Norberto Alejandro Villanueva Leal

Expediente 871/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 20 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
871/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • Norberto Alejandro Villanueva Leal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por José de Jesús Morales Plascencia, en su carácter de autorizado en amplios términos de la parte quejosa, mediante el cual, reitera los medios de convicción ofertados en escrito de siete de junio de dos mil veintitrés. A lo anterior, deberá estarse a lo acorado en auto de ocho de junio de dos mil veintitrés, en el que se recibió el ocurso que refiere y se reservó proveer lo conducente en la etapa procesal correspondiente.

  2. Incidental

    V I S T O S, para resolver los autos del presente juicio de amparo 883/2021; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, Diego Said Garnica Bernachi, por derecho propio, presentó en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal, demanda en la que solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los acto que en ella precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en el artículo 1, 4, 14 y 123 de la Constitución Federal, expresando los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El uno de junio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda promovida, por lo cual solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; asimismo, se dio vista al representante social de la adscripción y, fijó día y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional. El nueve de julio de dos mil veintiuno, se admitió la ampliación de demanda promovida, motivo por el cual se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación y se notificó dicha determinación a la representación social. Seguido el juicio en todas sus etapas, el cuatro de mayo de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional y el siguiente ocho de agosto de la citada anualidad, se dictó sentencia, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, registrándolo como recurso de revisión 30/2023 y su adhesivo; por lo que en sesión de veinte de abril del año en curso, ordenó reponer el procedimiento para que este órgano jurisdiccional se allegara de diversos medios de prueba precisados por la superioridad. Así, recabada la información solicitada, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, en términos de los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 60, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 41/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia de trabajo -contra leyes-, en donde el acto de aplicación es dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a fijar la litis constitucional en la presente instancia de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000. En esas condiciones, del análisis integral del escrito de demanda, del de ampliación y de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se desprende que se reclama: - Del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; su Consejo de Administración y la Delegación VI -Jalisco-: el nuevo modelo de originación T1000 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), por el cual se efectúa la precalificación de crédito de vivienda de la parte quejosa. No se soslaya que al inicio de la demanda se advierta que la parte quejosa reclama la aprobación, expedición y promulgación del Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en particular el Transitorio Cuarto; así como la inconstitucionalidad del artículo 66 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda; así como la resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y entidades de fomento, publicada el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en particular su anexo 16. Sin embargo, del análisis integral del escrito de demanda y del diverso de ampliación, se advierte que en esencia, lo que reclama es el resultado no favorable obtenido con motivo del nuevo modelo de originación T1000 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), de ahí que, éste sea el acto reclamado y no el procedimiento legislativo. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a la Delegación VI -Jalisco-, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado; sin que el quejoso hubiere desvirtuado tal negativa, pues no allegó medio de convicción idóneo para acreditar su certeza. Aunado a que, no se desprende su participación en las disposiciones reclamadas, a dicha responsable, dado que su carácter de ente administrativo. Por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Cierto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" De la interpretación gramatical del precepto legal en cita, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Así, como se adelantó, en el caso, la autoridad responsable negó la existencia de los actos reclamados, con lo que se actualiza la citada causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, en virtud de que el peticionaria de amparo no probó la existencia del acto reclamado, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo, por las razones que la informan, las jurisprudencias 310 y 1a./J. 81/2002, que a continuación se transcribe: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Por tanto, al no acreditarse en autos la existencia del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto de aquél. