Nora Silvia Vieytes Cichero

Expediente 595/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
595/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
08/04/2021

Partes del expediente

  • Nora Silvia Vieytes Cichero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    SAcapulco de Juárez, Guerrero; ocho de abril de dos mil veintiuno. Visto; téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero; por el que remite el testimonio certificado de la ejecutoria de diez de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja 111/2020. Acúsese recibo. Hágase del conocimiento a las partes que el Tribunal de Alzada resolvió: "[.] R E S U E L V E: ÚNICO Es infundado el recurso de queja a que éste toca se refiere." Realícese las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de diciembre de dos mil veinte. Visto; se tiene por recibido el oficio enviado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, habiéndose registrado como recurso de queja 111/2020; de lo que queda enterado este Juzgado Federal para los efectos legales procedentes. Notifíquese

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; once de noviembre de dos mil veinte. Vistos; téngase por recibido el escrito signado por la quejosa ****, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de cuatro de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación; ríndase informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto que en proveído de cuatro de noviembre de la presente anualidad, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo promovida por ****, adjuntándole copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, y remítase de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en Turno, con sede en Chilpancingo, Guerrero, el original del escrito de expresión de agravios y copia del mismo, para su substanciación. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; cuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta; se provee; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Educación Guerrero, con residencia en Chilpancingo; y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado con el número 595/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y fórmese expediente, sin que ello tenga como consecuencia directa admitir la demanda a trámite, toda vez que, como se aprecia de su lectura, la misma deviene improcedente. Se explica: El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo transcrito, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ilustra la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Cuestión Previa Hay que recordar que el juicio de amparo es un medio extraordinario de control ya de constitucionalidad, ya de convencionalidad y de legalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica de la persona que acuda a él, restableciéndola en el goce pleno de sus derechos vulnerados. Empero, aun cuando el juicio de amparo es la garantía judicial por excelencia para salvaguardar derechos fundamentales -en el sistema jurídico mexicano- no es absoluto e irrestricto, esto es, no puede acudirse a él en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia, sino que, previo al estudio de fondo, deben cumplirse ciertos requisitos formales. En efecto, para acceder al juicio de amparo, el artículo 61 de la Ley de Amparo establece presupuestos denominados "causales de improcedencia" que, según el momento en que el juzgador de amparo detecte su actualización, éstas pueden conducir a desechar la demanda, o bien, a decretar el sobreseimiento en el juicio, en audiencia constitucional o fuera de ella, inclusive en el recurso de revisión. Así, en el artículo 61 de la Ley de Amparo, se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en dicho numeral se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio; de donde destaca que en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución Federal o de la misma ley. Dicha fracción, permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de control constitucional resulta improcedente a pesar de no ubicarse en alguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 1, fracción I, del propio ordenamiento, estatuye que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Mientras que el artículo 5, fracción II, de la propia Ley de Amparo, define a la autoridad responsable a quien, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Sobre lo que debe entenderse por autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado".1 1 Época: Novena Época, Registro: 161133, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 164/2011, Página: 1089. La anterior jurisprudencia esclarece cuáles son las notas que distinguen a una autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, y son: i. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular;2 ii. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; 2 La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia antes citada, consideró que la teoría general del derecho ha realizado una clasificación en las relaciones jurídicas de las personas que son las de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Relaciones de coordinación. Son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Relaciones de supra a subordinación. Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos y garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Relaciones de supraordinación. Son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. iii. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, iv. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ello debe entenderse en función del concepto que tradicionalmente se ha concebido para la autoridad responsable, a quien generalmente se reconoció como un órgano del Estado. Además, conforme al párrafo segundo de esa misma fracción II del artículo 5, actualmente también pueden tener ese carácter los particulares; siempre y cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Esto es, de la norma jurídica se desprende que un particular es susceptible de ser reconocido como autoridad responsable en un juicio de amparo, cuando sus actuaciones revistan las características siguientes: a) realicen actos equivalentes a los de autoridad, es decir, que sean aptos para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, de acuerdo con la definición que aporta el párrafo primero de esa misma fracción; b) que afecten derechos en los términos antes anotados; y, c) sus funciones estén determinadas por una norma general. Luego, tratándose de actos de autoridad, existen diferentes tipos de relaciones jurídicas, a saber: de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. En ese sentido, las relaciones de coordinación corresponderán a las entabladas entre particulares, por lo que para dirimir sus controversias, existirán en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, para lo cual deberán acudir a los Tribunales Ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, serán las que se entablen entre gobernantes y gobernados, así como los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúe con imperio. Estarán regulados por el derecho público, de manera que este tipo de relaciones se caracterizarán por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los Tribunales. Las relaciones de supraordinación serán las que se establezcan entre los órganos del propio Estado. Sustenta lo anterior la tesis 2a. XXXVI/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del título y contenido siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." En ese sentido, es dable concluir que la procedencia del juicio de amparo estará supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, tenga la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. De esta manera, para explicar con precisión que en el caso particular, no se está frente a un acto de autoridad reclamable en amparo, es indispensable analizar su naturaleza jurídica. En la demanda, en la parte que interesa, la promovente indicó: ".1. Quien suscribe, soy DOCENTE FORMADORA DE INGLÉS C, por concurso de oposición y con perfil idóneo, lo que quiere decir que realizo, una prestación de servicios profesionales (docente frente grupo) de manera subordinada para el Sistema Educativo dependiente de la Secretaría de Educación Pública Federal, quien se configura como mi patrón, lo anterior a cambio de la percepción de un salario y diversas prestaciones, teniendo un horario de carácter obligatorio en el que tengo que desarrollar actividades dentro del centro de trabajo. Cabe mencionar que, la suscrita, ingresé al servicio en fecha 01 de julio de 2018 y con clave presupuestal 07661900.0 E8005 60007." -Énfasis añadido- "2. Esta parte quejosa cuenta como basificación o categoría de "maestro de planta" FORMADOR DE INGLÉS C, con dos años de antigüedad en el servicio. Sin embargo y pese a este derecho adquirido, los pagos quincenales que recibo han sido cambiados de manera modalidad de pago y en lugar de ser transferencia electrónica directa a mi cuenta bancaria (como venía venido sucediendo durante los últimos dos años), la modificaron a cheque de manera arbitraria por las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero, sin justificación más el querer que me presente en las oficinas del director General de Administración de personal de la Secretaría de Educación Guerrero, quien ordenó que retuvieran mis cheques quincenales, poniendo como excusa de, en medio de la pandemia que estamos viviendo tener una reunión en donde se revisará mi situación laboral y quien una vez que me presenté a dicha reunión y solicité la entrega de dichos cheques, se niega a entregarlos de manera arbitraria e ilegal y sin fundamentos que lo justifiquen." En base a ello es que, al margen de lo señalado en el capítulo de actos reclamados, en el que, es claro que solo para efectos de la procedencia del juicio de amparo, lo plasmó como "la medida preventiva de aislamiento por treinta días con motivo de la declaratoria de pandemia por Covid 19, sin que se le garanticen diversos derechos, entre otros, el salario que asegure los servicios básicos indispensables para tener una subsistencia digna", se colige que las conductas de las que realmente se duele la quejosa, son las siguientes: ? Que la Secretaría de Educación Guerrero; Director General de Administración de Personal de dicha Secretaría y Subjefa de Nivel Superior de la citada Dirección General, todos con residencia en Chilpancingo, Guerrero, cambiaron en su perjuicio (de la impetrante), la modalidad en la que, desde hace dos años, se le venía realizando el pago de su salario, pues en lugar de realizarse de manera electrónica mediante transferencia directa a su cuenta bancaria, actualmente se efectúa por cheque; y, ? Que además de la modificación de referencia, las veces que ha tenido que acudir a las oficinas del Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero, con la finalidad de recibir su pago, sin justificación alguna, el mismo le ha sido retenido. Conjetura que incluso, guarda relación con el efecto para el que se pidió la suspensión del acto reclamado, pues medularmente, se solicitó para que se le pague de manera oportuna y en forma, el salario al que tiene derecho; y además, se regrese a cubrir dicho salario a través de transferencias bancarias. Si ello es así, se obtiene que tanto el cambio (modalidad de pago), como la retención del salario que como trabajadora reclama la quejosa a la Secretaría de Educación Guerrero, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que el pago de su salario, tiene su origen en una relación laboral entre ella y la Secretaría de Educación Guerrero -señalada como responsable-, por lo que se trata de actos de naturaleza laboral, lo cual, en atención a la naturaleza de la relación existente entre la quejosa y la citada Secretaría, se insiste, no constituye un acto de autoridad, ya que el cambio de modalidad de pago y/o retención de salario evidentemente se realiza en calidad de patrón. En efecto, no todos los actos de los órganos del Estado pueden ser calificados como de autoridad, destacándose en particular, aquellos que solamente se refieren a asuntos internos del propio órgano, en tanto no tienen afectación directa a los ciudadanos, por ende, no vulneran de manera alguna su esfera de derechos fundamentales, porque en esa relación no opera una supra-subordinación jerárquica, es decir, la actuación de un ente de gobierno en una institución descentralizada es insuficiente para considerar sus actos como de autoridad, en tanto que esa calidad se sustenta en el hecho de que dentro de la esfera de atribuciones de ese órgano, se cuente con la facultad coercitiva necesaria para hacer cumplir sus determinaciones. Es de tal manera, ya que el alto tribunal del país en numerables ocasiones ha establecido que las personas morales oficiales, pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y forma que los individuos. En ese tenor, cuando se suscite una controversia entre el Estado u órganos dependientes de éste como personas de derecho privado, es decir, en su calidad de patrón, todo conflicto que se suscite debe ser dirimido previamente ante la instancia laboral correspondiente antes de acudir al juicio de amparo; por ello, si en el particular el acto reclamado no reúne las características necesarias para que se proyecte como proveniente de una relación de supra-subordinación, se actualiza la improcedencia del juicio amparo, en virtud que no se está en presencia de actos que la Secretaría de Educación ejerza con imperio y afecten la esfera jurídica de la quejosa. Inferencia de lo razonado, no puede tenerse como autoridades responsables tanto al Gobernador del Estado ni a las diversas pertenecientes a la Secretaría de Educación Guerrero, que indicó la inconforme con tal carácter, pues la posición de la agraviada frente a ésta, no se sustenta en una relación jurídica de supra a subordinación, pues como se dijo, todo deriva de una relación laboral; por tanto, se desecha la demanda promovida por ****, por propio derecho.

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