Nora Margarita Velázquez Gutiérrez
Expediente 103/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 103/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/09/2023
Partes del expediente
- Nora Margarita Velázquez Gutiérrez
- Mario Arturo Barragán Lucena
Actuaciones
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
ÚNICO. Se declara fundada la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, promovida por*******************, por su propio derecho, contra la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), por las consideraciones y para los efectos precisados en los considerandos TERCERO y CUARTO, de la presente resolución.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. I. Se agrega escrito. Agréguese a los autos el escrito suscrito por ********************, autorizado en términos amplios de la parte tercero interesada, en el cual solicita se señale nueva fecha para el desahogo de la prueba pericial ofertada por el quejoso, con motivo de que se encuentran fijadas las doce horas del veintiocho de agosto de dos mil veintitrés para su desahogo, toda vez que no ha regresado el despacho *** dirigido al Juez Menor Mixto en Tequisquiapan, Querétaro, por medio del cual se ordenó notificar a ***, perito designado por este juzgado a fin de que acepte el cargo conferido. II. Se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para el desahogo de la prueba pericial. En atención a lo expuesto con anterioridad, y dado que la data fijada para el desahogo de la prueba pericial ofertada en autos está próxima a ocurrir, sin que a la fecha se cuente con la aceptación del cargo de perito por parte de este Juzgado y, siendo que la probanza de mérito deba ser desahogada con la asistencia de los peritos designados por las partes, en el que desde luego debe ocurrir el perito designado por este Juzgado, y para lo cual, en caso de que éste acepte el cargo, deba acudir a protestarlo e imponerse de las constancias que obran en este sumario, se estima procedente aquella petición y, con la finalidad de evitar mayores dilaciones procesales, pero sobre todo a efecto de la debida integración de la probanza en cuestión, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para su desahogo, y en ese sentido, se señalará nueva hora y fecha hasta en tanto se cuente con la aceptación del cargo conferido del perito señalado por este órgano jurisdiccional, ya que es obligación de este Juzgado la vigilancia de la correcta preparación y desahogo de una prueba como la admitida en autos. Asimismo, con la finalidad de evitar el traslado innecesario de las parte al desahogo de una prueba que eventualmente no podrá desahogarse, precisamente por la falta de designación de perito por parte de este Juzgado. Se cita la tesis I.16o.A.1 K (10a.), sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito., visible en la página 2059, del Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 2059, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2003120, de título y contenido que prevén: "PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO INDIRECTO. ATENTO A LA FORMA SUI GÉNERIS DE SU INTEGRACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO TIENE LA OBLIGACIÓN DE VIGILAR SU CORRECTO DESAHOGO POR LO QUE SE REFIERE A LOS PERITOS POR ÉL DESIGNADOS. El artículo 78, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece el deber del juzgador de tomar en cuenta las pruebas que justifiquen tanto la existencia del acto reclamado como la constitucionalidad o no de éste. A su vez, el diverso numeral 151 del mismo ordenamiento dispone que una vez anunciada la prueba pericial, aquél debe designar a los peritos que estime necesarios para la práctica de la diligencia, con independencia de que cada parte pueda nombrar a uno para que se asocie al oficial o rinda su dictamen por separado, es decir, le impone la obligación de participar directamente en la integración de tal medio de convicción, concretamente, de encargarse de la designación de los expertos en la materia a peritar. Inclusive, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 81/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, página 300, de rubro: "PERICIAL EN AMPARO. ANTE LA DIVERGENCIA DE LAS CONCLUSIONES EN LOS DICTÁMENES, ES INDEBIDO NOMBRAR A UN PERITO TERCERO.", determinó que el único peritaje cuyo dictamen es indispensable para su debida integración y desahogo es el del experto nombrado por el Juez. Luego, en atención a esa forma sui géneris de integración de la prueba pericial en el juicio de amparo indirecto, puede considerarse válidamente que la obligación que el precepto legal citado en segundo término le impone al Juez de Distrito, conlleva implícitamente la de vigilar su correcto desahogo por lo que se refiere a los peritos por él designados, en cuanto a que le aporten los elementos indispensables para que pueda resolver el tópico sobre el que versa la prueba, por lo que, al tener por recibido el dictamen debe verificar que cuente con los elementos e información suficientes para que lo ilustren en cuanto a la materia o especialidad requerida; caso contrario, para mejor proveer en términos del artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, debe pedir que se subsane la deficiencia." Por tanto, la presente determinación deberá notificarse personalmente a las partes así como a sus peritos, y entidades participantes de la prueba; asimismo, gírese oficio al Juez despachado a efecto de que proceda a la devolución del despacho girado en autos para ese propósito. Notifíquese; y personalmente a los peritos ******************** y ********************por conducto de la parte quejosa y tercero interesado respectivamente, y mediante oficio a las dependencias administrativas referidas en el presente auto, así como Juez Segunda de Primera Instancia Civil en San Juan del Río, Querétaro.
