Norberto Hernández Serrano
Expediente 390/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 390/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Norberto Hernández Serrano
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días ***, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de veinte de mayo de la presente anualidad; en consecuencia, *** se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a las partes y hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo,*** archívese el presente expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente expediente carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Finalmente, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del mencionado Acuerdo General, procédase a la destrucción del presente expediente, una vez que haya transcurrido el plazo de tres años.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *** y ***, contra actos del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente impreso y electrónico, hágase las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número ***. Ahora, con fundamento en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las consideraciones siguientes: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a esta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis aislada XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimo Quinto Circuito, con número de registro 203196, de rubro siguiente: "DEMANDA DE GARANTIAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS." Así, de la lectura íntegra al escrito de demanda se advierte que los promoventes señalan como acto reclamado el auto de dieciséis de abril anterior, emitido dentro del expediente *** del índice del juzgado responsable, en el que se dilucida las diligencias relativas el apeo y deslinde de la servidumbre de paso y en donde se facultó a la diligenciaria adscrita a dicho órgano responsable, para que requiriera a los justiciables el título o documento con el que acreditaran tener la posesión del inmueble en cuestión y nombren perito de su parte. En el caso, se estima se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". En ese orden de ideas, del precepto legal transcrito, se advierte el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus excepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquellas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. En ese sentido, el principio de definitividad no es otra cosa que el agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, lo cual, acorde a lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 139/2013, es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. Asimismo, se indicó que la regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, entre otros, no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función; es decir, salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus controversias, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. Así, el orden en los procedimientos judiciales no existe solo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. De igual forma, la Primera Sala en mención, refiere que la importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los tribunales internacionales de derechos humanos, y el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. En efecto, en el caso opera la hipótesis prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de constitucional tratándose de actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso, o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados o revocados. En ese contexto, en contra del auto de dieciséis de abril anterior, emitido dentro del expediente *** del índice del juzgado responsable, en el que se dilucida las diligencias relativas el apeo y deslinde de la servidumbre de paso y en donde se facultó a la diligenciaría adscrita a dicho órgano responsable, para que requiriera a los justiciables el título o documento con el que acreditaran tener la posesión del inmueble en cuestión así como nombrar perito de su parte, procede el recurso de revocación previsto en el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, que establece: "Artículo 504.- La revocación procede contra los autos.". Por imperativo del precepto transcrito, el recurso de revocación procede contra los autos, cualquiera que sea su sentido. Asimismo, el referido código civil adjetivo en sus artículos 86, 87 y 88 , define que tendrán el carácter de autos, aquellas resoluciones autorizadas con las firmas del juez y del secretario, y que por exclusión no sean sentencias definitivas o interlocutorias, lo que en la especie acontece, pues el acto reclamado no tiene el carácter de sentencia ni definitiva ni interlocutoria, además que el mismo fue autorizado con las firmas de la juez y del secretario, como se desprende de la parte final del acto impugnado, donde calza el siguiente texto: "Así lo acordó y firma la Ciudadana Licenciada ***, Jueza de lo Civil de este Distrito Judicial de Zaragoza, ante el secretario con quien actúa y autoriza Licenciado ***. Doy fe." Luego, si el acto reclamado en el presente juicio, lo es el auto de dieciséis de abril anterior, emitido dentro del expediente *** del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, Tlaxcala; es evidente que, conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, en su contra procede el recurso de revocación. Apoya a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia XXVIII. J/6 , emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, de rubro siguiente: "APELACIÓN. CONTRA EL AUTO QUE LA DESECHA PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA)". En efecto, el recurso de revocación previsto en el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, es un medio ordinario con el cual la parte justiciable estuvo en condiciones de lograr se nulificara, revocara o se modificara la determinación tomada por el juzgado responsable y, al no haberlo hecho, incumplió con el principio de definitividad en que descansa la acción constitucional, por lo que deviene improcedente el juicio de amparo que pretende instaurar en el aspecto analizado. Consecuentemente, antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa debió promover el recurso de revocación contra el proveído de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente *** del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, Tlaxcala, en el que se dilucida las diligencias relativas el apeo y deslinde de la servidumbre de paso y en donde se facultó a la diligenciaría adscrita a dicho órgano responsable, para que requiriera a los justiciables el título o documento con el que acreditaran tener la posesión del inmueble en cuestión y nombraran peritos. Apoya a lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/37 , emitida por el Sexto Tribunal en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL". A mayor abundamiento, este órgano jurisdiccional considera que también se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación con la fracción V, del numeral 107, del mismo ordenamiento legal interpretado a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De esta manera, se pone de manifiesto que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, por actos de ejecución irreparable se entienden únicamente aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se excluye la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se comprendan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Por consiguiente, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos emitidos en un juicio, de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que tales actos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos, no afectan a los gobernados, pues sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso se podrán interponer los recursos correspondientes e incluso recurrirlos en vía de amparo directo o indirecto. