Norberto Illescas Hernández
Expediente 87/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 87/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Norberto Illescas Hernández
Actuaciones
- Principal
"...Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte, que en la especie, en proveído de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo promovida por ***, el cual se le notificó el veintisiete de enero de la presente anualidad; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días . , se declara que dicho auto ha causado estado. . , archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que éste expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente, . Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."
- Principal
"... Vista la demanda de amparo promovida por XXX, contra actos de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Oaxaca. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el juicio de amparo indirecto número 87/2021. . , procede examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de inejercitabilidad prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6°, del mismo cuerpo de leyes, que disponen: . De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o acto reclamado, es decir, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica, siempre que la norma, acto u omisión reclamados violen derechos humanos. La noción de afectación jurídica para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que al ser transgredido por la actuación de una autoridad o por la Ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que legitima a una persona para promover el juicio de amparo. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso se duele de la omisión de dar respuesta a su petición formulada por escrito de once de enero de dos mil veintiuno, ante Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Oaxaca, y presentada ante la responsable citada en esa misma fecha, así como la falta de notificación de la respuesta recaída. De ahí que se estima, no existe una afectación en la esfera jurídica del justiciable que lo legitime para instar el juicio de amparo, ya que la afectación al derecho de petición se actualiza cuando la autoridad responsable ha omitido dar respuesta a la petición que se le formula, dentro del plazo razonable que la ley le concede para tal efecto. Así, el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario, asimismo, el numeral 13 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, establece cuando no exista plazo señalado por la ley para dar respuesta a una petición, la autoridad responsable dispone de diez días para ello. Bajo esa idea, la Segunda Sala de la Suprema de la Justicia de la Nación, ha establecido criterio respecto de que la expresión "breve término" a que hace referencia el aludido precepto constitucional, debe entenderse como "aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse". Así lo definió en la siguiente tesis, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse." (Tesis sustentada por la Segunda Sala, visible en la Semanario Judicial de la Federación, volumen CXXIII, Tercera Parte, página 39, Sexta Época, registro: 268307). Luego, del ordenamiento constitucional y tesis transcritos se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo se estima que no existe afectación al derecho de petición del quejoso, puesto que de la fecha en que presentó la petición y la de la presentación de la demanda de amparo, solo mediaron ocho días hábiles; ello, en virtud de que su escrito lo suscribió el once de enero de dos mil veintiuno y la demanda de amparo la presentó el veintidós de enero de dos mil veintiuno; descontando los sábados y domingos por ser inhábiles; por ende, se considera que la responsable no ha incurrido en la omisión de dar contestación a su petición. De lo anterior, no se omite que en el capítulo de acto reclamado de la demanda de amparo manifiesta que su escrito fue presentado el once de enero de dos mil veintiuno, por lo que solamente habrían trascurrido ocho días, por lo que, es de considerarse que al no incurrir la responsable en la omisión de dar respuesta al escrito aludido, puesto que actualmente transcurre el plazo de diez días que la ley concede para ello, y ante lo cual, no existe una afectación a la esfera jurídica del justiciable que lo legitime a promover juicio de garantías en contra de la omisión planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIX.1o.5 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 633, Tomo IV, correspondiente al mes de septiembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: . En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Se tiene señaladas las listas de acuerdos para oír y recibir notificaciones, por así solicitarlo expresamente; por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a XXX, toda vez, que no tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo a efecto de agilizar la tramitación del juicio en el que se actúa y tomando en cuenta la situación que actualmente vive el país con motivo de la pandemia derivada del virus SARSCoV2 (COVID-19); aunado a que el espíritu de los Acuerdos Generales 8/2020 y 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal es privilegiar el uso de medios electrónicos dada la contingencia sanitaria que atraviesa el país, y toda vez que la parte quejosa proporcionó correo electrónico y número celular siguientes edu_cz79@gmail.com y 9514410618, se ordena notificarle éste y los subsecuentes proveídos que lo ameriten por dichos medios. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, . , en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, . , en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición;... , hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..."
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