Norma Angélica Chávez Cortés

Expediente 523/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
523/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Norma Angélica Chávez Cortés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento total a la ejecutoria que obra en autos, esto es así, mediante ejecutoria de treinta de junio de dos mil veintitrés, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para los efectos siguientes: ". De inmediato deberá iniciar los trámites previstos en la Ley Federal del Trabajo, para la emisión del laudo correspondiente dentro del juicio laboral ********************" En consecuencia, requiérase a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que en término de de tres días hábiles, contados a partir del momento en que reciban el oficio respectivo, remita las constancias que acrediten cumplimiento dado a la ejecutoria de ejecutoria de amparo, a fin de no hacerse acreedora a la multa a que se hace referencia en el auto de treinta de junio de la presente anualidad, con independencia de la responsabilidad penal. Es importante destacar que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Finalmente, agréguese el escrito de la quejosa ********************, atento a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en líneas precedentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio J30/4873/2023, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria dictada por este juzgado federal, informa los trámites que ha realizado tendentes a dar cumplimiento a la misma, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, agréguese a los presentes autos el comunicado de referencia para los efectos legales conducentes, sin perjuicio de que en su oportunidad se requiera a la aludida autoridad (en términos del artículo 192 de la legislación de la materia) para que informe lo conducente respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término quince días que refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, del que disponía la parte quejosa en el presente asunto, para interponer el recurso de inconformidad en contra del auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, transcurrió del dos al veintitrés de mayo del presente año, sin que lo hiciera; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo en relación con el 214 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio al archivo como asunto totalmente concluido. Por otro lado, vistos los autos del presente expediente y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transitorio, Titulo Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; capítulo Tercero numeral 14, fracción II, y, Capítulo Quinto, numeral 17, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es CONSERVABLE al ubicarse en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo en mención. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, remitieron copia certificada del expediente laboral ..., en un tomo; por tanto, devuélvase a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cincuenta minutos del trece de junio de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número ********************, el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, en unión de la Secretaria que autoriza y da fe, licenciada Sandra Eunice Merino Montoya, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, hace relación de las constancias que obran en autos y da cuenta con el escrito inicial de demanda y el informe rendido por la autoridad responsable; a lo que se acuerda: téngase por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales exhibidas por la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, así como las aportadas por la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, como complemento a su informe justificado, consistente en las copias certificadas de algunas constancias del expediente ordinario laboral ********************, con lo que concluye dicha fase. A continuación se procede a abrir la etapa de alegatos, y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; por tanto, se declara cerrada dicha fase. Con lo anterior, se da por terminada la presente audiencia, por lo que se procede a dictar la resolución. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, por conducto de su apoderada, contra actos de la Junta Especial Número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, turnado ese mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el estado, ********************, por conducto de su apoderada, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la autoridad y acto mencionados a continuación: Autoridad responsable: - Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- Se reclama a la autoridad señalada como responsable LA OMISION DE EMITIR LAUDO dentro del Juicio Ordinario Laboral número ********************, en virtud de que he hecho diversas solicitudes de manera verbal, en términos de los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos..." SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente de su publicación, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón a que el acto reclamado se atribuye a una autoridad circunscrita a la jurisdicción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y tesis P. VI/2004, se procede a fijar en forma clara y precisa el acto reclamado en la presente litis Constitucional, el cual se advierte del análisis íntegro de la demanda de amparo, en vinculación con la totalidad de la información que obra en el presente juicio. Así, la parte quejosa reclama: De la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad: - La omisión de dictar laudo, dentro de los términos legales, en el juicio laboral ********************. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó su Presidente al rendir el informe justificado en su representación. Lo anterior se corrobora con las constancias que dicha autoridad adjuntó a su informe justificado, en específico de la copia certificada del auto de dos de julio de dos mil diecinueve, por medio del cual se declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos a proyecto de resolución dentro del juicio ordinario laboral número ********************, a la que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°. Resulta aplicable la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, con número de registro 394182, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De igual modo, sirve de apoyo, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 857, del Tomo XXII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 280327 que reza: "ACTUACIONES JUDICIALES. Las actuaciones judiciales, lo mismo que las copias certificadas de ellas, hacen prueba plena". Sin que sea obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que la copia certificada del proveído antes mencionado, no contenga el día en que se verificó el mismo; sin embargo, la referida autoridad responsable, al rendir su informe justificado, señaló que la data de dicho proveído es "02 de julio de 2019". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. La demanda de amparo se presentó con la oportunidad debida, toda vez que el acto reclamado es de tracto sucesivo, porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez producido, sino hasta en tanto cese la omisión de que se trata. Por tanto, no está sujeto al término de quince días a que alude el artículo y se evidencia que se promovió de manera oportuna. Resulta aplicable la tesis número III.5o.C.21 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 1451, Tomo XXI, Mayo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." QUINTO. No se actualiza causa de improcedencia. No se advierte alguna causa de improcedencia que pueda estudiarse de oficio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; por ello, se procede al estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación se tienen por reproducidos en acatamiento al principio de economía procesal y en razón de que no existe precepto legal alguno que obligue a su transcripción; máxime que con ello en modo alguno se afectan los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, con número de registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Análisis de fondo. Son fundados los argumentos vertidos en los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que el presente asunto versa sobre materia laboral y el quejoso es el trabajador. Ahora, previo a emprender el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, debe decirse que respecto del emplazamiento de aquellas personas a las que pudiera revestirles el carácter de terceros interesados, y sólo en este tipo de casos, se estima innecesario su llamamiento, en razón de que el sentido que regirá el fallo a pronunciarse no le perjudicaría, ya que el propósito del presente amparo es que se desahogue el juicio del cual es parte dentro de los plazos previstos por la ley; además que, tal falta de emplazamiento no lo deja sin defensa y no tiene trascendencia alguna en su perjuicio, en la sentencia que al efecto se dictará, tal y como lo establece la fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo. Lo anterior también se desprende de la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible bajo el número P. V/98, página cuarenta y cinco, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ". Así como de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el número 2a./J. 69/98, en la página trescientos sesenta y seis, del Tomo VIII, septiembre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "PROCEDIMIENTO. SÓLO DEBE REPONERSE CUANDO LA VIOLACIÓN AL MISMO TRASCIENDA AL RESULTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA". Sentado lo anterior, debe señalarse que de las constancias que la junta responsable, adjuntó a su informe justificado, a las que previamente se otorgó pleno valor probatorio, se desprende que en proveído de dos de julio de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos del juicio ordinario laboral número ********************, para la emisión del proyecto de resolución de laudo. Así, la parte quejosa, en los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, aduce que la omisión reclamada violenta su derecho fundamental de administración de justicia pronta y expedita establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal, dado que la Junta responsable no ha resuelto el controvertido de origen dentro de los plazos que fija la Ley Federal del Trabajo para ello. Como se adelantó, son fundados los argumentos resumidos anteriormente. Se afirma lo anterior, dado que asiste razón a la parte quejosa cuando aduce que, en la especie, la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, transgrede en su perjuicio el derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita, contenida en el artículo 17 Constitucional. Así, el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé lo siguiente: ".Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". El citado precepto pertenece a la especie de los derechos fundamentales de seguridad jurídica y, en lo que interesa, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, atributos que explica la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, que dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". La justicia pronta consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Ese derecho a la prontitud también se entiende como un valor social que debe ser realizado por los tribunales, como un servicio público, en un plazo razonable, en función del necesario equilibrio que debe existir ante la deseable celeridad de los procedimientos judiciales y el tiempo suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las actividades que les correspondan, pues tal derecho fundamental de seguridad jurídica se traduce en la prohibición que tienen las autoridades judiciales o tribunales (incluso las auxiliares en la administración de justicia) de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, teniendo, en consecuencia, la obligación de substanciar y resolver los juicios ante ella ventilados dentro de los términos consignados en las leyes procesales respectivas. La obligación Estatal que se deriva de este derecho fundamental de seguridad jurídica es eminentemente positiva, puesto que las autoridades estatales judiciales o tribunales tienen el deber de actuar en favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga en forma expedita, de conformidad con los plazos procesales. Al respecto se invoca la jurisprudencia 1a./J.42/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puedeconculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos". Del aludido artículo 17 Constitucional se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento, como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Principio que, aplicado a la materia específica, debe entenderse referido al juicio laboral y al laudo. Desde esta perspectiva, los artículos 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, interpretados literal y sistemáticamente, establecen que declarado el cierre de instrucción en el juicio laboral, dentro de los siguientes diez días se debe formular por escrito el proyecto del laudo y entregar copia de dicha determinación a cada uno de los miembros de la Junta para que dentro de los cinco días hábiles siguientes, puedan solicitar que se practiquen aquellas diligencias que no se hubieran efectuado por causas no imputables a las partes