Norma Alicia Jacobi Betancourt

Expediente 356/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
356/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
12/05/2023

Partes del expediente

  • Norma Alicia Jacobi Betancourt

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte el término de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiocho de abril del año en curso, donde se desechó de plano la demanda de amparo que originó el presente asunto, sin haberse realizado manifestación alguna; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se declara que el mismo ha causado estado para todos los efectos legales. En consecuencia, realícense las anotaciones de rigor y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme a lo ordenado en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se concluye que este juicio es susceptible de destrucción, transcurridos tres años de su terminación, lo anterior, en virtud de que se desechó de plano la demanda de amparo, sin obrar documentos originales. Hágase las anotaciones de las circunstancias indicadas con anterioridad en la carátula del presente cuaderno, así como la fecha de su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Martha Yadira Machado López, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante el Secretario Carlos Alejandro Loredo Martínez, que autoriza y da fe. (FIRMAS ELECTRÓNICAS)

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 9506/2023 signado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, mediante el cual anexa la demanda de amparo promovida por Rosa Ana Margarita Jacobi Betancourt en representación de Norma Alicia Jacobi Betancourt, recibida a través de los correos electrónicos oficiales ahcueva@correo.cjf.gob.mx y Eduardo.ocegueda.romero@correo.cjf.gob,mx, el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, líbelo que remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado, a fin de que por su conducto fuera turnada al órgano jurisdiccional que correspondiera. En consecuencia, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Rosa Ana Margarita Jacobi Betancourt en representación de Norma Alicia Jacobi Betancourt, contra actos del Juez Quinto de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León y otra autoridad; al efecto, regístrese el expediente relativo bajo el número 356/2023-II, el cual le correspondió en este Juzgado. Ahora bien, una vez analizado el citado libelo, este tribunal considera viable el desechamiento de plano de la demanda, al ser notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, lo que debe ser examinado de manera preferente a cualquier otra cuestión, al ser de orden público, conforme lo dispuesto en el artículo 62 de la legislación aplicable a la materia. A manera de preámbulo, es preciso señalar la circunstancia que la legislación reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, establezca diversas hipótesis que motivan la improcedencia del juicio, no implica, per se, una violación del derecho humano al recurso efectivo. Ciertamente, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos fijados en las leyes, es claro, en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y así, decidir sobre la cuestión debatida. Las causales de improcedencia comprendidas en la legislación de amparo, tienen una existencia justificada, en la medida, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad que puede promoverse, o bien, a los principios reguladores, surge la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo cual no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole. Si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver en forma efectiva y fundada el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar siempre y en cualquier caso, los órganos y tribunales internos deben pronunciarse sobre el fondo, sin importar la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. De ese modo, las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo, constituyen por regla general parámetros objetivos cumplen a cabalidad con el estándar internacional y, por ende, no configuran una denegación de justicia. Antes bien, de permitir al gobernado acudir al juicio de amparo bajo ninguna condición racional, podría propiciar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios biinstanciales. En el caso concreto del correo electrónico que se registró como demanda de amparo, se entiende que la promovente se duele de lo siguiente: De la Juez Quinto de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, las negativas de llevar a cabo diversas diligencias a efecto de evaluar el daño neurológico de la directamente quejosa Norma Alicia Jacobi Betancourt; ello, dentro del juicio de amparo 546/2011. Asimismo, la negativa dentro de un amparo del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil y Laboral en el Estado de Nuevo León, de requerir al Secretario de Educación en el Estado de Nuevo León, a efecto de pagar los salarios que no recibió la directa quejosa con motivo de cuestiones de salud. En esa tesitura, debe decirse que en torno a los actos reclamados por Rosa Ana Jacobi Betancourt en representación de Norma Alicia Jacobi Betancourt, se cristaliza la causal de improcedencia contenida en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, como se verá. Para lo cual, es necesario traer a colación la disposición que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I a VIII [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]." Del citado marco normativo es posible colegir que la citada causal se actualiza cuando se reclaman resoluciones y determinaciones, dictadas en el trámite o en la ejecución de los juicios de amparo. En ese sentido, y una vez analizado el escrito inicial de demanda, se advierte que Rosa Ana Jacobi Betancourt en representación de Norma Alicia Jacobi Betancourt, reclama del Juez Quinto de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, y del Juez Primero de Distrito en Materia Civil y Laboral en el Estado de Nuevo León, diversas negativas, sin embargo, dichos actos encuentran su origen dentro del trámite de disimiles juicios de amparo. En esa tesitura, la intelección del motivo de improcedencia es de lógica tal que, pretender enjuiciar el trámite de un juicio de amparo, traería el contrasentido de desconocer una decisión firme, para dar paso a un reexamen