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió en antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate, según se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Criterio que fue reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en el que resolvieron la contradicción de tesis 14/2015, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto resulta procedente únicamente en contra de actos emitidos durante la tramitación del juicio que resulten de imposible reparación, a fin de evitar la promoción de juicios indefinidos por cuestiones que se pudiera considerar que afectan sin que alcancen las condiciones que se establecen ahora específicamente, pudiendo llegar a generar ese pernicioso efecto. Por ello, los actos dictados en este tipo de procedimientos son reclamables una vez que hayan trascendido a la resolución final, y solo cuando hayan afectado derechos sustantivos pueden impugnarse en amparo indirecto, siempre que sean irreparables; ya que hay actos de imposible reparación y violaciones procesales que no son irreparables, siendo el presente caso uno de los actos contemplados en la segunda hipótesis. En el caso a estudio, el acto reclamado consiste en el auto de dieciséis de abril anterior, emitido dentro del expediente *** del índice del juzgado responsable, en el que se dilucida las diligencias relativas el apeo y deslinde de la servidumbre de paso y en donde se facultó a la diligenciaría adscrita a dicho órgano responsable, para que requiriera a los justiciables el título o documento con el que acreditaran tener la posesión del inmueble en cuestión así como nombrar perito de su parte. Asimismo, de los antecedentes plasmados en la demanda de amparo se advierte que: La génesis de la controversia que aquí se reclama, se deriva con motivo de que el día cinco del mes en curso, la diligenciaría adscrita al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, hizo entrega de unos documentos a ***, y le manifestó que tenía tres días para apersonarse en el juzgado de su adscripción y exhibiera documentos que acreditaran ser la propietaria o poseedora del predio del bien inmueble donde se localiza su domicilio. En ese sentido, el acto que se reclama en el presente juicio de amparo no produce una afectación material, ya que únicamente tiene efectos procesales, y los mismos pueden desaparecer si los promoventes obtienen una resolución favorable y de no ser así, podrían recurrir dichas consecuencias conjuntamente con la determinación que dirima el expediente de origen a través de los medios de impugnación que contempla el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala; por tanto, no existe la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. En efecto, se advierte que el propósito de acreditar ser la propietaria o poseedora del predio del bien inmueble donde se localiza su domicilio es con la finalidad de realizar el deslinde y apeo con sus colindantes; sin que el hecho de que exhiba tales documentales le ocasione una agravio a su esfera jurídica; por tanto, el acto que aquí impugnan los promoventes no es de aquellos calificados como de imposible reparación, es decir, solo produce afectación a derechos adjetivos ya que produce consecuencias intraprocesales, siendo que la vulneración a dichas prerrogativas sustantivas únicamente se actualiza al dictarse la resolución que ponga fin al procedimiento. Ahora bien, es dable señalar que los artículos del 879 al 883 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala establecen las bases en la que se deberá llevar a cabo el deslinde correspondiente conforme a lo siguiente: "(.) Artículo 879.- El deslinde procede: I.- Siempre que fundadamente se crea que no son exactos los límites que separan los fundos, porque: 1. se hayan confundido naturalmente, o 2, estén destruidas las señales que los marcaban o 3, se encuentren estas señales colocadas en lugar distinto del primitivo. Artículo 880.- Tienen derecho para promover el deslinde el propietario, el poseedor con título bastante para transferir el dominio y el usufructuario. Artículo 881.- La petición de deslinde debe contener: I.- El nombre y la posición de la finca que debe deslindarse; II.- El lugar o los lugares donde el acto deba ejecutarse; III.- Los nombres de los colindantes que puedan tener interés en el deslinde; IV.- El sitio donde estén y donde deban colocarse las señales; y si éstas no existen el lugar donde estuvieron. Artículo 882.- Se acompañarán los planos y demás documentos que deban servir para la diligencia, ofreciéndose información a falta de ellos y nombrándose perito que practique el reconocimiento. Artículo 883.- El Juez mandará hacer saber la solicitud a los colindantes o interesados, para que dentro de tres días presenten los títulos o documentos que los acrediten de poseedores, u ofrezcan la información correspondiente, y nombren perito (.)." Artículo 884.- Las informaciones que sean necesarias para probar hechos se recibirán con citación de los interesados dentro de un término que no exceda de diez días, y no se admitirán más de tres testigos por cada parte. Artículo 885.- Recibida la información, el Juez señalará día y hora para el deslinde y lo hará saber a los interesados. Artículo 886.- Si fuere necesario identificar alguno o algunos de los puntos deslindados, el Juez prevendrá a cada parte que presente dos testigos de identidad. Artículo 887.- El día y hora designados, el Juez en compañía del Secretario, los peritos y los testigos de identidad, practicará el deslinde, y se levantará una acta pormenorizada de lo ejecutado. Artículo 888.- El Juez dispondrá que se fijen las señales convenientes en los puntos deslindados, las que quedarán como límites legales si el deslinde fuere aprobado. Artículo 889.- A petición del promovente, previa audiencia de los interesados, el Juez resolverá, dentro de cinco días, aprobando el deslinde, si no hubiere oposición". En esa tesitura y ante lo transcrito, es evidente que no causa ningún perjuicio el hecho de que los justiciables exhiban sus documentos correspondientes, con los que acrediten ser los propietarios o poseedores del inmueble donde se localiza su domicilio, máxime que la finalidad es de realizar el deslinde y apeo con sus colindantes y además de que no se ha dictado resolución que ponga fin al juicio de origen, que puede ser favorable a los intereses de la quejosa. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 16/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XIX, abril de 2013, tomo 1, página 744, con número de registro 2003301 de rubro siguiente: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Cabe destacar que dar trámite al presente juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte impetrante tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la impetrante de amparo promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Lo anterior se reitera, en virtud de que el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo prevé que una afectación procesal, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. En esas condiciones, si el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente. Apoya lo anterior la jurisprudencia I.11o.C. J/7, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que señala: "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO." En consecuencia, dado que en el caso concreto se actualizaron de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia en estudio, que prevé el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, y 63, fracción V ambos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V de la misma ley, con fundamento en los diversos 112 y 113 de dicho cuerpo de leyes, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por *** y ***, al encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del referido órgano colegiado. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; por tanto, con apoyo en la fracción III, inciso a), del citado precepto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la tesis aislada XXII.1o.22 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito de rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase designado como representante común al primero de los mencionados, sin perjuicio de que con posterioridad se autorice a uno diverso de los que promueven la presente demanda. En ese mismo contexto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve.
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