Norberto Félix Villapodua
Expediente 526/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Norberto Félix Villapodua
Actuaciones
- Principal
Durango, Durango, a cinco de junio de dos mil veintitrés. De la certificación que antecede se advierte que a la parte quejosa le ha transcurrido el término que para promover el recurso de revisión en contra de la sentencia, establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara ejecutoriada en sus términos; en su oportunidad archívense los autos.
- Principal
R E S U E L V E:ÚNICO. SE SOBRESEE en este juicio de garantías que promovió **** contra los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Notifíquese.
- Principal
Durango, Durango, a treinta de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de ************, autorizado de la quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual refiere que las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento a la sentencia dictada el veinticinco de agosto de dos mil veintidós en este juicio de amparo, a pesar de los doce requerimientos emitidos previamente y que se les han notificado, por lo que solicita se les imponga la multa señalada en acuerdo de veintidós de marzo del año en curso y se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en turno para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia. Pues bien, de los presentes autos se advierte que en sentencia ejecutoria emitida el veinticinco de agosto de dos mil veintidós se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa ************ en contra de la omisión de las autoridades responsables de dar respuesta al escrito fechado y presentado el cuatro de junio de dos mil veintiuno, en el que solicitó información del diagnóstico respecto a su estado de salud a fin de obtener una segunda opinión, y se le indicara el pronóstico o tratamiento adecuados, así como el derecho de exponer su consentimiento siempre por escrito para sujetarse a procedimientos que impliquen un riesgo, debiendo ser informada completa y ampliamente por escrito y en qué consisten, además los beneficios que se esperan y las complicaciones que puedan presentarse del acto médico, por lo que el amparo se concedió para el efecto de que: ".el Delegado en Durango del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Subdelegado Médico de la Delegación en Durango del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el Director del Hospital General "Dr. Santiago Ramón y Cajal", del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se pronuncien sobre la petición que les formuló la amparista mediante escrito presentado el cuatro de junio de dos mil veintidós, y se la notifiquen personalmente en su domicilio que tienen registrado en dicho Instituto". Dicha sentencia causó ejecutoria en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, por lo que se requirió al Delegado en Durango del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al Subdelegado Médico de la Delegación en Durango del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y al Director del Hospital General "Dr. Santiago Ramón y Cajal", del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que procedieran a dar cumplimiento al referido fallo protector de garantías e informaran sobre el particular a este Juzgado en un término de tres días, debiendo remitir copia certificada de las constancias con las que se acreditara ese extremo, con apercibimiento de multa. Asimismo, al analizar los presentes autos se advierte que en los proveídos de tres y veintiuno de octubre, once y treinta de noviembre, dieciséis y treinta de diciembre de dos mil veintidós se requirió a las autoridades responsables Delegado en Durango del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Subdelegado Médico de la Delegación en Durango del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Director del Hospital General "Dr. Santiago Ramón y Cajal", del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Durango, para que dieran cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en este juicio de amparo 622/2021, y si bien se recibió el oficio fechado el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, del autorizado y delegado de las autoridades responsables, en el que informó que se ha dado seguimiento y atención médica a la paciente Guadalupe Castro Ávila, y acompañó copia certificada de notas médicas que se le han realizado hasta el veinticuatro de octubre de la presente anualidad, sin embargo, la protección federal solicitada no se concedió para ese efecto, sino para que emitieran acuerdo en relación a la petición que les formuló la amparista mediante escrito presentado el cuatro de junio de dos mil veintidós, y se lo notificaran personalmente en su domicilio que tienen registrado en dicho Instituto. Debido a que dichas autoridades responsables no atendieron tales requerimientos, en auto de trece de enero de dos mil veintitrés se les hizo efectivo el apercibimiento contenido en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, por lo que se les se impuso una multa por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional); además se les requirió nuevamente para que dieran cumplimiento a la sentencia ejecutoria. Pero como tales requerimientos no fueran atendidos, en proveídos de veinticuatro de enero y ocho de febrero de dos mil veintitrés se requirió a su superior jerárquico Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado residente en la Ciudad de México (doctor Pedro Zenteno Santaella) para que ordenara a las autoridades responsables pertenecientes a la Delegación en Durango del Instituto a su cargo que cumplan el fallo protector dictado en este juicio de derechos fundamentales; quien si bien atendió tales requerimientos a través de la Subdirectora de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado mediante oficios 600.602.4/AI/JCGS/0069/2023 y 600.602.4/AI/JCGS/0192/2023, a los que acompañó sendos oficios dirigidos a las autoridades responsables fechados el treinta de enero y veintidós de febrero de la presente anualidad, en los que les instruye para que en el ámbito de sus competencias den cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal e informen al respecto, o en su caso la imposibilidad jurídica para hacerlo, además los previno que en caso de no cumplir se puede actualizar lo dispuesto en los artículos 49, fracción III y VIII, y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y los apercibió que de no acatar lo ordenado por este órgano jurisdiccional se daría vista al Órgano Interno de control de ese Instituto a