Norberta Nava Campos

Expediente 135/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
135/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
01/06/2022

Partes del expediente

  • Norberta Nava Campos
  • Katya Melendez Tapia

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Lo anterior, comuníquese a las partes, y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo Octavo, artículo 20, fracción II inciso a), del Acuerdo General antes mencionado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el Capítulo Octavo Artículo 21, inciso C), del citado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido toda vez que tanto en la suspensión provisional como definitiva se determinó negarlas. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas que adjunto a su informe justificado, las cuales y dada su voluminosidad y para su mejor manejo se ordenó formar por separado en tres anexos, sin que sea necesario acusar recibo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria Karina Vanessa Corona Alday, que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Al haber transcurrido el término concedido a la parte TERCERA INTERESADA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído y/o resolución en cuestión; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, veinte de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obra en el expediente la constancia de notificación de la parte quejosa y la tercero interesada, así como el acuse de recibo de los oficios girados a las autoridades responsables respecto de la sentencia dictada por el este Juzgado el día veintinueve de enero de dos mil veintiuno. En ese sentido, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, notifíquese personalmente a las partes procesales antes referidas y mediante oficio a las autoridades responsables la determinación de mérito esto con las copias de dicha determinación, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente la sentencia dictada en el presente sumario en los términos indicados. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la licenciada Karina Vanessa Corona Alday secretario que autoriza y da fe.- Doy fe. SENTENCIA DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO; " R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de enero de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Norberta Nava Campos, José Alejandro Meléndez Nava y Blanca Delia Meléndez Nava, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La resolución dictada con fecha trece de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del toca civil 952/2019-4 formado con motivo del recurso de apelación. en contra de la sentencia interlocutoria de fecha veintiséis de agosto del dos mil diecinueve, y su aclaración de fecha dos de septiembre del mismo año, . en los autos del expediente 169/2018-1,. su ejecución..." SEGUNDO. El cuatro de febrero de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 135/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables:  La resolución interlocutoria de trece de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca civil 952/2019-4, que confirma la diversa de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve y su aclaración de sentencia de dos de septiembre de ese año, que declara válido el testamento abierto otorgado por Clemente Meléndez Solorio y como única y universal heredera testamentaria a Katya Meléndez Tapia y albacea, en el expediente 169/2018-1 y su acumulado 61/2019-1. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos atribuidos a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, pues así lo reconocieron en su informe con justificación, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañaron; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al efecto, este juzgador oficiosamente advierte que frente a la resolución reclamada (de trece de diciembre de dos mil diecinueve), se actualiza una causal de improcedencia. Dicha hipótesis es la que se establece en el artículo 61, fracción XXIII, interpretada en relación al diverso numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio es improcedente, entre otros casos, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la ley. En relación con lo anterior, es aplicable la tesis de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". Por otra parte, el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, establece la procedencia del juicio constitucional respecto de actos cuya ejecución sea de imposible reparación. El aludido dispositivo define a tales actos como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Con la finalidad de alcanzar un óptimo entendimiento del tópico en cuestión, es menester remembrar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA')", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P / J 4/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo anterior, implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Las reflexiones precedentes se sustentan en la tesis de jurisprudencia del rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P / J 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P / J 