Norberto García Hernández
Expediente 741/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 741/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Norberto García Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
A CONTINUACIÓN, LA SECRETARIA HACE RELACIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE, y da cuenta con el escrito inicial de demanda y proveído en el que se admite a trámite la misma; constancia de notificación a la autoridad responsable; informe justificado y proveído en que se tiene recibido y constancia de emplazamiento de la parte tercera interesada. ACTO SEGUIDO, EL JUEZ ACUERDA: Téngase hecha la anterior relación de constancias de autos, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. ABIERTO EL PERÍODO DE PRUEBAS: La Secretaria da cuenta con las documentales allegadas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado; asimismo, hace constar que ninguna otra parte procesal ofreció medio de convicción que deba ser relacionado en este período. EL JUEZ ACUERDA: En términos del arábigo 119 de la Ley de Amparo, se admiten los medios de prueba antes referidos, mismos que se desahogan por su propia y especial naturaleza jurídica, y que serán tomados en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente; asimismo, se tiene perdido el derecho de las demás partes procesales para ofrecer pruebas con posterioridad; en consecuencia, se cierra el período. ABIERTO EL PERÍODO DE ALEGATOS: En términos de lo que establece el primer párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo, el Juez lo declara abierto, en el que la secretaria da cuenta con los formulados por el quejoso ********************mediante ocurso presentado ante la Oficialía de Partes de este juzgado federal el veintiséis de julio de dos mil veintitrés; asimismo, hace constar que las demás partes no los formularon. EL JUEZ ACUERDA: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa, formulando alegatos sin perjuicio de que sean tomados en consideración al momento de resolver en definitiva; asimismo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos, por lo que, no habiendo más que agregar, se cierra la presente etapa. Al no existir diligencias pendientes que desahogar, se da por terminada la presente audiencia constitucional, procediéndose a dictar la siguiente sentencia. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 741/2023, promovido por ********************por derecho propio, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado el ocho siguiente, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, ********************por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se especifican: "AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "La dilación procesal; traducida en la omisión de ejecutar el laudo de fecha veintidós de agosto del año dos mil dieciocho, dictado por la responsable dentro de los autos del expediente laboral número ********************." Acto que estimó violatorio de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de trece de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite el presente asunto, y se registró como juicio de amparo indirecto 741/2023; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y se concluye con el dictado de esta sentencia, bajo las siguientes. C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince; lo anterior en virtud de que el acto que se reclama es imputado a una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por razón de técnica jurídica y con el fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así, de la lectura íntegra a la demanda de amparo y constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que de manera categórica el quejoso se duele de: La dilación procesal derivada de la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en proveer lo conducente para lograr la ejecución del laudo de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, declarado firme en el expediente de origen ********************. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no existir los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio estudio de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En esta tesitura, se tiene que no es cierto el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, respecto de la dilación procesal provocada al omitir desahogar los medios de prueba ofrecidos por las partes procesales en el juicio laboral 383/2023. Lo anterior, se corrobora con las documentales públicas que adjuntó la referida autoridad laboral a su informe justificado, relativas al juicio laboral 383/2023 de su estadística, documentales a las que se concede valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º de ésta, de donde se desprende la inexistencia del acto reclamado. Además apoya lo anterior, el diverso criterio jurisprudencial 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, toda vez que de las constancia que la autoridad responsable anexó a su informe con justificación, a las cual se le otorgó valor probatorio pleno, se aprecia que la dilación procesal u omisión atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, al no proveer lo conducente para lograr la ejecución del laudo de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, declarado firme en el expediente de origen ********************, es inexistente. Se arriba a la anterior determinación dado que, de la interpretación del artículo 98 de la Ley Numero 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, se obtiene que corresponde a la parte que obtuvo laudo favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, en tanto dispone que el tribunal despachará auto de ejecución cuando se pida la ejecución. En ese sentido, debe entenderse que para la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución, su intervención es necesaria. Es de precisarse que, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por el impetrante del amparo, así como de las constancias que allegó la autoridad responsable, se aprecia que el diecinueve de febrero de dos mil veinte, la parte