Norberto Hernández Rodríguez

Expediente 626/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
626/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
18/07/2017

Partes del expediente

  • Norberto Hernández Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; seis de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Norberto Hernández Rodríguez, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 626/2017, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del escrito de demanda se advierte: Que el objeto de estudio en esta instancia lo constituye la dilación procesal en que ha incurrido la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, al omitir el envío del oficio recordatorio ordenado en audiencia de treinta de junio anterior a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, para que en su auxilio emplace a la parte demandada en el juicio laboral 496/2016, en acato al proveído de catorce de febrero pasado. Precisado lo anterior, el presente juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas [.]". La citada fracción dispone la prohibición de ejercitar la acción de amparo en contra de resoluciones dictadas en los juicios de la misma naturaleza y busca que no se desvinculen los actos que son consecuencia de una sentencia amparadora del análisis que debe corresponderle al juzgador que la emitió para determinar sobre su cumplimiento. Lo anterior tiene justificación en lo siguiente: a. En la necesidad de otorgar estabilidad y seguridad jurídica, a fin de no permitir una cadena interminable de juicio. b. La Ley de Amparo establece los recursos por los que se puede controvertir las resoluciones y actos consecuencias de un juicio de amparo. c. Porque, sería un contrasentido aceptar que los tribunales de amparo pueden violar la constitución. Bajo ese contexto, a efecto de demostrar la actualización de la improcedencia planteada, de la confrontación de la demanda que se provee con la diversa que originó el juicio de amparo 325/2017, el cual constituye un hecho notorio y puede ser invocado de oficio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, cuyas copias simples de las actuaciones más sobresalientes se glosan a este expediente, se aprecia que: 1.- El quejoso reclamó: La negativa de diligenciar el exhorto ordenado en audiencia de fecha catorce de febrero de dos mil diecisiete, para emplazar a juicio a la demandada CORPORACIÓN DE ASESORÍA EN PROTECCIÓN SEGURIDAD INTERNA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., y/o OSVALDO PEREZ OJEDA y/o LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE RESULTE RESPONSABLE O PROPIETARIO O ARRENDE O EXPLOTE LA FUENTE DE TRABAJO, con domicilio en calle Estaño, número 407, colonia 20 de noviembre, delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México. C.P. 15300. 2.- Mediante sentencia dictada el once de mayo de del presente año, en la cual se amparó a la parte quejosa, para el efecto de que la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, envié la comunicación oficial correspondiente a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, y en su caso dicte las medidas necesarias para su debida diligenciación. 3.- La citada determinación constitucional causó ejecutoria el treinta de mayo siguiente y se requirió su cumplimiento a la junta responsable, la cual mediante proveído de veintitrés de junio pasado, se le tuvo por informando las gestiones realizadas para tal fin. Sobre esa base, se obtiene que la omisión que ahora se reclama de la Junta Especial número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, consistente en el envío del oficio recordatorio a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, para que en su auxilio emplace a la parte demandada en el juicio laboral 496/2016, fue emitida dentro del procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de amparo 325/2017 aludido en líneas precedentes; sentencia que como se señaló en líneas anteriores, aun no se ha declarado cumplida; por lo que, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia que se analiza, ya que el acto que ahora se reclama no puede ser materia de un nuevo juicio, sino de los recursos que para ello establece la propia Ley de Amparo. Tiene aplicación en lo que aquí interesa, la Jurisprudencia XXI. 1º.J/15, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, XI, Marzo de 2000, visible a página 867, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo. " En este tenor, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Carretera Nacional Acapulco-México, lote 32, local 7, manzana 46 de la Colonia las Cruces, en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a las personas que designa, dada la naturaleza del juicio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona a la actuaria judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles.

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