuran actos de autoridad que afecten la esfera de la impetrante, pues debe tenerse presente que los actos derivan de un procedimiento jurisdiccional y conforme a la normatividad aplicable, deben ajustarse a las vías que ésta establece para hacer valer los derechos procesales correspondientes. Al respecto, los artículos 2°, 5° y 80 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Morelos, establecen: "Artículo 2o. Derecho a la impartición de justicia. Ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." "Artículo 5o. Iniciativa del proceso. La iniciativa del proceso, salvo los casos en que corresponda al Ministerio Público, queda reservada a las partes; el Juzgador procederá de oficio para impulsarlo cuando la Ley lo establezca de manera expresa. Los interesados podrán disponer de sus derechos sustanciales en el litigio judicial, salvo aquellos irrenunciables y podrán terminarlo en forma unilateral o de común acuerdo, apegándose a los mandatos de este Ordenamiento." "Artículo 80. Obligación del Secretario de informar sobre los escritos presentados. En cada documento que se presente, la persona autorizada al efecto hará constar el día y la hora en que se presente un escrito y una relación de los documentos que se anexen. El Secretario dará cuenta al Magistrado o Juez con los escritos recibidos a más tardar dentro de las veinticuatro horas en que le hayan sido turnados, sin perjuicio de hacerlo de inmediato, cuando se trate de asunto urgente; so pena de una multa equivalente al importe de un día de su salario, en caso de incumplimiento." De lo anterior se sigue que la propia normatividad establece cómo es la manera en que debe plantearse el ejercicio de los derechos procesales, que eminentemente es por escrito, máxime que no se trata de un juicio oral; por lo que si como en el caso, la quejosa estima que se le está negando el acceso del expediente sin justificación, debe acudir ante la autoridad por escrito y hacerlo valer, para efecto de obligar a éste justificar su actuar. Lo cual no acontece con motivo de una petición y una supuesta respuesta igualmente verbal que se atribuye a una persona (incluso autoridad) a quien le fue hecha, pues se insiste, debe instarse a la autoridad por escrito realizado de manera pacífica y respetuosa. En efecto, para que la autoridad dentro del procedimiento jurisdiccional emita una respuesta formalizada, la petición respectiva deberá ser presentada por escrito, en sus oficinas autorizadas para tales efectos, la cual no podrá ser rechazada. Frente a tal contexto normativo, si en contraste con lo anterior, la quejosa dice que se le ha negado el acceso al expediente sin que haya hecho valer su derecho frente a la autoridad, previo a acudir a este juicio de amparo; no se genera la aludida relación que tenga nacimiento en la ley y que por ende se afecte la esfera jurídica de la impetrante (en el caso en términos de los artículos 8, 14 y 17 constitucionales), pues para que esto se origine, la hoy quejosa tiene que instar a tal autoridad a través de una petición formulada por escrito, en términos de los numerales referidos, conforme a la normatividad que rige el procedimiento jurisdiccional. Sostener lo contrario implicaría que la parte quejosa aun siendo parte del juicio de origen y teniendo a su alcance los medios para ejercer sus derechos, acudiera a esta instancia constitucional sin hacerlos valer previamente, e incluso conllevaría al extremo de que el principio de definitividad no se observara, bajo el argumento de que no se tiene acceso al expediente que fue comunicado de manera verbal, supuesto que no contempla la Ley de Amparo como excepción a tal principio; máxime que como se ha dicho, la ley que rige el asunto que nos ocupa señala la forma en que deben presentarse las promociones y cómo la autoridad está obligada a atenderlas. Orienta a lo anterior, la tesis que enseguida se cita: Registro digital: 2008884 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Administrativa, Común Tesis: 1a./J. 7/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 480 Tipo: Jurisprudencia "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." En tal virtud, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en trato. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa, el auto dictado el diez de junio de dos mil veintidós: Cuernavaca, Morelos; diez de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito presentado por ************, por el que subsana la prevención formulada en autos. Anotaciones en el libro de gobierno. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro , y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia . Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Acto reclamado. En el particular la parte quejosa reclama: a). El acuerdo de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós, publicado en el boletín judicial el pasado treinta de marzo del dos mil veintidós. b). La orden de desalojo, desposesión, desocupación o lanzamiento del bien ubicado en el ************ c). La negativa de acceso el expediente ********** del índice de la autoridad responsable. Causa de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." La disposición transcrita prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando, contra el acto reclamado procede un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlo, revocarlo o modificarlo, y no se hubiere agotado antes de promover la acción constitucional, siempre y cuando no opere algún supuesto de excepción. Así, el principio de definitividad en materia de amparo, estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance los gobernados, para revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo. Entonces, el legislador exige como requisitos para actualizar la causal de improcedencia invocada, los siguientes: 1. El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; 2. La ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; 3. Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; 4. Que por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, 5. No se actualice alguna de las excepciones al principio de definitividad. Ahora bien, para mejor comprensión del presente asunto, se señalan los antecedentes que guardan relación con el presente juicio en que se actúa. 1.- Con fecha diez de noviembre de dos mil dieciocho y diez de noviembre de dos mil diecinueve, la aquí peticionaria de amparo celebró contrato de arrendamiento con **********, señalada aquí como tercera interesada, respecto al inmueble ubicado en ************. 2.- El veinticinco de septiembre del año dos mil veinte, la autoridad señala como responsable Juzgado Segundo Familiar del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, ordenó el emplazamiento de la aquí peticionaria de amparo al juicio de origen ********** y su acumulado. 3.- Asimismo, toda vez que la impetrante consideró que la diligencia de emplazamiento no se había efectuado conforme lo ordena la ley de la materia, ello, en razón de que manifestó que no se efectuó en el domicilio correcto, por tanto, con fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, promovió ante la responsable incidente de nulidad por vicios en el emplazamiento. 4.- Por lo que por auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, la responsable resolvió que el incidente de nulidad promovido era improcedente, por tanto, continuó el procedimiento, asimismo, refiere se ordenaron nuevos acuerdos de "emplazamiento" y requerimiento de pago en el juicio de origen. 5.- Finalmente, indicó que a la fecha desconoce el estado que guarda el juicio natural ************ y su acumulado, esto, toda vez que refiere que la responsable no le permite la consulta de los autos. Este Juzgado Federal estima que respecto al acuerdo de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós, y la orden de desalojo, desposesión, desocupación o lanzamiento del bien ubicado en el ***********, así como las consecuencias jurídicas de dicho acto, debe tenerse presente que la misma parte quejosa indica fue dictado dentro de los autos del expediente de origen ******** y su acumulado, del índice de la autoridad responsable, del cual es parte y ha comparecido; precisando lo siguiente: "(.) es el caso que el 30 de marzo de esta misma anualidad, al revisar el boletín judicial del estado, me percato de la publicación de un auto del expediente ************" Al respecto, si bien también refiere desconocer la literalidad del contenido del referido auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, aunado a que de igual forma manifiesta que no fue debidamente emplazada a dicho juicio de origen, tiene relevancia que ya acudió al juicio e incluso promovió en su momento incidente de nulidad de emplazamiento, y el cual dice que se declaró improcedente. En ese orden de ideas, tenemos que la impetrante está en condiciones de defenderse en el juicio; que si bien alega que no se le dio acceso al expediente y que reclama una orden de desalojo o lanzamiento, lo cierto es que atendiendo a la ley que rige el procedimiento de origen, de ser el caso que la autoridad haya emitido o emita el lanzamiento, la quejosa tiene a su alcance el recurso de apelación. Sin que pase desapercibido que toda vez que forma parte del asunto también puede hacer valer los derechos correspondientes, como lo es el oponer excepciones y ofrecer pruebas, así como también solicitar de ser el caso que puede suspenderse la diligencia en cuestión, conforme a los supuestos de la ley. Al respecto, el Código Procesal Civil del Estado regula el juicio de desahucio, respecto del cual dice la quejosa derivan los actos reclamados, en los términos siguientes: "Del juicio especial de desahucio. (REFORMADO, P.O. 5 DE MARZO DE 2008) Artículo 644-A.