actora -aquí quejosa- le solicitó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, requiriera el cumplimiento al laudo ejecutoriado, es decir, requiriera la exhibición de la condena establecida en el laudo, solicitud que el tribunal obrero atendió en auto de uno de marzo de dos mil veintidós, posteriormente el actor presentó ocursos ante el tribunal laboral el veintinueve de abril y quince de junio de dos mil veintidós, así como el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, mismos que fueron acordados el nueve de mayo, veintiocho de junio de dos mil veintidós, y veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, ocursos en los que realizó designación y revocación de autorizados en el juicio de origen. De igual manera, se aprecia que en auto de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, el tribunal instructor en el juicio de origen, emitió acuerdo respecto de lo informado por el demandado -aquí tercero interesado- y al respecto, ordenó hacer efectivo a la parte demanda el apercibimiento decretado en auto de uno de marzo de dos mil veintidós, ello, por conducto de la persona física que lo representa, y requirió de nuevo el cumplimiento del laudo, ello, bajo nuevo apercibimiento de ley. De ahí, que el acto reclamado consistente en la dilación procesal por la omisión de proveer lo conducente para lograr la ejecución eficaz del laudo de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, en el expediente laboral ********************, atribuido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, no existe, de ahí que, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se estima así, porque el acto reclamado resulta jurídicamente inexistente y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que la omisión tuviera el carácter de inminente, puesto que su existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante. Brinda apoyo jurídico a lo resuelto, la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, página 844, de la Décima Época, con registro electrónico 2010025, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." Asimismo, sirve de apoyo por el sentido que la informa, la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 2771, Tomo 4, Diciembre de 2011, Libro III, Materias(s): Común, Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro digital: 2000011, de epígrafe y contenido: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. De esta suerte, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el impetrante de garantías respecto de los actos en comento, tal como lo establece la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Finalmente, no se expresa consideración alguna en torno a los argumentos hechos por la parte quejosa mediante escrito recibido en la oficialía de partes de este Juzgado el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, toda vez que ha sido criterio del máximo Tribunal del País, que el juzgador de amparo está exclusivamente obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos. Máxime que los alegatos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en ellos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 27/94, visible en la página 14, Tomo 80, Agosto de 1994, Octava Época, Materia(s): Común, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." CUARTO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, en la publicación a que se refieren los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. La anterior circunstancia se hizo del conocimiento de las partes mediante auto de trece de junio de dos mil veintitrés, mismo que fue notificado a las partes procesales mediante lista publicada el catorce de junio actual, como se constata de actuaciones. Por tanto, se tiene a la parte quejosa implícitamente conforme con que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de la sentencia. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción XXI, 62 y 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************respecto del acto reclamado a la autoridad responsable señalada en el resultando primero, en términos de lo expresado en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del último considerando del presente fallo.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito presentado por el quejoso Norberto García Hernández, en atención a su contenido y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a dicha parte procesal formulando sus alegatos, sin perjuicio de ser relacionadas en la etapa procesal oportuna y de tomarse en consideración en la audiencia constitucional.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, once de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el correspondiente informe justificado; con su contenido y constancias que envía en apoyo al mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, y dado que de autos se aprecia que se encuentran señaladas las doce horas del trece de julio del presente año, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, a fin de lograr la debida integración del presente sumario y que las partes procesales se impongan de autos con la anticipación que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, ésta se difiere anticipadamente, y para su verificativo se señalan las DOCE HORAS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, once de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el correspondiente informe justificado; con su contenido y constancias que envía en apoyo al mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, y dado que de autos se aprecia que se encuentran señaladas las doce horas del trece de julio del presente año, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, a fin de lograr la debida integración del presente sumario y que las partes procesales se impongan de autos con la anticipación que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, ésta se difiere anticipadamente, y para su verificativo se señalan las DOCE HORAS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS.
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