Nora Patricia López Pérez

Expediente 927/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
927/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
30/07/2018

Partes del expediente

  • Nora Patricia López Pérez
  • Juez Vigésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de julio de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito de la quejosa, por medio del cual solicita la devolución de la garantía exhibida en el presente juicio. Luego, tomando en consideración que obra en el seguro de este juzgado la garantía que la quejosa exhibió para garantizar la suspensión concedida en su favor; hágase del conocimiento que el billete de depósito N 807710, emitido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional), queda a su disposición, en el entendido que cuenta con un plazo de dos años para recibirlo, bajo apercibimiento que de no hacerlo, prescribirá a favor del Erario Federal, conforme al artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Jazmín Nallely Martínez Ramírez, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargada del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/3375/2018, de tres de julio de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida de la secretaria Irene Soto Galindo, que da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio remitido por el Secretario Adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 927/2017, dos legajos de copias certificadas y testimonio de la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 300/2017, en la cual se determinó: PRIMERO.- Se CONFIRMA la resolución recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por NORA PATRICIA LÓPEZ PÉREZ, contra los actos reclamados del Juez Vigésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, consistente en diversos proveídos emitidos en el expediente 339/2013, por los que se pretende desposeer a la quejosa del inmueble litigioso y las encaminadas a su cumplimiento, encomendado al Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y el ejecutor de su adscripción, por los motivos expuestos en la determinación recurrida. Acúsese recibo; glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental; y, de depuración el original del incidente, pues se negó y se concedió la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Por otro lado, respecto del billete de depósito N-807710, expedido a favor de la parte quejosa, por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, que ampara la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional), una vez que transcurra el plazo señalado en el artículo 156 de la Ley de Amparo, se procederá a su devolución vencido este término, y con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, cuenta con dos años para acudir a este juzgado a recibir el billete en mención, apercibido que de no hacerlo prescribirá a favor del erario Federal. Asimismo, queda a disposición de la parte quejosa la constancia que adjunto a su escrito inicial de demanda, en el entendido de que deberá presentarse a recogerlos personalmente, dentro del término de noventa días, contados legalmente, bajo a percibimiento que de ser omisa estos serán destruidos junto con el presente expediente. Finalmente, devuélvanse los anexos a la autoridad responsable, sin que sea necesario acuse recibo.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual interponen revisión contra la sentencia dictada en este juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto ese recurso; distribúyanse entre las partes el mismo y una vez integrado el expediente, remítase al Tribunal de Alzada. Con fundamento en el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable foránea, para que en el término de veinticuatro horas, acuse recibo del oficio girado en esta fecha, así como del diverso en que se le notificó la sentencia emitida en el presente asunto; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo. Información que puede ser enviada al fax (01.722) 2.36.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial ejecucion@correo.cjf.gob.mx; confirmando a la extensión 3252 o 3267.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 927/2017; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado a este juzgado;******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez admitida la demanda y seguida las formalidades de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción VI de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado se atribuye a autoridades que tienen su residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial del juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridades responsables al Juez Vigésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, Juez y Ejecutor ambos adscritos al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a quienes les reclaman como tercero extraña a juicio: - Los proveídos de siete de junio, quince de noviembre de dos mil dieciséis y seis de marzo de dos mil diecisiete, emitidos en el expediente ********************, del índice del Juzgado Vigésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, por los que se pretende desposeer del inmueble de su propiedad ubicado en ********************, y su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Dichas autoridades al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto que se les reclama. Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas como complemento de su informe justificado, consistentes en el expediente ********************, así como del exhorto ********************, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se adviertan actualizadas de oficio. En el caso, se estima que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por la facción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Del numeral transcrito, se aprecia que el juicio de amparo es improcedente, cuando los actos reclamados no afecten los intereses jurídicos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Ahora bien, el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, en atención a que si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional y así, el peticionario de garantías debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que la ley o acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de garantías resulta improcedente. Asimismo, cabe precisar que la afectación al interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones. De conformidad con lo establecido en el ordinal 107, fracción I, de la Constitución General de la República, el juicio de garantías debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada. Ahora, por disposición del artículo 5, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, tratándose de actos de tribunales judiciales necesariamente se requiere que el quejoso cuente con un derecho subjetivo, entonces para la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados dentro y en la etapa de ejecución de sentencia de un procedimiento judicial de índole civil, debe demostrarse un interés jurídico para iniciar el procedimiento federal en la presente instancia Constitucional. El artículo 6º de la Ley de Amparo, por su parte, establece que el juicio constitucional únicamente puede promoverse, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso. De esta manera, la acción constitucional únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio, y así, el perjuicio de que se habla, debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la Ley de un derecho legítimamente tutelado, el cual desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado. Esto es lo que constituye el interés jurídico que debe tomarse en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Por ello, sólo tiene interés jurídico aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Ahora bien, para que la propiedad o posesión pueda ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando la parte quejosa se ostenta extraño a juicio, es necesario acreditar: a) Su condición de tercero extraño a la controversia de la que derivan los actos reclamados; b) La existencia de un título eficaz respecto del bien cuya posesión defiende el quejoso, que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer; esto es, la causa generadora de la posesión y, c) Su carácter de poseedor del inmueble materia de la litis, y d) La afectación de esa posesión a través de los actos que por esta vía reclama. En ese contexto, la falta de alguno de los requisitos enumerados, tiene como consecuencia que la propiedad o el derecho que aduce tener (posesión), por quien se ostenta tercero extraño a juicio, no sea susceptible de defenderse a través de esta vía constitucional. En el caso, se encuentra acreditado el primero de los extremos referidos, pues de las copias certificadas remitidas por el Juez responsable en anexo a su informe justificado, se advierte que la quejosa no figuran como parte en el juicio especial hipotecario ********************, pues éste fue promovido por ********************, a través de su apoderado legal, en contra de ********************. No obstante, se estima que la impetrante no demuestra el segundo de los elementos en que se sustenta la acción constitucional; esto es, la existencia de un título eficaz respecto del bien inmueble cuya posesión defiende. En efecto, con el fin de acreditar su interés jurídico, la parte quejosa ofreció el contrato de cesión de derechos, suscrito el diecisiete de enero de dos mil trece, cuya materia u objeto lo constituye el inmueble ubicado en ********************. Sin embargo, tal documental no resulta suficiente para demostrar tal extremo (interés jurídico), en razón de que dicho contrato carece de fecha cierta, lo que resulta necesario para determinar a partir de qué momento la peticionaria del amparo detenta la posesión jurídica que aduce tener; de ahí que no tienen plena eficacia probatoria, como a continuación se analizará. Lo anterior se afirma, pues este resolutor considera que por cuanto hace al referido contrato de cesión de derechos, no es apto o idóneo, ni suficiente para acreditar que la quejosa tiene el derecho subjetivo de legítima propiedad del inmueble ubicado en ******************** y, por ende, que cuenta con interés jurídico para controvertir el acto que reclama. En efecto, si bien es cierto el citado acuerdo de voluntades tiene valor demostrativo, con base en lo establecido en los artículos 133 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no es menos verdad que resulta insuficiente para acreditar el interés jurídico de la impetrante de garantías para acudir a la vía constitucional, porque no obstante de estar suscrito por la quejosa con calidad de cesionario, aquél carece de fecha cierta, lo que resulta necesario para establecer el momento a partir del cual ésta detenta la propiedad que aduce tener. Al respecto, debe indicarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 52/97, estableció que si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esa regla no era aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de uso o de