Norma Adriana Moreno Chaparro

Expediente 1778/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1778/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
24/02/2022

Partes del expediente

  • Norma Adriana Moreno Chaparro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y toda vez que de la misma se advierte, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el proveído en el que se sobreseyó por auto el presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 354, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo causó estado, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, que respecto de la responsable no se haya realizado cómputo del plazo que establece el ordinal 86 de la ley de la materia, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la ciada ley, esta solo podrá interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que se le haya reclamado, lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse sobreseído el juicio de amparo. Archivo y anotaciones. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el expediente como asunto totalmente concluido, sin necesidad de pronunciarse respecto del destino de los incidentes de suspensión, toda vez que en la suspensión definitiva se hizo la valoración respectiva de los mismos. Destino del expediente. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su artículo 21, inciso a), que a la letra dice: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General.". Por tanto, una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo que antecede, procédase a la destrucción de este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Toda vez que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos contenidos en el numeral 15 del Acuerdo General en consulta, este expediente no se considera de información reservada. IV. ARCHIVO INCIDENTES. Ahora, no obstante lo proveído en la suspensión definitiva dictada en autos del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo indirecto, se precisa que, respecto al cuaderno original, en términos de la fracción I, inciso a) y dos últimos párrafos del artículo 18, del Acuerdo General Conjunto señalado con antelación, es susceptible de depuración una vez que transcurran más de tres años de haberse ordenado el archivo del juicio de donde deriva este incidente, dado que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional respecto de los actos reclamados. Ahora, respecto al duplicado del referido incidente, en atención a lo dispuesto en el arábigo 20, fracción II, inciso a), del ordenamiento invocado, una vez que transcurra el plazo de seis meses, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción, y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación; ello, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado numeral. V. Resolución de disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en el presente juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  2. Principal

    SE AGREGA OFICIO. Con fundamento en los artículos 61, 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese el oficio 4397/2021, signado por el Juez Tercero de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el auto de radicación correspondiente al expediente civil *******, de su índice. SE SOBRESEE JUICIO DE AMPARO. Ahora, la improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público, que se debe analizar, incluso, de oficio, según lo preceptuado por el artículo 62 de la ley de la materia. En seguida, del examen integral de las constancias que integran el presente contradictorio constitucional, y las documentales allegadas por la responsable en el oficio señalado líneas arriba, la suscrita estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que se transcribe a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con lo anterior, es de citarse la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En la especie, los actos reclamados consisten en la omisión de proveer y realizar las actuaciones que corresponden para que el juicio ordinario familiar sea radicado en tiempo y forma. Ahora, como quedó asentado en párrafos precedentes, la autoridad responsable allegó al presente juicio de amparo, el auto de radicación correspondiente al expediente civil *****, de su índice, con motivo del escrito de demanda presentado el veintinueve de septiembre del año en curso. En estas condiciones, si la quejosa reclamó, precisamente, la omisión de la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, para radicar la demanda presentada por la aquí quejosa, y la autoridad procedió en esos términos, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica de la moral inconforme, o habiéndola irrumpido, la cesación no ha dejado ninguna huella. Por consiguiente, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, se actualiza la causal invocada, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con fundamento en lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento. Así las cosas, dado el sobreseimiento decretado en párrafos precedentes, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con veintiuno minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno.

  3. Principal

    requiérase nuevamente a la autoridad responsable para que en el término de veinticuatro horas, contadas a partir de que se notifique del presente proveído, remita copias certificadas del acuerdo de admisión correspondiente al expediente civil 599/2021, de su índice a que hace referencia, apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien a mil días equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 260 de la Ley de Amparo vigente y los artículos 1º, 2º y 3º transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto que tuvo por no interpuesta la demanda; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del ordinal 2, se declara que dicho auto causó estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena enviar el presente asunto al archivo de trámite y tomando en consideración que se desechó la demanda, aunado al hecho que no es de relevancia documental, procede determinar que este expediente destruible en un plazo de tres años, contados a partir de este proveído. Por tanto, una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo que antecede, procédase a la destrucción de este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Toda vez que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos contenidos en el numeral 15 del Acuerdo General en consulta, este expediente no se considera de información reservada; además, no obran documentos originales que devolver.

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