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; así como a su Consejo de Administración, ya que así lo manifestaron al rendir su respectivo informe de ley; de ahí, que constituye una confesión, de acuerdo con lo señalado en el precepto 200 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. QUINTO. Análisis de causas de improcedencia que se actualiza. Las causas de improcedencia son cuestiones de orden público, las cuales deben analizarse preferentemente ante cualquier otro planteamiento lo aleguen o no las partes, como lo sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la jurisprudencia 814, que es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Del análisis de las constancias que integran el presente sumario constitucional, se advierte que respecto del diverso acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto recamado no es una norma u acto administrativo, pues sólo constituye una herramienta de cálculo que no genera ningún derecho o expectativa del mismo. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley;." Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;." Los citados dispositivos en su conjunto, establecen que el juicio de amparo procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Asimismo, se determina que se entenderá por normas generales, entre otras, los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; las leyes federales; las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; las leyes de los Estados y del Distrito Federal; los reglamentos federales; los reglamentos locales; y, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. De igual forma, se desprende que el gobernado tiene dos oportunidades para impugnar, entre otros actos, los ordenamientos legales, a saber: 1.- Por su sola entrada en vigor; y, 2.- Contra el primer acto de aplicación. Expuesto lo anterior, analizada la naturaleza del nuevo modelo de originación T1000 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), por el cual se efectuó la precalificación de crédito de vivienda y su contenido, lo cual es propio del órgano jurisdiccional, dado que no puede dejarse a criterio de la quejosa el determinar la naturaleza del mismo. En ese sentido, debe decirse que el nuevo modelo de originación T1000 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) es un método o modelo de proyección de riesgos interno que, a través de un sistema de puntaje, permite al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), colocar a los derechohabientes dentro de categorías definidas para determinar en qué momento es viable el otorgamiento de un crédito y las condiciones del mismo. Asimismo, de las constancias remitidas por la responsable, se puede apreciar que el modelo de originación T-1000 no es el origen de un derecho de crédito ni mucho menos lo limita, pues únicamente brinda información que permite perfilar al derechohabiente respecto del riesgo crediticio que tiene; por ello, solo se trata de un modelo predictivo. En efecto, el modelo de originación crediticia es un sistema de perfilamiento que el referido Instituto utiliza para que, desde una perspectiva de riesgos, se determine qué personas tienen la probabilidad más alta de cumplir con sus obligaciones; y así, perfilar la oferta de los financiamientos más adecuados conforme a su situación. Por su parte, la "precalificación", consiste en poner a disposición de los trabajadores derechohabientes las herramientas y medios de carácter informativo para conocer su posible capacidad de acceso al crédito y el monto del mismo en un momento determinado, a través de canales establecidos en la normativa aplicable e información o asesorías de las alternativas de financiamiento vigentes, así como requisitos documentales. De ese modo, el carácter informativo de la precalificación muestra al derechohabiente el posible monto de crédito al que tendría derecho si inscribiera su crédito en ese momento, pero no le genera ningún derecho o expectativa de derecho, toda vez que las variables que dieron lugar a esa precalificación pueden no seguir vigentes al momento de la inscripción del crédito. Por ejemplo, si entre la precalificación y la inscripción el derechohabiente cumple años, esto afectará la calificación de riesgos y la cantidad del préstamo al momento de la inscripción será menor a la de la precalificación, o a la inversa, el derechohabiente puede haberse beneficiado con un aumento de sueldo entre la precalificación y la inscripción, y en este caso, la cantidad a prestar será mayor