Norberto Cuevas Rodríguez

Expediente 587/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
587/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Norberto Cuevas Rodríguez
  • Severo García Monfeda
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ciudad.
  • Eugenio Rodríguez Moreno
  • Norberto Cuevas Rodríguez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Se tiene recibido el oficio de cuenta, misiva signada por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 587/2022, promovido por ********************y ********************; asimismo, envía copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el toca de amparo en revisión laboral 105/2023. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, de la ejecutoria de mérito se aprecia que la superioridad por unanimidad de votos, resolvió bajo los siguientes puntos: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto a que este toca se contrae". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que para tal fin se lleva, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E". Por lo anterior, y al no quedar cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos se aprecia que el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se advierta documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico; lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados Por Los Órganos Jurisdiccionales, de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio. En ese orden, y para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, párrafo primero, fracción III, inciso a), del referido Acuerdo General, es decir, es susceptible de conservación. En tal virtud, de conformidad con el numeral 17, párrafo primero, en relación con el artículo 26, del ya citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, solicítese la transferencia de los presentes autos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en consecuencia, remítase al archivo de este juzgado hasta en tanto transcurra el plazo antes señalado. Aunado a lo anterior, y con fundamento en el artículo 34 del ya mencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la caratula de este expediente. Respecto al cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la substanciación del recurso referido, tomando en consideración que cumplió su objetivo, es decir, suplió al expediente principal durante la secuela del citado recurso, desglósense las actuaciones originales e intégrense a los autos del juicio principal, y remítase el citado cuaderno al archivo, mismo, que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido seis meses; ello, al carecer de valor institucional, histórico o de relevancia alguna y no aporta mayores elementos al acervo archivístico, ello de conformidad con lo establecido en el 20 fracción I, inciso a), del multicitado acuerdo general. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene recibido el oficio electrónico de cuenta recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", firmado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión, interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 587/2022, del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa; recurso que fue registrado como amparo en revisión laboral 105/2023; de ello, se toma nota, y glósese a los autos para que obre como constancia, quedando a la espera de que la superioridad resuelva dicho recurso.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, uno de diciembre de dos mil veintidós. Visto el escrito electrónico de cuenta, firmado por Jesús Montalván Ramírez, apoderado legal de los quejosos Norberto Cuevas Rodríguez, Severo García Monfeda y Eugenio Rodríguez Moreno; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha parte procesal interponiendo el recurso de revisión contra de la sentencia dictada en el presente juicio; con una copia simple del escrito de agravios fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original; distribúyanse las restantes entre las partes y una vez hechas las notificaciones correspondientes, remítase el original de dicho escrito, y una copia para el representante social federal así como los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en Turno, residente en esta ciudad, para la substanciación del citado. Háganse las anotaciones que corresponden en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E". En otro orden, se tiene recibido el oficio de cuenta firmado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual por economía procesal remite el oficio firmado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Álvarez, con residencia en Chilapa de Álvarez, Guerrero, ello, en razón de que no corresponde a ningún juicio del índice del Juzgado de suadscripción, sino de éste órgano de control constitucional; por tanto, se provee: Agréguese a los autos para que obre como constancia legal, el oficio firmado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Álvarez, con residencia en Chilapa de Álvarez, Guerrero, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho número de orden 554/2022, y de origen 283/2022 que se le envió para que en auxilio de las labores de este Juzgado, notificara el oficio 13282/2022, de quince de junio de dos mil veintidós, por el que se ordenó emplazar a juicio a la parte tercera interesada Ayuntamiento Municipal Constitucional del Chilapa de Álvarez, Guerrero. Asimismo, hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", y dese de baja la comunicación de mérito.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 587/2022, promovido por **** por conducto de su autorizado legal **** contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diez de junio de dos mil veintidós, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", y turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad el trece siguiente a este Juzgado Séptimo de Distrito, Norberto Cuevas Rodríguez, Severo García Monfeda y Eugenio Rodríguez Moreno, por conducto de su autorizado legal Jesús Montalván Ramirez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que a continuación se especifican: "AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "LA OMISION DE DICTAR LAS MEDIDAS EFICACES Y FIJAR EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION A SEGUIR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, SIN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO, en términos de los artículos 81, 95, 97 y 98 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales. LA NEGATIVA DE VINCULAR AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y AL CONGRESO DEL ESTADO AL CUMPLIMIENTO AL LAUDO, quien se encarga de ministrar los recursos económicos presupuestales a la demandada y por ello obligada a auxiliar a la responsable REALIZANDO LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CORRESPONDEINTES SOBRE EL RECURSO ASIGNADO A LA DEMANDADA PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL LAUDO; ASI COMO PROPONER Y SOLICITAR A LA SOBERANIA ESTATAL, LA PROGRAMACIÓN DE UNA PARTIDA ESPECIAL PARA HACER FRENTE A DICHO FALLO, CUYA EJECUCION ES IMPOSTERGABLE, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 4, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de quince de junio de dos mil veintidós, se radicó la demanda como juicio de amparo indirecto 587/2022, y se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado, y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, luego de diversos diferimientos, se inició en términos de la ley y concluye en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince; lo anterior en virtud de que el acto que se reclama es imputado a una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por razón de técnica jurídica y con el fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así, de la lectura íntegra a la demanda de amparo y constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que de manera categórica el quejoso se duele de: * La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en acordar el escrito de promoción presentado en su oficialía de partes el cuatro de febrero de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 577/2013, mediante los que medularmente solicitó fije el procedimiento a seguir para cumplir el laudo, así como que dicte medias necesarias para lograr dicho cumplimiento; y vincular al cumplimiento al Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y al Congreso del Estado. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no existir los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio estudio de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Es cierto el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado por conducto de su Presidenta, aceptó expresamente la existencia del mismo, manifestación que, para el aspecto que en este considerando interesa, resulta suficiente para tenerlo por cierto. Al efecto, resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las copias certificadas que remitió con su informe justificado la autoridad responsable en mención, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su cargo. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Procedencia del Juicio. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Sirve de sustento la Jurisprudencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, segunda parte, página 553, que al tenor dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." QUINTO. Conceptos de violación y estudio. Se procede a estudiar los argumentos de disenso contenidos en la demanda de amparo, los que no se transcriben en obvio de innecesarias repeticiones, pues no hay precepto legal que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción y tampoco se dejaría en estado de indefensión a alguna de las partes en el presente juicio constitucional. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis identificada con la nomenclatura 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que reza: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Precisado lo anterior, es de señalar que la parte quejosa aduce en síntesis, en sus conceptos de violación lo siguiente: Que el tribunal obrero transgrede sus derechos jurídicos establecidos en los artículos 1º, 14 y 16 principalmente el de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos, al no emitir acuerdo en el que fije el procedimiento a seguir para lograr la ejecución del aludo; así como vincular al cumplimiento al Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y al Congreso del Estado, ello, no obstante que está facultado para dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que sean posibles para lograr el efectivo cumplimiento del fallo. A consideración de este órgano de control constitucional, resultan fundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, atendiendo a las siguientes consideraciones: El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Del artículo transcrito se advierte, que nadie puede hacerse justicia por sí mismo, ni ejercer violencia para reclamar su derecho; por ello, el Estado creó tribunales para evitar la autotutela, los cuales tienen la obligación de impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, dictar resoluciones de manera pronta, expedita e imparcial, sin que su servicio requiera retribución alguna, a fin de garantizar al gobernado el acceso efectivo a la justicia, consistente en la posibilidad de ser parte en algún proceso e instar la función jurisdiccional, para luego cumplirse con sus fases procesales y obtener una decisión en la cual se resuelva sobre las pretensiones reclamadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 33, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 56 del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, actualización 2001, de la literalidad siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL". El citado derecho fundamental de acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, ha sido explicado y definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis L/2002, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, mayo de dos mil dos, página doscientos noventa y nueve, de rubro y texto: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Consecuentemente, la justicia pronta consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Se llega a esta conclusión, pues el precepto constitucional en comento, señala que la prontitud comprende, tanto el desarrollo del trámite o procedimiento, como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Ahora, en materia de términos y plazos, la norma fundamental remite a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la jurisprudencia 33, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, citada anteriormente. En ese contexto, es necesario señalar que, el numeral 91 de la Ley número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, establece que todos los términos serán de tres días, el cual es de la siguiente literalidad: "Artículo 91. Todos los términos serán de tres días con excepción de aquellos casos que a juicio del Tribunal deba autorizarse plazo mayor; correrán a partir del día siguiente a aquél en que se haga el emplazamiento, citación o notificación y se contará en ellos el día del vencimiento." Entonces, si de las constancias de autos no se advierte se haya acordado el escrito presentado ante la autoridad responsable el cuatro de febrero de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral de origen, cuestión que hasta la fecha de la presente resolución no ha realizado, dejando a un lado lo establecido en el artículo 91 de la Ley número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, pues ha rebasado con demasía el término general que señala de tres días y sin que exista constancia que se haya autorizado un plazo mayor para acordar dicho escrito; debe decirse que con tal omisión por parte del Tribunal responsable, evidentemente se traduce en una transgresión de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que engloba el artículo 17 Constitucional, en perjuicio de la parte quejosa. En ese orden, de conformidad con lo expuesto y fundado, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y protección constitucional para los efectos que se precisan en el considerando siguiente: SEXTO. Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe precisarse que en virtud de lo relatado en el considerando que antecede, procede conceder la protección federal solicitada, para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: A la brevedad posible, esto es, dentro de los plazos establecidos en el artículo 91, Ley Numero 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero (tres días), y con libertad de jurisdicción, emita el acuerdo que respecto del escrito de promoción presentado por la parte quejosa el cuatro de febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente natural 577/2013. Cabe apuntar, que este órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para analizar las subsecuentes condiciones de retardo u omisión que se originen dentro expediente natural, pues, de lo contrario, se contravendrían los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 63, 65 y 74 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior la tesis siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." SÉPTIMO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, en la publicación a que se refieren los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. La anterior circunstancia se hizo del conocimiento de las partes mediante auto de quince de junio de dos mil veintidós, mismo que fue notificado el veinticuatro siguiente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante usuario proporcionado para ello, como se constata de actuaciones. Por tanto, se tiene a la parte quejosa implícitamente conforme con que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de la sentencia. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción XXI, 62 y 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal; se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ***** contra el acto que ha quedado especificado en el segundo considerando de esta sentencia, y que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en términos de lo razonado en el considerando quinto, y para los efectos señalados en el sexto considerativo de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del último considerando del presente fallo. Notifíquese a todas las partes por lista, en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, por tratarse de una sentencia dictada en audiencia constitucional, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el sise, y anótese en el libro de registro.

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