Nora Leticia Hernandez Puga
Expediente 211/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 211/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 26/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Nora Leticia Hernandez Puga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México; por medio del cual, acusa recibo del oficio por el que le fue remitido el original del juicio de amparo 211/2021, así como el original del oficio de expresión de agravios, inherente al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente juicio, e informa que admitió a trámite el medio de impugnación de que se trata, registrándolo con el número de toca R.A. 1355/2021, de su índice, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. Por otra parte, como lo solicita a este órgano jurisdiccional que se le permita el acceso al expediente electrónico. .......NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el oficio de la autoridad, se tiene presentado recurso de revisión, una vez que se encuentre integrado remítase al tribunal colegiado en turno. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vistos para resolver los presentes autos relativos al juicio de amparo 211/2021, promovido por Nora Leticia Hernández Puga, en contra actos de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y de otras autoridades; por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y turnado el once de marzo siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en la materia y jurisdicción mencionadas, Nora Leticia Hernández Puga, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Congreso de la Ciudad de México. Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Tesorero de la Ciudad de México. IV. ACTOS RECLAMADOS: Del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México reclamo: A.1.) La expedición y promulgación del Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de enero de 2021, a través del cual se expidió el ACUERDO DE CARÁCTER GENERAL POR EL QUE SE OTORGAN SUBSIDIOS FISCALES PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, en específico se reclama el artículo PRIMERO, inciso a) y SEGUNDO inciso a) de dicho ordenamiento. A.2.) La propuesta, expedición y promulgación del Decreto de fecha 21 de Diciembre de 2020, en específico el ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO de dicho Decreto, mediante el cual se establece la existencia y vigencia desde el 1° de enero de 2021 del 'Programa general de subsidios al Impuesto Predial a que se refiere el artículo 130 de este Código tratándose de inmuebles de uso habitacional ', mismo que se individualizó con la emisión del Acuerdo de Carácter General referido en el apartado A.1. ) anterior. Del Congreso de la Ciudad de México: Los actos de discusión, aprobación y expedición del Decreto de fecha 21 de Diciembre de 2020, en específico el ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO de dicho Decreto, mediante el cual se establece la existencia y vigencia desde el 1° de enero de 2021 del 'Programa general de subsidios al Impuesto Predial a que se refiere el artículo 130 de este Código tratándose de inmuebles de uso habitacional ', mismo que se individualizó con la emisión del Acuerdo de Carácter General referido en el apartado A.1. ) anterior. Señalando como acto reclamado destacado el pago y cobro del impuesto predial de los inmuebles con número de cuenta predial *056964020665 del año 2021, por vicios de constitucionalidad propios del mismo; señalando como autoridad responsable de la recepción y cobro de dicho pago al Tesorero de la Ciudad de México, pues es la autoridad facultada para la recepción del pago derivado de la autoliquidación y pago luego de aplicar los Decretos Legislativos citados en el inciso A) y B) anterior. [.]." SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al que por razón de turno le tocó conocer de la demanda en cuestión, la registró con el número de juicio 211/2021; la admitió a trámite; solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional. Una vez integrado el presente asunto, previo diferimiento, se celebró la audiencia prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, de conformidad con el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones IV y VII, constitucionales; 37 y 107, fracciones I, inciso d), de la Ley de Amparo, y 52, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013, expedido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que se reclama una norma de observancia general de la Ciudad de México, con motivo de su primer acto de aplicación. SEGUNDO. Puntualización sobre la aplicación de la Jurisprudencia. De conformidad con lo establecido por el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se precisa que la jurisprudencia emitida antes de dicha fecha, puede ser aplicada siempre y cuando no se oponga a lo dispuesto en esa ley y, sea acorde con la protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 10/2016, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, página 705, de rubro y texto siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." TERCERO. Fijación de actos. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y con lo señalado en la jurisprudencia número XVIII.2o.J/10, publicada en la página 68, del tomo 76, abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Octava Época, cuyo rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO", atendiendo al contenido de la demanda de amparo, específicamente de los capítulos relativos a los actos reclamados y a los conceptos de violación, este órgano jurisdiccional concluye que los actos que se reclaman en la presente vía constitucional consisten en: La expedición y promulgación del "Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial", publicado el veinte de enero de dos mil veintiuno en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en específico el beneficio fiscal contenido en los artículos primero inciso a) y segundo inciso a). La propuesta, discusión, aprobación, expedición y promulgación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, específicamente el artículo quinto transitorio. La recepción del pago y cobro del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, respecto del inmueble que defiende la quejosa ubicado en avenida Santa Fe, número 449, edificio B, departamento 1802, colonia Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, código postal 05348, Ciudad de México y que tributa bajo la cuenta 05696402066-5, de conformidad con la norma general que reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." CUARTO. Inexistencia de actos. El Tesorero de la Ciudad de México, al rendir su respectivo informe justificado negó el acto que la parte quejosa le atribuyó, y que hizo consistir en la recepción del pago y cobro del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, respecto del inmueble que tributa bajo la cuenta 056964020665, de conformidad con la normas general que reclama. Lo anterior, sin que la parte quejosa exhibiera prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, por tanto se tiene por no cierto. No es óbice la circunstancia de que en autos, obre glosado el estado de cuenta y la impresión de certificación de pagos, dependiente de la Secretaría de Finanzas de esta entidad federativa, por concepto del impuesto predial, en virtud de que los documentos en mención no pueden considerarse como acto de aplicación por parte de la autoridad mencionada, dado que en ningún momento se desprende que el pago de la contribución se haya hecho en acatamiento a alguna orden de ésta, sino que simplemente la parte quejosa efectuó el pago del tributo que cuestiona espontáneamente. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la autoliquidación es una conducta atribuible al particular, que tiene como efecto característico servir para computar el plazo para promover la acción constitucional, sin que ello implique un actuar de las autoridades, lo que se traduce en que la existencia de los actos reclamados no puede obedecer a los actos efectuados por los particulares. De ahí que si un particular autoliquida el pago del tributo, esa conducta no puede ser atribuible a la autoridad, pues ninguna conducta desplegó para aplicar y ejecutar los dispositivos legales reclamados, menos aún si el pago deriva de la vinculación entre la obligación tributaria y el propio contribuyente, quien sin mediar acto alguno de autoridad, acudió a enterar un impuesto. Así, el sólo hecho de recibir o recaudar un pago que los contribuyentes efectúan en cumplimiento de sus obligaciones tributarias, no puede ser considerado acto de autoridad imputable a la autoridad ejecutora, para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Resulta aplicable a la anterior consideración, la Jurisprudencia 2a./J. 153/2007, visible en la página 367, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia(s): Común, Novena Época, Registro: 171860, Instancia: Segunda Sala, que establece: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora". QUINTO. Actos ciertos. Las autoridades responsables Jefa de Gobierno y Congreso, ambos de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado, en el ámbito de sus respectivas facultades y competencias, aceptaron los actos que de ellas se reclaman, consistentes en: La expedición y promulgación del "Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial", publicado el veinte de enero de dos mil veintiuno en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en específico el beneficio fiscal contenido en los artículos primero inciso a) y segundo inciso a). La propuesta, discusión, aprobación, expedición y promulgación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, específicamente el artículo quinto transitorio. Además, la certeza de tales actos legislativos, se encuentra acreditada con el propio decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en virtud de que las autoridades señaladas como responsables concurrieron al proceso y formación de aquel ordenamiento, lo que se acredita plenamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo y en la tesis VII.3o.C.16 K, difundida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Septiembre de 2003, página 1343, de rubro "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA"; y en la diversa 56, publicada en el Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, común, página 73, de rubro "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." SEXTO. Análisis de las causas de improcedencia infundadas. Previamente a efectuar el examen de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa; por cuestión de orden público y por ser de estudio preferente, este Juzgado Federal, analiza oficiosamente si en el presente asunto se actualiza alguna causa que motive decretar el sobreseimiento en este asunto, de oficio, o bien, invocada por alguna de las partes atento a la tesis jurisprudencial número novecientos cuarenta, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, Segunda Parte, visible a fojas mil quinientos treinta y ocho, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el Congreso de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado, manfiestaron que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que los preceptos normativos que reclama la parte quejosa no le causan perjuicio, no existe acto de aplicación y no acreditó su interés jurídico. Con el propósito de analizar si se actualiza o no la causa de improcedencia invocada, debe reiterarse que el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, indica: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". Del precepto legal citado, se advierte que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Por su