Nora Perla Mrales Sánchez

Expediente 1600/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1600/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
19/11/2015

Partes del expediente

  • Nora Perla Mrales Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa VI-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil quince. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso Saúl Erick Hernández Merino, interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veintinueve de octubre de dos mil quince, por la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, transcurrió del cuatro al dieciocho de noviembre del año en curso, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su precepto 2º, párrafo segundo, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo general conjunto número 1/2009, dado que se sobreseyó en el juicio, y que tal determinación no fue recurrida, se estima que es susceptible de destrucción. Se considera también que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de la inexistencia de los actos reclamados, se sobreseyó en el juicio de amparo, por lo que, no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Blanca Natalia García Reyes, contra actos del jefe de la jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales y otras autoridades fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1600/2015. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, la quejosa Nora Perla Morales Sánchez, reclama del jefe de la jurisdicción sanitaria número uno "Valles Centrales", del director del Centro de Salud en San Antonio de la Cal, y de la administradora de ese Centro, la orden verbal o escrita de cambio de adscripción de su sitio de trabajo en la jurisdicción sanitaria número uno "Valles Centrales", a otro centro de salud. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5º, fracción II, del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De lo anterior se aprecia, como elementos a considerar para determinar si una autoridad, lo es para los efectos de la Ley de Amparo: Que sea una que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto. Que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas. Y que lo haga en forma unilateral y obligatoria. Bajo ese tenor, tomando en cuenta las particularidades del asunto a resolver, se reitera que en el juicio constitucional sólo se pueden reclamar actos de autoridad, esto es, provenientes del poder público y, por ende, es indispensables determinar si todos los actos del Estado son susceptibles de reclamarse en el amparo, o si por alguna razón pueden excluirse algunas decisiones que adopte aquél y, en su caso, en qué supuesto se ubica el acto reclamado. Con ese propósito es necesario destacar qué ha establecido nuestro Máximo Tribunal en relación al concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Al respecto, se ha sostenido que por autoridad para efectos del juicio de amparo se entiende a aquellos órganos del Estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales, es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Además, se ha dicho que las facultades decisorias que les están atribuidas en la ley comprenden una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí que surge dentro de las denominadas relaciones de supra a subordinación entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva, existiendo como límite a su actuación el marco constitucional y legal. Tales consideraciones dieron origen a las tesis de los rubros y textos que se reproducen: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En ese aspecto, en el caso no se satisface uno de los requisitos indispensables para que en el caso se esté ante la presencia de un acto de autoridad, el que consiste en la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Para justificar lo anterior, es oportuno destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido las relaciones de supra a subordinación como aquellas que se entablan entre gobernantes y gobernados, en las que los órganos del Estado gozan de una actuación con imperio o potestad de derecho público. Una de las características que distinguen este tipo de actos es la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos subjetivos públicos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales, por lo que está en condiciones de sujetar la esfera jurídica del afectado a su determinación, producto del ejercicio de una potestad pública al respecto. Tiene aplicación la jurisprudencia de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado". Sentado lo anterior, se arriba a la conclusión que en el caso, la orden verbal o escrita de cambio de adscripción de su sitio de trabajo en la jurisdicción sanitaria número uno "Valles Centrales", a otro centro de salud fue emitida por las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, es una actuación llevada a cabo con base en la relación laboral que une a la trabajadora aquí quejosa con la dependencia para la cual presta sus servicios y, por ello, se está en presencia de un conflicto entre particulares (patrón y trabajador). Así, se asevera que ese acto no se traduce en el despliegue de una facultad administrativa pública y de ejercicio irrenunciable, sino que se trata de un conflicto eminentemente laboral que se suscita entre todo patrón y trabajador, sea o no el primero un ente de gobierno actuando en su figura de particular, puesto que el sólo hecho de que el patrón sea parte de un organismo descentralizado, como en el caso acontece, no se traduce en que todos y cada uno de sus actos sean emitidos con poder del imperio público. El criterio siguiente resulta ilustrativo al tema: "AUTORIDAD. CUANDO NO SE TIENE ESE CARACTER EN MATERIA LABORAL. El juicio de amparo tiene entre otros objetos resolver las controversias que se susciten por leyes y actos de autoridad, que violen las garantías individuales de los gobernados, sin que pueda considerarse acto de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus servidores; por lo que no es suficiente por sí solo para la admisión de una demanda de amparo, que el acto reclamado emane de una dependencia oficial si no actuó como autoridad, sino que lo que hizo fue ejercitar en su calidad de patrón los derechos derivados de la relación laboral con el peticionario de garantías". En ese sentido, el acto reclamado por la quejosa debe ser ventilado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que corresponda, a través del juicio laboral ordinario. De allí que las autoridades señaladas como responsables no puedan tener el carácter de autoridad cuando el acto reclamado tiene origen en su calidad de patrón sin que esté de por medio el despliegue de una potestad administrativa irrenunciable, cuya naturaleza sea de derecho público. Consecuentemente, al actualizarse los supuestos previstos en el artículo 63, fracción XXIII en relación con el diverso 5º, inciso II, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías interpuesta. Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizados para tales efectos a la persona que refiere. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Lizeth Ortiz Segura, secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, encargada del despacho por licencia del titular, autorizada mediante circular CCJ/07/2015 de trece de octubre de dos mil quince, suscrita por el secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Lilia Ramírez Jiménez secretaria, que autoriza y da fe... EN TERMINOS DEL ART 27, FRAC I DE LA LEY DE AMPARO

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