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora bien, en tratándose de juicios sucesorios, debe precisarse, que existen diferentes etapas o secciones dentro del proceso, debido a su naturaleza, las cuales son: 1. La sucesión; 2. La de inventarios y avalúos; 3. La de administración, y; 4. La de partición y adjudicación. Por tanto, es con esta última sección, con la que finaliza el juicio, de manera que no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento, ya que, cada una de las referidas etapas, se decide por separado a través de la resolución respectiva. De ahí que, cuando se producen violaciones procesales dentro de cada una de las mencionadas etapas, deben combatirse a través del juicio de amparo indirecto, cuando el acto reclamado sea precisamente esa resolución que puso fin a determinada sección, ya que, si se impugnara tal violación de manera inmediata, previo al dictado de dicha resolución, el amparo indirecto, por regla general, resulta improcedente, de conformidad a lo establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Ciertamente, pues acorde a lo expuesto en líneas precedentes, la irreparabilidad de la violación que se irrogue, solamente se puede establecer mediante el análisis de la determinación con la que haya culminado la etapa o sección correspondiente del juicio sucesorio, o la que representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente. Las ideas expuestas en líneas precedentes, encuentran sustento, en la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro puntualiza: "SUCESIONES. SÓLO LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO". Criterio cuyos alcances fueron ampliados en la tesis siguiente: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN". Por tanto, tomando como parámetro las anteriores consideraciones de derecho, la resolución de alzada aquí reclamada de trece de diciembre de dos mil diecinueve, que si bien confirma la diversa de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve y su aclaración de dos de septiembre de ese año, resuelve la etapa de reconocimiento de herederos y validación de testamento bajo la escritura pública treinta mil trescientos cuarenta y tres y nombramiento de albacea, de su contenido se advierte que la propia responsable como el juez natural determinan que no es definitiva, pues está supeditada a lo que se resuelva en el juicio acumulado 61/2019-1, relativo al juicio familiar de nulidad de testamento respecto a la escritura pública 30,343 volumen 383 que contiene el testamento público abierto, no constituye la que resuelve de fondo la sección primera del juicio sucesorio de origen, al ser emitida de manera provisional, por encontrarse pendiente de resolver el juicio 61/2019, de nulidad de testamento abierto del titular de la sucesión, que se encuentra acumulado al juicio testamentario 169/2018-1, juicios que si bien están acumulados conservan su autonomía, para obrar libremente dentro del proceso, y, únicamente es para el efecto de no emitir sentencias que puedan ser incompatibles, razón por la cual no puede ser analizada en el juicio de amparo, dado que no es de imposible reparación, pues no afecta ningún derecho sustantivo, al tratarse de una determinación provisional sujeta a lo que se resuelva en la impugnación de nulidad de testamento en el juicio 61/2019-1, que se encuentra en trámite. Para comprender a plenitud el anterior aserto, es menester poner en contexto lo actuado en la instancia de origen, en lo relativo a su segunda sección, al tenor de los siguientes antecedentes: 1. Por acuerdo de nueve de mayo de dos mil dieciocho, la responsable formó el expediente 169/2018-1, donde Norberta Nava Campos, acudió a denunciar la sucesión intestamentaria del de cujus Clemente Meléndez Solorio (fojas 2 a 11 del anexo 1). 2. Por escrito de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, la presunta heredera Viridiana Meléndez Tapia, se apersona al juicio y entre otras cosas señala que encontró el testamento de su padre bajo la escritura pública 30,343, de la fe del Notario público Nueve, de la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, donde refiere designó como única heredera a Katya Meléndez Tapia (foja 67 a 82 del anexo 1). 3. En acuerdo e trece de junio de dos mil diecinueve, al recibir la escritura pública 30,343 ante la fe del Notario Público Nueve de la ciudad de Acapulco, Guerrero, determinó sobreseer el juicio en cuanto a la intestamentaria y la apertura del juicio sucesorio (fojas 216 del anexo 1). 4. Mediante acuerdo de once de julio de dos mil diecinueve, el juez natural tuvo por recibido el expediente 61/2019, que se acumula al juicio 169/2018-1 (foja 302 del anexo 1). 5.- El veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, el juez responsable en sentencia interlocutoria provisional resolvió los autos del expediente 169/2018-1, relativo a la validez del testamento, reconocimiento de herederos y designación de albacea, donde determinó: ". De esa guisa, es dable otorgarle valor probatorio a la documental pública que se analiza (testamento público abierto), por resultar válido en términos del artículo 553 del Código Familiar vigente del Estado de Morelos; sin pasar desapercibido para esta autoridad que actualmente existe un juicio de nulidad de testamento promovido por la aquí denunciante, sin embargo, debe precisarse que a la data no existe sentencia en la cual se determine que dicho testamento es nulo, siendo menester referir que en el supuesto en que dicha acción resultaré procedente tiene como efectos retrotraer el juicio, razón por la cual, no se violentaría los derechos de las partes, sin que esto se entienda como prejuzgar la acción. . .PRIMERO: Este Juzgado Primero Civil., es competente. SEGUNDO: Se declara válido el testamento otorgado por CLEMENTE MELÉNDEZ SOLORIO y como única y universal heredera testamentaria de los bienes, derechos y posesiones del autor de la herencia a KATYA MELÉNDEZ NAVA, en su calidad de descendiente en primer grado del de cujus (hija). TERCERO: Se designa como ALBACEA TESTAMENTARIA a KATYA MELÉNDEZ TAPÍA." Aclaración de dos de septiembre de dos mil diecinueve, para corregir el nombre de la heredera universal para quedar como KATYA MELÉNDEZ TAPÍA (foja 361 a 380 del anexo 1). 6.- Por escrito recibido por la responsable el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, la presunta heredera Norberta Nava Campos, interpuso recurso de apelación contra la interlocutoria de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, que correspondió conocer a la Primera Sala responsable que en el toca civil 952/2019-4, resolvió el trece de diciembre de dos mil diecinueve (foja 409 a 416 del anexo 1), que en lo que interesa decretó: ". Vistos para resolver los autos del toca civil número 952/2019-4, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la denunciante NORBERTA NAVA CAMPOS,. contra la sentencia interlocutoria de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve y su aclaración de dos de septiembre del mismo año, dictada por el Juez Primero Civil. en los autos del expediente 169/2018-1 y 61/2019 /acumulados), relativo a la primera sección correspondiente a la validez del testamento, reconocimiento de herederos y designación de albacea, en la sucesión testamentaria a bienes de Clemente Meléndez Solorio, denunciada por Norberta Nava Campos, en su carácter de cónyuge. RESULTANDO: CONSIDERANDOS; (.) En el caso, la juez no lo encontró necesario, considerando que, en el supuesto de ser procedente la acción principal en el juicio acumulado 61/2019, tendrá como efectos retrotraer el juicio, por lo que no se violentaría derechos de las partes, sin que eso signifique prejuzgar sobre la acción, lo cual es permitido, pues en aras de no retrasar el proceso judicial e impartir una justicia pronta y expedita, se encuentra con esa potestad de decisión y no como una obligación de hacer, lo cual dependerá de las circunstancias de cada caso, sin que esto signifique que, posterior a esta determinación, la juez quede impedida para suspender total o parcialmente el procedimiento si lo considera necesario, a fin de resolver el asunto acumulado -16/2019-, y estar en condiciones de pronunciarse en el presente asunto. Por lo expuesto y razonado con anterioridad, esta alzada declara como ya se mencionó que resulta infundados los agravios hechos valer por los recurrentes, en consecuencia se confirma la sentencia interlocutoria de fecha veintiséis de agosto de dos mil diecinueve y su aclaración de dos de septiembre del mismo año,." De lo reseñado con antelación se pone de relieve que la determinación motivo de reclamo, surgió en la primera sección del juicio sucesorio testamentario a bienes de Clemente Meléndez Solorio, relativo al expediente judicial número 169/2018-1 y su acumulado 61/2019-1, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia, del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, y que resuelve la primera sección declaró aprobado el testamento abierto bajo la escritura pública 30,343, como única y universal heredera Katya Meléndez Tapia, así como albacea, la que no es definitiva, al precisar la juez natural y confirma la Sala responsable se trata de una determinación provisional, sujeta a los efectos que resuelva el juicio 61/2019, que impugna el testamento en mención. Dicha determinación, como se vio, si bien resuelve la primera etapa en el juicio sucesorio, también lo es que, en la parte considerativa tanto de la interlocutoria de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, resuelta por el juez natural precisó que la determinación adoptada no es definitiva sino provisional en razón a que está supeditado a lo que se resuelva en él juicio acumulado 61/2019-1, que impugna la validez del testamento abierto, que de resultar procedente, los efectos sería retrotraer el juicio, es decir, que de resultar con sentencia favorable a los quejosos, el juicio testamentario 169/2018-1, volvería a la primera etapa del sucesorio, para con todos los herederos con derechos el juez natural resuelva la primera etapa que podrá de considerarlo las partes ser impugnable mediante el recurso que proceda. Por ello, no se violentan derechos de las partes, así la Primera Sala responsable en la interlocutoria de trece de diciembre de dos mil diecinueve, determinó confirmar