Norma Alicia Rojas Sainz

Expediente 460/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 38 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
460/2022
Año
2022
Actuaciones
38
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Norma Alicia Rojas Sainz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite el Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y, como lo solicita, remítase vía oficio copia certificada de las constancias que obran en el presente asunto, a fin de que dé cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente asunto. Asimismo, hágase del conocimiento que subsiste el apercibimiento inmerso en el auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/Akms

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio y anexo de cuenta que remite el delegado de las autoridades responsables Oficial Mayor y Tesorero Municipal, ambas del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, mediante el cual informa los actos realizados a fin de dar cumplimiento al fallo protector, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora bien, cabe precisar que los efectos bajo los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia Federal a la parte quejosa el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, y respecto de los cuales se vinculó de igual forma a la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, el pasado veintidós de septiembre, para su debido cumplimiento, fueron los siguientes: "Séptimo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección Constitucional se concede para el efecto de que el Oficial Mayor del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California: 1. Deje sin efectos la resolución en la que se determinó la reducción salarial ejecutada con motivo de la resolución del expediente IN-POL-136/2022 emitida el cuatro de mayo de dos mil veintidós por la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. 2. Emita una nueva resolución en la que reitere los aspectos que no son materia de protección Constitucional. 3. En esa misma resolución, se pronuncie nuevamente respecto del monto que deberá percibir la quejosa Norma Alicia Rojas Sainz como ingreso mínimo para su subsistencia durante la suspensión preventiva decretada en el expediente citado, de acuerdo a las siguientes bases: a. Defina tanto el ingreso real de la servidora pública, así como el salario mínimo tabular de la quejosa. b. Prevea que el monto que se otorgará a la quejosa como ingreso mínimo será equivalente al treinta por ciento de sus ingresos reales y no será inferior al salario mínimo tabular de la institución en la que laboraba la servidora pública al decretarse la suspensión. c. Resuelva el monto de ingreso como mínimo vital que se haya definido a partir del cálculo elaborado conforme a dichas bases, que deberá ser cubierto de manera inmediata y hasta en tanto concluya la suspensión preventiva decretada. d. Calcule la diferencia entre el pago realizado y lo que debió cubrirse desde que inició la suspensión preventiva decretada, el cual deberá devolver debidamente actualizado." En ese tenor, requiérase a las autoridades Oficial Mayor y Sindicatura Procuradora, ambas del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la notificación de este proveído, informen el cumplimiento dado a la determinación de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, y remitan copia certificada de las constancias con que lo acrediten. Se apercibe a las autoridades requeridas que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el presente auto en el término concedido, o manifestar la imposibilidad que para ello tengan, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 258 ambos de la Ley de Amparo; y, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite el Síndico Procurador del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, mediante el cual, en contestación al requerimiento realizado el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, informa la imposibilidad jurídica con la que cuenta para dar cumplimiento al fallo protector, toda vez que de la copia certificada del oficio número 1287/CSPC/2023, remitida por la Oficialía Mayor, se advierte que derivado de la investigación administrativa IN-POL-136/2022, y de la solicitud realizada por la Sindicatura a su cargo, se inició el expediente administrativo E-031-CSPC/2023, en contra de la quejosa. Lo que implica que dejó de ser de su competencia, intervenir sobre la suspensión preventiva materia del juicio de amparo que nos ocupa; que no obstante lo anterior, del referido oficio se desprende que se ordenó levantar la suspensión preventiva decretada en la investigación administrativa fincada a la parte quejosa, así como lo relativo a su reincorporación al servicio activo con efectos a partir del doce de abril de dos mil veintitrés. De igual forma, precisa que de acuerdo a la información remitida por el Oficial Mayor del actual Ayuntamiento de Tijuana, se obtiene que además, a la impetrante le fueron cubiertos en su totalidad los salarios que dejó de percibir con motivo de la suspensión preventiva de la que fue objeto. Al respecto, se tienen por hechas tales manifestaciones; sin embargo, no debe pasar inadvertido que ello, fue con motivo de la medida cautelar otorgada en el incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo. En ese tenor, hágase del conocimiento al Síndico Procurador del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, que los efectos bajo los cuales se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, fueron los siguientes: "1. Deje sin efectos la resolución en la que se determinó la reducción salarial ejecutada con motivo de la resolución del expediente IN-POL-136/2022 emitida el cuatro de mayo de dos mil veintidós por la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. 2. Emita una nueva resolución en la que reitere los aspectos que no son materia de protección Constitucional. 3. En esa misma resolución, se pronuncie nuevamente respecto del monto que deberá percibir la quejosa Norma Alicia Rojas Sainz como ingreso mínimo para su subsistencia durante la suspensión preventiva decretada en el expediente citado, de acuerdo a las siguientes bases: a. Defina tanto el ingreso real de la servidora pública, así como el salario mínimo tabular de la quejosa. b. Prevea que el monto que se otorgará a la quejosa como ingreso mínimo será equivalente al treinta por ciento de sus ingresos reales y no será inferior al salario mínimo tabular de la institución en la que laboraba la servidora pública al decretarse la suspensión. c. Resuelva el monto de ingreso como mínimo vital que se haya definido a partir del cálculo elaborado conforme a dichas bases, que deberá ser cubierto de manera inmediata y hasta en tanto concluya la suspensión preventiva decretada. d. Calcule la diferencia entre el pago realizado y lo que debió cubrirse desde que inició la suspensión preventiva decretada, el cual deberá devolver debidamente actualizado." Por tanto, toda vez que la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, fue quien emitió la resolución del expediente IN-POL-136/2022, el cuatro de mayo de dos mil veintidós, misma que se encuentra estrechamente vinculada con los términos en que debe verificarse el cumplimiento del fallo protector, requiérase nuevamente a la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la notificación de este proveído, informe el cumplimiento dado a la determinación de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, y remita copia certificada de las constancias que lo acredite. Se apercibe a la autoridad requerida que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el presente auto en el término concedido, o manifestar la imposibilidad que para ello tengan, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 258 ambos de la Ley de Amparo; y, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/EBO/Akms