- De la procedencia del juicio. El juicio de desahucio procede cuando se exige la desocupación de un bien inmueble, por falta de pago de tres o más mensualidades. La demanda deberá ir acompañada con el contrato de arrendamiento respectivo en el caso de haberse celebrado por escrito, en caso contrario, de haberse cumplido por ambos contratantes sin otorgamiento de documento, se justificará el acuerdo de voluntades por medio de información testimonial, prueba documental o cualquier otras bastante como medio preparatorio de juicio. Al escrito de demanda, se deberán acompañar las pruebas para acreditar las pretensiones, dichas pruebas deberán ser ofrecidas en los términos dispuestos por el artículo 391 de este Código. Simultáneamente con el desahucio podrá reclamarse el pago de las rentas vencidas y de las que se sigan venciendo hasta ejecutarse el lanzamiento. (REFORMADO, P.O. 5 DE MARZO DE 2008) Artículo 644-B.- Admisión, emplazamiento y contestación de la demanda. Presentada la demanda con el documento o las (sic) justificación correspondiente, dictará el auto el juez mandando requerir al arrendatario para que en el acto de la diligencia justifique con el recibo correspondiente estar al corriente en el pago de las rentas y de no hacerlo, se le prevenga que dentro del término de treinta días si se trata de casa habitación, de sesenta días si sirve para giro mercantil o industrial y de noventa días si fuera rustica proceda a desocuparla apercibido del lanzamiento a su costa si no lo efectúa. Si lo pidiere el actor, en el mismo auto, mandará que se embarguen y depositen bienes bastantes para cubrir las pensiones reclamadas. Mandará, para que en el mismo acto se emplace al demandado para que dentro del plazo de cinco días ocurra a contestar la demanda, oponer las excepciones que tuviere, ofreciendo en el mismo escrito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 391 de este Código, las pruebas para acreditarlas, corriéndosele traslado de la demanda, con entrega de las copias de ley. Transcurrido el plazo de cinco días, a partir de la fecha del requerimiento y emplazamiento, sin que el arrendatario conteste la demanda, oponga excepciones o siendo inadmisibles las que haga valer, a petición del actor, se dictará sentencia de desahucio en los términos del artículo 644-H, condenando simultáneamente al pago de las rentas vencidas y a las que devenguen hasta la fecha del lanzamiento. (REFORMADO, P.O. 5 DE MARZO DE 2008) Artículo 664-C.- De la suspensión de la diligencia del juicio. Si en el acto de la diligencia justificare el arrendatario, con el recibo de renta correspondiente, haber hecho el pago de las pensiones reclamadas, o acredite con los escritos de consignación debidamente sellados o exhibiere su importe, se suspenderá la diligencia, asentándose en ella el hecho y agregándose el justificante de pago para dar cuenta al juzgado. Si se hubiere exhibido el importe se mandará entregar al actor sin más trámites y se dará por terminado el procedimiento. Si se exhibiere el recibo de pago se mandará dar vista al actor por el término de tres días y si este lo objeta, previa admisión de las pruebas ofrecidas en la demanda y contestación, se citará para la audiencia de pruebas y alegatos, debiéndose desahogar aquellas que se encuentren debidamente preparadas. La audiencia no se suspenderá ni se diferirá en ningún caso por falta de preparación o desahogo de las pruebas admitidas. En caso de no objetar los recibos de pago, se dará por concluida la instancia. (ADICIONADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2005) Artículo 644-D. De la suspensión de la providencia de lanzamiento. Cuando durante el plazo fijado para el desahucio exhiba el arrendatario el recibo de las pensiones debidas, escritos de consignación debidamente sellados o el importe de ellas, se dará por terminada la providencia de lanzamiento sin condenación de costas. Si el recibo de rentas o escritos de consignación debidamente sellados presentados son de fecha posterior, o la exhibición del importe de las pensiones se hace fuera del término señalado por el desahucio, también se dará por concluida la providencia de lanzamiento; pero se condenará al arrendatario al pago de las costas causadas. (ADICIONADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2005) Artículo 644-E. Irrenunciabilidad. Los beneficios que este capítulo concede a los arrendatarios no son renunciables. (REFORMADO, P.O. 5 DE MARZO DE 2008) Artículo 644-F.- Excepciones distintas a las de pago. En caso de que se opongan excepciones por el arrendatario distintas a las de pago, sólo serán admisibles si se hacen valer ofreciendo sus pruebas; se mandará dar vista con ellas al actor, citándose para audiencia de pruebas y alegatos dentro de los cinco días siguientes teniendo en cuenta que esta audiencia debe efectuarse antes del vencimiento fijado para el lanzamiento. En esta audiencia, concurran o no las partes, se dictará resolución declarando si el arrendatario ha justificado o no sus excepciones, y si debe procederse o no al lanzamiento. Son improcedentes la reconvención y la compensación. (REFORMADO, P.O. 5 DE MARZO DE 2008) Artículo 644-H (sic).