Norberto Valenzuela Soto

Expediente 322/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 82 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
322/2021
Año
2021
Actuaciones
82
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • Norberto Valenzuela Soto
  • Director del Hospital General de San Luis Río Colorado, Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 82.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a dos de mayo de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad; mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo número 322/2021, así como la ejecutoria dictada dentro del amparo en revisión administrativo 503/2021, misma que se resolvió en los términos siguientes: "PRIMERO. En la materia del recurso, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto a la autoridad responsable Secretaría de Salud con residencia en Ciudad de México, por los actos y consideraciones expuestos en los considerandos segundo y tercero de la sentencia que se revisa. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, contra los actos reclamados a las autoridades responsables Secretaría de Salud del Estado de Sonora, Secretaría de Salud del Estado de Baja California, Director del Hospital General de San Luis Río Colorado, Sonora y Director del Hospital General de Mexicali por los motivos precisados en el considerando séptimo de la sentencia recurrida. (.)" Integración. Agréguense al presente juicio de amparo las actuaciones originales del cuadernillo de revisión respectivo, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad. Documentos originales. No obran documentos originales. Constancias o actuaciones. No existen para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Incidente. No se aperturó, dado que se concedió de plano la suspensión del acto reclamado. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al artículo 18, inciso I), fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se negó la protección constitucional y se concedió la suspensión de plano en el presente asunto. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a diez de marzo de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio ****, derivado de la carpeta de investigación ****, suscrito por la licenciada ****, en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula i-7 de Mexicali, Baja California, mediante el cual solicita copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente asunto; al respecto, se acuerda lo siguiente. Se informa. Como se precisó en auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, infórmese a la fiscal que por el momento no es posible acordar favorablemente su petición, toda vez que los autos originales del juicio de amparo 322/2021, se encuentran actual y materialmente en el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso de revisión radicado ante dicha instancia constitucional bajo el número 503/2021-I, por lo que las constancias originales que lo integran se encuentran en dicho Tribunal Colegiado. Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a treinta de enero de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obren como legalmente corresponda, el oficio de cuenta presentado por el Director del Hospital General en la Ciudad de Mexicali, Baja California y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: En cuanto a lo manifestado en el inciso a) de la promoción de cuenta, se determina: Auto de vinculación a proceso. Tocante a que dictó un auto de vinculación a proceso en forma injusta; al efecto, debe destacarse la existencia de recursos ordinarios y extraordinarios para combatir tal decisión, dado que su revisión no corresponde a esta autoridad de amparo. Denuncia de hechos. En cuanto a la relatoría de algunas actuaciones de la suspensión de plano obrantes en el presente expediente; al efecto, debe precisarse que mediante acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se formalizó denuncia de hechos en contra de las autoridades responsables Secretario de Salud del Estado de Baja California y Director del Hospital General de Mexicali, en estricto cumplimiento a lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, dentro del recurso de queja administrativo 151/2021, en el cual determinó que dado que al requerírseles de nueva cuenta por el cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano decretada en el presente juicio de amparo se limitaron a considerar que el quejoso debía acudir a dicho centro hospitalario para su atención; empero, con anterioridad ya habían informado que no contaban con los elementos necesarios para atender el padecimiento del quejoso, puesto que, se insiste, uno de los efectos de la suspensión otorgada fue dirigirlo a otros centros médicos que cuenten con los elementos necesarios para su tratamiento, y además acorde al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud, en términos del artículo 4º constitucional. Lo anterior significa que la autoridad responsable bajo determinadas circunstancias de tiempo, lugar y ejecución, no cumplió la suspensión de plano ordenada en el presente juicio de amparo, tal como fue advertido por la Superioridad; de ahí, que las actuaciones posteriores que fueron detalladas en el promoción de cuenta no inciden sobre la materia de los hechos denunciados, cuya idea se ejemplifica en la jurisprudencia siguiente: ***** No ha lugar a proveer de conformidad. En relación con la solicitud de que este Juzgador se pronuncie sobre el cumplimiento a la suspensión de plano; al efecto, se precisa que la ley de la materia, taxativamente hace alusión al denominado "incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión", o sea, se examina el aspecto negativo al cumplimiento a la medida cautelar decretada. Cierto, el artículo 209 de la Ley de Amparo únicamente faculta a este órgano jurisdiccional, a poner en conocimiento del agente del Ministerio Público, la posible comisión de un delito, a través de la figura jurídica de la "denuncia", lo que incluso -se insiste- se subordinó a la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, dentro del recurso de queja administrativa 151/2021, que declaró fundada la queja, y al reasumir jurisdicción dicho Tribunal Colegiado declaró procedente y fundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, promovido por el quejoso. Por otro lado, conforme al artículo 21 constitucional, es facultad exclusiva del Ministerio Público la investigación de los delitos, así como el ejercicio de la acción penal ante los Tribunales correspondientes; por lo que el trámite que encause a la denuncia correspondiente queda bajo la autónoma decisión y responsabilidad del fiscal respectivo, al cual se le han proporcionado las constancias de autos (juicio de amparo 322/2021), así como el estado procesal, con el fin de que integrara la carpeta de investigación para dilucidar el delito "tipificado" y la "probable" participación del sujeto activo (ente abstracto indeterminado) en la comisión del mismo. Bajo ese contexto, dado el principio de división de poderes establecido constitucionalmente entre el citado fiscal, el juez de Control y el suscrito juzgador de amparo como denunciante por imperativo de la Ley de Amparo -subordinado a lo ordenado por el Tribunal Colegiado-, no es factible acordar favorablemente su petición, de menos, por lo que hace a los hechos denunciados, toda vez que si ese cumplimiento hubiera sido "puntual" para ese momento, la Superioridad no habría declarado fundado el recurso de queja en comento, el suscrito no lo habría puesto del conocimiento del Ministerio Público, y dicho órgano acusador tampoco habría judicializado la carpeta de investigación, lo cual no ocurrió así. Es ilustrativa en el tema por las razones que informa, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: *****Así como la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: ***** Por otro lado, en lo concerniente a la solicitud marcada con el inciso b), de la promoción de cuenta, se acuerda: Girar oficio. En lo relativo a girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la ciudad de Tijuana, Baja California; al efecto, no ha lugar a acordar de conformidad, porque dicho Instituto no está señalado como autoridad responsable, ni se encuentra vinculado al cumplimiento de la medida cautelar, por lo que no existe comunicación con dicha dependencia. Requerir al directo quejoso. En íntima vinculación con lo anterior, no ha lugar a requerir al solicitante de la tutela constitucional para conocer si fue atendido medicamente sobre su padecimiento en la ciudad arriba mencionada, porque como ya se estableció, en relación al incumplimiento (exceso o defecto) de la suspensión de plano, precisamente la parte quejosa es la única facultada para promover el incidente correspondiente, con la finalidad de estudiar las actuaciones realizadas por las responsables y valorar el acatamiento de dicha medida. Actos de investigación. No se soslaya que tales peticiones parecen ser proposiciones de actos de investigación, los cuales pueden ser presentadas ante el fiscal encargado de la investigación de que se trata, o en su defecto, delatarlas ante el juez de Control; lo anterior, de conformidad con el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Subsistencia de la suspensión de plano. Por último, se reitera que a la fecha subsisten los efectos de la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil veintidós, misma que es materia del recurso de revisión ********************, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad. Notifíquese.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Escrito. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, el escrito signado por *****, en su carácter de Director General del Hospital General de Mexicali, y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Delegados. Conforme con el artículo 9° de la legislación aplicable, ténganse como delegados a las personas indicadas para ello en el ocurso de mérito. Notifíquese.

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