parte, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo dispone: "ARTICULO 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (.)". Del análisis sistemático de ambas normas se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 5 de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que la solicitud de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame, teniendo tal carácter, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. Ese principio de instancia de parte agraviada no es ajeno al amparo que se intente contra leyes, dado que, para que la instancia resulte procedente éstas deben provocar un perjuicio jurídico en la esfera del gobernado, que lo legitima para accionar el medio de control constitucional; ya sea, con motivo del inicio de la vigencia de la norma general o bien, del primer acto concreto en que ésta se aplique. De todo lo hasta aquí señalado, se desprenden los dos supuestos que generan el interés jurídico: ? La existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado por una norma jurídica. ? El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Así, el interés jurídico para impugnar un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo. Al respecto, se tiene en cuenta que los artículos 17 y 61, fracciones XII y XIV, ambos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general, de acuerdo con su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). Sirve de apoyo la jurisprudencia P. /J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, página 5, cuyo rubro y texto son los siguientes: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Ahora bien, el artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el veintiuno de diciembre de dos mil veinte y los artículos PRIMERO, incisos a) y b), SEGUNDO, incisos a) y b), del "ACUERDO DE CARÁCTER GENERAL POR EL QUE SE OTORGAN SUBSIDIOS FISCALES PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL" vigente en 2021, son del tenor siguiente: "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO [.] ARTÍCULO QUINTO.- Para el ejercicio fiscal 2021, la persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá emitir a más tardar el 15 de enero, el programa general de subsidios al Impuesto Predial a que se refiere el artículo 130 de este Código, tratándose de inmuebles de uso habitacional. Dicho programa deberá contener de forma clara y precisa los requisitos y circunstancias particulares que deben cumplir los contribuyentes para acceder a los beneficios fiscales, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9°, apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México. Dicho subsidio se otorgará a partir del 1° de enero de 2021." "ACUERDO DE CARÁCTER GENERAL POR EL QUE SE OTORGAN SUBSIDIOS FISCALES PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL. PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto apoyar, en términos del numeral SEGUNDO, en el pago del Impuesto Predial (en adelante Impuesto) a los contribuyentes que se encuentren en los siguientes supuestos: a) Que cuenten con inmuebles de uso habitacional o uso mixto cuyo valor catastral se encuentre dentro de los rangos A, B, C y D de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México (en adelante Código); b) Que cuenten con inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos E, F y G de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código; y c) Realicen operaciones de compraventa de inmuebles y adquieran nuevas construcciones en términos del artículo 127, párrafo cuarto del Código. SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en el numeral PRIMERO se otorgan los subsidios fiscales que a continuación se indican: Para el pago del Impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2021, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos A, B, C y D de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código, de acuerdo con las cuotas que a continuación se mencionan: Rango Cuota de Subsidio A $52.00 B $61.00 C $73.00 D $88.00 b) Para el pago del Impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2021, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos E, F y G de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código, de acuerdo con el porcentaje que a continuación se menciona: Rango Porcentaje de Subsidio E 50% F 35% G 25% [.]." En ese sentido, el Acuerdo General enunciado señala que su propósito es apoyar el pago del impuesto predial por parte de los contribuyentes que sean propietarios o poseedores de inmuebles con uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre dentro de los rangos A, B, C y D de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, mediante el otorgamiento de los siguientes subsidios: Rango Cuota de Subsidio A $52.00 B $61.00 C $73.00 D $88.00 Así es importante insistir que, a través de la norma reclamada se concede un beneficio fiscal a los propietarios de inmuebles en la Ciudad de México, en orden con el impuesto predial, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, en específico a los contribuyentes que se ubican en los rangos A) al D) de la tarifa prevista en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México. Ahora bien, el tipo de interés que debe tener la parte afectada en el juicio de amparo para que éste proceda, el cual, se da en dos supuestos, a saber: a) Cuando se aduzca ser titular de un derecho (interés jurídico); o b) Se afirme tener un interés legítimo individual o colectivo. El primer supuesto se actualiza cuando el accionante de amparo alega que el acto reclamado viola derechos reconocidos en la Constitución Federal y, con ello, se afecta su esfera jurídica, lo cual se traduce en que el particular necesariamente debe acreditar la titularidad del derecho que asegura es vulnerado por la autoridad responsable, esto es, debe demostrar su "interés jurídico". En cambio, en el segundo supuesto la parte justiciable aduce