que la de la precalificación. De igual forma, las condiciones que un trabajador tiene al precalificarse pueden modificarse posteriormente, como en el caso concreto, y en una segunda o posterior precalificación, puede variar el monto del crédito, o como en la especie el trabajador puede no reunir los requisitos para un otorgamiento de crédito, como en el caso de pérdida de relación laboral. En ese sentido, es patente que el nuevo modelo de originación T1000 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), por el cual se efectuó la precalificación de crédito de vivienda, es sólo una herramienta de cálculo de riesgo crediticio, es decir, una metodología predictiva que se utiliza como herramienta informática de proyección de otorgamiento de créditos, atendiendo al puntaje y estatus del aspirante del crédito de vivienda, el cual puede variar de un día para otro. Ahora, para que el nuevo modelo de originación T1000 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), por el cual se efectuó la precalificación de crédito de vivienda sea una norma o acto administrativo, debe de gozar de las características de aquélla, a saber: generalidad, abstracción e impersonalidad, lo que en la especie no sucede. Se explica. La generalidad, se refiere a que la norma o acto permanece después de su aplicación, esto es, debe aplicarse cuantas veces se dé el supuesto previsto sin distinción de personas; en cuanto a la abstracción, se traduce en que la ley, norma o acto se refiere a un número indeterminado e indeterminable de casos, y la impersonalidad implica que está dirigida a una pluralidad de personas también indeterminadas o indeterminables. En el caso, del nuevo modelo de originación impugnado, se desprende que no está dirigido a todos los trabajadores de la iniciativa privada que coticen sus fondos ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); es decir, no va dirigido a una persona en particular o determinada o a una pluralidad de sujetos; tampoco se refiere a un número indeterminado e indeterminable de casos y no conllevaba ninguna aplicación, pues se trata de sólo una herramienta de cálculo. En ese sentido, el modelo reclamado no es un acto administrativo, ni contiene características de una norma general, toda vez que no contiene disposiciones creadoras de situaciones jurídicas de carácter general, abstracto e impersonal cuya aplicación es permanente hasta en tanto concluya su vigencia. De ahí que dicho modelo no se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación ni en ninguna otra publicación o gaceta oficial, puesto que no genera obligatoriedad alguna, es decir, no se trata de una disposición vinculante, sino de una herramienta de apoyo y meramente informativa para quienes pretendan obtener un crédito de vivienda, previamente a solicitarlo formalmente al Instituto señalado como responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la Jurisprudencia siguiente: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA LEY O DECRETO, NO BASTA CON ATENDER A LA DESIGNACIÓN QUE SE LE HAYA DADO AL MOMENTO DE SU CREACIÓN, SINO A SU CONTENIDO MATERIAL QUE LO DEFINA COMO NORMA DE CARÁCTER GENERAL. Para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad es preciso analizar la naturaleza jurídica del acto impugnado y, para ello, es necesario tener en cuenta que un acto legislativo es aquel mediante el cual se crean normas generales, abstractas e impersonales. La ley refiere un número indeterminado e indeterminable de casos y va dirigida a una pluralidad de personas indeterminadas e indeterminables. El acto administrativo, en cambio, crea situaciones jurídicas particulares y concretas, y no posee los elementos de generalidad, abstracción e impersonalidad de las que goza la ley. Además, la diferencia sustancial entre una ley y un decreto, en cuanto a su aspecto material, es que mientras la ley regula situaciones generales, abstractas e impersonales, el decreto regula situaciones particulares, concretas e individuales. En conclusión, mientras que la ley es una disposición de carácter general, abstracta e impersonal, el decreto es un acto particular, concreto e individual. Por otra parte, la generalidad del acto jurídico implica su permanencia después de su aplicación, de ahí que deba aplicarse cuantas veces se dé el supuesto previsto, sin distinción de persona. En cambio, la particularidad consiste en que el acto jurídico está dirigido a una situación concreta, y una vez aplicado, se extingue. Dicho contenido material del acto impugnado es el que permite determinar si tiene la naturaleza jurídica de norma de carácter general." También se debe decir que el nuevo modelo de originación T1000 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), por el cual se efectuó la precalificación de crédito de vivienda, no genera ningún derecho ni expectativa de derecho. Sobre esto, conviene abundar en el concepto de derechos adquiridos, confrontándolo con el de expectativa de