Nora Luz Manzo Cárdenas
Expediente 509/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 509/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Nora Luz Manzo Cárdenas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación y cuenta que antecede, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que: 1. Por sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Nora Luz Manzo Cárdenas, para los efectos siguientes: "De contestación inmediata a la petición formulada por la aquí quejosa mediante el escrito presentado el once de diciembre de dos mil diecinueve." 2. El diecinueve de enero de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de mérito; en consecuencia, se requirió a la autoridad señalada como responsable Director del Instituto de Seguro Social de los Trabajadores del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días. 3. Mediante oficio AUJ/GAVL/0507/2021 (promoción con folio 683) recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado el veinticinco de enero de dos mil veinte, el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, remitió copia certificada del diverso oficio UAJ/DCCC/6622/2020, de catorce de diciembre de dos mil veinte, dirigido a la quejosa Nora luz Manzo Cárdenas. Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, en proveído de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se dio vista y corrió traslado a la parte quejosa con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para efecto de que manifestara lo que a su interés conviniere, sin que se haya pronunciado al respecto, no obstante haber sido legalmente notificada para ello. En las relatadas condiciones, el suscrito estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, toda vez que el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, emitió el oficio AUJ/DCCC/6622/2020, dirigido a la aquí quejosa Nora Luz Manzo Cárdenas, con el cual da respuesta a solicitud de información en relación al pago de su pensión derivado del expediente número 99040 de su índice estadístico. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese personalmente.
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MESA 2 Villahermosa, Tabasco, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al fallo protector, remite copia certificada del oficio UAJ/DCCC/6622/2020 de catorce de diciembre de dos mil veinte, dirigido a la quejosa Nora Luz Manzo Cárdenas. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación a las constancias que se recibieron en el presente auto; y una vez que transcurra el mismo, este Juzgador efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que el veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por lo anterior, se reanuda el trámite del presente expediente. Ahora bien, de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa Nora Luz Manzo Cárdenas; por lo que con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). REQUERIMIENTO A LAS RESPONSABLES. Ahora bien, en la sentencia de mérito se concedió el amparo y protección a la parte quejosa, para los siguientes efectos: ".De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que el Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, autoridad responsable: De contestación inmediata a la petición formulada por la aquí quejosa mediante el escrito presentado el once de diciembre de dos mil diecinueve. Sin que lo anterior tenga como efecto, que la autoridad responsable deba responder favorablemente a lo peticionado por la parte quejosa, ya que corresponde a aquélla determinar lo que conforme a derecho corresponda." En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y de conformidad con el numeral 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, al en que quede notificada del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa debiendo dentro del propio lapso informar a este órgano de control constitucional sobre las medidas decretadas en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, remitiendo las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de diez de enero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veinte. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Penales Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
MESA 2 En Villahermosa, Tabasco, a las doce horas con veinticinco minutos del treinta de noviembre de dos mil veinte, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Karla Hernández Mancera, Secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, referente al juicio de amparo 509/2020-2, promovido por Nora Luz Manzo Cárdenas. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la Secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, consistente en la presuncional legal y humana y las copias simples del escrito de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, de la credencial para votar a nombre de la quejosa, de la clave única de registro de población a nombre de la parte quejosa y de un comprobante de pago a nombre de la referida quejosa. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; la Secretaria da cuenta con las manifestaciones realizadas por la parte quejosa mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veinte. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa formulando alegatos en el presente juicio y se tienen por perdido el derecho de las demás partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 509/2020-2, promovido por Nora Luz Manzo Cárdenas contra actos del Director del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el doce de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el trece siguiente, Nora Luz Manzo Cárdenas solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O "La omisión al cumplimiento del artículo 8 Constitucional, cuando expresa: [se transcribe]. Toda vez que desde el día 11 de diciembre de 2019, presente por escrito la petición que acompañó al presente en copia simple, con sello de acuse del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, y el cual de manera pacífica y respetuosa solicite al Director del Instituto mencionado, que mediante escrito se me aclare la forma, procedimiento y sustento jurídico para establecer la pensión por jubilación que me fue otorgada en el año 2016, el monto asignado inicialmente, así como si fue cuantificada conforme al Salario Mínimo General Vigente en ese momento y el monto de dicho salario al momento de la cuantificación, así como bajo qué forma y circunstancias se vienen dando los incrementos y actualizaciones a dicha petición. Toda vez que la omisión al mismo me causa daños y perjuicios al dejar de conocer lo que por derecho me corresponde y que es base de mi sustento." [sic] A U T O R I D A D R E S P O N S A B L E "ORDENADORA Y EJECUTORA: DR. FERNANDO MAYANS CANABAL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE TABASCO (.)" SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 509/2020-2; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. Con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se ordenó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, por lo que durante el citado periodo no correrían plazos ni términos procesales. Posteriormente, se