Norma Alicia Reyes León

Expediente 1951/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1951/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
13/03/2023

Partes del expediente

  • Norma Alicia Reyes León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, trece de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia, es susceptible de destrucción, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÌCULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA **** LA DETERMINACIÒN DE 03 DE FEBRERO DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, tres de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, específicamente del contenido integral del escrito inicial de demanda se aprecia que sustancialmente los actos reclamados consisten en la omisión de la responsable de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral burocrático 1291/2021-III, de su índice, así como la omisión de emplazar a la parte demandada a dicho juicio. Luego, de las constancias que se remiten junto con el informe justificado de cuenta, se advierte que por determinación de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, dictada en el referido juicio de origen, el Tribunal responsable señaló las ocho horas con treinta minutos del trece de abril de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, asimismo, de tales constancias se advierte que el veinticinco de enero siguiente se realizó el emplazamiento de la parte demandada a dicho juicio. Atento a lo anterior, se colige que durante la tramitación del presente juicio de amparo, ha sobrevenido de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La disposición legal transcrita, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por tanto, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia invocada, pues si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -uno de diciembre de dos mil veintidós-, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, aún no señalaba fecha para la celebración de la audiencia trifásica y, por consecuencia, no se había ordenado el emplazamiento de la parte demandada al juicio de origen, tal afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa cesó una vez que mediante determinación de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, dictada en el referido juicio de origen, el Tribunal responsable señaló las ocho horas con treinta minutos del trece de Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 1951/2022-3 abril de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia trifásica y en veinticinco de enero siguiente se realizó el emplazamiento de la parte demandada a dicho juicio. De ahí que, sea evidente la actualización de modo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al encontrarse acreditado que cesaron los efectos del acto impugnado en esta vía, por lo que debe estimarse que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de la materia. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2ª./J59/99 establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo IX, junio de 1999, visible en la página 38, registro 193758, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, ya que si en el caso es patente la cesación del acto reclamado, entonces esperar hasta la fecha de la audiencia constitucional para sobreseer sólo traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 1951/2022-3 sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sin que sea el caso que realizar alguno en torno a las actuaciones de las responsables subsecuentes a los actos reclamados, toda vez que debe delimitarse en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúan los actos reclamados dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable el criterio contenido en la tesis 2a.CV/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, diciembre de dos mil trece, Tomo I, Décima Época, página 732, registro 2005150, que establece: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 1951/2022-3 procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio para las nueve horas con cincuenta y tres minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las partes, y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, dos de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense a los presentes autos el informe justificado y anexo, que rinde el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido. Asimismo, se le tiene proporcionando la cuenta de correo electrónico y los números de teléfono que indica, los que deberán ser tomados en consideración para, en su caso, facilitar el proceso de notificación. Asimismo, se tiene a la autoridad responsable designando como delegados en términos del artículo 9º de la Ley de Amparo a quienes menciona. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable ofreciendo como pruebas las documentales que exhibe, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

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