NORMA ANGÉLICA GUTIÉRREZ OLIVA y Otros.
Expediente 998/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 23 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 998/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 01/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- NORMA ANGÉLICA GUTIÉRREZ OLIVA y Otros.
- Norma Angélica Gutiérrez Oliva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Servicio Postal Mexicano informa fecha de entrega de oficios en atención a requerimiento. En atención a lo anterior, se tiene por recibida la información proporcionada, de la que se toma el debido conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Causa ejecutoria sentencia de veintiocho de abril de la presente anualidad. En este caso, se sobreseyó en el juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, se determina depurar la presente pieza de actuaciones, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se depurarán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 7/2022, respecto al periodo de su vigencia, indíquesele a la aludida parte que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
Se requiere a Correos de México. Visto el estado procesal de autos del que se obtiene que no obran los acuses de recibo de los oficios 9283/2022 y 9292/2022, dirigidos a la autoridad coadyuvante Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato capital y autoridad responsable Coordinador de la Brigada Correcaminos en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, respectivamente, a fin de notificarles la sentencia dictada el veintiocho de abril del año en curso; misivas que se enviaron a través de correo ordinario. En consecuencia, toda vez que las referidas constancias resultan necesarias para corroborar si les transcurrió el plazo previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo a las aludidas autoridades, requiérase a Correos de México, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación que se le haga de este proveído, haga del conocimiento de este Juzgado Federal el destino de los referidos oficios, los cuales fueron registrados bajo las piezas postales ****** y ********, de la factura de correspondencia ***************, de **************(de la que se le remite copia simple). Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, en el plazo otorgado para ello, se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de *********, en términos de lo establecido en el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la ley de la materia.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. León, Guanajuato, siendo las nueve horas con treinta y tres minutos del veintiocho de abril de dos mil veintidós, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 998/2021-III, promovido por Norma Angélica Gutiérrez Oliva en representación de su menor hijo de iniciales E.M.G.G., se procede a celebrarla ante la presencia judicial de la jueza Gabriela Elizeth Almazán Hernández, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con el secretario José Luis Sánchez García, que autoriza y da fe. La jueza declara abierta la audiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo sin comparecencia de las partes. A continuación, el secretario da lectura a todas las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, entre las que destacan por su importancia los informes justificados rendidos por las autoridades responsables I) Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato (fojas 181 a 190 de autos), II) Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato, en su carácter de Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, (folios 197 a 200 ídem), y III) Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, por conducto de su apoderado legal (fojas 242 a 246 ídem). Por otra parte, el secretario da cuenta con la circunstancia de que las diversas autoridades señaladas como responsables IV) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, V) Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, VI) Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, VII) Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, VIII) Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud y IX) Delegado en el Estado de Guanajuato de la Secretaría de Bienestar Social, fueron omisas en rendir sus informes justificados pese a estar debidamente notificados desde el uno y dos de diciembre de dos mil veintiuno, respectivamente. A lo que la jueza acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, en cuanto a la omisión de las autoridades responsables IV) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, V) Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, VI) Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, VII) Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, VIII) Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud y IX) Delegado en el Estado de Guanajuato de la Secretaría de Bienestar Social, de rendir sus informes con justificación, se deberá estar a la última parte del cuarto párrafo, del artículo 117 de la Ley de Amparo, en la etapa correspondiente de la sentencia. Enseguida la jueza declara abierto el periodo probatorio, en el que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su especial naturaleza, las documentales que obran en autos, y al no existir más pruebas con que dar cuenta, se procede a cerrar dicha etapa y se abre el periodo de alegatos, en el que se hace constar que únicamente la subprocuradora de Servicios Jurídicos de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, los formuló (fojas 81 a 86 de autos) y, que el agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción no exhibió pedimento, por lo que al no haber más argumentos que tener por reproducidos, se cierra dicha fase y se pasa al dictado de la resolución correspondiente: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 998/2021-III, promovido por Norma Angélica Gutiérrez Oliva en representación de su menor hijo de iniciales E.M.G.G., contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades que consideraron violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 4 y 17, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y R E S U L T A N D O ÚNICO. Admisión, trámite e integración. Ante la secretaria de guardia de este órgano jurisdiccional, el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se presentó la demanda de amparo promovida por Norma Angélica Gutiérrez Oliva en representación de su menor hijo de