dominio, pues éstos, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros, requerían ser de fecha cierta. La mencionada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que un documento privado en el que se hace constar un acto traslativo de dominio se considera de fecha cierta a partir del día en que se celebra ante fedatario público o funcionario autorizado; o a partir del momento en que es inscrito en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación; o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. En consecuencia, se concluyó que si un documento privado en el que consta un acto traslativo de dominio carece de fecha cierta, entonces, con él no se puede tener por acreditado el interés jurídico de la parte quejosa que la legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Las anteriores consideraciones se compilan en la jurisprudencia que se cita enseguida, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Diciembre de 1999, página 78, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Ahora bien, en el caso, el contrato de cesión de derechos de diecisiete de enero de dos mil trece, exhibido por la aquí quejosa, aunque está suscrito por ella con calidad de cesionario, no reúne los requisitos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ser considerado de fecha cierta, en primer lugar, porque no existe dato alguno del que pudiera desprenderse que se celebró ante fedatario público o funcionario autorizado; por otra parte, porque tampoco existe algún elemento objetivo con el que se demuestre que está inscrito en el Registro Público de la Propiedad; y, finalmente, tampoco está probado que alguno de los contratantes hubiera fallecido; de ahí que se concluya que tal documento no es apto, ni siquiera de manera indiciaria, para acreditar el interés jurídico de la quejosa, dado que no representa un justo título de fecha cierta del que emane el derecho de propiedad que la parte quejosa pretende defender. En conclusión, la citada prueba documental (contrato de cesión de derechos) ofrecida por la peticionaria de garantías, no es apta para demostrar la titularidad del derecho subjetivo que aduce tener sobre el inmueble ubicado en ********************, dado que con aquél no acredita la propiedad de la misma, a la fecha de la emisión y/o ejecución del acto reclamado, lo que implica que la solicitante del amparo carece de interés jurídico para accionar en la presente vía, ante la inexistencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, pues dicha documental no es de fecha cierta. Por su parte, las documentales consistentes en: 1) Constancia de residencia de doce de junio del año en curso, sin que se advierta el cargo de quien la expide, únicamente consta el nombre de********************y rúbrica de ésta; 2) Recibo de pago del predial de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, expedido por el Municipio de Metepec, Estado de México; 3) Seis recibos de pago del Organismo Público Descentralizado para la presentación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, Estado de México y 4) Seis aviso-recibo expedidos por la Comisión Federal de Electricidad, documentales que gozan de eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 133 y 217 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; sin embrago, no son idóneas para demostrar el interés jurídico para efectos de este juicio de amparo, esto es, pues la primera documental únicamente se advierte que la aquí quejosa reside en el ********************, y que se encuentra al corriente con el pago de cuotas de mantenimiento del citado fraccionamiento, no así respecto a la titularidad del inmueble que detenta en la presente instancia constitucional. De igual forma, respecto a los documentales señaladas con los arábigos 2, 3 y 4, pues dichas documentales no constituyen ni un indicio razonable para acreditar la posesión o bien la propiedad del inmueble que la solicitante del amparo por esta vía defiende, ya que los indicados documentos lo único que acreditan, en su caso, es el pago de servicios a favor del Ayuntamiento de Metepec, y de la Empresa Comisión Federal de Electricidad, con lo cual no se demuestra la propiedad legal del inmueble. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con rubro: "POSESIÓN. NO SE JUSTIFICA CON LAS BOLETAS DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL." (8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; X, Diciembre de 1992; Pág. 347) Así como la diversa emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con rubro: "POSESIÓN DE UN INMUEBLE, RECIBOS DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y DE SERVICIOS PÚBLICOS SON INSUFICIENTES PARA ACREDITAR LA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)." (8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; IX, Abril de 1992; Pág. 571). Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la propia normatividad legal. El sobreseimiento decretado se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman del Juez y Ejecutor adscritos al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 1812, visible en las páginas 2912 y 2913, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos de las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, ambos de la Carta Magna, 61, 62, 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por******************** por propio derecho, contra los actos y autoridades especificados en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia.

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