Norberto Santos Moreno Olivarez

Expediente 866/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
866/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/07/2021

Partes del expediente

  • Norberto Santos Moreno Olivarez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio remitido por el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, mediante el cual informa las gestiones que se encuentran realizando y solicitan copia de la ejecutoria dictada el veinticuatro de julio del presente año en el amparo en revisión R.A. 50/2021. Por ello, como lo solicita la autoridad oficiante Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remítase copia simple de lo solicitado a efecto de que este en posibilidades de dar cumplimiento al requerimiento formulado en autos; por lo que una vez se les notifique el presente acuerdo, empezara a correr el término otorgado en auto de nueve de julio de dos mil veintiuno. Ahora, en caso de que la autoridad a la que se le deba notificar la presente determinación por medio de oficio se encuentre en su correspondiente periodo vacacional, se comisiona a la sección de actuaría para que resguarde y entregue dicho oficio una vez que reanude sus labores. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistas las constancias de autos, de las que se advierte que las autoridades responsables y su superior jerárquico no han dado cumplimiento al requerimiento formulado en autos. En ese contexto, y en vista que subsiste la contumacia por parte de la Directora General de Recursos Humanos y Director General de Programación, Organización y Presupuesto, para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase nuevamente a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, proporcione a este Juzgado de Distrito los datos relativos a la fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyente de las personas físicas que actualmente ocupan los cargos referidos; o bien, indique la autoridad competente para proporcionar dicha información. En la inteligencia que al tratarse de información confidencial este órgano jurisdiccional ordenara su guarda en un sobre debidamente sellado y protegido en autos, a efecto de que las partes no puedan tener acceso a los datos personales de dichas autoridades. Con el apercibimiento que, de no cumplir con el mandato de este órgano jurisdiccional sin causa justificada, se le impondrá una multa de cincuenta días de Unidad de Medida y Actualización. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, previo a la imposición de una multa, requiérase de nueva cuenta, a las autoridades responsables, en los términos siguientes: 1. A la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acredite haber dejado de aplicar en perjuicio del quejoso, los lineamientos reclamados de dos mil diecinueve, por medio de los cuales se le otorgó el pago por concepto de aguinaldo. 2. Al Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, acredite con las constancias relativas que otorgó la suficiencia presupuestal a favor del quejoso ********************, a fin de que se pague la cantidad precisada en autos; y, tramite ante la autoridad competente el contra-recibo y cheque a favor del citado quejoso. En el entendido de que deberán cumplir con la totalidad de lo requerido, pues con fundamento en el dispositivo legal 193, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se considera incumplimiento de sentencia, cualquier retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable que esté sujeta al cumplimiento del fallo de amparo. De igual forma, de conformidad con los artículos 192, párrafo tercero, y 194 de la ley de la materia, requiérase nuevamente a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico, para que, en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que haya quedado legalmente notificada de este acuerdo, acredite que ordenó a la Directora General de Recursos Humanos y al Director General de Programación, Organización y Presupuesto acatar la ejecutoria de amparo, en los términos antes señalados. Cabe destacar que la obligación del superior jerárquico de la autoridad omisa, no se limita a requerir o conminar a que se lleven a cabo los actos respectivos, sino que también se deben prever los apercibimientos necesarios para lograr el fin indicado, dado que también incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias de conformidad con los artículos 192 párrafo tercero, y 194 párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Se apercibe a las autoridades requeridas que en caso de no cumplir con el mandato de este órgano jurisdiccional sin causa justificada, se les impondrá a la omisa una multa de cien días de Unidad de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 en relación con el diverso 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, se continuará con el procedimiento de Inejecución previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de la autoridad mencionada, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo vigente, el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Por último, en caso de que las autoridades a las que se les deba notificar la presente determinación por medio de oficio se encuentren en su correspondiente periodo vacacional, se comisiona a la sección de actuaría para que los resguarde y entregue dichos oficios una vez que reanuden sus labores. