Nora Patricia Tagano Lira

Expediente 557/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
557/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Nora Patricia Tagano Lira

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara, que dicha resolución ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio, y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco. Por otro lado, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, puesto que se negó en definitiva la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el punto 2 del artículo 7.5 y punto 3 del artículo 8.1.2, ambos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; por lo que, en términos del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece como fecha probable el veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco. Igualmente, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Insértese el presente acuerdo en los cuadernos incidentales para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea necesario que se hagan las notificaciones correspondientes en aquéllos. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese...

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial en el Estado de Veracruz, con residencia en Veracruz, y anexos. Atento a su contenido, téngasele remitiendo copia certificada de la sentencia emitida en el juicio oral 49/2022, que se instruyó a Nora Patricia Tagano Lira, como probable autora del hecho delictuoso denominado homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Manuel González Gallaga, en la que se resolvió dictar sentencia absolutoria a favor de la citada Nora Patricia Tagano Lira, por el delito precisado, asimismo, dejó insubsistente la medida cautelar que se le impuso. Asimismo, remite un disco versátil que contiene la audiencia que se llevó a cabo el trece de septiembre del año en curso, y la diversa audiencia de veintitrés de septiembre del presente año, en la que se dictó la sentencia descrita, de lo que el suscrito toma conocimiento. En tales condiciones, del estudio efectuado a la demanda de amparo, así como a las constancias que integran el presente sumario, procede establecer con claridad y precisión los actos reclamados, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Igualmente, sirve de fundamento para la interpretación y delimitación de los actos reclamados, la tesis número P. VI/2004, registro 181810, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra refiere lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". Ahora bien, es dable establecer que el acto reclamado en el presente controvertido consiste en determinación emitida en audiencia de quince de junio del año en curso, en la que se ordenó la reprogramación de la audiencia de juicio oral, en el proceso penal 49/2022 del índice del Juez de Control de Procedimiento Penal Oral Sala "D", con residencia en Veracruz, Veracruz, a un plazo de setenta y cinco días posteriores. En ese orden de ideas, en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, y que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente asunto. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia 2a./J.10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Materia común, Novena Época, visible en la página 386, registro 184572. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" Del numeral transcrito se evidencia la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la actualización de la causa de improcedencia que se indica, por virtud de la sustitución procesal de actos, en la tesis publicada en la página 158, Volumen 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En relación con la primera hipótesis, cabe precisar que la expresión cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y, por lo tanto, desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad. La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En este contexto, se reitera, en la especie la quejosa reclama la determinación emitida en audiencia de quince de junio del año en curso, en la que se ordenó la reprogramación de la audiencia de juicio oral, en el proceso penal 49/2022 del índice del Juez de Control de Procedimiento Penal Oral Sala "D", con residencia en Veracruz, Veracruz, a un plazo de setenta y cinco días posteriores. Al respecto, del oficio y anexos remitido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial en el Estado de Veracruz, con residencia en Veracruz, se advierte -en lo que interesa- que celebró audiencia de juicio oral el trece de septiembre del año en curso, y mediante audiencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dictó sentencia definitiva dentro del juicio penal 49/2022, actuaciones de las que fueron debidamente notificadas las partes en el acto de la diligencia, como se evidencia del contenido del disco versátil que fue remitido por la responsable. Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la multicitada ley de la materia. Resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004362, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por tanto, válidamente se puede concluir que en el caso particular cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa; por tanto, la afectación de que se dolía la impetrante de amparo desapareció, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1998, materia común, visible a página 210, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el diverso artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado, por haber cesado sus efectos, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables...

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio signado por el Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con domicilio en la ciudad de Veracruz, Veracruz. Atento a su contenido, se le tiene informando que el pasado trece de septiembre del año en curso, se llevó acabo la audiencia de juicio oral relativa al proceso penal 49/2022 instruido a Nora Patricia Tagano Lira, del índice de la autoridad oficiante, por su probable participación en la comisión del hecho cometido en agravio de la víctima quien en vida respondiera al nombre de Manuel González Gallaga, en la que decretó fallo absolutorio en favor de la aquí quejosa, en términos del numeral 405, del código nacional de procedimientos penales, misma que se llevó a cabo de forma oral y quedó registro en audio y video, por lo que se ordenó su libertad única y exclusivamente por cuanto a ese juicio oral se refiere, asimismo, informa que se fijaron las quince horas del día veintitrés de septiembre de este año, para llevar a cabo la lectura de la sentencia, de lo que esta autoridad toma conocimiento. En ese tenor, con fundamento en los artículos 64 y 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita el disco versátil digital de la audiencia que se llevó a cabo el trece de septiembre del año en curso, emitida en el proceso penal 49/2022 de su índice, instruido en contra de Nora Patricia Tagano Lira, o en su caso remita copias certificadas de dichas constancias, ello para estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda, pues atendiendo a lo que disponen los artículos señalados cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten. Apercibida la referida autoridad responsable que de no cumplir con lo solicitado o no informar el impedimento que tenga para ello, se hará acreedora a una multa de cien unidades de medida y su actualización, lo que equivale a $9,622.00 pesos (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), lo que resulta de multiplicar $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) por cien, de conformidad con los preceptos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y tercera interesada y por oficio a la autoridad responsable....

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y A LA TERCERO INTERESADA EL AUTO DE 22-09-2022, POR NO ATENDER AL AVISO Y AL CITATORIO RESPECTIVAMENTE, AMBOS DE 26-09-2022: .. Boca del Río, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio signado por el Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con domicilio en la ciudad de Veracruz, Veracruz. Atento a su contenido, se le tiene informando que el pasado trece de septiembre del año en curso, se llevó acabo la audiencia de juicio oral relativa al proceso penal 49/2022 instruido a Nora Patricia Tagano Lira, del índice de la autoridad oficiante, por su probable participación en la comisión del hecho cometido en agravio de la víctima quien en vida respondiera al nombre de Manuel González Gallaga, en la que decretó fallo absolutorio en favor de la aquí quejosa, en términos del numeral 405, del código nacional de procedimientos penales, misma que se llevó a cabo de forma oral y quedó registro en audio y video, por lo que se ordenó su libertad única y exclusivamente por cuanto a ese juicio oral se refiere, asimismo, informa que se fijaron las quince horas del día veintitrés de septiembre de este año, para llevar a cabo la lectura de la sentencia, de lo que esta autoridad toma conocimiento. En ese tenor, con fundamento en los artículos 64 y 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita el disco versátil digital de la audiencia que se llevó a cabo el trece de septiembre del año en curso, emitida en el proceso penal 49/2022 de su índice, instruido en contra de Nora Patricia Tagano Lira, o en su caso remita copias certificadas de dichas constancias, ello para estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda, pues atendiendo a lo que disponen los artículos señalados cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten. Apercibida la referida autoridad responsable que de no cumplir con lo solicitado o no informar el impedimento que tenga para ello, se hará acreedora a una multa de cien unidades de medida y su actualización, lo que equivale a $9,622.00 pesos (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), lo que resulta de multiplicar $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) por cien, de conformidad con los preceptos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y tercera interesada y por oficio a la autoridad responsable....

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