- Principal
I. Causa estado desechamiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles1 , de 1 "Artículo 356. Causan ejecutoria las siguientes sentencias: [.] II.- Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él, y [.]" aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo2 , así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo3 ; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. No existen documentos originales. Se hace la aclaración que la parte quejosa no allegó al juicio principal algún documento original que por sus características amerite proveer su devolución. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda promovida por ********************, contra actos del Ayuntamiento, Presidente y Secretario, todos del Municipio de Querétaro. II. Expediente y registro. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 103/2023. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. III. Desechamiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En el caso, según se advierte del análisis de la demanda de amparo, se señala como autoridad responsable al Ayuntamiento, Presidente y Secretario, todos del Municipio de Querétaro, de quienes reclama: "1. La NEGATIVA por parte de la Autoridad Responsable para hacer efectivo el SEGURO que entregan con el pago del impuesto predial de la vivienda propiedad de la suscrita. 2. La NEGATIVA por parte de la Autoridad Responsable para PAGAR a la suscrita el IMPORTE DE $50,000.00 PESOS, CORRESPONDIENTE AL SEGURO por el INCIDENCIO DE LA VIVIENDA propiedad de la suscrita, mismo que se produjo en la noche del 19 al 20de enero de 2023." Ahora, la fracción IV del artículo 107 constitucional, establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV. En materia administrativa, el amparo procede, además, contra acto u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar esos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución. [.]." Por su parte, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de la Materia, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. [.]." De lo transcrito se desprende que en materia administrativa, de manera previa a la promoción del juicio de amparo, es necesario agotar los medios de defensa procedentes contra el acto de autoridad que se estime lesivo, siempre que conforme a las leyes que los prevén, de oficio o mediante la promoción del juicio o interposición del recurso o medio de defensa legal correspondiente, se suspendan los efectos de los actos impugnados, con los mismos alcances previstos en la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que ésta consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el establecido para el otorgamiento de la suspensión provisional; independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, existiendo medio ordinario de defensa, sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de los derechos públicos subjetivos de los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de defensa legalmente reconocidos. Asimismo, el reconocimiento constitucional del principio en comento responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando la conducta de autoridad que se reclama posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Ahora, las normas constitucional y reglamentaria transcritas con anterioridad, establecen diversos requisitos para que se actualice dicha causal, a saber: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que el acto impugnado sea revisable de oficio, o bien, a instancia de parte proceda en su contra algún medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado; c) Que conforme a las leyes que rigen el acto o el medio de impugnación relativo proceda la suspensión, con los mismos alcances, sin que establezca un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional, y sin que pida mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de paralización; y d) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación, o no se aleguen exclusivamente violaciones directas a la Constitución y que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Precisado lo anterior, procede verificar si en el caso se encuentran reunidos los elementos que actualizan la causa de improcedencia en estudio. Respecto al primer requisito consistente en que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se encuentra satisfecho, pues el acto reclamado se reprocha al Ayuntamiento, Presidente y Secretario, todos del Municipio de Querétaro, es decir, autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por lo que hace al segundo requisito, se actualiza la condición relativa a que contra el acto reclamado proceda algún medio de defensa legal por el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, en la medida que la negativa de la autoridad responsable de hacer efectivo el seguro relativo al pago de impuesto predial, puede ser combatida mediante juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro. A fin de entender el alcance del sentido de la presente determinación, resulta conveniente abordar el siguiente marco jurídico. El artículo 34 apartado A, de la Constitución Política del Estado de Querétaro establece: "ARTICULO 34. El funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se sujetará a lo siguiente: Apartado A. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo estará dotado de plena autonomía y será independiente de cualquier autoridad administrativa. Tendrá a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre las dependencias administrativas estatales y municipales con los particulares. Residirá en la ciudad de Santiago de Querétaro y tendrá la estructura, la organización, la jurisdicción y la competencia que le atribuya la ley. Para ser Magistrado, se deberán satisfacer los requisitos que se señalan en el artículo 28 de la presente Constitución y será electo para un período de cuatro años, pudiendo ser ratificado por un periodo igual." Por su parte, los artículos 1, 2, 3, 4 y 20 del título primero, relativo a la Organización y Competencia, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, establecen: "Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 34, Apartado A, de la Constitución Política del Estado de Querétaro y tiene por objeto regular la organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro." "Artículo 2. