Norberto Pérez Rodríguez

Expediente 1577/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1577/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/01/2023

Partes del expediente

  • Norberto Pérez Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual rinde su informe justificado y remite diversas copias certificadas. Atento lo anterior y sin emitir mayor acuerdo al respecto, se ordena remitir dicho informe, así como las copias certificadas adjuntadas al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad, toda vez que, mediante proveído de seis de diciembre de dos mil veintidós, aceptó la competencia planteada en el juicio de amparo en que se actúa; lo anterior, previa copia que se deje en autos. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica al tercero interesado Noel Betanzos Torres, así como a sus autorizados, el contenido de la determinación de fecha ocho de noviembre de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, ocho de noviembre de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Deje insubsistente el proveído de doce de diciembre de dos mil diecinueve; y con plenitud de jurisdicción dicte uno nuevo, en el cual podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso respecto a la admisión de realizar la prueba pericial en materia neurología pediátrica, pero debiendo primeramente agotar todas las cuestiones alternas para hacerse de la información necesaria que le permita determinar si el medicamento suministrado a la menor es el adecuado, todo ello a efecto de evitar que sea valorada la menor más ocasiones de las estrictamente necesarias, y si con base a los elementos recabados aún considera necesaria la realización de dicha probanza motive y funde debidamente dicha determinación. Es importante mencionar que la quejosa mediante escrito remitido el cuatro de diciembre de dos mil veinte (fojas 117 y 118 de autos), al órgano auxiliado exhibió una documental consistente en una solicitud de contrarreferencia de fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, de la que se advierte que su menor hija fue diagnosticada con epilepsia focal probable idiopática; sin embargo dado el sentido del presente fallo no es posible analizarla, pues la misma versa sobre el fondo de la pretensión planteada por la quejosa, máxime que la concesión del amparo en este asunto se otorgó precisamente por la falta de fundamentación y motivación del acuerdo reclamado, lo que impide la valoración de dicha probanza. .". Inconforme con dicha determinación el tercero interesado, interpuso recurso de revisión el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, con sede en esta Ciudad, quien lo registró bajo el número 2...y mediante ejecutoria de catorce de enero de dos mil veintidós, determinó confirmar la sentencia recurrida; en atención a lo anterior, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, remitió mediante oficios 181 de veintiuno de febrero de dos mil veintidós y 2116 de doce de septiembre de dos mil veintidós, respectivamente, copia certificada de la determinación de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, donde ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el doce de diciembre de dos mil diecinueve, en autos del expediente ..., relativa a Convivencias del Orden Familiar, y seguido el procedimiento y desahogo de pruebas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad el veintisiete de septiembre del dos mil veintidós procedió a dictar una nueva determinación con libertad de jurisdicción en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que mediante determinación de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el doce de diciembre de dos mil diecinueve, en autos del expediente ..., relativa a Convivencias del Orden Familiar, y seguido el procedimiento y desahogo de pruebas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad el veintisiete de septiembre del dos mil veintidós procedió a dictar una nueva determinación con libertad de jurisdicción en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, y fundando y motivando su nuevo actuar haciendo saber los hechos y motivos de su nueva determinación para protección de la menor, dejando a salvo los derecho de los progenitores para que en algún momento de común acuerdo determinen si fuere necesario una nueva valoración médica; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable deje insubsistente el proveído de doce de diciembre de dos mil diecinueve; y con plenitud de jurisdicción dicte uno nuevo, en el cual podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso respecto a la admisión de realizar la prueba pericial en materia neurología pediátrica, pero debiendo primeramente agotar todas las cuestiones alternas para hacerse de la información necesaria que le permita determinar si el medicamento suministrado a la menor es el adecuado, todo ello a efecto de evitar que sea valorada la menor más ocasiones de las estrictamente necesarias, y si con base a los elementos recabados aún considera necesaria la realización de dicha probanza motive y funde debidamente dicha determinación. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°; se advierte que mediante determinación de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el doce de diciembre de dos mil diecinueve, en autos del expediente ..., relativa a Convivencias del Orden Familiar, y seguido el procedimiento y desahogo de pruebas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad el veintisiete de septiembre del dos mil veintidós procedió a dictar una nueva determinación con libertad de jurisdicción en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, y fundando y motivando su nuevo actuar haciendo saber los hechos y motivos de su nueva determinación para protección de la menor, dejando a salvo los derecho de los progenitores para que en algún momento de común acuerdo determinen si fuere necesario una nueva valoración médica; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. No es óbice a lo anterior, las diversas manifestaciones que vierte el tercero interesado en su escrito de veinte de octubre de dos mil veintidós, en el sentido de que la autoridad responsable no se ajusta a los lineamientos de la ejecutoria de amparo ya que fue cumplida en exceso y en defecto en perjuicio de su menor hija al considerar la juez de origen que resultó innecesaria la prueba pericial en materia de neurología pediátrica ordenada por acuerdo de doce de diciembre de dos mil diecinueve, además refiere que no agregan a los estudios de neurología a que se hacen referencia en el informe rendido por la experta en el caso la resonancia magnética, sigue diciendo que hay exceso en razón de que la Juez valora las constancias que exhibió la actora y determinó que se encontró acreditado el padecimiento de la menor de epilepsia tipo focal, sin que se encuentren agregados al informe rendido por el ISSSTE, además que las pruebas no fueron debidamente valoradas para llegar a esa determinación no siendo suficientes las que se valoran en la nueva determinación y por ende, el nuevo acto carece de una indebida fundamentación y motivación que debió de tomar en consideración para la emisión de la nueva determinación, por lo anterior, considera que el acto emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo carece de una debida fundamentación y motivación. Al respecto, dígase que lo anterior es inoperante y no ha lugar acordar favorable sus peticiones toda vez que el núcleo de la ejecutoria de amparo fue cumplido en sus términos tal y como quedó señalado en párrafos que anteceden, además de dicha ejecutoria nunca se le dio lineamiento alguno a la responsable en la forma en que debía resolver respecto a la admisión de la prueba pericial en materia neurología pediátrica, ya que se le dio libertad de jurisdicción primeramente para agotar todas las cuestiones alternas para allegarse de la información necesaria que le permita determinar si el medicamento suministrado a la menor es el adecuado, todo ello a efecto de evitar que sea valorada la menor más ocasiones de las estrictamente necesarias, y si con base a los elementos recabados aún considera necesaria la realización de dicha probanza motive y funde debidamente dicha determinación, esto es, se le dio libertad de jurisdicción, por lo anterior, sus manifestaciones no pueden ser materia de estudio en la presente determinación ya que lo que vierte en su escrito por el cual desahoga la vista otorgada, pretende atacar el fondo de estudio que realizó la responsables con libertad de jurisdicción, donde se desprende funda y motiva su nuevo actuar, y el hecho de que lo haya realizado de una manera que no favorece a sus interés, se entienda que no está cumplida la ejecutoria, por tal razón, este juzgado no puede analizar el fondo de lo resuelto por las responsables, y de hacerlo así se estaría excediendo en los alcances que se dieron el ejecutoria de mérito, ya que nunca fue materia de estudio las cuestiones que ahora combate en su escrito de referencia, al ser cuestiones de fondo, es decir, sobre su procedencia del desahogo de la pruebas como de la valoración de los estudio que tenía para emitir su nueva determinación máxime que ahora niega el desahogo. Además, la autoridad responsable dejó a salvo los derecho de los progenitores para que en algún momento de común acuerdo determinen si fuere necesario una nueva valoración médica, siempre en protección de la menor y únicamente como ya se dijo, fue para que valorara las pruebas necesarias y determinar si era necesaria su desahogo o no, ello con libertad de jurisdicción fundando y motivando su actuar, lo cual sí se desprende, empero, ahora como ya se mencionó no se puede analizar en esta determinación las cuestiones que ahora controvierte contra el nuevo acto de la autoridad responsable; en consecuencia, se reitera que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, tal como ya fue analizado en líneas anteriores, por ello, se dejan a salvo los derechos del tercero interesado a efecto de que lo haga valer en la vía y forma en que corresponda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de noviembre de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". 1) El Tesorero de Cuernavaca, Morelos, en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación del auto por el que esta resolución cause ejecutoria, devuelva exclusivamente la cantidad que fue pagada por concepto de alumbrado público con cargo al número de servicio que aparece en la facturación electrónica ********************, por el periodo comprendido enero de dos mil veintiuno, que equivale a la cantidad de ********************2) No se le cobre el derecho de alumbrado público, conforme a la tarifa establecida en el contrato celebrado entre el ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos y, por tanto, no le sea exigido el pago del derecho por servicio de alumbrado público que reclama, mientras subsista ese contrato. ..". Inconforme con dicha determinación el Tesorero Municipal del ********************, Morelos, interpuso recurso de revisión el cual por turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, quien lo registró bajo el número ******************** y mediante ejecutoria de dos de septiembre de dos mil veintidós, determinó confirmar la sentencia recurrida; por lo tanto, vista dicha ejecutoria, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable del ********************, remitió copia de la transferencia de la devolución del numerario relativo al DAP por un total de********************realizado mediante transferencia bancaria el siete de noviembre de dos mil veintidós, y en la citada fecha se realizó diversa transferencia bancaria por la cantidad de ******************** pago correspondiente por actualización generada, además se acredita a través de diverso oficio signado por ********************, ********************de treinta de septiembre de dos mil veintidós, donde dice dejar de aplicar el precepto impugnado respecto del servicio ********************, por concepto del cobro del derecho de alumbrado público realizado a la quejosa del periodo comprendido del año dos mil veintiuno; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber realizado la transferencia de la devolución del numerario relativo al DAP por un total de********************realizado mediante transferencia bancaria el siete de noviembre de dos mil veintidós, y en la citada fecha se realizó diversa transferencia bancaria por la cantidad de ******************** pago correspondiente por actualización generada, además se acredita a través de diverso oficio signado por ********************, ********************de treinta de septiembre de dos mil veintidós, donde dice dejar de aplicar el precepto impugnado respecto del servicio ********************, por concepto del cobro del derecho de alumbrado público realizado a la quejosa del periodo comprendido del año dos mil veintiuno. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, al acatar en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable exclusivamente la cantidad que fue pagada por concepto de alumbrado público con cargo al número de servicio que aparece en la facturación electrónica ********************, por el periodo comprendido enero de dos mil veintiuno, que equivale a la cantidad de ********************No se le cobre el derecho de alumbrado público, conforme a la tarifa establecida en el contrato celebrado entre el ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos y, por tanto, no le sea exigido el pago del derecho por servicio de alumbrado público que reclama, mientras subsista ese contrato. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte y acreditó la responsable haber realizado la transferencia de la devolución del numerario relativo al DAP por un total de********************realizado mediante transferencia bancaria el siete de noviembre de dos mil veintidós, y en la citada fecha se realizó diversa transferencia bancaria por la cantidad de ******************** pago correspondiente por actualización generada, además se acredita a través de diverso oficio signado por ********************, ********************de treinta de septiembre de dos mil veintidós, donde dice dejar de aplicar el precepto impugnado respecto del servicio ********************, por concepto del cobro del derecho de alumbrado público realizado a la quejosa del periodo comprendido del año dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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