fin de iniciar el procedimiento correspondiente; sin embargo, no justificó la fecha en que las autoridades responsables quedaron debidamente notificadas de tales misivas, y tampoco se advierte alguna otra acción para obligarlas a que den cumplimiento de inmediato a la ejecutoria de amparo dictado en este juicio de amparo, por lo que en proveído de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés se requirió nuevamente a dicho superior jerárquico para que ordenara a las autoridades responsables pertenecientes a la Delegación en Durango del Instituto a su cargo que cumplan el fallo protector dictado en este juicio de derechos fundamentales, debiendo desplegar todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento inmediato de la sentencia protectora, debiendo aplicar las sanciones correspondientes como dar vista al Órgano Interno de Control de ese Instituto a fin de iniciar el procedimiento de responsabilidad correspondiente, en tanto que se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrar que realizó todo lo posible para vencer la contumacia de sus subalternos conforme al numeral 194, segundo párrafo de la propia ley de la materia; para lo cual se le giró el oficio 12534/2023, que recibió el día veinticuatro de marzo en curso, por lo que el término de tres días que se le concedió le transcurrió del veintisiete al veintinueve del propio mes. Lo que evidencia que las autoridades responsables obligadas al cumplimiento al fallo protector no dieron cumplimiento a lo requerido en auto de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés del término que se les otorgó, pues ninguno justificó haber realizado alguna gestión para tal efecto. En tales condiciones, no se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este enjuiciamiento constitucional, pues no se han emitido acuerdo en relación a la petición que les formuló la amparista Guadalupe Castro Ávila mediante escrito presentado el cuatro de junio de dos mil veintidós, ni le han notificado personalmente en su domicilio. De manera que se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, por lo que con fundamento en el ordinal 238 de la Ley de Amparo, se impone al Delegado en Durango del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al Subdelegado Médico de la Delegación en Durango del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y al Director del Hospital General "Dr. Santiago Ramón y Cajal" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado una multa a cada uno por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, a razón de ciento tres pesos setenta y cuatro centavos por unidad, como se precisó en dicho acuerdo. En tal virtud, gírese oficio por quintuplicado al Administrador Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria para que tenga a bien hacer efectivas las multas impuestas, debiendo remitir documento fehaciente con el que acredite haber dado cumplimiento a esta determinación. Por las razones apuntadas y como lo solicita la parte quejosa, a fin de que se aperture el incidente de inejecución de sentencia previsto en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución General de la República, y de conformidad con el artículo 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el punto quinto, inciso D, fracción IV, del Acuerdo General número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con copia de la sentencia protectora, del acuerdo que la declaró ejecutoriada y las constancias que se estimen pertinentes fórmese cuaderno de antecedentes para procurar el exacto y debido cumplimiento del fallo protector, conforme a lo previsto en el artículo 193, quinto párrafo, de la Ley de Amparo. Por otra parte, previo a hacer efectivo el apercibimiento de multa contenido en auto de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés por cuanto al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado residente en la Ciudad de México (doctor Pedro Zenteno Santaella) (superior jerárquico), dado que tiene su residencia fuera de esta ciudad de Durango, de conformidad con los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérasele nuevamente para que ordene a las autoridades responsables pertenecientes a la Delegación en Durango del Instituto a su cargo que cumplan el fallo protector dictado en este juicio de derechos fundamentales, debiendo desplegar todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento inmediato de la sentencia protectora, debiendo aplicar las sanciones correspondientes como dar vista al Órgano Interno de Control de ese Instituto a fin de iniciar el procedimiento de responsabilidad correspondiente, en tanto que se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrar que realizó todo lo posible para vencer la contumacia de sus subalternos conforme al numeral 194, segundo párrafo de la propia ley de la materia; para tal efecto se le envía copia de la sentencia dictada en este juicio. Se le apercibe que de no cumplir esta determinación dentro del término de TRES DÍAS, se le hará efectivo el apercibimiento de multa contenido en auto de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables Delegado en Durango del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Subdelegado Médico de la Delegación en Durango del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Director del Hospital General "Dr. Santiago Ramón y Cajal" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que den cumplimiento al fallo protector emitido en este juicio de amparo, debiendo informar en un término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al en que reciban la notificación de este acuerdo, así como remitir copia certificada de las constancias con las que acrediten ese extremo. Apercibidos que de no hacerlo, en el término que se le otorga, con fundamento en los artículos 26, Apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de dicha Ley fundamental en materia de desindexación del salario mínimo; 23, fracción XX bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística Geografía; y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, a razón de ciento tres pesos setenta y cuatro centavos por unidad, que se considera prudente para que los obligados den cumplimiento a esta determinación. Finalmente, agréguese el oficio del Agente del Ministerio Público de la Federación en apoyo del Titular de la Cédula II-2 Durango Estado de Durango (licenciada ********************), y como lo solicita, envíesele por oficio copia simple de la constancias que indica. Notifíquese.
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