contar con un interés legítimo, individual o colectivo, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe precisar que a través de esta acción, el particular pretende defender, principalmente, derechos difusos o colectivos (materia ambiental, protección al consumidor, entre otros). El objeto de esta distinción, es permitir el acceso a la justicia, vía juicio de amparo, a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos de autoridad (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran acceder al procedimiento constitucional en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Es importante señalar que al acudir al juicio de amparo la parte quejosa debe situarse en alguna de las referidas hipótesis jurídicas, esto es, como afectado de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado (interés jurídico), o aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Pleno, ha sostenido que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que ésta requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la que cuenta con ese interés está en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Asimismo, estableció que para que exista un interés legítimo, se requiere de la acreditación de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y, no sólo, como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. También señaló que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Las anteriores consideraciones son congruentes con la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Por consiguiente, el órgano de control constitucional del conocimiento debe examinar, en cada caso, la naturaleza de los actos reclamados y la afectación que la parte quejosa aduzca que se genere en su esfera jurídica, ya sea como titular de un derecho o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; identificando de esa manera si le es exigible el acreditamiento del "interés jurídico" o simplemente demostrar un "interés legítimo". Bajo ese contexto, la parte accionante a fin de acreditar su interés jurídico, exhibió los siguientes documentos: Impresión de la boleta de predial del inmueble ubicado en avenida Santa Fe, número 449, edificio B, departamento 1802, colonia Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, código postal 05348, Ciudad de México y que tributa bajo la cuenta 05696402066-5, a nombre de la quejosa. Impresión de Certificación de pagos, del que se advierte el registro de pago efectuado el veintiocho de enero de dos mil veintiuno mediante tarjeta "American Express", por concepto del impuesto predial del ejercicio 2021. Por tanto, a dichas documentales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 210-A, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2º. Ahora bien, de las pruebas descritas, adminiculadas entre sí, se advierte que la parte quejosa es propietaria del inmueble que por esta vía defiende, y que pagó por concepto de impuesto predial el año fiscal 2021, esto es, el pago anual anticipado; por lo que, es sujeto pasivo obligado al pago del impuesto predial. Así, se estima que no se actualiza la improcedencia propuesta por la responsable, precisamente porque la quejosa demostró ser sujeto pasivo del impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno y, debido a que se encuentra reclamando por vicios propios el "Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinte de enero de dos mil veintiuno, en particular los artículos PRIMERO, inciso a), SEGUNDO inciso a), así como el numeral quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, que otorgan un beneficio fiscal a otros sujetos pasivos, aduciendo cuestiones atinentes al principio de equidad tributaria. Sobre esta base, si como se demostró en párrafos precedentes el quejoso es sujeto pasivo de esa contribución y acreditó que no pudo beneficiarse del beneficio fiscal establecido en la norma reclamada, entonces se justifica su interés jurídico, por lo que la improcedencia en estudio resulta infundada. Por tanto, la parte quejosa acreditó su interés jurídico; pues se corrobora que el pago del tributo corresponde a la cuenta predial del justiciable, asimismo que concierne al ejercicio de vigencia de la ley, que el pago correspondiente fue efectuado en enero de dos mil veintiuno y que el inmueble de su propiedad está destinado al uso habitacional; en consecuencia, es infundada la causa de improcedencia propuesta por la autoridad responsable. Continuándo con el estudio de las causas de improcedencia, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México manifiesta que se actualiza la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 73 y 77, todos de Ley de Amparo, debido a que no se podrían materializar los efectos de una eventual concesión de amparo. Al respecto, es importante tener presente que los numerales mencionados, textualmente disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 73. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. [.]" "ARTÍCULO 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho." De los numerales en comento, se desprende que el juicio de control constitucional es improcedente cuando se conceda la protección constitucional, y el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie no pueda materializarse. Cabe destacar que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser un medio para realizar una actividad meramente especulativa, por tanto, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exija. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 90/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justifica de la Nación, con número de registro 197245, visible en la página nueve, tomo seixto, diciembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA ENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE." Por otro lado, es importante tener en cuenta lo que establece el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. (.)". El precepto transcrito, dispone que las sentencias que se pronuncian en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la controversia. De acuerdo con esa disposición constitucional, las sentencias que se dicten en el juicio de amparo únicamente se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado y el amparo que en su caso se otorgue, debe limitarse al caso especial sobre el que verse la controversia; de donde se deduce que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales, lo que se conoce en la doctrina como principio de relatividad de las sentencias. En la especie, la quejosa se duele del "Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial", publicado el veinte de enero de dos mil veintiuno en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en específico el beneficio fiscal contenido en los artículos primero y segundo, así como del numeral quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, de los cuales se estima que sí podrían concretizarse en beneficio de la parte quejosa los efectos del amparo que se le llegara a conceder, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, dado que en el supuesto de demostrar que resulta inconstitucional, tendría que concedérsele el amparo para el efecto de incluirlo en el beneficio otorgado por el órgano legislativo. En tal tesitura, como el artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que la sentencia que conceda el amparo debe tener por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y que cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo consistirá en obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. En tratándose de juicios de amparo contra leyes en los que se conceda el amparo de la Justicia Federal, el efecto inmediato será impedir que la norma general se aplique en perjuicio del quejoso y si el juicio se promovió con motivo del primer acto de aplicación, implicará también dejar sin efecto esa aplicación; esto es, dada la naturaleza de acto positivo que reviste la aplicación de la ley impugnada, el efecto del amparo será proteger al peticionario contra ese acto específico de individualización y sus aplicaciones futuras, lo que significa que la norma reclamada ya no podrá válidamente serle aplicada al solicitante del amparo que obtuvo la protección constitucional. En concordancia con lo anterior, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión del diecisiete de junio de dos mil tres la contradicción de tesis número 21/2001-PL, determinó que no en todos los casos la concesión del amparo respecto de una norma tributaria conlleva a la restitución al quejoso de las cantidades que como primer acto de aplicación de la ley se hayan enterado, pues sostuvo que tal cuestión dependerá de la naturaleza del mecanismo de tributación y de la parte afectada con motivo de la declaración de inconstitucionalidad. Lo anterior es así, en razón de que la Superioridad consideró que si se trata de normas tributarias que establecen los elementos esenciales de las contribuciones, de concederse el amparo, su efecto producirá que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional, o bien, en caso de haber cubierto el tributo, la sentencia de amparo se cumplimentará devolviéndole al gobernado las cantidades enteradas. En tanto que, si las normas prevén variables que únicamente se aplican a los elementos esenciales, el efecto del amparo no afectará el mecanismo del tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trata, para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales, sin que se afecte a todo el sistema del impuesto. Asimismo, el Tribunal Pleno sostuvo que en los casos en que se declare la inconstitucionalidad de una norma general que prevé la exención parcial de un tributo, por infringir el principio de equidad tributaria, el amparo no puede tener por efecto exentar al quejoso del pago del tributo en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada inconstitucional, por considerar que la protección federal se concede sólo respecto de la porción normativa relativa y no respecto de los preceptos que establecen los elementos esenciales del tributo, por lo que la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado se traduce en otorgarle el mismo trato excepcional de que gozan los demás gobernados, esto es, en hacerle extensiva la exención parcial del tributo. Cabe significar que la Superioridad aclaró que la circunstancia de hacer extensiva al quejoso la exención parcial del tributo, no implica dar efectos legislativos a la ejecutoria federal, pues sostuvo que la consecuencia de ésta consiste no en que se deje de aplicar la norma por inconstitucional, sino en que también le sea aplicada al solicitante del amparo, a fin de conservar así su equidad, ya que la declaratoria de inconstitucionalidad del precepto deriva de los efectos que produce, en cuanto a que exenta sólo algunos de los sujetos del tributo y no de su contenido, de tal forma que la norma no resulta inconstitucional en sí misma, sino en la medida en que no incluye al impetrante del amparo dentro del trato privilegiado que en ella se contempla; además, el Tribunal Pleno señaló que si bien de acuerdo con el entonces artículo 80 de la Ley de Amparo, una norma declarada inconstitucional no puede aplicarse al quejoso que obtuvo la protección federal, lo cierto es que, adujo, tal supuesto opera cuando dicha aplicación resulta contraria a los intereses del promovente, pero no cuando tal declaratoria implica que el precepto se aplique en su beneficio, como es el restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía de equidad tributaria. De esa manera, en el supuesto de concederse la protección constitucional a los solicitantes del amparo, el efecto de esa decisión sería únicamente en su beneficio, por lo que no se darían efectos generales a la ejecutoria de