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como corresponda los oficios de cuenta -de igual contenido-, que remite el delegado de las autoridades responsables Tesorero Municipal y Oficial Mayor, ambos del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, mediante los cuales, realiza diversas manifestaciones relativas a la imposibilidad jurídica con la que cuenta para dar cumplimiento al fallo protector otorgado en el presente asunto, al no contar con las atribuciones correspondientes. Visto lo anterior, aunado a que de los efectos precisados en la propia sentencia dictada en este expediente, se obtiene que efectivamente, la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, fue quien emitió la resolución del expediente ********************, el cuatro de mayo de dos mil veintidós, misma que se encuentra estrechamente vinculada con términos en que debe verificarse el cumplimiento del fallo protector, requiérase a la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la notificación de este proveído, informe el cumplimiento dado a la determinación de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, y remita copia certificada de las constancias que lo acredite. Sin que sea óbice a lo anterior, que la citada potestad no haya sido señalada como autoridad responsable y llamada al juicio constitucional, puesto que por sus funciones debe intervenir en la ejecución del fallo que nos ocupa, en términos de lo dispuesto por el artículo 197 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.71 K (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro siguiente: "AUTORIDADES VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. NO TIENEN EL CARÁCTER DE TERCERAS INTERESADAS NI SE EQUIPARAN A LAS RESPONSABLES, POR ENDE, ES INNECESARIO EMPLAZARLAS AL JUICIO, AL NO TENER LA CALIDAD DE PARTE." Al efecto, remítase copia de la sentencia emitida en este asunto. Se apercibe a la autoridad requerida que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el presente auto en el término concedido, o manifestar la imposibilidad que para ello tengan, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 258 ambos de la Ley de Amparo; y, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/EBO/Akms

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