Nora Paulina Corral Urdapilleta
Expediente 128/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 128/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Nora Paulina Corral Urdapilleta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la determinación de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni valor histórico y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del capítulo noveno, del referido Acuerdo General, la versión electrónica del presente juicio de amparo coincide en su totalidad con la impresa en este expediente Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; a veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 128/2022-VI, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, turnado a este juzgado el mismo día, por *******, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades. Segundo. Derechos que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 1º, 10, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión de la demanda de amparo. En proveído de veintitrés quince de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que se verificó conforme al acta que antecede, la cual concluye con esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se reclama la inconstitucionalidad de una ley cuyo acto concretó de aplicaciónv se realizó dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la parte quejosa reclamó lo siguiente: 1.- Del Congreso del Estado de Chihuahua, la aprobación, expedición, promulgación y publicación del Decreto LXVI/APLIM/0146/2021 I.P.O. publicado en el Periódico Oficial del Estado número 104, de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se aprobó la Ley de Ingresos para el Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, específicamente el artículo 11, inciso b), en relación con los artículos 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de la citada ley. 2.- De la Gobernadora del Estado de Chihuahua, la aprobación, expedición, promulgación y publicación de los preceptos señalados. 3.- Del todos del Secretario del Ayuntamiento y Tesorero ambos del Municipio de Juárez, la ejecución y aplicación de la normatividad impugnada. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. La Gobernadora del Estado de Chihuahua al rendir informe justificado expuso que no son ciertos los actos consistentes en la aprobación, expedición y publicación de la normatividad impugnada. Por su parte, el Congreso del Estado de Chihuahua, fue omiso en pronunciarse respecto a los actos reclamados consistentes en promulgación y publicación de los preceptos reclamados; sin embargo no es dable presumir su certeza en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de amparo, atendido a su competencia en el proceso legislativo. Por otra parte, el Secretario de la Presidencia Municipal y del Ayuntamiento y la Tesorera del Municipio de Juárez, Chihuahua, en su informe justificado, manifestaron que no es cierto el acto reclamado, consistente en la aplicación de la normatividad impugnada. Al respecto, debe precisarse que la aplicación de los ordenamientos legales reclamados, a través del cobro y la recepción del pago del impuesto de referencia, no se les puede atribuir a dichas autoridades, ya que el acto concreto de aplicación de una ley, no sólo lo constituye el proveniente de una autoridad, sino que puede provenir de un particular que actúa por mandato expreso de la ley; en ésta hipótesis, se reputa como tercero auxiliar de la administración pública, o bien, del propio agraviado, cuando en acatamiento a lo establecido en la norma reclamada, la cumple, sin que la autoridad, en ejercicio de sus facultades de imperio, lo conmine a ello. En el caso, ya que no existió por parte de la autoridad exactora municipal responsable, requerimiento de pago alguno, ni de las diversas aludidas en este considerando la aplicación de los ordenamientos legales reclamados, ello no se les puede atribuir, pues de ninguna de las documentales arriba referidas, se aprecia que el mismo se haya efectuado en acatamiento a un requerimiento de dichas autoridades en ese sentido, sino que la parte quejosa lo realizó de manera espontánea. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.153/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 367, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, con registro digital 171860, del rubro y texto siguientes: AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado atribuido a dichas autoridades, de conformidad con la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este asunto. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. No obstante que la Gobernadora del Estado de Chihuahua al rendir su informe justificado expuso que no son ciertos los actos consistentes en la aprobación, expedición y publicación de la normatividad impugnada; mientras que el Congreso del Estado de Chihuahua, fue omiso en pronunciarse respecto a los actos reclamados consistentes en la promulgación y publicación de los preceptos reclamados, debiendo por tanto, tener presuntivamente ciertos tales actos. Máxime que la existencia de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada, porque esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, del Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época, con registro digital 191452, del rubro y texto siguientes: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Quinto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza una hipótesis de improcedencia por virtud de la cual este asunto debe sobreseerse. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, es del siguiente contenido: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) De la norma transcrita se advierte, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en el numeral 5º, fracción I, de la ley de la materia. A su vez, el precepto 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 5º, fracción I, y 6º, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. La norma constitucional invocada en primer término establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; asimismo, dispone que tiene ese carácter, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución General de la República y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otro lado, el precepto constitucional señala que tratándose de actos o resoluciones que provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, el numeral 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que el quejoso es parte en el juicio de amparo y tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos fundamentales previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Además, señala que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. De los preceptos transcritos se desprende que en el juicio de amparo constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. En esa medida, para acudir al juicio de amparo a solicitar la protección de la Justicia Federal, se requiere: a) Que el quejoso acredite tener interés jurídico o legítimo (individual o colectivo), salvo para los asuntos en que se reclamen actos de tribunales en que únicamente se exige contar con el primero; y b) Que ese interés legítimo o jurídico se vea agraviado. Por agravio debe entenderse de forma general toda afectación real y actual; sin embargo, tratándose de interés jurídico es menester que además sea personal y directo; en cambio, para el interés legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser indirecta en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico y además provenir de un interés individual o colectivo. Así, el interés jurídico presupone la existencia de un derecho subjetivo protegido por la ley que es violado o desconocido, con lo cual se infiere un perjuicio a su titular, facultándolo para acudir ante los órganos jurisdiccionales a demandar que esa transgresión cese. Por su parte, el interés legítimo es una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparada. