Norberto Cazarez Díaz
Expediente 62/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 62/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Norberto Cazarez Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución por la que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO: PARTE QUEJOSA. AUTO DE VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede en el sentido que no obran en autos las notificaciones de la sentencia dictada el veintiuno de febrero de la presente anualidad, que se ordenó de manera personal, ni tampoco se advierte a la fecha, su integración en el apartado correspondiente (notificaciones) del expediente electrónico. En ese sentido, a fin de no dejar en estado de indefensión a la partes, comisiónese a diverso actuario y/o actuaria judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a fin de que realice la notificación correspondiente. Notifíquese personalmente y cúmplase. AUTO DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. I. Autoridad remite informe justificado. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde la autoridad responsable. II. Sobresee fuera de audiencia. Revisado que es el referido informe y las constancias que se adjuntan, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro, como se advierte a continuación: a. Fijación de la litis. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, el veintiuno de enero de dos mil veintidós, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, ***, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por los actos que a continuación se precisan: "ACTOS RECLAMADOS: a) y b).- LA H. JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO y LA H. PRESIDENTA DE LA H. JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, les reclamo: La omisión de pronunciarse o dictar acuerdo PARA ADMITIR PRUEBAS Y SEÑALAR FECHA PARA SU DESAHOGO". (Transcripción literal) b. Cesación de efectos. Tocante a los actos reclamados en esta vía, se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual estatuye el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de garantías. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, el acto reclamado consiste, en síntesis, en la omisión de dictar acuerdo para admitir pruebas así como señalar fecha para llevar a cabo el desahogo de las mismas. Ahora, del oficio de cuenta se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado, ya que la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de catorce de febrero de la anualidad en curso en el que proveyó lo relativo a la admisión de pruebas. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que como se estableció, la omisión de la que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo, fue subsanada con el dictado del citado auto. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la mencionada causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el escrito signado por el perito ****, mediante el cual remite la cotización correspondiente de sus honorarios. En esas condiciones, remítase copia simple del escrito de cuenta a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería, para su análisis y aprobación. Notifíquese.
- Principal
I. Autoridad remite informe justificado. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde la autoridad responsable. II. Sobresee fuera de audiencia. Revisado que es el referido informe y las constancias que se adjuntan, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro, como se advierte a continuación: a. Fijación de la litis. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, el veintiuno de enero de dos mil veintidós, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, ***, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por los actos que a continuación se precisan: "ACTOS RECLAMADOS: a) y b).- LA H. JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO y LA H. PRESIDENTA DE LA H. JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, les reclamo: La omisión de pronunciarse o dictar acuerdo PARA ADMITIR PRUEBAS Y SEÑALAR FECHA PARA SU DESAHOGO". (Transcripción literal) b. Cesación de efectos. Tocante a los actos reclamados en esta vía, se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual estatuye el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de garantías. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, el acto reclamado consiste, en síntesis, en la omisión de dictar acuerdo para admitir pruebas así como señalar fecha para llevar a cabo el desahogo de las mismas. Ahora, del oficio de cuenta se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado, ya que la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de catorce de febrero de la anualidad en curso en el que proveyó lo relativo a la admisión de pruebas. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que como se estableció, la omisión de la que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo, fue subsanada con el dictado del citado auto. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la mencionada causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
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