Norberto Narciso Santiago
Expediente 1684/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1684/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Norberto Narciso Santiago
Actuaciones
- Principal
MESA III Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo; agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el escrito signado por el quejoso, por el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento de que fue objeto el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Sin que haya lugar a tener por desahogada la prevención de referencia, en atención a que mediante el referido pronunciamiento, se previno al promovente, a fin de que acreditara su representación respecto de las demás personas que constituyen la parte demandada en el juicio de origen, conforme a las reglas aplicables al marco jurídico que rige el juicio de amparo; y mediante el escrito de cuenta, pretende cumplir con ese extremo mediante la exhibición del testimonio notarial cuarenta y dos mil cuatrocientos veintiocho, pasado ante la fe del notario público ochenta y tres del Estado de México, el diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés; es decir, los poderes conferidos en dicho instrumento fueron con posterioridad a la presentación del juicio de amparo que nos ocupa, y su otorgamiento debe ser previo al mismo para considerarse que cumple con tal extremo. Apoya lo anterior la jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, número P./J. 91/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Septiembre de 2000, página 9, registro digital: 191109, que reza: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES DABLE TENERLA POR ACREDITADA, CONFORME AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL PODER FUE OTORGADO CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Al ser la representación, en sentido general, un fenómeno jurídico que implica que una persona llamada representante realice actos jurídicos en nombre de otra llamada representado, en forma tal que el acto surte efectos directamente en la esfera jurídica de este último, como si hubiera sido realizado por él, y partiendo de la consideración de que el derecho atribuye efectos jurídicos a la voluntad humana en la medida en que ésta es exteriorizada y se propone fines lícitos, que constituyen intereses jurídicamente tutelados, debe concluirse que no puede tenerse por acreditada la personalidad del representante, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, con un poder general o carta poder otorgados con posterioridad a la presentación de la demanda, pues dicha representación surte sus efectos precisamente a partir de la fecha en que se otorgó." No es óbice lo manifestado en relación a que como representante común en el juicio natural, está en posibilidad de que se le reconozca su personalidad como representantes de diversos promoventes en el presente juicio de amparo, citando para tal efecto el criterio siguiente: Registro digital: 820206 Instancia: Tercera Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 3a. 11. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 8-9, Septiembre-Octubre de 1988, página 13 Tipo: Jurisprudencia "REPRESENTANTE COMUN DESIGNADO EN EL JUICIO NATURAL. PUEDE PROMOVER JUICIO DE AMPARO A NOMBRE DE SUS REPRESENTADOS. El representante común tiene las mismas facultades que si litigara por su propio derecho respecto de sus representados, con excepción de transigir y comprometer en árbitros, salvo que expresamente le hayan sido concedidas esas facultades por parte de los interesados; luego, conforme al artículo 13 de la Ley de Amparo, cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. En tal situación, el representante común se asemeja a un mandatario, con autorización para litigar en representación de los demás, sean actores o demandados, como si se tratara de su propio derecho, lo que lo faculta para llevar esa representación fuera del juicio en que fue designado, con el fin de defender los derechos en litigio en el propio juicio. Como no se requiere cláusula especial en el poder general para que el mandatario promueva o continúe un juicio de garantías, es indudable que por la misma razón el representante común del juicio natural, puede intentar el juicio de amparo como parte de la defensa de los derechos que le fue encomendada. Si bien es cierto que la representación común es una figura jurídica instituida dentro del procedimiento por economía procesal, es inexacto que tan sólo se haya establecido para actuar dentro del juicio, pues si para defender los derechos de sus representados y los suyos propios, requiere el representante común acudir ante un tribunal diverso, la personalidad que le fue otorgada le da la facultad de hacerlo." Sin embargo, acorde al transitorio sexto de la Ley de Amparo en vigor, publicada el dos de abril de dos mil trece, este Juzgado estima apegado a la realidad jurídica que impera en esta data, ceñirse a lo contenido en la tesis I.15o.C.13 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2412, Décima Época, registro digital 2021114, del rubro: "JUICIO DE AMPARO. EL REPRESENTANTE COMÚN DE ALGUNA DE LAS PARTES CUYAS FACULTADES SON DE ÍNDOLE PROCESAL PARA EL JUICIO NATURAL EN QUE SE HIZO LA DESIGNACIÓN, CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVERLO." Motivo por el cual, se considera que hasta este momento, el promovente no ha justificado contar con facultades para representar a las personas que alude en su demanda de amparo, pues tal y como lo establece el cardinal 11 de la Ley de Amparo, debe acreditar con las constancias fehacientes esa circunstancia, y de lo exhibido hasta este momento, no se desprende que previo a la promoción del juicio de amparo, se le haya otorgado esa representación jurídica con efectos suficientes para el juicio constitucional, y como se ha indicado, la otorgada en el expediente ********************, únicamente tiene efectos procesales en dicha instancia. Atento a ello, queda subsistente el término y apercibimiento decretado en el referido auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Se hace la precisión de que la parte quejosa cuenta con dos días de los cinco que originalmente le fueron conferidos para desahogar la referida prevención, ya que fue notificada de la misma de forma electrónica el nueve de los cursantes, por lo que surtió sus efectos el mismo día, empezando a correr el plazo, el diez posterior, y el primer escrito por el que intento cumplir dicho requerimiento, fue presentado en la Oficina de Correspondencia Común de este Juzgado de Distrito, el catorce de esta mensualidad, de ahí que es evidente que al quince de noviembre en cita, habían transcurrido tres días de los cinco otorgados inicialmente, y si dicho pronunciamiento le fue notificado de forma electrónica el veintidós posterior, surtiendo efectos en la misma data, y el escrito que se provee también fue presentado en esa fecha, es evidente que no ha transcurrido ningún día del plazo con que contaba; de ahí que los dos días restantes comenzarán a correr al día siguiente de aquel en que surta efectos la notificación que de éste auto se le haga. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 39/2012 (10°), que resultó de la contradicción de tesis 411/2011, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, página 400, Décima Época, del rubro: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE". Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese electrónicamente.