o cualquier actuación que estimen conveniente para el esclarecimiento de la verdad; en caso de considerar necesario realizar las diligencias o actuaciones en mención, la Junta, con citación de las partes, fijará día y hora para su desahogo dentro del término de ocho días. En este sentido, se concluye que la autoridad responsable debió seguir los procedimientos establecidos en la legislación laboral a efecto de no retardar la emisión del laudo que dirima la controversia de origen, pues según se expuso, están constreñidas a dictar esta clase de resoluciones de manera pronta, completa e imparcial dentro del término previsto por la Ley Federal del Trabajo, lo que en la especie no ha acontecido. En efecto, en concordancia con lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 159/2003-SS, la omisión de dictar el laudo, constituye un acto de imposible reparación, ya que transgrede directa e inmediatamente el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia dentro de los plazos y términos que fijen la leyes. Luego, después de un análisis de las subgarantías consagradas en el artículo 17 de la Ley Suprema, afirmó que la omisión de dictar un laudo dentro del plazo previsto por la Ley Federal del Trabajo, transgredía directa e inmediatamente al citado precepto constitucional, lo que hacía evidente que en tal caso, la violación correspondiente incidía en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, ya que con ello se impedía la emisión del laudo correspondiente de manera pronta y expedita. Afirmaciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dieron origen a la jurisprudencia número 2a./J. 8/2004, publicada en la página 226, Tomo XIX, Febrero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 182160, que a la letra dice: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo." Luego, atendiendo a que del contenido del informe justificado y el anexo que acompañó la autoridad responsable, se desprende que en los autos del juicio ordinario laboral ********************, en auto de dos de julio de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos del juicio laboral en cita, para la elaboración del proyecto de laudo respectivo, empero, a la fecha en que se resuelve el presente asunto, este órgano jurisdiccional no tiene conocimiento de que se haya emitido el mismo; ello, no obstante de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo. Por ende, sí la parte quejosa presentó su demanda de amparo el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dicha circunstancia constituye una dilación del procedimiento, o bien, una paralización del procedimiento laboral, pues desde la data en que se cerró la instrucción (dos de julio de dos mil diecinueve), y aquélla en que se presentó la demanda de amparo que dio origen a este asunto, han transcurrido más de tres años nueve meses, sin que se haya emitido el laudo correspondiente, por lo que resulta inconcuso que con tal omisión se conculca en perjuicio del quejoso el derecho fundamental que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que el gobernado tenga acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional dentro de los plazos y términos dispuestos por la Ley. Resulta aplicable la jurisprudencia número IV.3o.T. J/57, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en la página 1283, Tomo XXII, Septiembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 177266, que a la letra dice: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." Así las cosas, queda corroborado el hecho que la autoridad responsable ha dejado de atender la obligación que tiene de dictar el laudo con el cual resuelva la litis que ha sido sometido a su consideración como órgano de impartición de justicia, dentro de los plazos que para tales efectos contempla la ley del trabajo aplicable. Por tanto, es inconcuso que la forma de proceder de la Junta responsable es disonante con el deber que le exige el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a que imparta justicia de manera pronta, completa e imparcial. No son obstáculo para lo expuesto, las manifestaciones vertidas por el Presidente de la Junta responsable en su informe justificado, en relación a las excesivas cargas de trabajo y falta de recursos materiales y humanos que impiden que los laudos, en los juicios de su conocimiento, se dicten dentro de los plazos y términos previstos por la Ley, toda vez que si bien es cierto no se desconoce ni pasa inadvertido para el suscrito que tales cuestiones pueden incidir en forma negativa a la eficiente administración de justicia, también es verídico que el mandato constitucional previsto en el numeral 17, no establece salvedad o supuesto de excepción a su observancia y, en el caso, compete a quien hoy dicta la presente sentencia, velar por el irrestricto respeto a la Constitución Federal. Al mismo tiempo, el artículo 1° de la propia Constitución Federal, en su párrafo tercero, prevé que toda autoridad, en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, de manera que las cuestiones relativas a la falta de partidas presupuestales o deficiencias en el número de personal encargado de impartir justicia en el ámbito laboral, no deben incidir en el derecho humano a la tutela jurisdiccional y acceso a la justicia, por lo que en todo caso corresponde a la autoridad responsable realizar los trámites, solicitudes, ajustes e implementar las acciones necesarias para mejorar el desempeño de su labor, pero sin afectar a los justiciables. Resulta aplicable a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES" (transcrita en párrafos precedentes). En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso ********************. OCTAVO. Efectos de la sentencia de amparo. En términos de los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, las violaciones a los derechos fundamentales del quejoso, precisadas en el considerando que antecede, como ya se apuntó, se traducen en la concesión del amparo solicitado. Por tanto, a fin de restituir al impetrante ********************, en el goce de sus derechos, la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y, en su caso, se le requiera su cumplimiento, de inmediato deberá iniciar los trámites previstos en la Ley Federal del Trabajo, para la emisión del laudo correspondiente, dentro del juicio laboral ********************. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, precisado en el considerando segundo, por los motivos indicados en el séptimo y para los efectos establecidos en el último punto considerativo del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con la licenciada Sandra Eunice Merino Montoya, Secretaria que autoriza y da fe.

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