Norma Angélica Hernández Ugalde
Expediente 1588/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1588/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 08/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Norma Angélica Hernández Ugalde
- Joel Torres Guzmán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido la sentencia de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, por medio de la cual se sobreseyó en el presente juicio. CAUSA ESTADO En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. SE ORDENA ARCHIVO Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se sobreseyó el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. DE LOS CUADERNOS INCIDENTALES Por otra parte, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se advierte que SE NEGÓ la suspensión provisional y definitiva; por tanto, se declara que el cuaderno principal de dicho incidente es susceptible de destrucción. Lo anterior, con fundamento en el artículo 21, inciso c) del precitado acuerdo. Notifíquese.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por NORMA ANGÉLICA HERNÁNDEZ UGALDE Y JOEL TORRES GUZMÁN, respecto de las autoridades y acto precisados en el considerando segundo, así como por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por Miguel Ángel Torres Hernández, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, atento a su contenido se acuerda: Vista la solicitud del promovente, por medio de la cual pretende ampliar la demanda de amparo; no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que dicha ampliación únicamente puede ser formulada por la parte quejosa o su representante legal, esto se determina así, debido a que el autorizado en términos amplios únicamente tiene facultades para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado y que influyan en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número 1a. /J. 37/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 68, materia común, cuya sinopsis es la siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional.". Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, en representación del citado ayuntamiento, por tal motivo con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Además, con apoyo en el ordinal 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad responsable a los profesionistas que designan y, conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indican, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Por otra parte, conforme lo disponen los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales que adjunta las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, atento al contenido del artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este acuerdo manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo y señalar como acto reclamado la respuesta a su petición recibida el pasado ocho de noviembre de dos mil veintidós, que la autoridad responsable le notificó mediante estrados, el dieciséis del mes y año en mención. En el entendido que de ser afirmativa su respuesta, deberá exhibir las copias suficientes de su escrito de ampliación demanda para correr traslado a las partes, es decir, deberá exhibir dos copias de su escrito de ampliación de demanda para distribuirse de la siguiente manera: a) Una para la autoridad señalada como responsable; y, b) Una para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. Apercíbase a la parte quejosa para el caso de no cumplir en su integridad con lo aquí solicitado, este juicio se resolverá esta controversia constitucional en los términos que fue inicialmente planteada. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
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