extendió el citado plazo hasta el cinco de mayo del presente año, con fundamento en el artículo 1 del Acuerdo 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó y adicionó su similar 4/2020. Luego, en Acuerdo General 8/2020, que entró en vigor el seis de mayo del año en curso, se determinaron diversos supuestos para reactivar la función jurisdiccional durante el período del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Asimismo, en Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Sólo se dará trámite a los escritos iniciales que se presenten físicamente en aquéllos asuntos que se califiquen como "urgentes", de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Adicionalmente, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes", para lo cual se fijarán los avisos respectivos sobre el personal de contacto, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Cuarto, Título Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En estos casos, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho (en adelante "titulares"), exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. II. Resolución de casos tramitados físicamente. Se habilita la posibilidad de resolver los casos ya radicados y que se hayan tramitado físicamente, en los que únicamente quede pendiente la emisión de sentencia o resolución final, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del presente Acuerdo. III. Recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante "juicio en línea". Se habilita la recepción de casos nuevos, la reanudación de los radicados con anterioridad al inicio del período de contingencia y, en ambos casos, su tramitación y eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como "juicio en línea", con excepción de aquéllos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Acuerdo (.)" En Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se instituyó lo siguiente: "ÚNICO. Se reforma el artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 31 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados." Luego, en Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en lo que interesa, se instituyó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal (.)" Por último, en Acuerdo General 26/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se reformó el artículo 1° del anterior Acuerdo General 22/2020, para quedar de la siguiente forma: "Artículo 1 Vigencia. Con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus que ocasiona la enfermedad Covid-19, las labores de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal se sujetarán a las siguientes modalidades durante el período comprendido del 1 de agosto de 2020 al 15 de enero de 2021." CUARTO. REACTIVACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de doce de agosto de dos mil veinte, se reactivó el presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido Acuerdo 21/2020, los plazos comenzaron a transcurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 26/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de contestar el escrito presentado ante la Dirección General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco el once de diciembre de dos mil diecinueve, en la que solicitó la aclaración a la pensión por jubilación que le fue otorgada en dos mil dieciséis. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El subdirector de Asuntos Jurídicos y encargado de despacho por ausencia del titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en representación de la autoridad responsable Director General del referido instituto, rindió informe justificado en el que negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada pues en el propio informe justificado aceptó que la parte quejosa presentó ante la Dirección General el escrito de once de diciembre de dos mil diecinueve, cuya omisión de respuesta es el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, del tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, en representación del Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, solicitó el sobreseimiento del presente juicio por considerar se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo. Al respecto, aduce que la solicitud de pensión por jubilación a que se refiere el escrito de mérito, se tramita dentro del procedimiento establecido en el CAPITULO TERCERO, relativo a las PENSIONES, previsto en los artículos 66 al 100 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, por lo que en su criterio la parte quejosa no puede reclamar de manera autónoma la omisión de respuesta a dicha solicitud. En apoyo de lo anterior, citó la jurisprudencia 7/2015, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, de rubro "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA". Así también, invoca como hecho notorio el criterio adoptado en la resolución dictada dentro del juicio de amparo número 1045/2019, de este juzgado, de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, y el diverso de veinte de septiembre de dos mil veinte, en el juicio número 2120/2019-VIII-16, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco. Resultan infundados los argumentos de la referida autoridad responsable. En efecto, al resolver la contradicción de tesis 341/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, el Máximo Tribunal del país estimó que, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición. Asimismo, acotó que contra dicha respuesta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario debe acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social. En el caso, del escrito en cuestión, se obtiene que la parte quejosa formuló a la autoridad responsable la siguiente petición: "(.) Que, por medio del presente escrito, y en términos de los artículos 10, 8o, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 52, 53, y 100 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco de fecha 1 de agosto de 1984, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco número 4371, y aplicable al caso concreto, vengo a solicitar de este Instituto el cumplimiento de lo siguiente: a) Que, mediante escrito, se aclare a la suscrita la forma, procedimiento y sustento jurídico que fue tomado para establecer la pensión por jubilación que me fue otorgada el 01 de enero de 2016, con primer pago el 01 de febrero de 2016, así como el monto por el que fue asignada inicialmente dicha pensión. b) De igual forma se me informe si la pensión por jubilación referida en el punto que antecede fue cuantificada conforme al Salario Mínimo General Vigente, y el monto de dicho salario mínimo al momento de su cuantificación. c) Por último, se me aclare de qué forma, y bajo qué circunstancias, se darán los incrementos y actualizaciones a la pensión por jubilación que me fue otorgada, el 01 de enero de 2016, con primer pago el 01 de febrero de 2016, con el sustento legal que así lo ampare." De ello se obtiene que la quejosa solicita que se le aclare el procedimiento y fundamento tomado para establecer su pensión por jubilación de uno de febrero de dos mil dieciséis, entre otras solicitudes, únicamente como un derecho de petición, por