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, es un órgano jurisdiccional independiente de cualquier autoridad administrativa, con autonomía para dictar sus fallos, dotado de plena jurisdicción y con el imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones, en todo el territorio del Estado de Querétaro. El Tribunal forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro a que se refieren los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 ter, de la Constitución Política del Estado de Querétaro y estará sujeto a las disposiciones aplicables en dicha materia. El presupuesto aprobado por la Legislatura del Estado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, se ejercerá con autonomía y conforme a lo dispuesto por la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro y las demás disposiciones legales aplicables." "Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: I. Juez Administrativo: el Juez Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; II. Juzgado Administrativo: el Juzgado Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; III. Magistrado: el Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; IV. Reglamento Interior: el Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; V. Sala Especializada: la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; VI. Sala Superior: la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; VII. Pleno: el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; y VIII. Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro. Las expresiones citadas podrán utilizarse en singular o plural, conservando el significado expuesto." "Artículo 4. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando se controviertan con motivo de su primer acto de aplicación; II. Las dictadas por autoridades fiscales estatales y municipales, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; III. Las que nieguen la devolución de aprovechamientos o de algún tipo de contribución contemplada por el Código Fiscal del Estado de Querétaro, indebidamente percibidos por el Estado o el municipio o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales y municipales; V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; VI. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal; VII. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado o los municipios, declaren improcedente su reclamación o cuando, habiéndola otorgado, no satisfaga al reclamante. También las que, por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado o al municipio que corresponda el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia; VIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro; IX. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; X. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal del Estado de Querétaro, la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro o las disposiciones aplicables, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; XI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos; XII. Las sanciones que imponga la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro; y XIII. Las demás que esta y otras leyes establezcan como competencia del Tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. El Tribunal conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias de su competencia." "Artículo 20. Los Juzgados Administrativos conocerán de los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, con excepción de la prevista en la fracción XII de dicho precepto, que será de (sic) conocimiento de la Sala Especializada." Por su parte, los artículos 5 y 12 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, dicen: "Artículo 5. Son partes en el juicio contencioso administrativo estatal: Serán partes en el juicio: I. El actor o demandante; II. El demandado, que podrá ser: a) La autoridad que dictó la resolución impugnada. En el caso del Gobernador del Estado, éste será representado por el Secretario de Gobierno. b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa estatal o municipal; y III. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante." "Artículo 12. Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes: I.Que no afecten los intereses jurídicos del demandante, salvo en los casos de legitimación expresamente reconocida por las leyes que rigen al acto impugnado; II. Que no le competa conocer a dicho Tribunal; III. Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el Tribunal, siempre que hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas; IV. Cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento si no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas o juicio ante el Tribunal, en los plazos que señala esta Ley. Se entiende que no hubo consentimiento cuando una resolución administrativa o parte de ella no impugnada, cuando derive o sea consecuencia de aquella otra que haya sido expresamente impugnada; V. Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o ante el propio Tribunal; VI. Que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con excepción de aquéllos cuya interposición sea optativa; VII. Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente, cuando la ley disponga que debe agotarse la misma vía. Para los efectos de esta fracción, se entiende que hay conexidad siempre que concurran las causas de acumulación previstas en el artículo 36 de esta Ley; VIII. Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial; IX Contra reglamentos; X. Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación; XI. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe la resolución o acto impugnados; XII. Cuando la demanda se hubiere interpuesto por la misma parte y en contra del mismo acto impugnado, por dos o más ocasiones; y XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley o de una ley fiscal o administrativa. La procedencia del juicio será examinada de oficio." Del referido cuerpo normativo si bien no establece un numeral que señale un catálogo específico respecto de los diversos tipos de actos que con el juicio contencioso administrativo se puedan combatir, antes bien, se prevé de forma genérica su procedimiento contra todos los actos administrativos de la administración pública estatal y municipal y por excepción a -contrario sentido- en lo previsto por el diverso artículo 20; se advierte claramente que contra el acto administrativo reclamado por la parte quejosa en su demanda; procede el juicio contencioso administrativo, pues se trata de un acto proveniente de la administración pública Municipal que no se ubica en los supuestos de excepción que establece el aludido artículo 20; por lo que es un medio de defensa ordinario por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado y en esas condiciones, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar dicho medio de defensa. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Noviembre, página 463.) "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE PROMOVERSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. Aun cuando en la demanda de amparo formulada en contra de actos de autoridades administrativas locales sólo se invoquen como violados artículos de la Constitución General de la República y no preceptos de alguna ley secundaria, el afectado debió previamente promover ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado el juicio de nulidad correspondiente, a virtud de que las cuestiones de derecho que plantea se refieren a problemas de legalidad, y el tema de inconstitucionalidad es planteado indirectamente a través de la llamada garantía de legalidad, ya que aceptar lo contrario traería como consecuencia que con alegar únicamente violación a disposiciones de la propia Constitución se eludiría el agotamiento del recurso, juicio o medio de defensa ordinarios, según sea el caso, desacatándose así el requisito de definitividad que rige al juicio constitucional." En relación con el tercer requisito consistente en que puedan suspenderse los efectos del acto reclamado con los mismos alcances que los que prevé la Ley de la materia y, sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley la materia, sin que se exijan mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, debe precisarse que la ley que rige el juicio de nulidad prevé la suspensión del acto en sus artículos 32 y 33, bajo condiciones idénticas a las que prevé la Ley de Amparo y sin mayores requisitos de los que ésta exige, por lo cual se trata de un medio de impugnación que debe agotarse previo al juicio de amparo. En efecto, dichos numerales señalan: "Artículo 32. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado; II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante. 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo del Tribunal que conozca del juicio o quien los supla; III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo en que se encuentre radicado el juicio correspondiente, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad de la Sala Superior o Especializada o de los Juzgados Administrativos del Tribunal. c) La Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo competente del Tribunal, deberán proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) La Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo competente requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo resolverán lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes; IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo competente podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique; y V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable y ésta quede firme, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo la ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." "Artículo 33. Las medidas cautelares positivas y la suspensión de la ejecución del acto impugnado podrán quedar sin efecto si la contraparte exhibe contragarantía para indemnizar los daños y perjuicios que pudieran causarse a la parte actora. Además, la contragarantía deberá cubrir los costos de la garantía que hubiese otorgado la parte actora, la cual comprenderá, entre otros aspectos, los siguientes: I. Los gastos o primas pagados, conforme a la Ley, a la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la garantía; II. Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de cancelación y su registro, cuando la parte actora hubiere otorgado garantía hipotecaria; III. Los gastos legales acreditados para constituir el depósito; y/o IV. Los gastos efectivamente erogados para constituir la garantía, siempre que estén debidamente comprobados con la documentación correspondiente. No se admitirá la contragarantía si de ejecutarse el acto impugnado o de no concederse la medida cautelar positiva queda sin materia el juicio o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes del inicio del juicio, lo cual deberá ser motivado por la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo, según corresponda." Con el propósito de verificar si en el caso, los anteriores requisitos establecidos en la Ley del Procedimiento contencioso Administrativo del Estado de Querétaro para otorgar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio de nulidad, son mayores a los establecidos en la Ley de Amparo, resulta conveniente acudir igualmente a aquellos preceptos de este ordenamiento que tienden a regular los requisitos que deben satisfacerse para el otorgamiento de la medida suspensional a favor de la parte quejosa, tratándose del juicio de amparo indirecto. Efectivamente, en cuanto al otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo indirecto, se presentan dos formas de concederse la medida suspensional que son: a) la suspensión de plano