Norma Alejandra Reséndiz Mandujano

Expediente 1283/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1283/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
09/10/2017

Partes del expediente

  • Norma Alejandra Reséndiz Mandujano

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda promovida por *************************, por propio derecho, contra actos Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1283/2017; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En la especie, este juzgado advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, acatando que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad; para ello conviene traer a la vista el contenido de dicho dispositivo legal: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". De la interpretación de la porción normativa del precepto legal transcrito, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, conforme a las leyes que lo rijan. Así pues, se infiere que son tres las condiciones necesarias para que se actualice la causal de improcedencia en análisis: Que se trate de un acto emitido por un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que en su contra proceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; Que el quejoso no sea persona extraña a juicio. De lo anterior, se evidencia que el primero de los requisitos se surte en la especie, dado que el acto reclamado es: El acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente 793/2010 por el Presidente de la Junta Especial Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro. Determinación, mediante el cual se tuvo a la parte demandada promoviendo incidente de no acatamiento de laudo, emitida por el Presidente de la Junta Especial Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, dentro del expediente 793/2010; autoridad que, evidentemente, tiene el carácter de órgano jurisdiccional del trabajo. Por otra parte, en relación con el segundo de los requisitos, también se actualiza, debido a que en contra del acto reclamado es procedente el recurso de revisión. Para demostrar lo anterior, es necesario reproducir el texto del artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." De ahí que sea inconcuso que el impetrante del amparo, previo a acudir a esta vía extraordinaria, se encontraba obligado a agotar el referido medio ordinario de defensa que la legislación en consulta contempla y con el cual es dable lograr la modificación, revocación o anulación del acto reclamado, máxime que al ser parte formal en el procedimiento de donde deriva la materia de reclamo, estaba en la aptitud legal de hacerlo. De ello se deriva una cuestión lógica, como lo es, que si el acto reclamado lo hace consistir en la determinación que contiene la admisión del incidente de no acatamiento del laudo, es evidente que dicha parte antes de incoar la acción constitucional, debe agotar el recurso de revisión previsto en el aludido numeral, pues a través de ese medio de impugnación, podía revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez federal suplantaría las facultades de aquél. Resulta aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible a página 374, tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época, con número de registro 186133, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Sin que sea relevante para informar el sentido de la presente resolución, ponderar si el acto reclamado es o no de imposible reparación, dado que aun en el supuesto de que lo fuera, ello no relevaría al impetrante de la carga de agotar, previo a la interposición del juicio de amparo, los medios ordinarios de defensa procedentes. Es aplicable al caso, la tesis aislada emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible a página 3217, tomo IV, Enero de 2014, Décima Época, con número de registro 2005397, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO, SÓLO DEBE AGOTARSE CUANDO HAYA DADO INICIO LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO CON UN ACTO TENDIENTE A SU CUMPLIMIENTO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos y convenios. Ahora bien, la fase ejecutiva en un procedimiento laboral, invariablemente nace a la vida jurídica con el primer acto que tienda a lograr el cumplimiento de una condena. En tal virtud, resulta innecesario agotar el medio de impugnación ordinario mientras no se haya dado inicio a esa etapa de ejecución." Así como la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercero Circuito, visible a página 2185, tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, con número de registro 172397, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DICTADA EN LA DILIGENCIA DE REMATE POR LA QUE APRUEBA Y ADJUDICA UN BIEN AL POSTOR. En atención a las razones expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 95/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 374, de rubro: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.", se concluye que el valor salvaguardado en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, es el de otorgar a las partes en el juicio laboral la posibilidad de solicitar la revisión, entre otros actos, de los realizados por los presidentes de las Juntas en ejecución de laudos, ya sea con motivo de la aplicación o interpretación de las normas de trabajo, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo; en tal virtud, la determinación del presidente de una Junta dictada en la diligencia de remate, aprobando y adjudicando un bien a un postor, así como las consecuencias de ello, es una resolución emitida en el periodo de ejecución del laudo, que persigue en forma directa e inmediata su cumplimiento, y que conforme a la teleología del aludido precepto es recurrible. En esas condiciones, para que una de las partes esté en aptitud de reclamar en amparo la inconstitucionalidad de un acto de este tipo, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, debe agotar previamente el recurso de revisión a que se refiere el mencionado artículo 849, pues de no hacerlo se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Máxime, que en atención al tercero de los requisitos que se han destacado, es evidente que el aquí quejoso no es persona extraña al juicio, en virtud de asistirle el carácter de actor en procedimiento laboral del que deriva el acto reclamado; por tanto, se encuentra obligado a interponer el recurso ya analizado, ya que con ello se evitaría el abuso del juicio de amparo mediante la previa tramitación de aquéllos medios de impugnación que tiendan a modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En esa medida, de conformidad con la citada fracción XVIII del citado numeral 61 de la Ley que rige el juicio