- De la sentencia. Si las excepciones fueran declaradas procedentes, en la misma resolución, dará el Juez por terminada la providencia de lanzamiento, en caso contrario, en la sentencia, se señalará el plazo para la desocupación, que será el que falte para cumplirse el señalado en el artículo 644-B. En la misma sentencia se condenará al arrendatario en su caso, a pagar al actor las rentas insolutas vencidas y las que se devenguen hasta que se lleve a cabo el lanzamiento. La sentencia que decrete el desahucio será apelable en el efecto devolutivo, y podrá ejecutarse sin otorgamiento de garantía. La sentencia que niegue el desahucio, será apelable en el efecto suspensivo. (ADICIONADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2005) Artículo 644-I. De las facultades del juez en la ejecución de la sentencia. Cuando en la ejecución de sentencia se trate de desalojar a alguna persona o familia, podrá el juez prorrogar por un mes más el plazo fijado para la desocupación si el interesado acredita que está impedido para salir de la casa por causa de enfermedad o por alguna otra circunstancia grave. (ADICIONADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2005) Artículo 644.-J. De la diligencia de lanzamiento. La diligencia que ejecute la providencia de lanzamiento se entenderá con el ejecutado o en su defecto cualquier persona de la familia, doméstico, portera o portero, agente de la policía o vecinos y en caso necesario se procederá al rompimiento de cerraduras. Los muebles u objetos que en la casa se encuentren si no hubiere persona de la familia del arrendatario que los recoja u otra persona autorizada para ello, se remitirán por inventario al local que designe la autoridad administrativa, dejándose constancia de esta diligencia en autos. (ADICIONADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2005) Artículo 644-K. De las garantías en el requerimiento. Al hacer el requerimiento se embargarán y depositarán bienes suficientes para cubrir las pensiones reclamadas, si así se hubiere decretado, lo mismo se observará al ejecutarse el lanzamiento. El arrendatario podrá antes de la diligencia de remate que se celebre respecto de los bienes embargados librarlos cubriendo las pensiones que adeude. (ADICIONADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2005) Artículo 644.-L. Del domicilio legal en el juicio. Para la ejecución del desahucio se tiene como domicilio legal del ejecutado la finca o departamento de cuya desocupación se trata. (ADICIONADO, P.O. 5 DE MARZO DE 2008) Artículo 644-M.- Para el caso de inexistencia de disposición expresa o de que la que exista sea imprecisa o insuficiente, en relación con el juicio de desahucio, se aplicarán e interpretarán las reglas establecidas para el juicio especial de arrendamiento." De lo referido, se tiene entonces que la parte quejosa tiene a su alcance los medios de defensa para hacerlos valer durante el juicio; esto es, en el presente asunto, no se está ante un acto en los que se deje sin defensa a la quejosa, en virtud de que los actos reclamados emanan de un juicio y se desarrolla ante una autoridad jurisdiccional en materia civil, que incluso según manifestó bajo protesta de decir verdad, no solo ya acudió al juicio sino que incluso promovió incidente de nulidad de emplazamiento que se le declaró improcedente. Luego, conforme a la naturaleza del juicio especial de desahucio, si bien es cierto que es factible que desde su admisión se ordenen actos de imposible reparación como puede ser el lanzamiento del inmueble arrendado y el embargo de bienes, empero, además de que no se tiene la certeza de que se haya ordenado el lanzamiento del bien inmueble descrito, como lo afirmó en la demanda de amparo y escritos aclaratorios, tiene a su alcance un recurso legal; teniendo relevancia que aun tratándose de actos de imposible reparación debe observarse el principio de definitividad. Sirven de apoyo los siguientes criterios: Registro digital: 168478 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Común Tesis: III.2o.C.30 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, página 1347 Tipo: Aislada SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. LA CONSTITUYE EL AUTO DICTADO DENTRO DE JUICIO, CON APERCIBIMIENTO DE LANZAMIENTO EN JUICIO CIVIL SUMARIO DE DESAHUCIO, PARA EL CASO DE QUE LA DEMANDADA NO DESOCUPE VOLUNTARIAMENTE LA FINCA ARRENDADA. Si durante la substanciación de un juicio civil sumario de rescisión de arrendamiento, se decreta la desocupación de la finca arrendada, otorgándole a la demandada un término de treinta días para el cumplimiento voluntario, con apercibimiento que en caso de no hacerlo en dicho término, se decretará la ejecución forzosa, y previa interposición del recurso ordinario que resulta