y de oficio; b) suspensión de oficio cuando el acto es de imposible reparación; y c) la suspensión a petición de parte. Con independencia de que los actos contra los cuales se haya solicitado la medida cautelar sean ciertos y de que la naturaleza de los mismos permita su paralización, la suspensión a petición de parte está sujeta a determinados requisitos, como puede verse a continuación: En principio, debe atenderse a lo dispuesto en los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos." "Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía." La satisfacción de las anteriores condiciones o requisitos, obliga al Juez de Distrito a conceder la medida cautelar que se le solicite. Pues bien, el examen comparativo de los artículos 32 y 33 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, frente a los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, pone de manifiesto que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar. Es aplicable al caso concreto, por las razones que la integran la tesis de Jurisprudencia número PC.XXII. J/2 A (10a.), sustentada por el Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1014, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA LEY DE ENJUICIAMIENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN RELACIÓN CON LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, QUE REGULAN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO PREVÉN UN PLAZO MAYOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGAR DICHA MEDIDA CAUTELAR, POR LO QUE DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. De la interpretación conforme del marco normativo con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sigue que la excepción al principio de definitividad contenido en éste, que dispone que se actualiza un motivo de excepción al principio citado cuando las leyes que rijan a los actos a que hace referencia establezcan un plazo mayor al previsto en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Ahora bien, la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, en sus artículos 44, 45 y 48, en relación con los diversos 35, fracción X, y 44, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ambas del Estado de Querétaro, consideran la suspensión de los actos impugnados una cuestión de importancia en la que no debe existir dilación, por lo que disponen que las determinaciones sobre su otorgamiento deben tomarse de forma inmediata, es decir, de manera muy cercana a la presentación de la solicitud respectiva; de donde se obtiene que no prevé un plazo mayor al de 24 horas establecido en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión; pues a partir del momento en que el secretario da cuenta al Juez con la solicitud de suspensión de los actos impugnados, existe la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados; motivo por el cual, no se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio y, por tanto, la promoción del juicio contencioso administrativo resulta obligatoria previo a la del juicio de amparo, pues atiende el propósito del mandato constitucional de que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, lo cual permite el eficaz funcionamiento del sistema jurisdiccional especializado en materia administrativa del Estado de Querétaro, creado precisamente para resolver las controversias entre la administración pública estatal y municipal con los particulares, pues con ello se privilegia el acceso efectivo a la impartición de justicia administrativa local, y además, se reconoce al juicio de amparo como un medio de defensa de tipo extraordinario garante de los derechos humanos." En relación al cuarto requisito a que alude la causa de improcedencia en estudio, relativo a que el acto reclamado carezca de fundamentación, o se aleguen exclusivamente violaciones directas a la Constitución y que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, tampoco se actualiza, como se verá continuación. La parte quejosa, no sólo alega violaciones directas a la Constitución, como así lo exige la Jurisprudencia 449 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 298 del tomo VI, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN", así como la tesis 2ª.LVI/2000, página 156 del tomo XII, julio de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO", ya que de la lectura al texto del primero de los criterios citados, así como del correspondiente a la ejecutoria de la que derivó el segundo, se pone de manifiesto que la excepción al principio de definitividad cuando se alegan sólo violaciones directas a la Constitución Federal sólo puede operar de acuerdo a las dos premisas siguientes, a saber: a) Cuando el derecho fundamental infringido carezca de reglamentación secundaria para defenderlo, por ejemplo el derecho de petición y respuesta (art 8), el de expedites en la impartición de justicia (art. 17), entre otros casos; o, b) Cuando el gobernado se encuentre en un estado fáctico de desconocimiento que le impida enderezar defensa por los medios ordinarios, verbigracia, cuando el acto de autoridad carezca totalmente de fundamento y motivo (art. 16), o cuando el justiciable no sea parte en un procedimiento de donde derive el acto de autoridad. En realidad, con exclusión de los supuestos relativos a la violación a los artículos 16, 19, 20 y 22 de la Constitución, en materia penal, así como del amparo contra leyes, todos los restantes supuestos establecidos como casos de excepción al principio de definitividad, redundan en la segunda premisa anotada, esto es, que por las circunstancias normativas o fácticas -desconozca el marco normativo que rija el acto porque la autoridad no fundó ni motivó totalmente; que la ley no prevea recurso; lo prevea pero sin suspensión del acto; lo prevea pero exigiendo mayores requisitos- el gobernado no pueda enderezar defensa por la vía ordinaria. Lo anterior es así, puesto que con el principio de definitividad se persigue mantener el carácter extraordinario del juicio de amparo, esto es, que sólo cuando por las circunstancias que rodearon al gobernado e hicieron imposible su defensa -sea por causa fáctica o por diseño irregular del marco normativo ordinario-, se vea imposibilitado a defenderse, el juicio de amparo cobra su eficacia para salvaguardar el derecho fundamental del particular. De ahí que, por ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que aun y cuando el quejoso reclame violaciones de preceptos constitucionales y a la vez infracción al marco normativo secundario, ello no lo releva de "la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". Luego, con independencia de que -como lo propuso el quejoso- (en el capítulo de actos reclamados) en el aspecto de que la autoridad responsable emitió la sanción sin estar debidamente fundada y motivada, se traduce en un reclamo de la naturaleza de legalidad que precisamente se conoce en razón a la pretendida indebida fundamentación, lo cual sería materia de queja o impugnación en el medio ordinario de defensa, esto es, en el juicio contencioso administrativo local, ya que no por lo propuesto y dicho por la quejosa debe quedar relevada de ajustarse al agotamiento de los medios ordinarios de defensa que tiene a su alcance, además de que por medio del juicio contencioso local cobraría relevancia el respeto del derecho de audiencia y defensa previa al acto privativo de imposición y ejecución de infracción. De esta forma, si la parte quejosa al lado de violaciones directas a la Constitución Federal plantea violaciones de legalidad, entonces no se colma el requisito de que sólo se aleguen violaciones directas al Pacto Federal para obviar el principio de definitividad. Lo anterior, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de hacer valer violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. En esa tesitura, por un lado, si el acto reclamado, no carece de fundamento, y por el otro, la parte quejosa no sólo alega violaciones directas a la Constitución, sino también hace valer cuestiones de legalidad, por ende, no se ubica en la hipótesis de excepción para no agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis Jurisprudencial con número de registro 237480, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 119 del Semanario Judicial de la Federación Volumen 175-180, Tercera Parte, Materia(s): Común, Séptima Época que indica: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." En esa tesitura, al no actualizarse alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que la parte quejosa, previo al juicio de amparo que nos ocupa, debió promover el juicio de nulidad, pues el juicio de amparo, es de actualización excepcional y no de utilización inmediata como lo pretende la quejosa pretendiendo desconocer su naturaleza jurídica de medio extraordinario de defensa haciéndolo parecer como si fuese sede común. Con base a lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudablemente las causales de improcedencia aquí analizadas, da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. Sin que pase inadvertido que en la parte final del capítulo de antecedentes de la demanda, la impetrante refiere que la autoridad responsable ha guardado "absoluto silencio" respecto de la respuesta a la solicitud que le fue formulada, sin embargo, no se está en el supuesto de que lo reclamado lo constituya la OMISIÓN a dar respuesta a la solicitud de pago de seguro, pues como lo reconoce la quejosa en el punto V del citado capítulo de antecedentes (el que narró bajo protesta de decir verdad), tal contestación le fue dada vía telefónica el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en que se negó el pago del seguro que refiere en razón a que su vigencia era del uno de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, lo que se robustece con los términos en el que se señaló el acto reclamado de manera destacada el cual quedó precisado en parágrafos. Además, en el supuesto de que se tuviera al acto reclamado como una omisión, la sentencia de amparo que, en su caso, llegara a dictarse, no tendría mayor efecto que el de ordenar a la responsable que diera respuesta a la solicitud de pago de seguro formulada por la quejosa, la cual, en caso de ser en sentido negativo, tendría que combatirse mediante el juicio de nulidad antes referido, previsto la promoción de la contienda constitucional. IV. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. V. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la atención presencial en las instalaciones que ocupa el órgano jurisdiccional, así como la presentación de promociones en formato físico, deberá verificarse conforme a las disposiciones establecidas en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. VI. Autorizados. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho y en únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para consultar el presente expediente, a la diversa persona que refiere, por así haberlo solicitado expresamente el solicitante del amparo. VII. Acceso a expediente electrónico (consulta y notificaciones). Con fundamento en los artículos 21, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente, así como la práctica de notificaciones, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el usuario "********************". En ese sentido, derivado de la autorización para consulta del expediente electrónico, dígase al promovente que las constancias que obran en el sistema se encuentran sin supresión alguna de datos personales, información que es confidencial en términos de los artículos 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tendrá que adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, la autorización de consulta y notificación de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. VIII. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. IX Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. X. Transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; y de manera electrónica a la parte quejosa.
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