Noradino Rodriguez Chávez
Expediente 2054/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 1 actuación registrada, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2054/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Noradino Rodriguez Chávez
Actuaciones
- Principal
(3) I. Trámite del incidente. Vistas las fotocopias de la demanda y, atento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión solicitado por ********************, Representante Legal de la empresa ********************, contra actos del Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial, de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), y otra(s) autoridad(es). II. Informe(s) previo(s). Así las cosas, pídase a la(s) autoridad(es) responsable(s) su informe previo, que deberá(n) rendir por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, remitiéndole(s) al efecto fotocopia sin certificar de la demanda de control constitucional; por lo que, en caso de no hacerlo, con fundamento en los artículos 142 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se tendrá(n) por cierto(s) los actos reclamados y se le(s) impondrá(n) multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme al diverso segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De igual forma, hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), que de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está(n) obligada(s) a recibir el(los) oficio(s) que con motivo de este juicio se le(s) dirija(n), por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, se tendrá por hecha la notificación y será(n) responsable(s) de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el(los) propio(s) oficio(s) contenga(n); en el entendido que podrá(n) hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe, o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto, sin perjuicio que se les imponga una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo. III. Audiencia Incidental. En términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. IV. Precisión de los actos reclamados. Conforme a los artículos 138, fracción I, 139 y 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan los actos reclamados que, en términos del análisis íntegro de la demanda de amparo, son los siguientes: 1] La resolución definitiva de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, contenida en el oficio *******, emitida dentro del expediente administrativo ******** por el Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial, de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA). 2] La resolución de diez de agosto de dos mil veintitrés, contenida en el oficio número ********* emitida por la Directora General de Gestión Comercial, de la Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA). V. Negativa de la suspensión. 1. Así, en relación a los actos precisados, lo procedente es negar la medida cautelar, toda vez que, ya fueron emitidos, por lo que les reviste el carácter de consumados y contra los mismos es improcedente la suspensión, pues concederla implicaría la restitución a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que estima violados, efecto que es propio de la sentencia definitiva que llegare a dictarse en el principal, habida cuenta que la naturaleza jurídica de la institución suspensional sólo tiene efectos preventivos más no reparadores. VI. Negativa de la suspensión (efectos y consecuencias) Asimismo, con fundamento en lo establecido en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega a la parte quejosa ********************, la suspensión del acto reclamado, respecto de los efectos y consecuencias que deriven de la resolución definitiva de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, contenida en el oficio ********, emitida dentro del expediente administrativo ******** por el Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial, de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), así como de la diversa de diez de agosto de dos mil veintitrés, contenida en el oficio número ******* emitida por la Directora General de Gestión Comercial, de la Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA). Lo anterior, toda vez que de conformidad con el numeral 128 de la Ley de Amparo, en primer lugar, de establecer que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse en relación con la suspensión de los actos reclamados, es necesario que lo solicite la parte quejosa, lo cual se satisface, pues la medida cautelar es solicitada justamente por la moral impetrante de amparo. No obstante lo anterior, con respecto al segundo de los requisitos de procedencia de la medida cautelar que se solicita, relativo a que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, acorde a la propia naturaleza del acto reclamado, no se satisface. Cabe decir, que el orden público y el interés social son nociones estrechamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse las establecidas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En esas condiciones, se concluye que toda vez que de las resoluciones que constituyen los actos reclamados se desprende que el sentido de las mismas es debido a que la moral quejosa no cuenta con autorización en materia de impacto ambiental que expide la autoridad competente, para las obras o actividades relacionadas con la construcción y/o operación de las instalaciones para el expendio al público de petrolíferos, mediante estación de servicio ubicada en ********************; en consecuencia, es improcedente conceder la suspensión provisional solicitada, puesto que la sociedad está interesada en que se cumplan las normas relativas a fin de proteger la seguridad de las personas y el medio ambiente. Tiene aplicación a lo anterior, la siguiente jurisprudencia de rubro, texto y datos de localización siguientes: "DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR. ASPECTOS EN QUE SE DESARROLLA. El derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, que como derecho fundamental y garantía individual consagra el artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desarrolla en