infundado se promueve amparo indirecto; tal acto es susceptible de reclamarse en dicha vía, cuenta habida que la consecuencia del acto jurídico en cuestión es que quede firme la resolución que decreta la desocupación y entrega del bien alquilado, pues aun cuando éste ordena la realización voluntaria dentro de un término determinado, que de no realizarse generará que se haga efectivo el apercibimiento respectivo y se proceda a la ejecución forzosa, ello implica que la orden de lanzamiento decretada no está supeditada a circunstancia alguna, por lo que después de ésta, únicamente queda su cumplimiento forzoso que, de efectuarse, es susceptible de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales de la quejosa que tutela la Constitución, como es el derecho sustantivo de la posesión, afectación o sus efectos que no se destruyen con el hecho de que la quejosa obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio natural, por haberse consumado de manera irreparable la violación en el disfrute de la garantía individual violada, pues aun cuando la peticionaria de garantías obtenga sentencia favorable, y se ordene la restitución en la posesión de la finca arrendada, el término que dure el desposeimiento y los perjuicios ocasionados por éste, no podrán ser restituidos; de lo que se concluye, que las consecuencias del acto reclamado constituyen una actuación que sí tiene el alcance de afectar las garantías individuales de la quejosa y por ende, procede en su contra el amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo." Registro digital: 2017117 Instancia: Pleno Décima Época Materia(s): Común Tesis: P./J. 11/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8 Tipo: Jurisprudencia "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Asimismo, aun en el supuesto de que la autoridad responsable haya emitido algún acuerdo u orden de desalojo del bien inmueble señalado, la aquí impetrante de amparo al momento de la diligencia podrá justificar el pago correspondiente o alguna otra cuestión que le beneficie. No pasa inadvertido que se alega que no se le permitió a la parte quejosa la revisión del expediente, sin embargo, esto es insuficiente para que se determine la procedencia de la demanda, atento a que el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones de autoridades que violen derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que significa que mediante dicho juicio sólo pueden examinarse por los tribunales federales, actos o abstenciones provenientes de una autoridad que vulneren la esfera jurídica del gobernado. Lo que en el caso no acontece, en virtud de lo siguiente. En el presente caso cobra relevancia lo indicado en el inciso b), pues la supuesta negativa a permitirle la revisión del expediente, atribuida a las autoridades responsables, al hacerla derivar de una solicitud verbal y de respuesta igualmente verbal, no configuran actos de autoridad que afecten la esfera de la impetrante, pues debe tenerse presente que los actos derivan de un procedimiento jurisdiccional y conforme a la normatividad aplicable, deben ajustarse a las vías que ésta establece para hacer valer los derechos procesales correspondientes. Al respecto, los artículos 2°, 5° y 80 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Morelos, establecen: "Artículo 2o. Derecho a la impartición de justicia. Ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." "Artículo 5o. Iniciativa del proceso. La iniciativa del proceso, salvo los casos en que corresponda al Ministerio Público, queda reservada a las partes; el Juzgador procederá de oficio para impulsarlo cuando la Ley lo establezca de manera expresa. Los interesados podrán disponer de sus derechos sustanciales en el litigio judicial, salvo aquellos irrenunciables y podrán terminarlo en forma unilateral o de común acuerdo, apegándose a los mandatos de este Ordenamiento." "Artículo 80. Obligación del Secretario de informar sobre los escritos presentados. En cada documento que se presente, la persona autorizada al efecto hará constar el día y la hora en que se presente un escrito y una relación de los documentos que se anexen. El Secretario dará cuenta al Magistrado o Juez con los escritos recibidos a más tardar dentro de las veinticuatro horas en que le hayan sido turnados, sin perjuicio de hacerlo de inmediato, cuando se trate de asunto urgente; so pena de una multa equivalente al importe de un día de su salario, en caso de incumplimiento." De lo anterior se sigue que la propia normatividad establece cómo es la manera en que debe plantearse el ejercicio de los derechos procesales, que eminentemente es por escrito, máxime que no se trata de un juicio oral; por lo que si como en el caso, la quejosa estima que se le está negando el acceso del expediente sin justificación, debe acudir ante la autoridad por escrito y hacerlo valer, para efecto de obligar a éste justificar su actuar. Lo cual