- Principal
Toluca, Estado de México; quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el escrito firmado por Norberto Narciso Santiago, por el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento de que fue objeto el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Sin que haya lugar a tener por desahogada la prevención de referencia, en atención a que mediante el referido pronunciamiento, se previno al promovente, a fin de que acreditara su representación respecto de las demás personas que constituyen la parte demandada en el juicio de origen, conforme a las reglas aplicables al marco jurídico que rige el juicio de amparo; y en el escrito de cuenta, insiste en sostener su representación sobre las demás personas que refiere, en base a la designación que se le realizó como representante común en el juicio natural, lo cual es insuficiente para los extremos pretendidos. Apoya lo anterior, la tesis I.15o.C.13 K (10a.), sostenida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2412, Décima Época, registro digital: 2021114, del rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO. EL REPRESENTANTE COMÚN DE ALGUNA DE LAS PARTES CUYAS FACULTADES SON DE ÍNDOLE PROCESAL PARA EL JUICIO NATURAL EN QUE SE HIZO LA DESIGNACIÓN, CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVERLO. La figura jurídica de la representación común está prevista en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, en los artículos 53 y 54. Conforme a su sentido literal, existe una distinción entre el mandatario judicial y el representante común; el primero tendrá las facultades que expresamente se le hubieren concedido, lo que implica que en ejercicio de la autonomía de voluntad, las personas que conforman un bloque procesal otorgan facultades a una persona para que actúe en el juicio en su representación. El representante común es designado por las personas que forman el litisconsorcio y a falta de designación voluntaria o previo requerimiento, lo hará el Juez. Esa representación común se constriñe al ejercicio de todos los derechos de índole procesal en ese juicio y no sustantiva para desistirse, transigir y comprometer en árbitros; salvo que los interesados expresamente le concedan esas facultades. De ahí que la designación de un representante común, no otorga facultades para promover el juicio de amparo que es de naturaleza constitucional, independiente de los derechos procesales y cuestiones sustantivas del juicio en que se hizo la designación. Ahora bien, la regulación constitucional y su ley reglamentaria, exigen como requisito indispensable, que da lugar al principio de instancia de parte agraviada, que la acción de amparo se ejerza por el quejoso por sí, su representante legal o apoderado. En efecto, los artículos 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo disponen quién tiene la calidad de quejoso, por lo que es claro que una persona que tiene la calidad de representante común, cuyas facultades son de índole procesal para el juicio natural en que se hizo la designación, carece de facultades para promover el juicio de amparo por quienes lo designaron, si es que a la vez no tiene la calidad de representante legal o apoderado de las personas designantes. Por tanto, las facultades de la representación común concluyen junto con el juicio, sea de una o de dos instancias, y no pueden extenderse hasta la acción de amparo; salvo que tenga la calidad de representante legal o apoderado de quienes lo designaron como representante común." Atento a ello, queda subsistente el término y apercibimiento decretado en el referido auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Se hace la precisión de que la parte quejosa cuenta con dos días de los cinco que originalmente le fueron conferidos para desahogar la referida prevención, ya que fue notificada de la misma de forma electrónica el nueve de los cursantes, por lo que surtió sus efectos el mismo día, empezando a correr el plazo, el diez posterior, y si el escrito que se provee fue presentado en la Oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, el catorce de esta mensualidad, es evidente que han transcurrido tres días de los cinco otorgados inicialmente; de ahí que los días restantes comenzarán a correr al día siguiente de aquel en que surta efectos la notificación que de éste auto se le haga. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 39/2012 (10°), que resultó de la contradicción de tesis 411/2011, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, página 400, Décima Época, que dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese electrónicamente.
- Principal
MESA I Vista la certificación secretarial que antecede y derivado de la suspensión de labores, se procede a emitir hasta esta fecha el acuerdo correspondiente, por tanto, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia emitida en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, no fue recurrida; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En ese sentido, toda vez que la resolución dictada por este órgano jurisdiccional, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por sí y en representación del Tribunal, realice lo siguiente: "En consecuencia, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a partir de que cause ejecutoria la presente resolución, en los tres días siguientes: * Dicte el acuerdo relativo a la promoción presentada el uno de marzo de dos mil veintitrés, registrada con número de folio ********************, en el expediente laboral ******************** de su índice estadístico y remita copia certificada a este Juzgado. Sin que sea materia del amparo los actos posteriores a la emisión del acuerdo relativo, en el entendido que si ya emitió el pronunciamiento respectivo, la sentencia quedará cumplida." SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. En ese contexto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por sí y en representación del Tribunal, para que dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, cumpla con el fallo protector y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibida que de no hacerlo, o no informar la imposibilidad jurídica o material que tenga para dar cumplimiento al fallo protector dentro del plazo concedido, podrá hacerse acreedor a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 258 de la ley de la materia, así como de los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones, en especial la sentencia de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, del Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, de noviembre de 2014, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
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