dicha resolución, manifestando también que el acto reclamado no es definitivo sino provisional, pues de resultar procedente el juicio 61/2019-1, los efectos son retrotraer el juicio a la primera etapa, y por ello, confirma la resolución que aquí se reclama. Ello, sin lugar a dudas, no trastoca los derechos fundamentales de los impetrantes de amparo. Lo anterior, si se considera que la primera sección del sucesorio de origen, no está resuelta en definitiva, de tal manera que la interlocutoria reclamada sólo deriva en una cuestión adjetiva o procesal, que no es impugnable en esta instancia constitucional, ni aun cuando se estimare que se hayan lesionado derechos adjetivos en grado predominante o superior, al señalar los quejosos que no se respetaron los preceptos legales 551 fracción II, 717 fracción II y 728 del Código Procesal Familiar vigente, debió reservar la decisión de la primera etapa y nombramiento de albacea, sin embargo, la responsable precisa que si bien los juicios 169/2018 y 61/2019, están acumulados conservan su autonomía procesal, y el efecto de ella es no dictar sentencias incompatibles; pues en términos del numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no es razón suficiente para estimar procedente este juicio constitucional, además el propio artículo 718 señala que de impugnar el testamento por alguna de las partes, dictara resolución provisional, así como que la objeción no suspenderá los trámites del juicio sucesorio, sino sólo en la adjudicación de los bienes. Luego, si el acto reclamado solamente se trata de una determinación intraprocesal acaecido durante el trámite de la primera sección del testamentario de origen, misma que concluirá hasta en tanto se resuelve el juicio 61/2019-1, donde la denunciante y otros impugnan la validez del testamento abierto bajo la escritura pública 30,343, que de resultar procedente los efectos son retrotraer el juicio para volver a resolver la primera etapa del juicio sucesorio 169/2018; es inconcuso que los efectos que trajo consigo la resolución reclamada, únicamente son de índole adjetivo, ya que la prosecución del procedimiento, no genera una afectación directa a derechos fundamentales, sino en todo caso, tal efecto lo podrá causar la determinación que concluya la sección en comentario. Sin que tampoco la resolución reclamada sea autónoma o se oponga a la resolución de la primera sección del juicio testamentario de origen. Ello, considerando que resolvió de manera provisional la primera sección en términos del artículo 718 del Código Procesal Familiar, por lo que es concluyente que se ocupó de dilucidar un tópico propio de esa fase procedimental, que además, permitiría su tránsito hacia su resolución definitiva; de ahí que tampoco se oponga a su conclusión sino hasta la adjudicación donde tendría que suspenderse. Máxime que los motivos de disenso expresados en la demanda de amparo se dirigen a controvertir el tema relacionado con la nulidad del testamento interpuesta, y no con temas ajenos a dicho tópico que hubieran sido abarcado en la resolución materia del acto reclamado. En ese contexto, es incuestionable que, en el caso, se surte la causal de improcedencia al inicio de este considerando invocada, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintinueve de enero de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obra en el expediente la constancia de notificación de la parte quejosa y la tercero interesada, así como el acuse de recibo de los oficios girados a las autoridades responsables respecto de la sentencia dictada por el este Juzgado el día veintinueve de enero de dos mil veintiuno. En ese sentido, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, notifíquese personalmente a las partes procesales antes referidas y mediante oficio a las autoridades responsables la determinación de mérito esto con las copias de dicha determinación, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente la sentencia dictada en el presente sumario en los términos indicados. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la licenciada Karina Vanessa Corona Alday secretario que autoriza y da fe.- Doy fe. VJRH

  4. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de enero de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Norberta Nava Campos, José Alejandro Meléndez Nava y Blanca Delia Meléndez Nava, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La resolución dictada con fecha trece de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del toca civil 952/2019-4 formado con motivo del recurso de apelación. en contra de la sentencia interlocutoria de fecha veintiséis de agosto del dos mil diecinueve, y su aclaración de fecha dos de septiembre del mismo año, . en los autos del expediente 169/2018-1,. su ejecución..." SEGUNDO. El cuatro de febrero de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 135/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables:  La resolución interlocutoria de trece de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca civil 952/2019-4, que confirma la diversa de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve y su aclaración de sentencia de dos de septiembre de ese año, que declara válido el testamento abierto otorgado por Clemente Meléndez Solorio y como única y universal heredera testamentaria a Katya Meléndez Tapia y albacea, en el expediente 169/2018-1 y su acumulado 61/2019-1. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos atribuidos a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, pues así lo reconocieron en su informe con justificación, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañaron; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al efecto, este juzgador oficiosamente advierte que frente a la resolución reclamada (de trece de diciembre de dos mil diecinueve), se actualiza una causal de improcedencia. Dicha hipótesis es la que se establece en el artículo 61, fracción XXIII, interpretada en relación al diverso numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio es improcedente, entre otros casos, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la ley. En relación con lo anterior, es aplicable la tesis de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". Por otra parte, el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, establece la procedencia del juicio constitucional respecto de actos cuya ejecución sea de imposible reparación. El aludido dispositivo define a tales actos como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Con la finalidad de alcanzar un óptimo entendimiento del tópico en cuestión, es menester remembrar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA')", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo anterior, implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Las reflexiones precedentes se sustentan en la tesis de jurisprudencia del rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora bien, en tratándose de juicios sucesorios, debe precisarse, que existen diferentes etapas o secciones dentro del proceso, debido a su naturaleza, las cuales son: 1. La sucesión; 2. La de inventarios y avalúos; 3. La de administración, y; 4. La de partición y adjudicación. Por tanto, es con esta última sección, con la que finaliza el juicio, de manera que no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento, ya que, cada una de las referidas etapas, se decide por separado a través de la resolución respectiva. De ahí que, cuando se producen violaciones procesales dentro de cada una de las mencionadas etapas, deben combatirse a través del juicio de amparo indirecto, cuando el acto reclamado sea precisamente esa resolución que puso fin a determinada sección, ya que, si se impugnara tal violación de manera inmediata, previo al dictado de dicha resolución, el amparo indirecto, por regla general, resulta improcedente, de conformidad a lo establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Ciertamente, pues acorde a lo expuesto en líneas precedentes, la irreparabilidad de la violación que se irrogue, solamente se puede establecer mediante el análisis de la determinación con la que haya culminado la etapa o sección correspondiente del juicio sucesorio, o la que representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente. Las ideas expuestas en líneas precedentes, encuentran sustento, en la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro puntualiza: "SUCESIONES. SÓLO LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO". Criterio cuyos alcances fueron ampliados en la tesis siguiente: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN". Por tanto, tomando como parámetro las anteriores consideraciones de derecho, la resolución de alzada aquí reclamada de trece de diciembre de dos mil diecinueve, que si bien confirma la diversa de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve y su aclaración de dos de septiembre de ese año, resuelve la etapa de reconocimiento de herederos y validación de testamento bajo la escritura pública treinta mil trescientos cuarenta y tres y nombramiento de albacea, de su contenido se advierte que la propia responsable como el juez natural determinan que no es definitiva, pues está supeditada a lo que se resuelva en el juicio acumulado 61/2019-1, relativo al juicio familiar de nulidad de testamento respecto a la escritura pública 30,343 volumen 383 que contiene el testamento público abierto, no constituye la que resuelve de fondo la sección primera del juicio sucesorio de origen, al ser emitida de manera provisional, por encontrarse pendiente de resolver el juicio 61/2019, de nulidad de testamento abierto del titular de la sucesión, que se encuentra acumulado al juicio testamentario 169/2018-1, juicios que si bien están acumulados conservan su autonomía, para obrar libremente dentro del proceso, y, únicamente es para el efecto de no emitir sentencias que puedan ser incompatibles, razón por la cual no puede ser analizada en el juicio de amparo, dado que no es de imposible reparación, pues no afecta ningún derecho sustantivo, al tratarse de una determinación provisional sujeta a lo que se resuelva en la impugnación de nulidad de testamento en el juicio 61/2019-1, que se encuentra en trámite. Para comprender a plenitud el anterior aserto, es menester poner en contexto lo actuado en la instancia de origen, en lo relativo a su segunda sección, al tenor de los siguientes antecedentes: 1. Por acuerdo de nueve de mayo de dos mil dieciocho, la responsable formó el expediente 169/2018-1, donde Norberta Nava Campos, acudió a denunciar la sucesión intestamentaria del de cujus Clemente Meléndez Solorio (fojas 2 a 11 del anexo 1). 