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, seis de julio de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo promovida Norberto Santos Moreno Olivarez por propio derecho, contra actos del Fiscal General de la República y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 866/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación. Del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que este Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México carece de competencia legal por razón de materia para conocer de esta demanda de amparo en atención a las siguientes consideraciones: La competencia es un presupuesto procesal de orden público a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento y consolidaría una violación procesal. En esa medida, la competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. En esos casos se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no precisamente por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. La parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "(.) (.)" Asimismo, en el capítulo de antecedentes señaló: "(.) (.)" En esa tesitura, debe señalarse que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte promovente acude a este órgano jurisdiccional a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la determinación de la Fiscalía General de la República en la que se declara incompetente para conocer de la denuncia de hechos interpuesta por la parte quejosa; no obstante, que en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad 2, sin detenido, en la Coordinación Territorial MH-2 de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación Miguel Hidalgo, remitió la Carpeta de Investigación CI-FMH/MH-2/UI-1/D/11122/12-2019 a dicha autoridad; asimismo, se reclama que el Ministerio Público Federal admita la denuncia de hechos, investigue y consigne ante a un juez federal por tratarse de posibles ilícito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, Abril de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192,097, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese contexto, tomando en consideración que el criterio para fincar la competencia por razón de la materia debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados que en el caso concreto son en forma destacada, la determinación de la Fiscalía General de la República en la que se declara incompetente para conocer de la denuncia de hechos interpuesta por la parte quejosa; no obstante, que en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad 2, sin detenido, en la Coordinación Territorial MH-2 de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación Miguel Hidalgo, remitió la Carpeta de Investigación CI-FMH/MH-2/UI-1/D/11122/12-2019 a dicha autoridad; asimismo, se reclama que el Ministerio Público Federal admita la denuncia de hechos, investigue y consigne ante a un juez federal por tratarse de posibles ilícito, dejan en estado de incertidumbre al quejoso sobre el seguimiento de los ilícitos denunciados, siendo que el objeto es garantizar que las denuncias sean atendidas, en este caso, la incompetencia planteada por la autoridad responsable hace nula la facultad de investigación que tiene la autoridad señalada como responsable, circunstancia que desde luego atenta contra los derechos constitucionalmente reconocidos a los gobernados. Esta determinación tiene sustento en la jurisprudencia 1a./j.65/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, diciembre de dos mil seis página 66, que a continuación se cita: "AVERIGUACIÓN PREVIA. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO, EN CONTRA DE LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE INICIARLA DESPUÉS DE FORMULARSE UNA DENUNCIA DE HECHOS QUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE DELITO PERSEGUIBLE DE OFICIO. El juicio de amparo indirecto es procedente en términos del artículo 114, fracción VII, de la Ley de Amparo, en contra de la abstención del Ministerio Público de iniciar una averiguación previa ante una denuncia de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos perseguibles de oficio, siempre que se hayan cumplido los requisitos establecidos en los artículos 113 y 118 del Código Federal de Procedimientos Penales. Ello es así, pues tal omisión representa dejar al gobernado en estado de incertidumbre respecto a la persecución de los presuntos ilícitos denunciados, lo que contraviene el cuarto párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, cuyo objeto es garantizar que las denuncias sean atendidas y que el Ministerio Público ejercite las funciones de investigación que le encomienda la ley, pues en nada beneficiaría al gobernado el derecho otorgado constitucional y legalmente para combatir el no ejercicio de la acción penal, si no se le faculta para exigir que ante una denuncia se inicien las averiguaciones correspondientes. Además, en la especie el acto señalado como reclamado conlleva a la falta de promover la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justica respecto de la denuncia de hechos presentada por la parte quejosa para que se verifique la posible deficiencia en su integración, circunstancia que incide en cuestiones de naturaleza penal, pues se trata de un derecho de acción concerniente a esa materia, debido a que la intervención solicitada implica un examen que no podría realizarse bajo la óptica de un asunto de carácter meramente administrativo, ya que requiere verificar el cumplimiento de normas de índole penal. En cuanto a la naturaleza de la autoridad responsable es de señalarse que también incide en la esfera de un acto de naturaleza penal, ya que se relaciona con actividades de investigación conforme al tipo penal previsto en la legislación penal aplicable al caso, cuya misión es justamente lo que agravia a la parte quejosa, y es el motivo por el que solicita el amparo y protección de la justicia de la unión. De tal manera que si el acto reclamado tiene que ver con la debida prosecución de la denuncia de hechos y la actuación de la responsable concierne a la investigación de delitos se impone reconocer que debe de conocer del asunto un juez especializado en materia penal. Se cita por identidad de razón la tesis 1a. CCLXXXIII/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, tomo 1, página 523. "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL, SI EN LA DEMANDA DE AMPARO SE SEÑALÓ COMO ACTO RECLAMADO DEL