dos aspectos: a) en un poder de exigencia y un deber de respeto erga omnes a preservar la sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no afectación ni lesión a éste (eficacia horizontal de los derechos fundamentales); y b) en la obligación correlativa de las autoridades de vigilancia, conservación y garantía de que sean atendidas las regulaciones pertinentes (eficacia vertical)." Décima Época, Registro: 2004684, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3. A mayor abundamiento, debe decirse que la sociedad se encuentra interesada en que las empresas que realizan ciertas actividades que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas y el medio ambiente cumplan con los requisitos mínimos para operar. Al respecto, es necesario traer a colación que la contaminación ambiental constituye una grave amenaza para la salud pública y provoca la degradación del sistema ecológico, constituyendo perjuicio y molestia a la vida, la salud y el bienestar humano, así como a la flora y a la fauna, originando además la degradación de la calidad del aire, del agua y de la tierra, de ahí que el derecho al medio ambiente sano se encuentra por encima del interés particular de la persona moral quejosa. En esas condiciones, como se adelantó, debe negarse la suspensión, ya que con los elementos con que este órgano judicial cuenta para resolver sobre la medida provisional solicitada, se permitiría que la moral quejosa continuara con la ejecución de la obra que se encuentra clausurada temporalmente, lo que podría poner en riesgo la seguridad de las personas y el medio ambiente, aspectos que son de mayor relevancia e interés para el Estado y para la colectividad, que los posibles perjuicios económicos que pudieran ocasionarse a la empresa, en tanto se decide sobre la constitucionalidad de los actos reclamados. Tiene sustento lo anterior, en la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1807, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR. SU RELACIÓN CON OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE INTERVIENEN EN SU PROTECCIÓN. El artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho que tiene todo individuo a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, por lo que la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al medio ambiente en el territorio nacional están reguladas directamente en la propia Constitución, por la relevancia que tiene esta materia. En este contexto, la protección del medio ambiente y los recursos naturales son de tal importancia que significan el "interés social" e implican y justifican, en cuanto resulten indispensables, restricciones estrictamente necesarias y conducentes a preservar y mantener ese interés, sin pasar por alto lo que prevé el artículo 25, párrafos primero, segundo y sexto, constitucional, referente a que el desarrollo sustentable es de interés general, lo que determina la conexión funcional y dinámica con el marco de libertades constitucionales. Bajo estos presupuestos, los derechos fundamentales como el mencionado y los de libertad de trabajo y seguridad jurídica que prevé la propia Carta Magna, deben concebirse actuando y funcionando de modo complementario, en una relación de sinergia, con equilibrio y armonía, pues el orden jurídico es uno solo con la pretensión de ser hermenéutico; de ahí los principios de interpretación y aplicación sistemática, que se orientan a conseguir la unidad, coherencia, plenitud, eficacia y coexistencia inter-sistémica de los varios bienes jurídicos tutelados, reconociendo la interpretación de los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, previstos en el artículo 1o. de la Constitución Federal." VII. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente cuaderno incidental, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes previos; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. VIII. Autorizados y domicilio ad litem. 1. Parte quejosa: ********************, representante de la moral quejosa ********************. a. Domicilio. Con fundamento en los artículos 3º, 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones que deban ser personales a la parte quejosa en forma electrónica, a través del usuario "********************", al que se encuentra vinculado el correo electrónico ******************** Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el promovente también haya señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones un inmueble ubicado en esta ciudad, toda vez que de manera expresa manifestó su voluntad para que las notificaciones personales que deriven del presente asunto se le realicen a través del correo electrónico vinculado al usuario precitado, por tanto, las mismas se le realizarán únicamente a través de dicho medio, ello a fin de evitar duplicidad de actuaciones. b. Autorizado(s). Téngase por autorizado(s) en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo a ********************; y, ********************, por contar con cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. c. Uso de medios electrónicos. Hágase del conocimiento del promovente que no requiere de autorización por parte de este tribunal para hacer uso de los mismos en la consulta del expediente físico. d. Devolución de documentos. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación al diverso 122 de la Ley de Amparo, dígase al ocursante que no ha lugar a ordenar la devolución de los documentos de cuenta, en atención a que conforme al último de los numerales invocados, el momento procesal oportuno para su objeción es la celebración de la audiencia constitucional. e. Medios de comunicación no procesal. Conforme al artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el correo electrónico ********************, se utilizará para establecer comunicación no procesal cuando exista necesidad al respecto IX. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente incidente de suspensión. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa en contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen.
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