2. Por escrito de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, la presunta heredera Viridiana Meléndez Tapia, se apersona al juicio y entre otras cosas señala que encontró el testamento de su padre bajo la escritura pública 30,343, de la fe del Notario público Nueve, de la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, donde refiere designó como única heredera a Katya Meléndez Tapia (foja 67 a 82 del anexo 1). 3. En acuerdo e trece de junio de dos mil diecinueve, al recibir la escritura pública 30,343 ante la fe del Notario Público Nueve de la ciudad de Acapulco, Guerrero, determinó sobreseer el juicio en cuanto a la intestamentaria y la apertura del juicio sucesorio (fojas 216 del anexo 1). 4. Mediante acuerdo de once de julio de dos mil diecinueve, el juez natural tuvo por recibido el expediente 61/2019, que se acumula al juicio 169/2018-1 (foja 302 del anexo 1). 5.- El veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, el juez responsable en sentencia interlocutoria provisional resolvió los autos del expediente 169/2018-1, relativo a la validez del testamento, reconocimiento de herederos y designación de albacea, donde determinó: ". De esa guisa, es dable otorgarle valor probatorio a la documental pública que se analiza (testamento público abierto), por resultar válido en términos del artículo 553 del Código Familiar vigente del Estado de Morelos; sin pasar desapercibido para esta autoridad que actualmente existe un juicio de nulidad de testamento promovido por la aquí denunciante, sin embargo, debe precisarse que a la data no existe sentencia en la cual se determine que dicho testamento es nulo, siendo menester referir que en el supuesto en que dicha acción resultaré procedente tiene como efectos retrotraer el juicio, razón por la cual, no se violentaría los derechos de las partes, sin que esto se entienda como prejuzgar la acción. . .PRIMERO: Este Juzgado Primero Civil., es competente. SEGUNDO: Se declara válido el testamento otorgado por CLEMENTE MELÉNDEZ SOLORIO y como única y universal heredera testamentaria de los bienes, derechos y posesiones del autor de la herencia a KATYA MELÉNDEZ NAVA, en su calidad de descendiente en primer grado del de cujus (hija). TERCERO: Se designa como ALBACEA TESTAMENTARIA a KATYA MELÉNDEZ TAPÍA." Aclaración de dos de septiembre de dos mil diecinueve, para corregir el nombre de la heredera universal para quedar como KATYA MELÉNDEZ TAPÍA (foja 361 a 380 del anexo 1). 6.- Por escrito recibido por la responsable el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, la presunta heredera Norberta Nava Campos, interpuso recurso de apelación contra la interlocutoria de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, que correspondió conocer a la Primera Sala responsable que en el toca civil 952/2019-4, resolvió el trece de diciembre de dos mil diecinueve (foja 409 a 416 del anexo 1), que en lo que interesa decretó: ". Vistos para resolver los autos del toca civil número 952/2019-4, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la denunciante NORBERTA NAVA CAMPOS,. contra la sentencia interlocutoria de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve y su aclaración de dos de septiembre del mismo año, dictada por el Juez Primero Civil. en los autos del expediente 169/2018-1 y 61/2019 /acumulados), relativo a la primera sección correspondiente a la validez del testamento, reconocimiento de herederos y designación de albacea, en la sucesión testamentaria a bienes de Clemente Meléndez Solorio, denunciada por Norberta Nava Campos, en su carácter de cónyuge. RESULTANDO: CONSIDERANDOS; (.) En el caso, la juez no lo encontró necesario, considerando que, en el supuesto de ser procedente la acción principal en el juicio acumulado 61/2019, tendrá como efectos retrotraer el juicio, por lo que no se violentaría derechos de las partes, sin que eso signifique prejuzgar sobre la acción, lo cual es permitido, pues en aras de no retrasar el proceso judicial e impartir una justicia pronta y expedita, se encuentra con esa potestad de decisión y no como una obligación de hacer, lo cual dependerá de las circunstancias de cada caso, sin que esto signifique que, posterior a esta determinación, la juez quede impedida para suspender total o parcialmente el procedimiento si lo considera necesario, a fin de resolver el asunto acumulado -16/2019-, y estar en condiciones de pronunciarse en el presente asunto. Por lo expuesto y razonado con anterioridad, esta alzada declara como ya se mencionó que resulta infundados los agravios hechos valer por los recurrentes, en consecuencia se confirma la sentencia interlocutoria de fecha veintiséis de agosto de dos mil diecinueve y su aclaración de dos de septiembre del mismo año,." De lo reseñado con antelación