derechos, entendiéndose por lo primero (derecho adquirido) al acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; en tanto que el segundo (expectativa de derechos) constituye una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado. Esto es, un derecho adquirido es la ventaja o bien jurídico o material de que es poseedor el titular de un derecho, que figura en su patrimonio y que no puede ser desconocido por el causahabiente, por el hecho de un tercero y, ni siquiera, por la propia ley, ya que esos derechos adquiridos se regirán siempre por la ley a cuyo amparo nacieron y entraron a formar parte del patrimonio de las personas, aun cuando esa ley hubiese dejado de tener vigencia al haber sido substituida por otra diferente. En cambio, una nueva ley podrá afectar simples expectativas de derecho, es decir, aquellas situaciones que aún no se han realizado o consecuencias no derivadas de los supuestos regulados en la ley anterior, sin que se considere retroactiva en perjuicio del gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 53, tomo 145-150, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; la expectativa del derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado." Así como la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo CII, consultable en la página 1741, que dispone: "DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO. Se deben entender por derechos adquiridos, las ventajas o bienes jurídicos o materiales de que es poseedor un titular del derecho, y que figuran en su patrimonio, y que no pueden ser desconocidos por el causahabiente o por el hecho de un tercero o por la ley, debiéndose entender por esperanza o expectativa de adquirir un derecho, la posibilidad jurídica de obtener una ventaja o bien, que todavía no se realiza. La doctrina aclara estas nociones con el siguiente ejemplo: La pretensión que una persona puede tener sobre los bienes de otra persona que vive aún, en virtud de un legado que le ha designado ésta, constituye una simple expectativa o esperanza, cuyo beneficio puede ser desconocido, por el autor del legado o bien por una nueva ley; por el contrario, la muerte del testador transforma esta esperanza o expectativa en un derecho adquirido que no puede desconocer una nueva ley. Por lo anterior se ve con claridad que sobre esta cuestión no se puede dar fórmula matemática, pues en realidad se trata de un problema jurídico complejo, y que en cada caso particular, el juzgador debe examinar y aquilatar los motivos de utilidad social que contribuyen a la aplicación inmediata de la ley nueva, por una parte, y por la otra, el valor de los intereses particulares que aspiran a protegerse en las normas de la antigua ley. Por lo anterior, es que el modelo de originación T1000 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), por el cual se efectuó la precalificación de crédito de vivienda, no genera ningún derecho ni expectativa de derecho, pues como ya se dijo en párrafos que anteceden se trata de un método o sistema de perfilamiento que toda institución que otorga créditos utiliza para determinar, dentro de un universo de solicitantes y desde una perspectiva de riesgos, qué personas tienen la probabilidad más alta de cumplir con sus obligaciones; y así, perfilar la oferta de los financiamientos más adecuados conforme a su situación. En consecuencia de todo lo anterior, se concluye que el acto reclamado nuevo modelo de originación T1000 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), por el cual se efectuó la precalificación de crédito de vivienda, no tienen naturaleza de una norma u acto administrativo, pues sólo constituye una herramienta de cálculo que no genera ningún derecho o expectativa del mismo. A mayor abundamiento, debe decirse que la precalificación de crédito de vivienda de la aquí quejosa con motivo del modelo de originación T1000 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, pues para ello es necesario que se solicite el crédito de vivienda ante dicho Instituto y además que dicha solicitud sea rechazada. En efecto, de la página de internet del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), se desprende que para que se pueda llevar a cabo el crédito de vivienda es necesario lo siguiente: 1.- Encontrar el crédito Infonavit más conveniente a sus necesidades. A tales fines, la persona se debe de informar sobre los diversos usos a los que se puede destinar cada uno de ellos; 2.- Elegir el crédito de vivienda específico, a saber: Infonavit, Infonavit Total, Cofinavit ingresos adicionales, Cofinavit, Crédito Seguro, Tu 2do Crédito y Mejoravit; 3.- Dar acceso al historial crediticio (opcional); 4.- Ser un derechohabiente Infonavit; 5.- Contar con un empleo formal en vigencia (próximamente no va a ser necesario); 6.- Poseer determinados puntos Infonavit o más (se consigue en tres bimestres cotizados, aproximadamente); 7.- Completar el cuestionario API (Asesoría personalizada Infonavit); 8.