Norberto Piña Lara
Expediente 530/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 530/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Norberto Piña Lara
- Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Glósese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por Dora María Guadarrama Landa, en su carácter de Síndico Procurador y Representante Legal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Taxco de Alarcón, Guerrero (tercero interesado), en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en auto de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por autorizado el acceso al expediente electrónico con nombre de usuario: "DIRECCIONASUNTOSJURIDICOSTAXCO". Como lo solicita, se tiene como su autorizado a ********************para oír y recibir notificaciones. Se hace del conocimiento a las partes que el uno de octubre de dos mil veintitrés, tomó posesión como titular de este juzgado federal, Maribel Castillo Moreno; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida del Secretario Alfonso Ruiz Quintana, que da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado electrónicamente por **********************************, en su carácter de Síndico Procurador y Representante Legal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de ***************************, Guerrero (tercero interesado); atento a su contenido, de conformidad con la certificación de cuenta se autoriza a la citada promovente, con nombre de usuario: "DIRECCIONASUNTOSJURIDICOSTAXCO", el acceso al expediente electrónico del presente asunto, con fundamento en el artículo 35 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO; por tanto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano jurisdiccional. Finalmente, devuélvase presente juicio de amparo al archivo de este órgano jurisdiccional, en virtud que mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente asunto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se recurriera la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que sobresee, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, el expediente principal, transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE en su totalidad, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12, 14 y del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
- Principal
En Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a las doce horas del veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados en auto de seis de octubre del año en curso, el licenciado Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 530/2020, promovido por Norberto Piña Lara, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, ante la fe del Secretario César Hernández Serrano, sin asistencia de las partes. Enseguida el Secretario da cuenta al Juez, con la totalidad de constancias que obran en el expediente que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo en vigor, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. A continuación, se declara abierto el período de pruebas y se hace relación de la documentales que exhibió el quejoso con su escrito de demanda, las que remitió la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mismas que se tuvieron por recibidas en auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, asimismo, se hace constar que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. A lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas atento a su propia y especial naturaleza las documentales exhibidas por el quejoso, las remitidas por la autoridad responsable; y por perdido el derecho de las demás partes para ofrecer pruebas. Asimismo, el Secretario certifica: que en el presente juicio de amparo no quedan pruebas pendientes por desahogar, ni diligencia que practicar, en consecuencia, se cierra esta etapa probatoria. Abierto el periodo de alegatos el Secretario hace relación del alegato ministerial 295/2020, presentado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; asimismo hace constar que las demás partes no realizaron manifestaciones. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulado el alegato del representante social adscrito, sin perjuicio de ser tomado en consideración al momento de dictar sentencia; y por perdido el derecho de las demás partes para formular alegatos. Cerrado que fue el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar sentencia. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 530/2020; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, remitido en la misma fecha por razón de turno a este Juzgado de Distrito, Norberto Piña Lara, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. ACTOS RECLAMADOS: "LA OMISIÓN DE DICTAR EL AUTO DE EJECUCIÓN Y LLEVAR A CABO EL REQUERIMIENTO DE PAGO, como parte de la ejecución forzada del laudo de 17 de mayo del 2019, así como la omisión de dictar todas las medidas necesarias para lograr la eficaz e inmediata ejecución del laudo, en términos de los artículos 81, 95, 96, 97 y 98 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de dieciocho de agosto de dos mil veinte, se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 530/2020; se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, toda vez que en el presente asunto se reclaman actos de una autoridad con residencia dentro del territorio en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de fijar la litis constitucional, es menester precisar que de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de dictar el auto de ejecución de laudo y ordenar el requerimiento de pago en el juicio laboral de origen. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, fue omisa en rendir su informe justificado no obstante de encontrarse debidamente notificado del auto por el cual le fue requerido, toda vez que por auto de trece de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por hecha la notificación a la autoridad responsable del auto admisorio de dieciocho de agosto de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. Además, dicha presunción se robustece con las copias certificadas del expediente laboral 59/2016; documentales que remitió en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por provenir de un servidor público en el ejercicio de sus funciones. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que el suscrito las advierta de oficio en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En dicha tesitura, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dictar el auto de ejecución y ordenar el requerimiento de pago en el juicio laboral de origen, atribuida a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, quien esto resuelve advierte de oficio, que en el caso se actualiza la causal de improcedencia que prevé la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo. En efecto, el referido numeral dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Del análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. La improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos en mención, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. A fin de justificar la improcedencia del asunto, como ya se precisó en la segunda consideración de este fallo, el acto reclamado se hizo consistir en la omisión por parte de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, de dictar el auto de ejecución en el juicio laboral de origen. Lo que hace concluir que de las constancias que obran en el sumario, con valor probatorio indicado en el considerando tercero de esta resolución, se advierte que el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno (foja 75 del legajo de pruebas), la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, emitió un proveído en que decretó el auto de ejecución en el juicio laboral 59/2016 y ordenó el requerimiento de pago correspondiente. Por esa razón, toda vez que la presentación de la demanda de amparo fue el diecisiete de agosto de dos mil veinte y el proveído mediante el cual la autoridad responsable dictó auto de ejecución de laudo y requerimiento de pago, fue emitido el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, es inconcuso que cesaron los efectos de la omisión reclamada y, en consecuencia, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación hechos valer en relación con dicho acto; cesación de efectos que se surte en el caso concreto, pues el acto de autoridad por el que se acudió a la instancia constitucional dejó de causar perjuicio en la esfera jurídica de la parte solicitante de amparo. Consecuentemente, como ya se dijo no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad que reviste el acto controvertido de la autoridad responsable, pues ya no existiría derecho fundamental que reparar porque la omisión reclamada dejó de existir; razón por la que, con apoyo en lo previsto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dictar el auto de ejecución de laudo y ordenar el requerimiento de pago en el juicio laboral de origen. QUINTO. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; en tales condiciones, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; captura que deberá realizar el Secretario y una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se Sobresee en el juicio de amparo, promovido por Norberto Piña Lara, contra el acto señalado en el considerando segundo, por las razones y fundamentos contenidos en el diverso considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, que actúa ante el licenciado César Hernández Serrano, Secretario que hace constar. Doy fe. EL LICENCIADO CÉSAR HERNÁNDEZ SERRANO, SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO, CERTIFICA: QUE ESTA HOJA ES PARTE FINAL DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL JUICIO DE AMPARO 530/2020. DOY FE.
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