Norma Alarcon Sanchez

Expediente 1127/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 34 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1127/2019
Año
2019
Actuaciones
34
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Norma Alarcon Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Ciudad de México, diez de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a ********************, en su carácter de beneficiaria de la quejosa ********************, en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, a efecto que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia, sin que lo hiciera, por tanto, con fundamento en lo que se establece en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En primer lugar, cabe señalar que se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: "[.] NOVENO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo para el efecto de que el Instituto Nacional de Pediatría y el Subdirector de Administración y Desarrollo de Personal del referido Instituto realicen lo siguiente: Deberán dejar insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo que, en su caso, deberá devolver las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018. Asimismo, deberán dejar insubsistentes todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad referida. Son aplicables las jurisprudencias 2a./J. 45/2017 (10a.) y P./J. 112/99, de rubros: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO RESPECTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA ABROGADA." "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA." La concesión de amparo no implica ni constituye derecho alguno a favor de la parte quejosa para que se le hagan pagos de conceptos o prestaciones que no venía percibiendo antes de la presentación de la demanda, ni comprende actos diversos a los expresamente señalados en esta sentencia. Por último, cabe precisar que, con motivo del fallecimiento de la parte quejosa ********************, el reintegro de las cantidades indebidamente retenidas se deberá de realizar por conducto de ********************, a quien, como se ordenó en autos, le corresponde el carácter de representante legal de la quejosa para los efectos derivados del presente juicio de amparo, al tener el carácter de beneficiaria de los derechos laborales de la persona trabajadora fallecida, de acuerdo con el artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo. [.]" El efecto del fallo protector consiste en que las autoridades responsables Instituto Nacional de Pediatría y subdirector de Administración y Desarrollo de Personal del citado instituto, dejaran insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedido mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil ocho, atribuido al Instituto Nacional de Pediatría y devolvieran a ********************, en su carácter de beneficiaria de la quejosa ******************** la retención del impuesto sobre la renta respecto al pago del concepto "premio de antigüedad" tal y como lo reconocieron las autoridades responsables en sus informes justificados. Ahora, para acreditar el acatamiento de la sentencia las citadas autoridades mediante oficio y anexos registrados con el folio 13381, informaron en lo que interesa lo siguiente: 1) Por oficio DER/GJT/1009/2023 de veintiocho de agosto de este año, firmado por el jefe de Departamento de Empleo y Remuneraciones, se señaló que dejaron insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, segundo párrafo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la normativa declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulado 108/2018. 2) En atención al fallecimiento de la quejosa ******************** el reintegro de las cantidades retenidas por concepto de "premio de antigüedad" debería ser realizado por conducto de la beneficiaria ********************. Asimismo, exhibieron copia de los oficios SADP/FPR/0820/2023, DER/GJT/1009/2023 y SADP/FPR/0820/2023, de este último se advierte que instruyó a la Dirección de Finanzas elaborara el cheque a favor de ******************** beneficiaria de la quejosa ******************** por la cantidad de **********, que cubre la devolución del impuesto sobre la renta correspondiente al premio por antigüedad pagado en la segunda quincena de noviembre de dos mil dieciocho. Por oficio registrado con el folio 13382, las responsables exhibieron copia simple del cheque número ********* de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés de la institución bancaria **********, por la cantidad de ************* y solicitaron que por conducto de este órgano auxiliar se notificara a la beneficiaria en mención a efecto de que acudiera a la Subdirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Pediatría a fin de recoger el título de crédito de referencia, solicitud que fue atendida por auto de cuatro de septiembre pasado. Posteriormente, por oficio registrado con el folio 14783 las responsables informaron bajo protesta de decir verdad que ********************, beneficiaria de la quejosa ******************** no había acudido a recoger el cheque puesto a su disposición, por lo que por acuerdo de veintiuno de septiembre de este año, se requirió de nueva cuenta a la beneficiara para que asistiera a recoger el título de crédito en mención. Finalmente, por oficio con registro 15068 las autoridades responsables informaron que el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, acudió la beneficiaria en cita a sus instalaciones y recibió el cheque descrito adjuntando copia de la recepción del título crediticio, así como de la credencial para votar de la beneficiaria. Por tanto, esta juzgadora considera que la actuación de las autoridades responsables se ajusta de manera integral a los efectos establecidos en la ejecutoria, por lo cual se estima que el fallo protector se encuentra cumplido, sin exceso o defecto alguno. Háganse las anotaciones en el libro electrónico y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído. Notifíquese vía electrónica a ********************, en su carácter de beneficiaria de la quejosa ********************.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio remitido en representación del Instituto Nacional de Pediatría por el que informa respecto del cumplimiento de la sentencia, atento a ello, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta, así como el diverso con folio 13381 y sus anexos, dese vista a la quejosa por conducto de su beneficiara ******************** para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifieste lo que a su derecho convenga, en el entendido que, una vez transcurrido el plazo otorgado, con o sin desahogo de la vista, se realizará el estudio correspondiente y se hará el pronunciamiento sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese vía electrónica a la quejosa por conducto de su beneficiaria ********************.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos los oficios remitidos en representación del Instituto Nacional de Pediatría, por los que desahoga el requerimiento formulado en auto de cuatro de septiembre pasado y al efecto informa, bajo protesta de decir verdad, que ********************, quien es beneficiaria de los derechos laborales de la quejosa, no se ha presentado a recoger el título de crédito con número de póliza ********** de veintinueve de agosto de este año, por la cantidad de ************ Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, con copia del oficio registrado con el folio 13382 requiérase de nueva cuenta a ********************, en su carácter de beneficiaria de la de cujus, para que en el plazo de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo se presente en la Subdirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Pediatría ubicada en el domicilio: Insurgentes Sur, número 3700 (tres mil setecientos), letra "C", colonia Insurgentes Cuicuilco, alcaldía Coyoacán, código postal 04530 (cero, cuatro, cinco, tres, cero), a efecto de que le sea entregado el título de crédito descrito con antelación en cumplimiento a la sentencia dictada en autos, o bien, informe a este juzgado de Distrito si le asiste alguna imposibilidad o inconformidad para ello. Se informa a la beneficiaria que deberá acudir con identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte o cédula profesional) y en caso de existir omisión se acordará lo que en derecho proceda, en relación con el acatamiento de la ejecutoria de amparo. Cabe precisar que la autoridad vinculada es la responsable de acatar el fallo protector, sin embargo, en este caso, la beneficiaria debe coadyuvar con ésta a efecto de que se cumpla la sentencia, por lo que de no hacer manifestación alguna al respecto en el plazo concedido, se considerará como desinterés de que se cumpla con el fallo protector y este juzgado de Distrito con las constancias que obren en el expediente determinará lo que corresponda en relación con el cumplimiento de la sentencia. Finalmente, del estado procesal de autos se advierte que por acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintiuno se tuvo a la autorizada de la finada en amplios términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, señalando domicilio de la beneficiaria en cita el cual se encuentra ubicado en calle ************, residencia en el que le fueron notificados diversos acuerdos, por lo que se estima pertinente realizar la diligencia encomendada en este acuerdo en dicho domicilio. Notifíquese electrónicamente y personalmente a la beneficiaria ********************.