se pone de relieve que la determinación motivo de reclamo, surgió en la primera sección del juicio sucesorio testamentario a bienes de Clemente Meléndez Solorio, relativo al expediente judicial número 169/2018-1 y su acumulado 61/2019-1, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia, del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, y que resuelve la primera sección declaró aprobado el testamento abierto bajo la escritura pública 30,343, como única y universal heredera Katya Meléndez Tapia, así como albacea, la que no es definitiva, al precisar la juez natural y confirma la Sala responsable se trata de una determinación provisional, sujeta a los efectos que resuelva el juicio 61/2019, que impugna el testamento en mención. Dicha determinación, como se vio, si bien resuelve la primera etapa en el juicio sucesorio, también lo es que, en la parte considerativa tanto de la interlocutoria de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, resuelta por el juez natural precisó que la determinación adoptada no es definitiva sino provisional en razón a que está supeditado a lo que se resuelva en él juicio acumulado 61/2019-1, que impugna la validez del testamento abierto, que de resultar procedente, los efectos sería retrotraer el juicio, es decir, que de resultar con sentencia favorable a los quejosos, el juicio testamentario 169/2018-1, volvería a la primera etapa del sucesorio, para con todos los herederos con derechos el juez natural resuelva la primera etapa que podrá de considerarlo las partes ser impugnable mediante el recurso que proceda. Por ello, no se violentan derechos de las partes, así la Primera Sala responsable en la interlocutoria de trece de diciembre de dos mil diecinueve, determinó confirmar dicha resolución, manifestando también que el acto reclamado no es definitivo sino provisional, pues de resultar procedente el juicio 61/2019-1, los efectos son retrotraer el juicio a la primera etapa, y por ello, confirma la resolución que aquí se reclama. Ello, sin lugar a dudas, no trastoca los derechos fundamentales de los impetrantes de amparo. Lo anterior, si se considera que la primera sección del sucesorio de origen, no está resuelta en definitiva, de tal manera que la interlocutoria reclamada sólo deriva en una cuestión adjetiva o procesal, que no es impugnable en esta instancia constitucional, ni aun cuando se estimare que se hayan lesionado derechos adjetivos en grado predominante o superior, al señalar los quejosos que no se respetaron los preceptos legales 551 fracción II, 717 fracción II y 728 del Código Procesal Familiar vigente, debió reservar la decisión de la primera etapa y nombramiento de albacea, sin embargo, la responsable precisa que si bien los juicios 169/2018 y 61/2019, están acumulados conservan su autonomía procesal, y el efecto de ella es no dictar sentencias incompatibles; pues en términos del numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no es razón suficiente para estimar procedente este juicio constitucional, además el propio artículo 718 señala que de impugnar el testamento por alguna de las partes, dictara resolución provisional, así como que la objeción no suspenderá los trámites del juicio sucesorio, sino sólo en la adjudicación de los bienes. Luego, si el acto reclamado solamente se trata de una determinación intraprocesal acaecido durante el trámite de la primera sección del testamentario de origen, misma que concluirá hasta en tanto se resuelve el juicio 61/2019-1, donde la denunciante y otros impugnan la validez del testamento abierto bajo la escritura pública 30,343, que de resultar procedente los efectos son retrotraer el juicio para volver a resolver la primera etapa del juicio sucesorio 169/2018; es inconcuso que los efectos que trajo consigo la resolución reclamada, únicamente son de índole adjetivo, ya que la prosecución del procedimiento, no genera una afectación directa a derechos fundamentales, sino en todo caso, tal efecto lo podrá causar la determinación que concluya la sección en comentario. Sin que tampoco la resolución reclamada sea autónoma o se oponga a la resolución de la primera sección del juicio testamentario de origen. Ello, considerando que resolvió de manera provisional la primera sección en términos del artículo 718 del Código Procesal Familiar, por lo que es concluyente que se ocupó de dilucidar un tópico propio de esa fase procedimental, que además, permitiría su tránsito hacia su resolución definitiva; de ahí que tampoco se oponga a su conclusión sino hasta la adjudicación donde tendría que suspenderse. Máxime que los motivos de disenso expresados en la demanda de amparo se dirigen a controvertir el tema relacionado con la nulidad del testamento interpuesta, y no con temas ajenos a dicho tópico que hubieran sido abarcado en la resolución materia del acto reclamado. En ese contexto, es incuestionable que, en el caso, se surte la causal de improcedencia al inicio de este considerando invocada, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintinueve de enero de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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