PROCURADOR DE JUSTICIA, LA OMISIÓN DE INTERVENIR EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA CORRESPONDIENTE, POR POSIBLES IRREGULARIDADES EN SU INTEGRACIÓN. Conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 24/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 412, con el rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.", la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, debe determinarse atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En el caso, atendiendo al primer aspecto, consistente en la solicitud de la intervención del Procurador de Justicia, para que verifique la posible deficiencia en la integración de la averiguación previa correspondiente, se advierte que dicha petición incide en cuestiones de naturaleza penal, pues se trata de un derecho de acción concerniente a esa materia, debido a que la intervención solicitada implica un examen que no podría realizarse bajo la óptica de un asunto de carácter meramente administrativo, ya que requiere verificar el cumplimiento de normas de índole penal. Ahora, por lo que hace al segundo aspecto, tocante a la naturaleza de la autoridad responsable, es de señalarse que también incide en la esfera de un acto de naturaleza penal, ya que se relaciona con actividades de investigación y de persecución de presuntos responsables en la comisión de delitos, conforme al tipo penal previsto en la legislación penal aplicable al caso, por ende, se rige por las disposiciones aplicables a esa materia. Por tanto, si el acto reclamado tiene que ver con la debida prosecución de la averiguación previa y la actuación de la responsable concierne a la investigación de delitos, se concluye que el órgano que debe conocer del asunto es el especializado en materia penal." Por tanto, si en el caso se reclama la determinación de la Fiscalía General de la República en la que se declara incompetente para conocer de la denuncia de hechos interpuesta por la parte quejosa; no obstante, que en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad 2, sin detenido, en la Coordinación Territorial MH-2 de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación Miguel Hidalgo, remitió la Carpeta de Investigación CI-FMH/MH-2/UI-1/D/11122/12-2019 a dicha autoridad; asimismo, se reclama que el Ministerio Público Federal admita la denuncia de hechos, investigue y consigne ante a un juez federal por tratarse de posibles ilícito, por tanto, se trata de un procedimiento eminentemente penal que está regulado por normas jurídicas de ese mismo carácter, resulta claro que las omisiones impugnadas tienen naturaleza penal; ya que se tendrá que analizar a la luz de disposiciones de ese índole; por consiguiente, debe conocer de este asunto el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ello es así, ya que se requiere de la intervención de un juez especializado en materia penal, pues no cualquier acto se constituye como de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto pero ello debe determinarse de manera casuística y ese análisis corresponde a un Juez en Materia Penal, pues deberá determinar si la negativa reclamada respecto a la pruebas que ofrece dentro de la carpeta de investigación puede o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Por los motivos señalados, el conocimiento de este asunto no corresponde a este órgano de control constitucional; por lo que, con apoyo en el artículo 56 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación citados de la Ley de Amparo y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana, este Juzgado se declara legalmente incompetente por razón de materia para conocer de la demanda de amparo de cuenta y ordena remitir este expediente, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Solicítese atentamente al juez declinado que acuse el recibo correspondiente vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), sin perjuicio de su remisión vía ordinaria y precise si acepta o no la competencia planteada, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes. Lo anterior, no pugna con el principio de especialización que justifica la creación de tribunales especializados, ni mucho menos los principios consagrados en el artículo 17 constitucional, referente a la garantía de una justicia expedita al dictarse el fallo correspondiente, porque la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican, en forma preferente, a una de las diversas ramas del derecho, quienes por ese motivo pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos. Sin que se ordene notificar personalmente este proveído a la parte quejosa, en atención a la jurisprudencia 1496, Sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III Marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primero, página cincuenta y cinco, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE". Exhortación a las partes Con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Para ello deberán acatar lo establecido en el Acuerdo General 12/2020. De igual forma, se les invita a que proporcionen correos electrónicos o instrumentos de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a efecto de entablar comunicaciones no procesales. El contenido que se lleve a cabo a través de estos medios deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Atención al público Se informa a las partes que, para la atención presencial, deberán sujetarse a lo señalado en el Acuerdo General 21/2020. Domicilio. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese. Lo proveyó Carlos Alberto García López, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, como se advierte del oficio CCJ/ST/0107/2021 de esa misma fecha, suscrito por el Secretario Técnico de la referida Comisión; quien actúa asistido de Brenda Elizabeth Mondragón Garduño, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 13,879 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano