Nora Margarita Velázquez Gutiérrez
Expediente 1125/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1125/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/03/2021
Partes del expediente
- Nora Margarita Velázquez Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta de marzo de dos mil veintiuno. I) Causa estado. Vista la cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra la determinación por la que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. I. Cambio de titular. Vista la cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/52/2021 signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que en sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de trece de enero de dos mil veintiuno, se acordó la readscripción del juez Vicente de Jesús Peña Covarrubias a este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos a que haya lugar; de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 104/2010, publicada en la página 312, del tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época, registro 164217, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, titulada "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." II. Reanudación de plazos y términos procesales. Hágase del conocimiento de las partes la reanudación de los plazos y términos procesales, conforme a los lineamientos precisados en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. III. Estado de autos. Mediante auto del doce de enero del año en curso, se previno a la parte quejosa en los términos ahí precisados. El diecinueve de enero del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto del escrito aclaratorio signado por la parte quejosa, en cumplimiento a la prevención formulada en auto de doce de enero del año en curso, hasta en tanto se reanudaran los plazos y términos procesales respecto de los asuntos tramitados en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo que ya ocurrió. En consecuencia, se levanta la reserva del auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno y se provee lo siguiente: IV. Cumple prevención. Téngase a la quejosa. , dando cumplimiento a la prevención formulada en auto inicial. V. Hechos notorios. De conformidad con el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como hecho notorio: 1) La existencia del juicio de amparo., promovido por., en el que, mediante sentencia definitiva y en lo que aquí interesa se negó el amparo solicitado, la cual fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión.; y, 2) La existencia del juicio de amparo., del índice de este juzgado, promovido por. , el cual fue desechado de plano por las razones que en el propio auto se indicaron, resolución que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja civil 177/2019, interpuesto por la solicitante del amparo. Es aplicable, en este punto la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 10, Décima Época, con Registro: 2017123, que dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. VI. Improcedencia de la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.".1 En la especie, de una lectura íntegra de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio que en esta fecha se acuerda, se advierte que los actos reclamados, esencialmente, se hacen consistir en los siguientes: a) El auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, emitido en los autos del juicio sumario hipotecario., del índice del juzgado responsable, en el cual se ordenó la entrega del inmueble materia de la controversia a favor de la parte actora. b) La falta de emplazamiento de.., al juicio.; y, como consecuencia, la totalidad de las actuaciones que integran dicho controvertido, incluida la nulidad del instrumento base de la acción (nulidad del instrumento notarial ..., de fecha 27 de marzo de 2004, otorgada ante la fe del Licenciado Roberto Loyola Vera, Notario Titular a la Notaría Pública 35 treinta y cinco de esta Demarcación Notarial), la falta de análisis de la personalidad de la parte actora, la falta de notificación a la misma de las diversas cesiones de derechos litigiosos llevados a cabo en dicho juicio, así como la sentencia y su ejecución. Desechamiento respecto al acto precisado en el inciso a) Respecto de dicho acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la diversa X, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. (.)". De lo transcrito se advierte que el juicio de amparo es 1 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Registro Núm. 186605. improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Atento a lo anterior, para que se configure la causal de improcedencia de mérito se requiere la actualización de una de las dos condiciones siguientes: a)Que en el anterior juicio de amparo se haya analizado y resuelto, en el fondo, la constitucionalidad del acto reclamado materia del posterior juicio de amparo. b)Si en el anterior juicio de amparo se configuró una causal de improcedencia respecto del acto reclamado, que ésta conlleve su absoluta inatacabilidad en un posterior juicio de amparo, con motivo de la existencia de circunstancias que, de manera insuperable, hagan inejercitable la acción de amparo. c)De no cumplirse alguna de las condiciones apuntadas, no se actualiza la causal de improcedencia en análisis. Cabe destacar que por regla general la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada, sin embargo, existen excepciones al respecto, siempre que la determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido sea confirmada, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de amparo promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto -a manera de ejemplo-. Lo anterior se apoya en la tesis aislada 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 524 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Décima Época, que dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Así, la ratio legis de las causales invocadas descansa en evitar que se tramiten tantos juicios como lo estime necesario la parte quejosa para obtener una sentencia favorable a sus intereses, con la latente posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias. Ahora bien, en el juicio de amparo.., del índice de este juzgado, el treinta de abril de dos mil diecinueve, se emitió sentencia, en la que, en lo que interesa, se negó el amparo solicitado .. por las razones que en dicha resolución se precisaron, juicio de amparo en el que se analizó el acto reclamado consistente en: "(.) Actos reclamados: ? La orden de escrituración a favor de. , respecto del bien inmueble ubicado en.., emitida el seis de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente., del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. ? La ejecución de escrituración de dicho inmueble. (.)" Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, mismo que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, bajo el expediente.., a través del cual se resolvió, en lo que interesa, confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En el caso se actualiza la causal de improcedencia aludida, en virtud de que lo que reclama en el presente asunto ya fue materia de estudio en diverso juicio de amparo, puesto que como se narró con anterioridad en el diverso juicio de amparo., se emitió sentencia en la que, en lo que interesa, se negó el amparo solicitado. , contra el acto reclamado que hizo consistir en la orden de escrituración a favor de ., respecto del bien inmueble ubicado en.. , emitida el seis de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente., del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. Sentencia que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, en el toca en revisión.. Es decir, existe determinación firme respecto de la orden de escrituración, a favor de., respecto del bien inmueble ubicado en., emitida el seis de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente., del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. Tales consideraciones hacen patente que, por una parte, ya se abordó el tema relativo al derecho que aduce tener respecto del inmueble materia de la litis y, por otra, lo relativo al acto reclamado, consistente en la falta de llamamiento a juicio, y por consecuencia la escrituración a favor de diversa persona del bien inmueble ubicado en., lo cual se corrobora con versión electrónica de la sentencia que se invocó como hecho notorio.2 Por ende, respecto del acto que pretende reclamar la parte quejosa, consistente en la orden entrega del inmueble, en los autos del juicio sumario hipotecario., se actualiza la causal de improcedencia de referencia, pues no hay posibilidad jurídica para estudiar un acto que es consecuencia inmediata, de uno que ya fue matera de estudio de diverso asunto. 2 Amparo Indirecto .del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro. Sentencia de treinta de abril de dos mil diecinueve. Máxime que el auto que por esta vía combate no se reclama por vicios propios, sino como consecuencia de no haber intervenido en el sumario del que deriva el acto reclamado, dado que aduce que ello no le dio la oportunidad de oponer sus excepciones y defensas; en ese sentido, tampoco obsta el hecho de que el acto reclamado en esta demanda de amparo sea de fecha distinta al que se estudió en el juicio de amparo multicitado, toda vez que el primero, es consecuencia inmediata del segundo que, como se dijo, fue materia de estudio en el juicio de amparo., del índice de este órgano jurisdiccional, por lo que el auto que aquí reclama no puede ser estudiado de manera autónoma al diverso anteriormente reclamado en amparo. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 971, Tomo XIX, Febrero de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada." Desechamiento respecto al acto precisado en el inciso b) Respecto del acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento de., al juicio .; y, como consecuencia, la totalidad de las actuaciones que integran dicho controvertido, incluida la nulidad del instrumento base de la acción (nulidad del instrumento notarial .. , de fecha 27 de marzo de 2004, otorgada ante la fe del Licenciado., Notario Titular a la Notaría Pública .de esta Demarcación Notarial), la falta de análisis de la personalidad de la parte actora, la falta de notificación a la misma de las diversas cesiones de derechos litigiosos llevados a cabo en dicho juicio, así como la sentencia y su ejecución; se actualiza la causal de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor (.)" Del texto de los dispositivos en consulta, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva fuera de los términos establecidos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, que en este caso es de quince días. En ese orden de ideas, se precisa que la Ley de Amparo prevé tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo, las cuales tienen lugar a partir del día siguiente al en que: a) Conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamados haya surtido efectos; b) La parte promovente haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución; o, c) Se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que el término para la promoción del juicio de amparo debe computarse, a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos referidos. Es importante destacar, que el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa, para iniciar el cómputo de los quince días para promover el juicio de amparo, debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos en la ley y no inferirse con base en indicios. Resulta aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Ahora, del expediente electrónico del juicio de amparo .del índice de este juzgado, se advierte que la parte quejosa era conocedora de los actos precisados en el inciso b) antes referido, por lo menos desde la fecha de presentación de esa demanda (siete de octubre de dos mil diecinueve), en la que hizo referencia a los mismos, declaraciones que hacen prueba plena en su contra en términos de los artículos 199 y 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que se considera que la promovente del amparo se ostenta sabedor del acto reclamado al menos desde esa fecha. En ese orden de ideas, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia antes invocada, toda vez que los referidos actos reclamados no fueron combatidos dentro del término de quince