  4. Principal

    Ciudad de México, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos los oficios remitidos en representación del Instituto Nacional de Pediatría, por los que desahoga el requerimiento formulado en auto de veintitrés de agosto pasado y al efecto informa que dejó insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y exhibe copia de la póliza *********** de veintinueve de agosto de este año que contiene el título de crédito puesto a disposición de *************, quien es beneficiaria de los derechos laborales de la quejosa, por la cantidad de $******************* e informa que deberá acudir a sus instalaciones a recogerlo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, con copia del oficio registrado con el folio 13382 requiérase a la beneficiaria ************* para que en el plazo de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo se presente en la Subdirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Pediatría ubicada en el domicilio: **************, a efecto de que le sea entregado el título de crédito descrito con antelación en cumplimiento a la sentencia dictada en autos, o bien, informe a este juzgado de Distrito si le asiste alguna imposibilidad o inconformidad para ello. Se informa a la beneficiaria que deberá acudir con identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte o cédula profesional) y en caso de existir omisión se acordará lo que en derecho proceda, en relación con el acatamiento de la ejecutoria de amparo. Cabe precisar que la autoridad vinculada es la responsable de acatar el fallo protector; sin embargo, en este caso, la beneficiaria debe coadyuvar con ésta a efecto de que se cumpla la sentencia, por lo que de no hacer manifestación alguna al respecto en el plazo concedido, se considerará como desinterés de que se cumpla con el fallo protector y este juzgado de Distrito con las constancias que obren en el expediente determinará lo que corresponda en relación con el cumplimiento de la sentencia. En virtud de lo anterior y considerando que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y este juzgado de Distrito se encuentra obligado a verificar el cabal cumplimiento de la sentencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Instituto Nacional de Pediatría y al subdirector de Administración y Desarrollo de Personal del referido Instituto, para que en el plazo de diez días contado a partir de que se notifique este acuerdo realice lo siguiente: 1. Informe si la beneficiaria se presentó a recoger el documento crediticio en cuestión y, de ser el caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, se realizará lo siguiente: a) Se le impondrá a la autoridad vinculada una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de esta juzgadora la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Con independencia de lo anterior, se le hace del conocimiento que aun cuando deje su respectivo puesto seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos del artículo 198 de la Ley de Amparo. En el entendido que: 1. La autoridad responsable y la vinculada al cumplimiento así como su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) del Pleno de nuestro más Alto Tribunal. "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento en lo previsto en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Notifíquese vía electrónica a la quejosa por conducto de su beneficiaria *************.

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