iniciales E.M.G.G.; así, en auto de esa misma fecha, se registró con el número de expediente 998/2021-III, se concedió la suspensión de plano para los efectos ahí precisados, se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación, así como a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 22 a 28 de autos). Así, previo diferimiento, la audiencia constitucional se desarrolló en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor; 35, 37, tercer párrafo y 107, fracciones II y V, de la Ley de Amparo; y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado versa sobre la omisión de las responsables de aplicar a los menores quejosos vacuna contra el virus SARSCov-2, que causa la enfermedad de COVID-19, el cual no tiene una ejecución material, y la demanda fue presentada directamente en este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados, para lo cual se examina la demanda de amparo, los conceptos de violación y demás constancias de autos, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada -atendiendo a la causa de pedir-, de lo que se deduce que la parte quejosa reclama: Del I) Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, II) Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato, en su carácter de Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, III) Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, por conducto de su apoderado legal, IV) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, V) Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, VI) Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, VII) Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, VIII) Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud y IX) Delegado en el Estado de Guanajuato de la Secretaría de Bienestar Social: La omisión de incluir a los niños, niñas y adolescentes entre las edades de doce a diecisiete años (grupo etario al que pertenece el menor de edad quejoso), a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2, lo que constituye una discriminación; así como sus consecuencias, que se traducen en la omisión de ser llamado a efecto de ser vacunado contra dicho virus que causa la enfermedad del COVID-19. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al I) Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, en virtud de que así lo manifestó al momento de rendir su informe con justificación (fojas 181 a 190 de autos), sin que su negativa haya sido desvirtuada por la parte quejosa. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa, por lo que hace a los actos y autoridades precisados; ello, en términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo. Corrobora lo anterior, la tesis jurisprudencial número VI.2º. J/P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables IV) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, V) Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, VI) Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, VII) Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, VIII) Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud y IX) Delegado en el Estado de Guanajuato de la Secretaría de Bienestar Social, fueron omisas en rendir sus informes justificados, en ese sentido se tiene por cierta la omisión que se les reclama, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. De igual manera, son ciertos los actos reclamados al II) Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato, en su carácter de Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, y III) a la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato; ello es así, pues si bien, al rendir sus informes con justificación negaron los actos omisivos atribuidos, debido a que (básicamente señalan) no cuentan con facultades para modificar el Plan Nacional de Vacunación y, en consecuencia no están en aptitud de unilateralmente aplicar la vacuna contra el COVID-19, lo cierto es que dicha negativa se desvirtúa, toda vez que precisamente ambas autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con el auxilio que prestan conforme a la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", realizaron las gestiones necesarias para llevar a cabo la inoculación del menor de edad quejoso, de ahí que se acredite la existencia de la omisión reclamada. Certeza que se robustece con la circunstancia de que dichas autoridades son las encargadas de la salud pública en la República Mexicana, en sus respectivas competencias, amén de que no se puede soslayar la existencia del referido plan de vacunación implementada por el Gobierno de México, a través de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", lo que se toma en cuenta como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, con independencia de que obre en autos diversas constancias remitas por el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, y el Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato, en su carácter de Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, de las que se advierten que al menor de edad quejoso en fechas catorce de diciembre de dos mil veintiuno (foja 192 de autos) y siete de enero de dos mil veintidós (298 reverso, de autos), respectivamente, le fueron aplicadas las dos dosis de la vacuna contra el virus SARSCov-2, solicitada. En consecuencia, se encuentra fehacientemente la existencia del acto combatido, según la jurisprudencia doscientos veintiséis, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." QUINTO. Actualización de causal de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes, o incluso, que se adviertan de oficio, pues son de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo y conforme a la jurisprudencia VI.2o. J/323, de la Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 80, Agosto de 1994, página 87, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al respecto, esta Juzgadora Federal considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. El citado artículo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto tildado de inconstitucional; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Luego, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el aludido derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Analizado lo anterior, el presente juicio constitucional debe declararse improcedente, pues el acto impugnado consistente en la omisión de incluir a los niños, niñas y adolescentes entre las edades de doce a diecisiete años (grupo etario al que pertenecen los menores de edad