no acontece con motivo de una petición y una supuesta respuesta igualmente verbal que se atribuye a una persona (incluso autoridad) a quien le fue hecha, pues se insiste, debe instarse a la autoridad por escrito realizado de manera pacífica y respetuosa. En efecto, para que la autoridad dentro del procedimiento jurisdiccional emita una respuesta formalizada, la petición respectiva deberá ser presentada por escrito, en sus oficinas autorizadas para tales efectos, la cual no podrá ser rechazada. Frente a tal contexto normativo, si en contraste con lo anterior, la quejosa dice que se le ha negado el acceso al expediente sin que haya hecho valer su derecho frente a la autoridad, previo a acudir a este juicio de amparo; no se genera la aludida relación que tenga nacimiento en la ley y que por ende se afecte la esfera jurídica de la impetrante (en el caso en términos de los artículos 8, 14 y 17 constitucionales), pues para que esto se origine, la hoy quejosa tiene que instar a tal autoridad a través de una petición formulada por escrito, en términos de los numerales referidos, conforme a la normatividad que rige el procedimiento jurisdiccional. Sostener lo contrario implicaría que la parte quejosa aun siendo parte del juicio de origen y teniendo a su alcance los medios para ejercer sus derechos, acudiera a esta instancia constitucional sin hacerlos valer previamente, e incluso conllevaría al extremo de que el principio de definitividad no se observara, bajo el argumento de que no se tiene acceso al expediente que fue comunicado de manera verbal, supuesto que no contempla la Ley de Amparo como excepción a tal principio; máxime que como se ha dicho, la ley que rige el asunto que nos ocupa señala la forma en que deben presentarse las promociones y cómo la autoridad está obligada a atenderlas. Orienta a lo anterior, la tesis que enseguida se cita: Registro digital: 2008884 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Administrativa, Común Tesis: 1a./J. 7/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 480 Tipo: Jurisprudencia "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." En tal virtud, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en trato. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; tres de junio de dos mil veintidós. Visto, el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo en que se actúa, se advierte que por auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se reservó el acuerdo conducente respecto a la admisión o desechamiento del ocurso inicial de demanda, así como de los escritos aclaratorios, hasta en tanto, se contará con la información solicitada al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, lo que ya aconteció. Por tanto, dado que ya se tiene dicha autorización, a fin de verificar la procedencia, se levanta la reserva decretada en autos y se provee: Prevención. Por tanto, con fundamento en el artículo 112, en relación con el diverso 108 fracción IV y 114 fracciones II y IV de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de la notificación del presente acuerdo, por escrito, bajo protesta de decir verdad y con copias suficientes para cada una de las partes cumplan con lo siguiente: Único. Manifieste bajo protesta de decir verdad el contenido íntegro del proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, o en su caso, exhiba copia simple del mismo. Toda vez que del ocurso aclaratorio aduce lo siguiente: Por lo tanto, en vía de antecedentes del acto, manifieste a qué se refiere cuando aduce que con motivo de la improcedencia del incidente que pretendió hacer valer, la responsable "ordenó continuar y volver a emplazar y requerir de pago en mi contra". Asimismo, indique la fecha y la forma en qué tuvo conocimiento de la diligencia de desalojo que aduce se giró en su contra. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado dentro del término concedido, se procederá conforme lo dispone el artículo 114 de la Ley de Amparo y SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE QUE SE TRATA. Apoya lo anterior, identidad substancial, el criterio emitido por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultada en la página 1121, Tomo XVII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al mes de Abril de 2003, que dice: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO. De acuerdo al contenido del artículo 146 de la Ley de Amparo, la facultad otorgada al Juez de Distrito para requerir al quejoso la satisfacción de alguna irregularidad en el escrito de demanda, omisión o requisito de la misma, deberá efectuarse en un solo auto y no de manera reiterada o en "cadena de requerimientos"; sin embargo, de dicha regla es factible apartarse cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, puesto que evidentemente no pudieron tenerse presentes en esa primera ocasión". Notifíquese personalmente.

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