constitucional, al no haberse interpuesto por la quejosa, el referido medio de defensa legal en lo que atañe al acto reclamado es indudable que en la especie se surte la causal de improcedencia citada. En el caso, tampoco se actualiza la excepción que prevé el artículo 61, fracción XVIII, inciso a) de la Ley de Amparo, relativa a que no existe la carga procesal de agotar los medios ordinarios de defensa cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; lo anterior, pues la resolución combatida no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni se ordena alguno de los actos prohibidos por el diverso 22 de la Constitución Federal. Es así, en virtud de que el acto reclamado sólo consiste en el acuerdo que da entrada al incidente de no acatamiento de laudo, fechado en veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, dictado dentro del procedimiento laboral 793/2010, sin que dicho acto incida en la libertad personal de la parte quejosa ni importa alguno de los actos expresamente prohibidos por el precepto 22 Constitucional mencionado. Lo anterior, en consonancia además con lo estipulado por el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice: "Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso". Así, la convención internacional en cita da libertad a los Estados parte, de fijar en su derecho interno, recursos sencillos y rápidos, o cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes, a fin de que se salvaguarden los derechos del gobernado; en cumplimiento a lo cual el sistema mexicano, concretamente el derecho procesal en materia mercantil, establece la posibilidad de que la parte demandada promueva el recurso idóneo en contra del acto aquí reclamado, el cual se trata de un medio con las cualidades estipuladas por el pacto internacional en comento, es decir, se promueve ante tribunal competente, de una manera sencilla, y es efectivo para modificar o revocar el acto de que se trata (cuyo objetivo es analizar temas de legalidad). Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial 22/2014 Décima Época, de rubro siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUIDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL". Así las cosas, por los motivos y fundamentos expuestos, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos y fundamentos explicados anteriormente. Por lo expuesto y fundado, lo procedente es DESECHAR de plano la demanda de amparo promovida por Norma Alejandra Reséndiz Mandujano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda; y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su líbelo constitucional por tratarse de una demanda de amparo en materia laboral, en donde la quejosa tiene la calidad de trabajador-actor en el juicio de origen. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Expídase testimonio autorizado del presente proveído a fin de ser entregado a la parte promovente con motivo de su notificación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo provee y firma el licenciado Javier Loyola Zosa, Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, asistido del licenciado Jorge Luis Mesino Armenta, secretario que autoriza. Doy fe.En la misma fecha, el suscrito licenciado Jorge Luis Mesino Armenta, Secretario adscrito al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales, en el Estado de Querétaro, C E R T I F I C A : Que el presente acuerdo corresponde al que se integró en el expediente electrónico correspondiente al sumario en que se actúa Doy fe. Erle.* /SISE____ En ___________, notifiqué a las partes, la resolución que antecede, por medio de lista autorizada que se fijó en los estrados del juzgado, a primera hora hábil del despacho, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 29, de la Ley de Amparo. Doy fe. (Actuario) "Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de septiembre de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda promovida por Norma Alejandra Reséndiz Mandujano, por propio derecho, contra actos Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1283/2017; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En la especie, este juzgado advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, acatando que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad; para ello conviene traer a la vista el contenido de dicho dispositivo legal: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". De la interpretación de la porción normativa del precepto legal transcrito, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, conforme a las leyes que lo rijan. Así pues, se infiere que son tres las condiciones necesarias para que se actualice la causal de improcedencia en análisis: Que se trate de un acto emitido por un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que en su contra proceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; Que el quejoso no sea persona extraña a juicio. De lo anterior, se evidencia que el primero de los requisitos se surte en la especie, dado que el acto reclamado es: El acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente 793/2010 por el Presidente de la Junta Especial Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro. Determinación, mediante el cual se tuvo a la parte demandada promoviendo incidente de no acatamiento de laudo, emitida por el Presidente de la Junta Especial Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, dentro del expediente 793/2010; autoridad que, evidentemente, tiene el carácter de órgano jurisdiccional del trabajo. Por otra parte, en relación con el segundo de los requisitos, también se actualiza, debido a que en contra del acto reclamado es procedente el recurso de revisión. Para demostrar lo anterior, es necesario reproducir el texto del artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." De ahí que sea inconcuso que el impetrante del amparo, previo a acudir a esta vía extraordinaria, se encontraba obligado a agotar el referido medio ordinario de defensa que la legislación en consulta contempla y con el cual es dable lograr la modificación, revocación o anulación del acto reclamado, máxime que al ser parte formal en el procedimiento de donde deriva la materia de reclamo, estaba en la aptitud legal de hacerlo. De ello se deriva una cuestión lógica, como lo es, que si el acto reclamado lo hace consistir en la determinación que contiene la admisión del incidente de no acatamiento del laudo, es evidente que dicha parte antes de incoar la acción constitucional, debe agotar el recurso de revisión previsto en el aludido numeral, pues a través de ese medio de impugnación, podía revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez federal