Norberto Enrique López Rodríguez

Expediente 78/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
78/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
20/03/2019

Partes del expediente

  • Norberto Enrique López Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; agréguese a sus autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas, mediante el cual, acusa recibo de los autos originales relativos al juicio de amparo 78/2019-II, del índice de este Juzgado. Por lo anterior y atendiendo la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que no existen diligencias pendientes de practicar en el presente cuaderno de antecedentes y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el presente cuaderno de antecedentes es destruible.

  2. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el ocurso que suscribe el quejoso Norberto Enrique López Rodríguez, mediante el cual interpone recurso de queja. Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja contra el auto de treinta de enero de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de amparo con que se formó este expediente. Por tanto, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado a la Superioridad, haciéndole saber que es cierto que el treinta de enero de la presente anualidad, se desechó la demanda de amparo promovida por el citado quejoso, con base en los fundamentos y por los motivos en el mismo asentados; remítase el escrito original de expresión de agravios presentado por el quejoso, así como copias certificadas de todo lo actuado en el juicio de amparo en que se actúa, para lo que tenga a bien determinar dicho Tribunal.

  3. Principal

    Vista, la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de los Magistrados integrantes de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se acuerda: Regístrese su ingreso en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número que legalmente le corresponda. Ahora bien, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Ello es así, porque los artículos 156, 367 y 369, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, establecen: "Artículo 156. Para los efectos de este Código, las resoluciones judiciales se clasifican en la forma siguiente: I. Proveídos. Cuando son simples determinaciones de trámite, sin que impliquen impulso u ordenación del procedimiento;- II. Autos. Cuando se trata de resoluciones que ordenen o impulsen el procedimiento, o de los que se pueden derivar cargos o afectar derechos procesales; III. Sentencias interlocutorias cuando resuelvan algún incidente, .; IV. Sentencias definitivas ." "Artículo 367. . Los autos y proveídos pueden ser revocados por el Juez que los dicte o por el que los substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso, o disponga que no son recurribles." "Artículo 369. Procede la reposición de los proveídos y autos del Supremo Tribunal, siendo aplicables a la reposición las mismas reglas que para la revocación se establecen en el artículo anterior." El quejoso señala como acto reclamado: ". la ilegal resolución emitida dentro de la apelación hecha en tiempo y forma legales hecha valer por el suscrito dentro del toca civil número 605/2018 relativo al juicio de Terminación de Contrato de Arrendamiento marcado con el número ******************** tramitado ante el Juzgado Tercero Civil de la Capital, mediante el cual, se declara desierto el recurso de apelación interpuesto por el suscrito promovido por el suscrito dejándome en completo estado de indefensión." Y, de los antecedentes del acto reclamado y anexo que acompaña, se advierte que: ********************, promovió juicio sumario civil de acción de terminación de contrato de arrendamiento contra ********************, juicio del que correspondió conocer al Juez Tercero del Ramo Civil del distrito judicial de la Capital, registrándolo bajo el número ********************. Seguidos los trámites el catorce de agosto de dos mil dieciocho, el Juez Tercero del Ramo Civil del distrito judicial de la Capital, dictó sentencia. Inconforme con el contenido de la sentencia, el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, ********************, promovió recurso de apelación ante el juez natural, mismo que lo admitió a trámite. Turnado que fue el recurso de apelación por el juez natural, al Tribunal Superior de Justicia del Estado, correspondió conocer a la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, registrándolo con el número de toca civil 605/2018. Por auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, puso los autos a la vista de la parte apelante para que en el término de seis días expresara agravios. Cumplido que fue, mediante diverso de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, se previno al apelante para que en el término de tres días exhibiera una copia simple del pliego de expresión de agravios para la parte contraria, apercibido que de no hacerlo no le serían admitidos y a petición de parte se podría declarar desierto el recurso. Por acuerdo de once de diciembre de dos mil dieciocho, la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, a petición de parte declara desierto el recurso de apelación al omitir la parte expresar agravios dentro del término otorgado; lo que ahora constituye el acto reclamado. Ahora bien, el acto reclamado de conformidad con los artículos antes citados, reviste el carácter de auto, toda vez que se trata de una resolución, en razón de que, puede imponer cargas o afectar derechos procesales del promovente, aquí quejoso, al dictar la Sala responsable, resolución en el sentido de declarar desierto el recurso de apelación intentado por ********************; la cual al tenor de los precitados artículos puede ser impugnada mediante el recurso de reposición, mismo que puede traer como consecuencia la modificación de ésta; de ahí que el juicio de garantías es improcedente en los términos de los artículos ya citados, dado el principio de definitividad que lo rige. Ello es así, porque de una correcta interpretación de los preceptos 367, 369 y 156 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Zacatecas, antes transcritos se llega a la conclusión que contra la resolución reclamada, por tratarse de una resolución con la cual se pueden imponer cargas o afectar derechos procesales del promovente de la apelación; procede el recurso de reposición, que trae como consecuencia que se modifique la resolución reclamada, pues la legislación no especifica la existencia de algún otro medio de defensa, ni menos aún que ésta sea irrecurrible; por lo que resulta evidente que el peticionario de garantías, antes de promover su demanda de amparo, debió de agotar ese medio de defensa. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la tesis de jurisprudencia 1ª./J. 8/2002, resultado de la contradicción 23/99-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito, legible en la página 11, tomo XV, Marzo 2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS). Conforme a lo dispuesto en los artículos 156, 367 y 369 de los Códigos de Procedimientos Civiles para los Estados de Sonora y Zacatecas (de idéntica numeración y contenido), procede el recurso de reposición en contra de los proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal de Justicia. Ahora bien, de un estudio sistemático de los preceptos invocados se concluye que el medio de impugnación referido es procedente en contra de la determinación que declara desierto el recurso de apelación, pues cumple con los presupuestos de procedencia de dicho recurso, a saber: a) Es un auto, por tratarse de una resolución de carácter definitivo que puede imponer cargas o afectar derechos procesales, dado que provoca que la resolución combatida quede firme y, en su caso, deban cumplirse las obligaciones en ella determinadas, sin que el recurrente sea escuchado en defensa, con la consecuente afectación a su derecho de impugnar la resolución que lo lesiona; b) En las propias legislaciones procesales en cita no se hace alusión en forma expresa a la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual pueda ser combatida la determinación de referencia; y, c) Tampoco se establece que la resolución en comento sea irrecurrible. Aunado a ello, con la reposición se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal." De igual forma, la tesis visible en la página 252, Tomo: XI, Junio de 1993, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la ley de Amparo." Asimismo, la tesis aislada I.6o.C.43 K del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página mil cien, Tomo VIII, correspondiente al mes de Octubre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En esas condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la nueva ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías, promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de los Magistrados de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ténganse por autorizados a ******************** y ********************, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, más no así para promover, toda vez que proporcionan en su escrito de demanda los datos correspondientes de los documentos que los autorizan a ejercer la profesión de licenciado en derecho, tal y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, como domicilio para tales efectos el ubicado en calle ******************** número ******************** (********************), en esta ciudad de Zacatecas.

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