quejosos, a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2, lo que constituye una discriminación; así como sus consecuencias, que se traducen en la omisión de ser llamados a efecto de ser vacunados contra dicho virus que causa la enfermedad del COVID-19, cesó en sus efectos. En auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, entre otras cuestiones, se concedió la suspensión de plano al menor de edad quejoso, al tenor de lo siguiente: "[.] Bajo esas premisas, toda vez que dicho actuar omisivo desde luego pone en riesgo la salud y hasta la vida del menor de edad quejoso, lo cual, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, con apoyo en los artículos 15, párrafo segundo, y 126 de la ley de la materia, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO DEL ACTO RECLAMADO, para el efecto de que las autoridades responsables tomen las medidas necesarias, con el ánimo de que se aplique al menor de edad cuyo nombre consta en el expediente, las dosis correspondientes de la vacuna preventiva contra el COVID-19, Pfizer-BioNTech, a que se refiere el comunicado 23/2021, emitido el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (cuyo contenido es de conocimiento general para la población); para lo cual deberán fijar lugar, fecha y hora para su aplicación, ya sea directamente por las propias autoridades responsables, o bien, por conducto de la autoridad que se encargue de la aplicación de las mismas, de acuerdo a la ubicación geográfica del domicilio del menor de edad quejoso. Asimismo, comuniquen a este órgano de control constitucional el lugar, fecha y hora de aplicación de las vacunas; quien a su vez lo hará saber oportunamente a la progenitora del menor de edad quejoso, quien deberá acudir con él, en los términos que se le indiquen. La aplicación de la vacuna se llevará a cabo, siempre y cuando la progenitora manifieste bajo protesta de decir verdad, que no existe prescripción médica sobre algún impedimento físico o padecimiento del menor, que no permita la aplicación del biológico. [.]". Por lo que, en particular, el II) Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato, en su carácter de Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, y III) la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada, exhibieron, en lo que interesa, los comprobantes de vacunación, relativos a la aplicación de la primera y segunda dosis del biológico Pfizer-BioNTech, al menor de edad de iniciales E.M.G.G., en fechas catorce de diciembre de dos mil veintiuno y siete de enero de dos mil veintidós, respectivamente, tal y como se advierte de las constancias que obran a fojas 192 y 298, reverso, de autos. Con las aludidas constancias se dio vista a la parte quejosa, sin que haya realizado manifestación alguna. Por tanto, en atención a que del libelo de amparo se aprecia que el solicitante de la acción constitucional se duele de la omisión de aplicarle la vacuna contra el virus que causa la enfermedad del COVID-19, es evidente que los efectos de dicho acto han cesado, al haber acreditado el II) Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato, en su carácter de Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, y III) la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, que en catorce de diciembre de dos mil veintiuno y siete de enero de dos mil veintidós, al menor quejoso se le aplicaron las dos dosis del biológico Pfizer-BioNTech, que requiere para su protección contra el virus SARS-Cov2. Se afirma lo anterior, pues si bien a la fecha de presentación de la demanda y durante su tramitación -conforme con la causa de pedir- existía la omisión reclamada, cierto es que dejó de existir, el siete de enero de dos mil veintidós, fecha en que se suministró la segunda dosis de la vacuna solicitada. Por tanto, la omisión reclamada cesó en sus efectos, y por ello el juicio constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objeto, como en el caso, volviendo las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, pues resulta contrario a la naturaleza del mismo que fuera seguido sin ninguna finalidad práctica. Así las cosas, es innegable que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de incluir a los niños, niñas y adolescentes entre las edades de doce a diecisiete años (grupo etario al que pertenece el menor de edad quejoso), a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2, lo que constituye una discriminación; así como sus consecuencias, que se traducen en la omisión de ser llamado a efecto de ser vacunado contra dicho virus que causa la enfermedad del COVID-19, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en atención a que sus efectos ya no subsisten. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia III.2o.C. J/22, de rubro y contenido siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Además, debe decirse que la particular circunstancia de que se sobresea en el juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Materia Constitucional, Décima Época, de siguiente rubro: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.". Por último, en relación con los alegatos formulados por la subprocuradora de Servicios Jurídicos de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, resta señalar que éstos no forman parte de la litis, por lo que no existe obligación de dar respuesta a ellos. Sustenta tal consideración, la jurisprudencia 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, 63, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo.
- Principal
Diferimiento de la audiencia constitucional. Visto el estado procesal de autos se advierte que no transcurrirán los ocho días que establece el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la fecha en que se receptó la documental que remitió el Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, Guanajuato, que se tuvo por recibida en auto de veintidós de marzo del año en curso y la indicada para la audiencia constitucional, en virtud de que fueron señaladas las nueve horas con treinta y tres minutos de hoy, para la celebración de la misma. Por tanto, se difiere y se fija como nueva fecha las nueve horas con treinta y tres minutos del veintiocho de abril de dos mil veintidós, para su verificativo. Sirve de apoyo a lo que antecede la tesis número I.5o.C.2 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 594, Tomo II, Agosto de 1995, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES".
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