Nora Patricia López Verdugo
Expediente 1005/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1005/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Nora Patricia López Verdugo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término del artículo 86 de la ley de la materia sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia; por consiguiente, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se procede a determinar su destino legal. Ahora, en su artículo 21, inciso a), el acuerdo general en cita, prevé que son susceptibles de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se sobreseyó fuera de audiencia y, no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, es susceptible de destrucción el presente expediente, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido Acuerdo General; esto, previa acta que se elabore para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y remítase a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta, a fin de dar cumplimiento a los artículos 23 y 24 del mencionado acuerdo general.
- Principal
Agréguense a los presentes autos con vista a las partes, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, los oficios de cuenta, por medio de los cuales rinden informe justificado los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y el Actuario de la adscripción. Ahora bien, en el presente juicio se advierte que la demanda de amparo se presentó el cinco de agosto del año en curso, cuyo turno correspondió a este órgano jurisdiccional, en donde, se reclamó a las autoridades responsables lo siguiente:"A.- DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE RECLAMO 1. La omisión de DICTAR Y NOTIFICAR A LAS PARTES EL LAUDO CORRESPONDIENTE EN EL JUICIO LABORAL NUMERO 8-1003/2020. C) DEL ACTUARIO SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE SE RECLAMA 1. La omisión DE PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES a las partes (PARTE ACTORA Y PARTE DEMANDADA), en el expediente número 8-1003/2020, en términos que marca la ley en lo preceptuado por los numerales 743 fracción III, 750 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo". De igual forma, del informe justificado que rindió la autoridad responsable se advierte que acompañó copia certificada de diversas constancias que integran el expediente 8-1003/2020 de las que se advierte: 1. Resolución correspondiente a la sesión de ocho de junio de dos mil veintiuno, en la que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, emitió el laudo. 2. Determinación, que fue notificada a la parte actora el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, y a la parte demandada el dos de octubre del año en curso. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que, si durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. Con relación a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." CAUSA DE SOBRESEIMIENTO Se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, relativa a la inexistencia del acto reclamado a la Junta, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, pues a la fecha de la presentación de la demanda de amparo la omisión que se le reclama, no existía. Al respecto, la causa de sobreseimiento a que se refiere la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y De lo anterior, tenemos que procede el sobreseimiento en el juicio, cuando de autos no se apreciare claramente demostrado el acto reclamado, o cuando el quejoso no probare su existencia. Ahora, del contenido de las constancias allegadas por la responsable, se advierte con claridad, que en resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, la Junta responsable emitió el laudo en el juicio laboral de origen. En el caso, la justiciable le reclama a la Junta responsable en el presente juicio constitucional: La omisión de dictar el laudo en el expediente 8-1003/2020. Por tanto, la omisión de dictar el laudo en el expediente 8-1003/2020 es inexistente, ya que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -cinco de agosto de dos mil veintiuno- la Junta responsable ya había dictado el laudo correspondiente, lo que aconteció desde el ocho de junio de dos mil veintiuno; de ahí que resulte inconcuso, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo el acto reclamado era inexistente. Al respecto se cita la tesis, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, de rubro: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO". Por otra parte, es menester precisar que respecto al diverso acto reclamado al Actuario responsable, consistente: La omisión de notificar a las partes del acuerdo de admisión dentro del expediente laboral de origen, se actualiza: CAUSA DE IMPROCEDENCIA Del acto reclamado, consistente en la omisión de notificar a las partes el laudo en el expediente 8-1003/2020, si bien es cierto, a la fecha de la presentación de la demanda no se había notificado a estas la resolución de referencia; también lo es, que de las documentales aportadas por la Junta responsable, se advierte que en ese juicio laboral ya se notificó a las partes el laudo, y en consecuencia se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Acerca de la cesación de efectos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Los anteriores criterios determinan que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite concluir que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, la parte quejosa reclama al Actuario adscrito a la Junta responsable que ha sido omiso notificar a las partes del laudo dentro del expediente laboral de origen. Por su parte, se tiene que la responsable remitió algunas de las constancias que integran el citado juicio laboral de las que se advierte, que de manera posterior a la fecha de presentación de la demanda (cinco de agosto de dos mil veintiuno), el Actuario responsable notificó respectivamente a las partes el laudo emitido en el juicio de origen el nueve de septiembre y el dos de octubre de dos mil veintiuno. Lo expuesto revela que los efectos dilatorios del acto reclamado han cesado, esto es, han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. Se cita en la idea jurídica sustancial la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En ese sentido, procede el sobreseimiento en el presente juicio de amparo por lo que hace a los actos reclamados consistentes en la omisión de dictar el laudo en el expediente laboral 8-1003/2020, la omisión de practicar las notificaciones a las partes, de conformidad al precitado artículo 63, fracciones IV y V, de la ley de materia. En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV, y V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, sólo en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En virtud de lo expuesto, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; además, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.
- Principal
Se admite la demanda de amparo; Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19; no se tramita incidente de suspensión por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa; por último, dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde.
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