días que establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, resultando extemporánea, ya que si el promovente del amparo se hizo sabedor del acto que reclama desde el siete de octubre de dos mil diecinueve, el plazo para presentar la demanda ha transcurrido en exceso, pues atendiendo a la fecha de presentación de la demanda que dio origen a este juicio es, indudablemente se hizo de forma extemporánea, por lo que se determina que el acto que aquí se reclama se considera como consentido para efectos del amparo, lo cual de manera manifiesta e indudable torna improcedente el presente juicio de derechos fundamentales. Argumento anterior que encuentra sustento por analogía de razón en la tesis VI.2º. J/21, Novena Época, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 291, Tomo II, Agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En esa línea de pensamiento, al actualizarse las causales de improcedencia, previstas en el artículo 61, fracción XI, en relación con la diversa X; y XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de amparo, con apoyo en el ordinal 113, de la propia normatividad legal. Sin que en el caso, resulte procedente declinar competencia al Tribunal Colegiado que corresponda, en virtud de que la sentencia dictada en el controvertido natural no se reclama por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Lo anterior se desprende de la tesis jurisprudencial 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, del Tomo XXXII, Agosto de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto." VII. Captura de la determinación. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
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Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. ESCRITO ACLARATORIO. Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención que le fue formulada en el auto anterior. RESERVA. Ahora, después del análisis de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, este órgano jurisdiccional se reserva a emitir el pronunciamiento relativo, hasta en tanto se reanuden los plazos y términos procesales para las labores ordinarias del Poder Judicial de la Federación, en los términos de la circular CAP/4/2021, que establece la reanudación de vigencia del Acuerdo General 13/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del COVID-19, y su temporalidad, toda vez que los actos que se reclaman, se estima, no se localizan en los supuestos establecidos como urgentes para su tramitación, conforme artículo cuarto del mencionado Acuerdo General, además de que la demanda de amparo se presentó físicamente y no de manera electrónica "juicio en línea". En efecto, del escrito inicial de demanda, se advierte que la quejosa reclamó lo siguiente: La resolución de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, misma en la que se ordena la entrega de la vivienda a la actora. Nulidad del instrumento base de la acción en el juicio civil. La falta de análisis por parte de la autoridad responsable, de la falta de personalidad de la actora, en el expediente ..del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, Querétaro. La ausencia de emplazamiento a la ..., dentro del expediente ..., y como consecuencia de la ilegalidad de dicho emplazamiento, la ilegalidad de todo lo actuado dentro del referido juicio. La ausencia de notificación de ..., de las diversas cesiones de derechos litigiosos, mismos que son obligatorios para poder iniciar cualquier demanda. La sentencia definitiva sobre el expediente ..., de fecha siete de octubre de dos mil dieciséis. En esa medida, conforme al catálogo enunciativo establecido en el multicitado Acuerdo General 13/2020, el acto que aquí se combate no se considera de los que ameriten un pronunciamiento urgente por parte de este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que se reanuden labores jurisdiccionales ordinarias, se realizará pronunciamiento al respecto sobre su admisibilidad. Lo anterior es así, ya que si bien, la demanda de amparo y el escrito de cuenta, fueron presentados a través del Portal de Servicios el Línea del Poder Judicial de la Federación, el acuerdo que al efecto emita este Juzgado, involucra una notificación a las autoridades señaladas como responsables, respecto de las cuales, es un hecho notorio para este Juzgado que no han implementado mecanismos para continuar el trámite del juicio en su modalidad en línea, por lo cual, al no considerarse como urgente la tramitación de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, ni poderse continuar su trámite en su totalidad, a través de la citada modalidad, de conformidad con el punto 1 de la Circular CAP/4/2021, en relación con el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reitera, lo procedente es reservar el acuerdo respectivo, hasta en tanto se reanuden las labores ordinarias de éste Juzgado. Notifíquese.
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Santiago de Querétaro, Querétaro, doce de enero de dos mil veintiuno. REANUDA PROCEDIMIENTO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que concluyó la vigencia de la suspensión de los plazos y términos procesales establecida en la Circular CAP/3/2020 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se instruyó el regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la forma de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En consecuencia, tomando en consideración que en términos de los artículos 365 y 367 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con lo determinado en la referida Circular, el proceso en el presente juicio fue suspendido con motivo del citado fenómeno de salud pública, SE REANUDA EL PROCEDIMIENTO, en el entendido de que, dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. FECHA Y HORA DE AUDIENCIA. Dado que la suspensión implicó dejar sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Hágase del conocimiento de las partes que la reanudación de los plazos procesales suspendidos, opera conforme a los lineamientos dados por el propio Consejo de la Judicatura Federal; y en su defecto hasta la notificación de este acuerdo. Notifíquese.
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