Norma Alicia Herrera Mejía

Expediente 465/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
465/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
01/07/2021

Partes del expediente

  • Norma Alicia Herrera Mejía

Actuaciones

  1. Principal

    *******************Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual informa que se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, autorizada de la quejosa ********************, en su carácter de ********************, contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, de la que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para resolver.********************En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; además, archívense las actuaciones como asunto concluido.********************Asimismo, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 20, fracción I, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un cuaderno auxiliar, por lo que una vez transcurridos más de seis meses, y pasados treinta días de este plazo, se procederá para tal efecto. ********************Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General precitado.********************Notifíquese por lista de acuerdos.

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por Rocío del Carmen Hernández Barradas, autorizada de la quejosa Norma Alicia Herrera Mejía, en su carácter de Síndica Única del Ayuntamiento Constitucional de Úrsulo Galván, Veracruz, mediante el cual desahoga la prevención que se le hiciera en auto de siete de junio del año en curso; en consecuencia, en tiempo se tiene por desahogado el requerimiento dictado en actuaciones de la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. Al respecto, se acuerda: En términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda que nos ocupa, estimando que debe remitirse al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con residencia en Boca del Río, toda vez que el acto que se reclama tendrá ejecución en el municipio de Úrsulo Galván, Veracruz, lugar en donde no ejerce jurisdicción este juzgado federal, como se expondrá a continuación: En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito, se desprende que el proceso legal, establece tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito: I. La primera, refiere que será competente el juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. II. La segunda, indica que cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, en cuyo caso es juez competente aquél ante el que se presente la demanda. III. La tercera, gravita sobre la hipótesis de que el acto reclamado no requiera ejecución material, evento en el que será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, atendiendo a la primera hipótesis, se dice que para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. La segunda hipótesis normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la primer regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho mención en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el juez de distrito ante el quien se presente la demanda de amparo será el competente para conocerla. En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito ante quien sea presentada la demanda de amparo. Como se observa, en este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que el acto reclamado no requiere de ejecución material para que el juez ante quien se presente la demanda de amparo sea quien conozca y resuelva el juicio de garantías. En ese contexto, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada con el punto I, pues el acto reclamado consiste en: a) La resolución de veintisiete de abril del año en curso, emitida en los autos del juicio laboral 922/2013-II, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante la cual se apertura el incidente de liquidación y se determina que no se aprueba la planilla de liquidación propuesta por la parte actora en el citado asunto, pero si realiza una determinación de la cantidad liquida que debe pagar el Ayuntamiento Constitucional de Úrsulo Galván, Veracruz (aquí quejoso), por concepto de salarios caídos, estableciendo un monto total de $369,679.80 (Trecientos sesenta y nueve mil seiscientos setenta y nueve pesos 80/100 M.N). b) Como consecuencia de dicha resolución, la inminente ejecución material, que se traduciría en iniciar la sección de ejecución, requiriendo de pago a la entidad demandada, y en su caso, el embargo, gravámenes o hasta adjudicaciones para cumplir con dicha determinación. En ese tenor, resulta patente que la resolución reclamada, no es de naturaleza meramente declarativa, sino que tiene un principio de ejecución material; de ahí que el supuesto aplicable es el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Es decir, la resolución combatida requiere de ejecución material, toda vez que la autoridad responsable resolvió requerir el pago al Ayuntamiento Constitucional de Úrsulo Galván, Veracruz, de salarios caídos por el periodo comprendido del dos de octubre al de dos mil trece al veintisiete de abril de la presente anualidad, con motivo del laudo dictado en los autos del expediente 922/2013-II, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, requerimiento cuya ejecución se llevará a cabo en el municipio de Úrsulo Galván, Veracruz, lugar en el que tiene su sede el Ayuntamiento quejoso y donde habrá de realizarse el pago de la cantidad en cita. De modo que, esa condena habrá de ejecutarse, ya sea voluntariamente o mediante el embargo de bienes necesarios para cubrirla, por lo que, como se anticipó, dicho requerimiento conlleva un principio de ejecución material, misma que se reflejará primeramente, en el propio requerimiento de pago y, dependiendo de la conducta del condenado, en actos posteriores para lograr el cumplimiento de la decisión judicial. Expuesto lo anterior, el juicio de amparo contra la resolución debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos encaminados a ejecutar la resolución emitida en los autos del expediente 922/2013-II, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el caso, el pago relativo a la subsistencia de la actora, con independencia de donde resida el tribunal que emitió el acto que en esta vía se reclama. ... Similar criterio al que se adopta en esta determinación, ha sustentado el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el conflicto competencial 4/2018, de diez de mayo de dos mil dieciocho, sustentado entre este órgano jurisdiccional con el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz ; el cual, se invoca como hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2° de la Ley de Amparo. ... No pasa inadvertido para quien esto provee que la parte quejosa refirió en el capítulo del acto reclamado, que la resolución de veintisiete de abril de la presente anualidad, dictada en los autos del expediente 922/2013-II, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, se le notificó por lista de acuerdos en los estrados que se fijan en ese tribunal; sin embargo el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones en el juicio natural, o como lo es en el caso, el lugar en donde el promovente del amparo fue notificado, no es de tomarse en cuenta para fijar la competencia legal al Juzgado de Distrito correspondiente, dado que ello no lo contempla así el artículo 37 de la Ley de Amparo, de lo contrario equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover su demanda de amparo. ... De ahí que este Juzgado de Distrito carezca de competencia legal por razón de territorio para conocer del asunto; ello dado que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con residencia en Boca del Río, ejercen jurisdicción en el lugar en donde deben realizarse los actos encaminados a ejecutar la resolución emitida en los autos del expediente 922/2013-II, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, es decir, en Úrsulo Galván, Veracruz. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo y el acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, remítase el presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, para que por su conducto lo turne al Juez de Distrito que corresponda. Solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. En mérito de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda de amparo y de este proveído. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, dado que no encuadran en ninguna de las hipótesis que al efecto prevé el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo. La anterior determinación, la adopta el suscrito juzgador, a fin de evitar un retraso en la impartición de justicia, pues de lo contrario se podría causar un entorpecimiento en el derecho de acceso a la justicia de las partes, y por ende, es que se consideró declinar la competencia en los términos antes expuestos. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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