Norberto Vega Gutierrez
Expediente 168/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 168/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 14/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Norberto Vega Gutierrez
- Francisco J. Edgar Tamariz Zarate
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, a catorce de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad en cita, mediante el cual acusa recibo del oficio 11570, por el que se le remitió el tomo de pruebas que adjuntó a su informe de ley. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a quince de diciembre de dos mil veintiuno. Como de la constancia secretarial que antecede, se advierte que del estado que guarda los autos se advierte que no se remitió el tomo de pruebas que adjuntó a su informe de ley al Juez en cita; además, hágasele del conocimiento que en auto de tres de noviembre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia de amparo; en consecuencia, remítansele el tomo de pruebas que adjuntó a su informe de ley, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que lo recibió a su entera satisfacción. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por el tercero interesado en cita; atento a lo que solicita, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a tres de noviembre de dos mil veintiuno. Como de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término previsto por el artículo 86, de la Ley de la Materia, para que las partes legitimadas recurrieran la sentencia de diecisiete de septeimbre del año en curso, en la que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Ahora, como de la constancia secretarial se advierte que no existen acuerdo pendiente de dictar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, el presente asunto se valora como DEPURABLE toda vez que se negó el amparo la protección de la justicia de la unión solicitado de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 18, fracción inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 18.- Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido estos expedientes. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.". Finalmente, se hace constar que en el presente asunto no se formaron cuadernos incidentales, y se precisa que este expediente no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista al tercero interesado... de la sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno... V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo V-168/2021-2; y Por lo expuesto, fundado y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales 73, 74, 75 y 107 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal NO AMPARA NI PROTEGE a ... en contra del acto reclamado al Juez Tercero Menor en Materia Civil de Este Distrito Judicial, por las razones expuestas en el considerando QUINTO de esta resolución. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el considerando último de la presente resolución, publíquese la presente sentencia en los términos que ahí se indican... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
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