lo que se estima procedente la demanda de amparo, ya que se alega la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la falta de respuesta de una autoridad administrativa respecto a la petición realizada en relación con el trámite administrativo vinculado con su jubilación. De igual manera, la citada autoridad responsable invocó como hecho notorio, que en el diverso juicio de amparo 1045/2019 del índice de este juzgado, se adoptó el mismo criterio a que hace alusión en el presente caso, al sobreseerse dicho juicio de amparo por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción III, inciso b) del artículo 107, de la Ley de Amparo. Sin embargo, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, al resolver el recurso de queja 264/2019, en sesión de cinco de agosto de dos mil veinte, señaló que aun cuando la autoridad responsable haya considerado que el ejercicio del derecho de petición derive de un procedimiento, no se visualiza la existencia de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, sino, solo de los términos en que debe agotarse la pensión por jubilación, sin que se advierta la existencia de un desahogo de pruebas y alegatos; por tanto, ese criterio adoptado por este órgano jurisdiccional en el diverso juicio de amparo invocado, no es aplicable en el presente asunto. Por las anteriores consideraciones, tampoco resulta aplicable al caso la tesis en que se apoya la autoridad de mérito. Al no advertirse que la autoridad responsable haya hecho valer una diversa causal de improcedencia, ni el suscrito advierte de oficio que se pueda actualizar alguna otra, lo procedente es abordar el estudio de fondo del asunto. QUINTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Ahora bien, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la omisión de dar contestación al escrito de once de diciembre de dos mil diecinueve. Al respecto, considera que la responsable infringe lo dispuesto en los artículos 8 y 35, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre el particular, formula los conceptos de violación correspondiente, mismos que se omite transcribir en términos de lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010; criterio que fue sintetizado en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, de mayo de 2010, página 830, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". En ese contexto, este juzgador considera que es fundado lo aducido por el impetrante de amparo. En efecto, el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". El citado precepto constitucional tutela el derecho de petición, señalando que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, siempre y cuando éste se haya formulado por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Asimismo, impone a la autoridad la obligación de darle una respuesta congruente y en breve término, además de hacer del conocimiento del promovente el resultado de su petición. Por respuesta congruente, debe entenderse en el sentido de que toda respuesta que recaiga a una solicitud de los gobernados, debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado, sin omisión de alguna cuestión o suma de puntos hechos valer, además de que no existan consideraciones contrarias entre sí. Por breve término, se entenderá el intervalo de tiempo en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. A lo expuesto, es aplicable la tesis I.4o.A.68 K, consultable en la página 390, Tomo XIII, Febrero de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses". Asimismo, sirve apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 2167, Tomo XXXIII, Materia Constitucional, Administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa". Aunado a lo anterior, el artículo 7°, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, a la letra dispone: "Artículo 7. Son derechos de los ciudadanos Tabasqueños: (.) IV. Ejercer el de petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa; a toda petición la autoridad ante quien se ejercite, dictará su proveído dentro de quince días hábiles cuando las leyes no señalen otros términos (.)" En el caso concreto, del escrito que se adjunta a la demanda de amparo, se obtiene que el once de diciembre de dos mil diecinueve, la parte quejosa solicitó a la autoridad responsable que se le especificara el procedimiento y fundamento que fue tomado para establecer la pensión por jubilación que le fue otorgada el uno de enero de dos mil dieciséis, así mismo, solicitó se le informara si la pensión por jubilación referida fue cuantificada conforme al Salario Mínimo General Vigente, el monto de dicho salario mínimo al momento de su cuantificación y de qué forma, y bajo qué circunstancias, se darán los incrementos y actualizaciones a la pensión por jubilación que me fue otorgada. Escrito en el que se advierte el sello de recepción, lo cual fue reconocido por la autoridad responsable al rendir informe justificado, en donde, además, argumentaron que se encontraba pendiente la atención y respuesta al mismo. Lo cual evidencia que no se han satisfecho las obligaciones derivadas del artículo 8 Constitucional, pues las prerrogativas fundamentales que consagra se integran con la respuesta por escrito a la petición formulada y la notificación de ésta en breve término, no obstante que desde la fecha de recepción del escrito relativo -once de diciembre de dos mil diecinueve-, a la presentación de la demanda de amparo -doce de marzo de dos mil veinte-, transcurrieron más de quince días, término que expresamente prevé la Constitución Política del Estado de Tabasco, para que la autoridad responsable dé respuesta a la petición formulada por la inconforme. En esas circunstancias, es evidente que no se cumple con los presupuestos consignados por el artículo 8 Constitucional, puesto que en los presentes autos no existe elemento de prueba alguno que demuestre que las autoridades responsables hayan emitido pronunciamiento alguno a la petición elevada y que la hubieran notificado personalmente al quejoso. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la parte quejosa, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 26/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". En las relatadas circunstancias, se concede a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que el Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, autoridad responsable: De contestación inmediata a la petición formulada por la aquí quejosa mediante el escrito presentado el once de diciembre de dos mil diecinueve. Sin que lo anterior tenga como efecto, que la autoridad responsable deba responder favorablemente a lo peticionado por la parte quejosa, ya que corresponde a aquélla determinar lo que conforme a derecho corresponda. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Nora Luz Manzo Cárdenas, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Director del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Tabasco, por las razones expuestas en el considerando QUINTO y para los efectos precisados en el SEXTO considerando de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
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