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado -mediante un agravio diferenciado- que pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la parte agraviada acredite cualquiera de ellas, esto es, ya sea que demuestre contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Precisado lo anterior, se señala que al reclamar una norma en la vía indirecta, debe distinguirse si esta se trata de autoaplicativa o heteroaplicativa. Ello primero, para computar el plazo que el justiciable tiene para presentar la demanda, así como para dilucidar si la norma depara perjuicio con su sola entrada en vigor, o bien, requiere de un acto de aplicación concreto. Al respecto, se está en presencia de una norma autoaplicativa, o de individualización incondicionada, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna. En cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se encuentra sometida a la realización de ese evento. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 198200, que dice: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Por tanto, en los casos en los que se impugne la inconstitucionalidad de una norma general, a partir de su primer acto de aplicación, los sujetos que se consideren afectados por dicha norma, para comprobar su interés jurídico en el juicio de amparo, deben demostrar la titularidad del derecho subjetivo cuya transgresión reclaman, y el perjuicio que ese primer acto de aplicación les causa a su esfera jurídica, por cualquiera de los medios de prueba previstos en las leyes, a fin de acreditar la vinculación del acto con la ley cuya inconstitucionalidad se reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, página 235, de rubro y texto siguiente: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: -LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.-, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.- Precisado lo anterior, debe decirse que la quejosa ******* no acredita contar con interés jurídico para acudir a juicio, con motivo del primer acto de aplicación de la Ley de Ingresos para el Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, específicamente de sus artículos 11, inciso b), 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Al respecto, la parte quejosa con su demanda de garantías exhibió dos -COMPROBANTE DE CARGO A TARJETA DE CRÉDITO POR INTERNET-, que contienen los datos relativos a la transacción electrónica y conceptos de pago, fechados el veintinueve de enero de dos mil veintidós, con la leyenda -Este documento no tiene valor oficial ni fiscal, solo contiene los datos emitidos por el banco al momento de hacer la transacción de pago y las referencias de aplicación. Si desea obtener el comprobante oficial, favor de presentar éste documento en el departamento de ingresos de la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez Chihuahua el cual servirá de referencia para localizar sus transacción real ESTE COMPROBANTE NO ES UN RECIBO OFICIAL- Pues, si bien, dicho documento tiene valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2°; el mismo no es suficiente para acreditar el interés jurídico del impetrante de garantías. Se afirma lo anterior, ya que de dichas documentales, se advierte que en realidad no se trata de un comprobante oficial, esto es, no es un recibo que acredite fehacientemente que la quejosa pagó el impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2022 y que la autoridad exactora efectivamente recibió dicho tributo. Por tanto, se itera que no acredita tener interés jurídico para instar el juicio de amparo, lo cual, en el caso, se entendería actualizado con el comprobante de pago a favor de la quejosa, relativo al impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal que se combate, expedido por la Tesorería Municipal, lo cual no fue así, toda vez que los documentos exhibidos por la impetrante del amparo no constituyen recibos de carácter oficial. Máxime, que en el sumario no obra algún documento que acredite el pago relativo al tributo que hoy se impugna, y que se adminicule con la manifestación realizada por la promovente en el capítulo de antecedentes del escrito inicial de demanda. De ahí que es a la quejosa a quien correspondía la carga de la prueba para demostrar el interés jurídico para la procedencia del juicio de garantías; dado que las documentales exhibidas y su manifestación devienen insuficientes para ello. Lo que se sustenta en la jurisprudencia 1a./J. 1/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, página 15, que dice: -INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o., de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto-. En consecuencia, el interés jurídico y por ende el acto concreto de aplicación de la norma reclamada de inconstitucional, no se acreditó fehacientemente en su perjuicio, pues contrario a lo manifestado por la parte quejosa en las documentales que exhibió con su demanda de amparo, se aprecia que no se trata de un documento oficial que ampare el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2022, para acreditar el primer acto de aplicación de la ley reclamada, el cual es indispensable como prueba de ese hecho; para que así se tuviera por demostrado que se ubicó en el supuesto de la norma y que le causa un perjuicio, lesionando sus derechos. Al respecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, bajo el número 293, página 242, que dice: -INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones-. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 3a./J. 9/94, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 19172000, Tomo I, Materia Constitucional, bajo el número 317, página 373, que dice: -LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica-. Por ende, al haberse acreditado plenamente la existencia de la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Como apoyo a esta consideración se cita la jurisprudencia 2ª./J.67/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 104, Tomo X, Julio de 1999, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: -AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU PERJUICIO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de una disposición con motivo del primer acto de aplicación debe demostrar que lo perjudica; si éste no existe debe decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pero el sobreseimiento en los términos indicados no le impide volver a impugnar la ley o reglamento cuando en realidad se le aplique en su perjuicio-. En este contexto, resulta innecesario abordar el estudio de las diversas causas de improcedencia propuestas, pues no modificarían en nada el sentido de la presente resolución. Resulta aplicable al presente caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, del Tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, editado en agosto de 1998, que señala: -SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución.- Así, toda vez que en el juicio de amparo en el que se actúa se ha decretado el sobreseimiento, no causa perjuicio a la parte quejosa el hecho de que este juzgado de distrito no atienda las cuestiones de fondo, ya que el sobreseimiento pone fin al juicio, lo que impide abordar tal análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, primera parte, página 335, que dice: -SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio-. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, por los razonamientos precisados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia.Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que los informes justificados de la Gobernadora del Estado y Congreso del Estado de Chihuahua, no fueron rendidos con la anticipación a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo; se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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