suplantaría las facultades de aquél. Resulta aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible a página 374, tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época, con número de registro 186133, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Sin que sea relevante para informar el sentido de la presente resolución, ponderar si el acto reclamado es o no de imposible reparación, dado que aun en el supuesto de que lo fuera, ello no relevaría al impetrante de la carga de agotar, previo a la interposición del juicio de amparo, los medios ordinarios de defensa procedentes. Es aplicable al caso, la tesis aislada emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible a página 3217, tomo IV, Enero de 2014, Décima Época, con número de registro 2005397, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO, SÓLO DEBE AGOTARSE CUANDO HAYA DADO INICIO LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO CON UN ACTO TENDIENTE A SU CUMPLIMIENTO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos y convenios. Ahora bien, la fase ejecutiva en un procedimiento laboral, invariablemente nace a la vida jurídica con el primer acto que tienda a lograr el cumplimiento de una condena. En tal virtud, resulta innecesario agotar el medio de impugnación ordinario mientras no se haya dado inicio a esa etapa de ejecución." Así como la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercero Circuito, visible a página 2185, tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, con número de registro 172397, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DICTADA EN LA DILIGENCIA DE REMATE POR LA QUE APRUEBA Y ADJUDICA UN BIEN AL POSTOR. En atención a las razones expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 95/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 374, de rubro: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.", se concluye que el valor salvaguardado en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, es el de otorgar a las partes en el juicio laboral la posibilidad de solicitar la revisión, entre otros actos, de los realizados por los presidentes de las Juntas en ejecución de laudos, ya sea con motivo de la aplicación o interpretación de las normas de trabajo, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo; en tal virtud, la determinación del presidente de una Junta dictada en la diligencia de remate, aprobando y adjudicando un bien a un postor, así como las consecuencias de ello, es una resolución emitida en el periodo de ejecución del laudo, que persigue en forma directa e inmediata su cumplimiento, y que conforme a la teleología del aludido precepto es recurrible. En esas condiciones, para que una de las partes esté en aptitud de reclamar en amparo la inconstitucionalidad de un acto de este tipo, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, debe agotar previamente el recurso de revisión a que se refiere el mencionado artículo 849, pues de no hacerlo se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Máxime, que en atención al tercero de los requisitos que se han destacado, es evidente que el aquí quejoso no es persona extraña al juicio, en virtud de asistirle el carácter de actor en procedimiento laboral del que deriva el acto reclamado; por tanto, se encuentra obligado a interponer el recurso ya analizado, ya que con ello se evitaría el abuso del juicio de amparo mediante la previa tramitación de aquéllos medios de impugnación que tiendan a modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En esa medida, de conformidad con la citada fracción XVIII del citado numeral 61 de la Ley que rige el juicio constitucional, al no haberse interpuesto por la quejosa, el referido medio de defensa legal en lo que atañe al acto reclamado es indudable que en la especie se surte la causal de improcedencia citada. En el caso, tampoco se actualiza la excepción que prevé el artículo 61, fracción XVIII, inciso a) de la Ley de Amparo, relativa a que no existe la carga procesal de agotar los medios ordinarios de defensa cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; lo anterior, pues la resolución combatida no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni se ordena alguno de los actos prohibidos por el diverso 22 de la Constitución Federal. Es así, en virtud de que el acto reclamado sólo consiste en el acuerdo que da entrada al incidente de no acatamiento de laudo, fechado en veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, dictado dentro del procedimiento laboral 793/2010, sin que dicho acto incida en la libertad personal de la parte quejosa ni importa alguno de los actos expresamente prohibidos por el precepto 22 Constitucional mencionado. Lo anterior, en consonancia además con lo estipulado por el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice: "Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso". Así, la convención internacional en cita da libertad a los Estados parte, de fijar en su derecho interno, recursos sencillos y rápidos, o cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes, a fin de que se salvaguarden los derechos del gobernado; en cumplimiento a lo cual el sistema mexicano, concretamente el derecho procesal en materia mercantil, establece la posibilidad de que la parte demandada promueva el recurso idóneo en contra del acto aquí reclamado, el cual se trata de un medio con las cualidades estipuladas por el pacto internacional en comento, es decir, se promueve ante tribunal competente, de una manera sencilla, y es efectivo para modificar o revocar el acto de que se trata (cuyo objetivo es analizar temas de legalidad). Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial 22/2014 Décima Época, de rubro siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUIDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL". Así las cosas, por los motivos y fundamentos expuestos, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos y fundamentos explicados anteriormente. Por lo expuesto y fundado, lo procedente es DESECHAR de plano la demanda de amparo promovida por Norma Alejandra Reséndiz Mandujano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda; y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su líbelo constitucional por tratarse de una demanda de amparo en materia laboral, en donde la quejosa tiene la calidad de trabajador-actor en el juicio de origen. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Expídase testimonio autorizado del presente proveído a fin de ser entregado a la parte promovente con motivo de su notificación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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