que, potencialmente, vacíe de contenido lo que ya fue decidido, y confirmado, por la Justicia Federal. Así, tomando en cuenta que los actos reclamados, se emiten dentro de un juicio de amparo es evidente que opera el indicado motivo de improcedencia, en virtud de que los actos emitidos en el trámite del juicio de amparo, no pueden ser objeto de análisis constitucional. Tiene aplicación al caso la tesis 2a. XLIX/2017 (10a.), con registro digital 2014019, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, página 1391, que expone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo." Ahora, dado el sentido de la presente determinación, este órgano jurisdiccional no se encuentra en posibilidad de pronunciarse en relación con la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa, precisamente, porque jurídicamente no se inició el trámite del juicio, pues la suspensión es una incidencia propia del amparo principal y al no subsistir ésta, tampoco podría tener materia la medida cautelar. Sirve de sustento, la diversa Tesis I. 1º.P. 1K (11a.), número de registro 2025371, localizable en la página 3628, Libro 18, Octubre de dos mil veintidós, Tomo IV, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EL JUEZ DE DISTRITO DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, NO PUEDE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA, NI MUCHO MENOS CONCEDERLA. Hechos: Un Juez de Distrito desechó de plano la demanda de amparo indirecto, al considerar actualizada de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia; sin embargo, en el auto en el que se emitió esta decisión, se pronunció respecto de la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si el Juez de Distrito desecha de plano la demanda de amparo indirecto, no puede pronunciarse sobre la suspensión de oficio y de plano, ni mucho menos concederla. Justificación: El desechamiento de plano de la demanda de amparo indirecto implica que jurídicamente no se dio trámite al juicio respectivo y, por ende, es improcedente que el Juez de Distrito se pronuncie sobre la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, toda vez que ésta es una incidencia propia del amparo en lo principal. Ciertamente, por regla general, cuando se admite una demanda de amparo indirecto y con ello se da trámite al juicio constitucional, es factible que se provea sobre la suspensión de los actos reclamados, ya sea de oficio y de plano, o bien, a petición de parte y, excepcionalmente, la Ley de Amparo establece algunos casos en que sin que se haya admitido dicha demanda se provea sobre la suspensión de oficio y de plano, tales como que se presente por un tercero a favor del quejoso por existir incomunicación de éste, o se haya mandado hacer una aclaración al escrito de demanda e, incluso, cabe esa posibilidad en caso de que el Juez estime que es incompetente para conocer de la demanda, o bien, que se considere impedido; siendo éstos algunos de los supuestos en los que, aun cuando no se ha admitido la demanda de amparo, existe la posibilidad y obligación de pronunciarse sobre la suspensión de oficio y de plano; sin embargo, en caso de que se deseche el ocurso de amparo, no es factible que el Juez de Distrito lo haga, precisamente al depender esta medida del juicio en lo principal." De igual forma, la Tesis Aislada II.3o. A.3k (11a.), número de registro 2024725, localizable en la página 4803, Libro 13, mayo de dos mil veintidós, Tomo V, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE IMPEDIDO PARA PRONUNCIARSE AL RESPECTO SI DESECHÓ LA DEMANDA EN EL PRIMER AUTO. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto en representación de su hija menor de edad, contra la omisión de las autoridades responsables de aplicarle la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 y solicitó la suspensión de plano. El Juez de Distrito determinó, por un lado, negar la suspensión de plano y, por el otro, desechar la demanda; inconforme, aquél interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Juez de Distrito, al desechar la demanda de amparo en el primer auto, está impedido técnica y jurídicamente para pronunciarse respecto de dicha medida cautelar. Justificación: Lo anterior, porque cuando el juzgador de amparo determina desechar la demanda en el primer auto, no existe posibilidad técnica ni jurídica que haga procedente el pronunciamiento relativo a la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa, al no existir materia que preservar; ello sin soslayar que existen casos de excepción en los que aun sin admitir la demanda, resulta factible proveer sobre esa medida cautelar, los cuales son: a) Cuando del escrito de demanda se desprenda que se actualizan los supuestos previstos en los artículos 15 y 48 de la Ley de Amparo; b) Que el juzgador se declare legalmente impedido para conocer del amparo en términos del artículo 53 de la ley citada; y, c) Que los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General. Por tanto, fuera de estos casos de excepción, el objeto de la suspensión no sería técnica ni jurídicamente posible si la demanda de amparo fue desechada pues, como se dijo, no existiría materia que preservar." Así, conforme a lo expuesto en líneas precedentes y de acuerdo con el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por su notoria improcedencia la demanda origen de este juicio. Cabe precisar, que la promovente fue omisa en señalar un domicilio completo a efecto de oír y recibir notificaciones, razón por la cual con fundamento en el ordinal 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena practicar por lista la comunicación del presente auto, así como las subsecuentes, hasta en tanto se designe nueva dirección para ello. Luego, se informa a las partes que en atención a lo dispuesto por el artículo 3, fracción I y III del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, - publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte y reformado el veintiocho de octubre de año dos mil veintidós- todas las actuaciones del sumario constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción 11, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Martha Yadira Machado López, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante el Secretario Carlos Alejandro Loredo Martínez, que autoriza y da fe. (FIRMA ELECTRÓNICA)

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