Norberto Jovani Guzman Hernandez

Expediente 963/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
963/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
30/06/2022

Partes del expediente

  • Norberto Jovani Guzman Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Director de Reglamentos y Espectáculos de Pachuca de Soto, Hidalgo, en atención al oficio 31509/2022 en el que se le solicitó que informara el cumplimiento dado a la ejecutoria de nueve de mayo de dos mil veintidós. Al efecto, hace del conocimiento que por acuerdo de dieciséis de mayo del año en curso, se dejó insubsistente el diverso de cinco de agosto de dos mil veintiuno y que la quejosa mediante escrito recepcionado por la dirección a su cargo el diez de febrero de dos mil veintidós, informó que el negocio "LA SORBETERÍA" ya no se encuentra aperturado desde enero de dos mil veintidós por así convenir a sus intereses.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda signado por ******, por propio derecho, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo y otro. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como medio para oír y recibir notificaciones la lista fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional; asimismo, téngase como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, para oír y recibir notificaciones, a ***** y ******, al no acreditar contar con registro de cédula profesional ante el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se tiene como medio de comunicación alterno el correo electrónico señalado en su escrito de demanda. DETERMINACIÓN JUDICIAL Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causales de improcedencia, previstas por el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De un análisis de la demanda de amparo en su integridad, se advierte que los actos que reclama el quejoso son la negativa a dar trámite al juicio de amparo directo promovido por ******* dentro del recurso de inconformidad radicado dentro del expediente ****, ante la autoridad responsable, en razón de la sentencia definitiva dictada en recurso de inconformidad, misma que fue emitida con fecha once de abril de dos mil veintidós. Así como, el cumplimiento a lo ordenado en la resolución del recurso de inconformidad radicado bajo el número de expediente ****, ante el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, tendientes a dar de baja al quejoso como miembro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, así como la realización de las anotaciones en el sistema respectivo. Respecto de dichos actos reclamados, se advierte que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" Es de precisarse, que la omisión por parte del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, de dar trámite a la demanda de amparo directo en contra de la resolución de once de abril de dos mil veintidós, no es un acto que pueda ser de conocimiento por este órgano jurisdiccional. Como se señala, el quejoso promovió demanda de amparo directo en contra de la resolución de once de abril de dos mil veintidós, sin embargo, cabe realizar las siguientes precisiones: En primer término, se tiene como hecho notorio, que el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, no es un órgano jurisdiccional que tenga dentro de sus atribuciones legales, el dictado de sentencias, laudos o resoluciones, equiparadas a las emitidas por los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, por lo que dicha autoridad no se ubica dentro del supuesto dispuesto en el numeral 170, fracción I de la Ley de Amparo, que establece "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo". En segundo término, la resolución de once de abril de dos mil veintidós que pretende combatir en amparo directo no tiene la naturaleza jurídica de una sentencia, entendida ésta como aquella que decida el juicio en lo principal. En tercer término, derivado de lo anterior, se aprecia que el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo no es una autoridad que pueda dar trámite a la demanda promovida en términos de los artículos 176, 177 y 178 de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley". "Artículo 177. Cuando no se exhiban las copias a que se refiere el artículo anterior o no se presenten todas las necesarias, la autoridad responsable prevendrá al promovente para que lo haga dentro del plazo de cinco días, a menos de que la demanda se haya presentado en forma electrónica. Transcurrido éste sin que se haya subsanado la omisión, remitirá la demanda con el informe relativo al tribunal colegiado de circuito, cuyo presidente la tendrá por no presentada. Si el presidente determina que no existe incumplimiento, o que éste no es imputable al quejoso, devolverá los autos a la autoridad responsable para que siga el trámite que corresponda". La autoridad responsable, de oficio, mandará sacar las copias en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, o de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, o cuando la demanda sea presentada por vía electrónica. "Artículo 178. Dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá: I. Certificar al pie de la demanda, la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, sin perjuicio de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que obre en su poder la constancia de notificación respectiva proporcione la información correspondiente al órgano jurisdiccional competente; II. Correr traslado al tercero interesado, en el último domicilio que haya designado para oír notificaciones en los autos del juicio de origen o en el que señale el quejoso; y III. Rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las partes. Deberá dejar copia certificada de las actuaciones que estime necesarias para la ejecución de la resolución reclamada o para proveer respecto de la suspensión. En el sistema procesal penal acusatorio, se acompañará un índice cronológico del desahogo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes". Esto se dice, pues la autoridad mencionada no cuenta con las atribuciones legales para aplicar dichos preceptos de la Ley de Amparo, los cuales están dirigidos a autoridades de carácter jurisdiccional, por lo que no ésta dentro de sus obligaciones legales enviarla al Tribunal Colegiado en turno que corresponda. Pues corresponde a las autoridades jurisdiccionales, entendidas a estas aquellas que tienen la facultad de decir el derecho dentro de un proceso a: Verificar si se exhibieron las copias necesarias para correr traslado a las partes involucradas y, cuando resulten insuficientes, ordenar su expedición de oficio en los casos previstos en el referido artículo 177, en las restantes materias, requerirlas al quejoso, y aunque este último incurra en contumacia, la autoridad responsable deberá remitir la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, ya que sólo compete al presidente relativo tener por no interpuesta la demanda cuando estime que el incumplimiento no está justificado. Certificar al pie de la demanda: a) La fecha en que se notificó al quejoso el acto reclamado; b) El día en que se presentó; y, c) Los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. Emplazar al juicio de amparo a los terceros interesados. Rendir el informe justificado Proveer, en caso de solicitud, la suspensión de la resolución reclamada, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad. Enviar al Tribunal Colegiado de Circuito la demanda acompañada de: a) el informe justificado; b) los autos del juicio de origen y sus anexos; y, c) las constancias de emplazamiento a los terceros interesados. Formar un cuaderno de amparo con las copias certificadas de las constancias que considere necesarias para ejecutar la resolución reclamada o proveer sobre la suspensión. Finalmente, se tiene como hecho notorio que se promovió una demanda de amparo directo, y que se realizó ante una autoridad que no puede tener la calidad de autoridad responsable para efectos de esa vía, por lo que en atención a esta circunstancia resulta aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos cincuenta y tres de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Tomo I, que es del tenor siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor". En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo; se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Precisión de criterios jurisprudenciales. Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. Notifíquese por lista y vía electrónica al correo hsantiago.juan.jsh@gmail.com Así lo proveyó y firma la Maestra Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante la licenciada Tanya Sarai Fuentes González, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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