- Cursar el taller en línea Saber para decidir; 9.- Contar con dos referencias personales; 10.- Acatar el programa 'Hipoteca verde'; 11.- Firmar la autorización para consultas en Sociedades crediticias (ahora es opcional); 12.- Si decides el Crédito Mejoravit, se necesita, además: - Que la edad del derechohabiente, sumado el plazo de devolución del crédito, no sea mayor a los 65 años. - Haber liquidado adecuadamente anteriores préstamos Infonavit. - Que la vivienda en la que se realicen las mejoras sea propiedad del derechohabiente o, en su defecto, de un cónyuge o familiar cercano. 13.- Si decides "Tú Segundo Crédito", se necesita, además: - Dos años de cotización ininterrumpida. - Encontrarse a más de medio año de haber cancelado el anterior crédito Infonavit. - Haber cumplido con los pagos anteriores. - Tener o no superar los 65 años de edad. 14.- Hacer la precalificación correspondiente; 15.- Reunir, además, la siguiente información: a) Si eres derechohabiente: - La solicitud de inscripción del crédito (solicitud especial para Mejoravit) - Su acta de nacimiento (original más fotocopia) - Documento de identidad (puede ser INE/IFE o pasaporte) b) Si es crédito conyugal: - Su acta de nacimiento (original y fotocopia) - Documento de identidad (puede ser INE/IFE o pasaporte) - El acta de matrimonio que comparte con el derechohabiente (original y fotocopia) 16.- Finalmente, presentar la solicitud de inscripción de crédito (completa y firmada) en la sucursal Infonavit que se desee con toda la documentación referida y que le corresponda. Así, es incuestionable que no existe la afectación de dicha precalificación, pues de autos no se puede advertir que la quejosa ya haya solicitado alguno de los créditos de vivienda que existen y que éstos le hayan sido negados. Por todo lo anteriormente, se sobresee en el juicio por lo que respecta al acto reclamado consistente en el nuevo modelo de originación T1000 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, es de señalarse que ante el sobreseimiento decretado, este Juzgado Federal se encuentra impedido para analizar los conceptos de violación relacionados con los actos reclamados. Sustenta dicha determinación, la tesis de jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Ante ello y en razón de lo expuesto y fundado con apoyo además en los numerales 1o, 63, 73 a 79, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, contra los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el considerando segundo y por las razones contenidas en los diversos, tercero y quinto. Notifíquese.

  3. Incidental

    Ténganse por recibidos los comunicados que signan el Coordinador Jurídico H, de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Consejería del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en representación del Gobernador Constitucional del Estado, así como el Director de Asuntos Jurídicos, en representación del Congreso del Estado de Jalisco, respectivamente, mediante los cuales, informan la imposibilidad que tienen para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que no están obligados a realizar materialmente acto alguno, debido a que únicamente participaron en el proceso legislativo de la norma general impugnada, razón por la cual sólo pueden dar cumplimiento de manera pasiva; en consecuencia, se agrega a los autos los oficios de cuenta para los efectos a que haya lugar, estando a la espera de que la autoridad vinculada cumpla con lo requerido por este órgano federal.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Téngase por recibido el oficio signado por la responsable, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. Se da vista a las partes. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido; en la inteligencia de que los autos quedan a su disposición en la secretaría de este órgano jurisdiccional y hágase la relación correspondiente en la audiencia constitucional, para los efectos legales conducentes. Designación de delegados. Se tiene, como delegados en términos del numeral 9 de la ley la materia a las personas que refiere en su oficio de cuenta. Autorización de uso de medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y como lo peticiona la autoridad oficiante, se le autoriza el uso de medios electrónicos tales como cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares con dispositivos fotográficos o similares con el fin de reproducir las actuaciones que obran en el presente expediente, previo razón de uso que dejen en autos. En el entendido, que deberá contar con los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión este reservada por disposición legal. Asimismo, dígasele a la solicitante que el uso que le dé a las copias obtenidas como cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Resulta aplicable en el presente caso la siguiente tesis que establece: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese.

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