Norge Pardomo Castillo

Expediente 626/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
626/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
24/07/2023

Partes del expediente

  • Norge Pardomo Castillo
  • Guillermo José Grunberger Reynoso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE A PARTIR DEL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ESTE JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NAYARIT, CON SEDE EN TEPIC, CAMBIA DE DENOMINACIÓN A JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NAYARIT, CON RESIDENCIA EN TEPIC, SIENDO LA TITULAR LA JUEZA INGRID ANGÉLICA CECILIA ROMERO LÓPEZ.

  2. Principal

    SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE A PARTIR DEL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ESTE JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NAYARIT, CON SEDE EN TEPIC, CAMBIA DE DENOMINACIÓN A JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NAYARIT, CON RESIDENCIA EN TEPIC, SIENDO LA TITULAR LA JUEZA INGRID ANGÉLICA CECILIA ROMERO LÓPEZ.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, doce de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió, en queja, el auto por el que se desechó la demanda de amparo, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Del estado de autos se advierte que la promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese.

  4. Principal

    El catorce de junio de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción con folio 11908. Conste. Zacatecas, Zacatecas, catorce de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, y con el mismo se le tiene dando cumplimiento al acuerdo de siete de junio de dos mil veintidós; y mediante el cual remite copia certificada del juicio de amparo 636/2022-III de su estadística. De las constancias remitidas, se advierte que el mismo se encuentra en trámite, pues se admitió la demanda de amparo el dos de abril de dos mil veintidós; y se encuentran señalas las diez horas del seis de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional respecto de la demanda de amparo promovida por Víctor Moisés Sánchez Ramírez, en representación de Norge Perdomo Castillo. Ahora bien, de dicho juicio de amparo 636/2022-III, del índice del homologo, se advierten como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: Comisionado del Instituto Nacional de Migración. Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración. Director General de Regulación y Archivo Migratorio del Instituto Nacional de Migración. Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. Director General de Coordinación de Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación del Instituto Nacional de Migración. Titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas; Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración de Zacatecas en la Estación Migratoria en dicho lugar -lugar donde se encuentra privada (sic) de la libertad e incomunicada-; Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de Zacatecas II. Actos reclamados: (i) tratos crueles, inhumanos y degradantes; (ii) falta de atención médica, (iii) incomunicación y (iv) la detención fuera de procedimiento en la Estación Migratoria con fines de deportación o repatriación." Ahora bien, al respecto, de la precisión de los actos reclamados y autoridades responsables se advierte de forma oficiosa que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. (.)" La fracción invocada refiere que el juicio constitucional será improcedente cuando el gobernado reclame en un segundo o ulterior juicio, el mismo o los mismos actos reclamados, atribuibles a las mismas autoridades responsables dentro de otro juicio anterior y que éste se encuentre pendiente de resolución, sin que para ello obste que en el nuevo juicio se aduzcan diversas violaciones constitucionales. Esta fracción encuentra una excepción que es cuando se reclaman normas generales con motivo de actos de aplicación distintos; excepción en la que no se ubica el presente quejoso, pues de la lectura acuciosa de la demanda de amparo no se advierte tal circunstancia, en razón a que, como se dijo, el acto reclamado consiste en la falta de atención médica, incomunicación y ataques a la libertad fuera de procedimiento, lo que se traduce en la detención administrativa por más de treinta y seis horas en la Estación Migratoria de Zacatecas; a que está siendo sometido el quejoso. Así, la causal de improcedencia en cita se actualiza desde el momento mismo en que se presenta la ulterior demanda de amparo y ya existe un anterior juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución (en primera o segunda instancia), para lo cual deben existir tres requisitos: a) Que ambos juicios sean promovidos por el mismo quejoso; b) Que en ambos juicios se reclamen los mismos actos; y c) Que esos actos sean atribuidos a las mismas autoridades responsables. Resulta orientador el criterio emitido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la Tesis I.11o.C.31 K (10a.), de tenor: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." En ese sentido, para demostrar que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia en cita, resulta pertinente invocar como hecho notorio, admisible el presente juicio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo acorde a su numeral 2°, que el cuatro de abril de dos mil veintidós, Víctor Moisés Sánchez Ramírez, en representación de Norge Perdomo Castillo, promovió juicio de amparo, mismo que correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, y le asignó el número 636/2022-III, en el que se señaló como actos reclamados y autoridades responsables los señalados en párrafos que preceden No obsta a lo anterior que el acto consistente en la deportación y sus consecuencia jurídicas, fueran atribuidos a diversas autoridades a las señaladas en el presente expediente; pues de los antecedentes de los actos reclamados narrados en dicho escrito de demanda, adujo la quejosa en la parte que interesa, que fue detenido para ser trasladado a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, donde se encontraba interno al momento de promover aquel juicio de amparo, de ahí que atendiendo a la causa de pedir, se obtiene que los actos reclamados consisten en la deportación y sus consecuencias jurídicas, que le son reclamados al Instituto Nacional de Migración, delegación estatal Zacatecas, por ser la autoridad que tiene a su disposición material a la parte quejosa bajo la figura de alojamiento; por ende, es a dicha autoridad a quien se le reclaman tales actos, pues atendiendo a la causa de pedir se obtiene que los actos consistentes en incomunicaciones, ataques a la libertad fuera de procedimiento, son derivados de la deportación que fue reclamado en el primer amparo radicado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. Apoya a lo anterior los criterios siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Lo anterior se evidencia con las copias certificadas que remitió el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, respecto del juicio de amparo 636/2022-III, de su índice. Es aplicable por analogía a lo anterior la jurisprudencia XXII. J/12, aprobada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que indica: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Posteriormente, el once de abril de dos mil veintidós, Juan Carlos Vargas Trejo, en representación de Norge Perdomo Castillo, promovió nuevo juicio de amparo, mismo que se radicó ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, mismo que determinó carecer de competencia, ordenando turnar dicha demanda nuevamente, correspondiendo conocer del mismo a este juzgado bajo el número 626/2022, en el que señaló como actos reclamados y autoridades responsables las siguientes: Juez Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas. Juez Tercero de Distrito en el estado de Zacatecas c) Comisionado del Instituto Nacional de Migración: d) Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración e) Director General de Regulación y Archivo Migratorio del Instituto Nacional de Migración. f) Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. g) Director General de Coordinación de Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración h) Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación del Instituto Nacional de Migración. i) Titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas; j) Jefe de Departamento de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas k) Encargado de la Estación Migratoria en Zacatecas -lugar donde se encuentra privado de la libertad e incomunicado- II. Actos reclamados: (i) falta de atención médica, (ii) incomunicación y (iii) Ataques a la libertad fuera de procedimiento, lo que se traduce en la detención administrativa por más de treinta y seis horas en la Estación Migratoria de Zacatecas y (iv) de los Jueces Segundo y Tercero en el Estado, se les reclama la omisión de ejercer un control convencional." Como se lee, en la demanda de amparo que dio origen a este juicio, el aquí quejoso reclama, algunos de los mismos actos que los que se reclamaron en el juicio de amparo 626/2022 del índice de este órgano jurisdiccional; es decir, actos derivados de la deportación; y con independencia que en aquel juicio se reclamaran diversos actos y autoridades responsables, existe identidad de quejoso, y los actos reclamados son derivados del primer amparo, así como las autoridades responsables entre aquel y este juicio de amparo, actualizándose los tres requisitos indispensables para que exista litispendencia y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia ya invocada. Además, el diverso juicio de amparo 636/2022-III aún se encuentra pendiente de dictar resolución, tal como se advierte de las constancias remitidas por el Juzgado homologo, ya que Norge Perdomo Castillo, ratificó la demanda de amparo promovida en su nombre el dos de abril de dos mil veintidós (foja 42 de las constancias que remitió la autoridad oficiante). Todo lo anterior permite concluir válidamente que, se encuentra pendiente de dictar resolución el juicio de amparo 636/2022-III del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, es que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no se puede analizar la constitucionalidad del acto que ahora se reclama, cuando al momento de presentar la demanda de amparo que dio origen a este juicio constitucional, éstos ya se encontraban sometidos a análisis en diverso juicio, pues de hacerlo podría conllevar a emitir resoluciones contradictorias. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso artículo 113, del cuerpo de leyes invocado, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Vargas Trejo, en representación de Norge Perdomo Castillo. Notifíquese; vía electrónica a la parte promovente. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del catorce de junio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe

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