Nora Mendoza Arrevillaga
Expediente 28/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 26 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 28/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 19/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Instituto Mexicano del Seguro Social
- Nora Mendoza Arrevillaga
- Martín Campos Montero
- Ignacio Meneses Cruz, Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcalca
- Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Amparo en revisión
Apizaco, Tlaxcala, a diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos del presente asunto, se advierte que mediante auto de treinta de octubre de dos mil veinte se ordenó el archivo del expediente en que se actúa, y se determinó destruirlo conforme a la fracción IV del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito. Sin embargo, en razón de que el veinticinco de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual entró en vigor al día siguiente, este asunto debe ser valorado de conformidad con las reglas establecidas en dicho acuerdo. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción, en su momento oportuno, conforme a lo establecido en el precepto 21, inciso a) de dicho acuerdo general, así como en el numeral 1 del punto 8.1.2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, catorce de diciembre de dos mil veinte. V I S T O el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada (foja 204), desahogándola únicamente la primera de las mencionadas (foja 213). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de cuatro de junio de dos mil veinte este órgano colegiado resolvió conceder a Nora Mendoza Arrevillaga, la protección constitucional para los efectos siguientes: "1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. Dicte otro en la que reitere las consideraciones que sustentan la existencia del despido injustificado. 3. Hecho lo anterior, condene al pago de salarios caídos que se generaron del diez de noviembre de dos mil diez en que se efectuó el despido, al diecinueve de abril de dos mil trece en que la actora se reincorporo a sus labores por haber aceptado el ofrecimiento del empleo. 4. Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, absuelva de la reinstalación reclamada" (fojas 184 vuelta y 185). Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de este Tribunal Colegiado, se aprecia que mediante acuerdo de trece de octubre de dos mil veinte dejó insubsistente el laudo reclamado y ordenó dictar uno nuevo, lo que sucedió el catorce del mismo mes y año, en cuyo considerando octavo reiteró las consideraciones que sustentaron la existencia del despido injustificado (fojas 199 y 200). Por tal motivo, la responsable condenó al pago de salarios caídos generados del diez de noviembre de dos mil diez en que se efectuó el despido, al diecinueve de abril de dos mil trece en que la actora se reincorporó a sus labores por haber aceptado el ofrecimiento del empleo, lo que arrojó la cantidad de $279,774.00 (doscientos setenta y nueve mil setecientos setenta y cuatro pesos). Finalmente, absolvió a la demandada a reinstalar a la actora, en virtud de que el diecinueve de abril de dos mil trece dicha prestación quedó satisfecha al haber aceptado el ofrecimiento de trabajo (foja 200). Mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veinte ante la Oficialía de Partes de este órgano colegiado, la quejosa desahogó la vista ordenada en autos en el que manifiesta no estar de acuerdo con el cumplimiento a la ejecutoria porque la condenó al pago de aguinaldo y prima vacacional, cuando estas prestaciones las remuneró del uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho al diecinueve de abril de dos mil trece dentro del expediente C.D.T. 195/2013, como se desprende de la comparecencia de doce de abril de dos mil dieciséis, aunado a que lo decidido respecto al cómputo como parte efectiva de la antigüedad se contrapone con la absolución de reinstalación. Es inatendible lo afirmado por la quejosa, porque lo relativo a las condenas señaladas y reconocimiento mencionado no fue materia de la concesión del amparo, la cual se limitó a que en el nuevo laudo la autoridad del trabajo reiterara las consideraciones que sustentaban la existencia del despido injustificado, que la condena al pago de salarios caídos se limitaría del diez de noviembre de dos mil diez al diecinueve de abril de dos mil trece y que se absolviera de la reinstalación reclamada. Empero, en la ejecutoria de amparo no se abordó lo que tiene que ver con la forma en que debería resolver sobre el aguinaldo, prima vacacional y cómputo como parte efectiva de la antigüedad; de ahí lo inatendible de estos motivos de inconformidad. De lo anterior se desprende que ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, doce de noviembre de dos mil veinte. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de diecinueve de octubre del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, haciéndolo la primera de las mencionadas; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/mmz
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