amparo, pues en ningún momento se vincularía a los demás gobernados, o bien, a la sociedad en general; motivo por el que no se apartaría del principio de relatividad que tutela el texto constitucional vigente, por lo que resulta infundada la hipótesis de improcedencia que en análisis. Finalmente la referida Jefa de Gobierno, manifiesta que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo respecto de la aprobación y expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, dado a conocer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, específicamente del artículo Quinto Transitorio, puesto que la parte quejosa no formuló conceptos de violación en contra de dicha norma reclamada. En los preceptos mencionados se dispone, lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación." En los artículos transcritos, se establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando se omita expresar en la demanda de amparo conceptos de violación en contra de los actos que se reclaman. No se actualiza la causa de improcedencia analizada, ya que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, contrario a lo señalado por la autoridad responsable, sí formuló conceptos de violación en contra de dicha normativa, aunado a que la eficacia o ineficacia de dichos conceptos resulta un tema de estudio de fondo del asunto, más no así de procedencia. Al no existir otro motivo de improcedencia invocado por las partes ni algún otro que este juzgador advierta de oficio, se procede al estudio de fondo del asunto, en relación con la constitucionalidad de las normas reclamadas. SÉPTIMO. Estudio de fondo. No se transcriben los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo por considerarlo innecesario, sin que ello implique violación a las reglas del procedimiento o las disposiciones de la Ley de Amparo, atento a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, visible en la página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, de la novena época, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN .De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En sus conceptos de violación, la parte quejosa manifiesta que el artículo SEGUNDO, del "Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinte de enero de dos mil veintiuno, transgrede en perjuicio del quejoso el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31. fracción IV, de la Constitución Federal, ya que establecen un subsidio o estímulo fiscal que disminuye la cuota fija de la tarifa o tasa del impuesto predial, únicamente en aquellos cuyo valor catastral del bien inmueble del que son propietarios los contribuyentes que se encuentren dentro de los rangos A al D de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México En este sentido, aduce que al otorgar las normas cuestionadas un beneficio de reducción del impuesto predial a determinados rangos de valor de los bienes inmuebles, sin la debida justificación constitucional, la contribución en estudio se torna contraria al principio de equidad tributaria, puesto que otorga un trato diferenciado a personas que se encuentran en un plano de igualdad o analogía jurídica, en específico reduce un elemento esencial de la contribución (tasa) a solo algunos contribuyentes y a otros no, máxime que se encuentran en un plano de igualdad jurídico. Al respecto, son fundados sus argumentos, en atención a las siguientes consideraciones jurídicas. Es importante señalar que la parte quejosa aduce cuestiones atinentes al principio de equidad tributaria, en términos del artículo 31, fracción IV, Constitucionales, con base en ello y con el propósito de atender a la cuestión planteada, se procede al estudio de tales planteamientos. Es aplicable a lo aquí considerado la jurisprudencia 1a./J. 97/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Enero de 2007, página 231, de rubro y textos siguientes: "EQUIDAD TRIBUTARIA. CUANDO SE RECLAMA LA EXISTENCIA DE UN TRATO DIFERENCIADO RESPECTO DE DISPOSICIONES LEGALES QUE NO CORRESPONDEN AL ÁMBITO ESPECÍFICO DE APLICACIÓN DE AQUEL PRINCIPIO, LOS ARGUMENTOS RELATIVOS DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diferentes facetas de la igualdad y se refiere a ella tanto en un plano general como en el contexto de un ámbito material específico, sin establecer casos de excepción en su aplicación. Así, el artículo 31, fracción IV, constitucional proyecta las exigencias del principio de igualdad sobre el ámbito impositivo, es decir, la garantía de equidad tributaria es la manifestación del principio de igualdad en materia fiscal, por lo que no tiene menor o mayor valor que la igualdad garantizada en otros preceptos constitucionales. Por otra parte, debe tenerse presente que este Alto Tribunal ha delimitado el contenido de la garantía de equidad tributaria, precisando que ésta radica en la igualdad ante la misma ley tributaria de los sujetos pasivos de un mismo gravamen. En ese sentido, tratándose de disposiciones legales que no corresponden al ámbito específico de aplicación de la garantía de equidad tributaria -es decir, que no se refieren a contribuciones, exenciones o a la delimitación de obligaciones materialmente recaudatorias, así como en los casos de normas que tengan repercusión fiscal y sean emitidas por el Poder Ejecutivo- los argumentos que reclaman la existencia de un trato diferenciado o discriminatorio entre dos personas o grupos deben analizarse en el contexto más amplio, esto es, a la luz de la garantía de igualdad." Así las cosas, por principio de cuentas debe indicarse que el artículo reclamado prevé el otorgamiento de un estímulo, consistente en un porcentaje de reducción del pago del impuesto predial, para aquellos contribuyentes propietarios de inmuebles que se ubiquen en los rangos "A" al "D" de la tarifa prevista en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, excluyendo a quienes, como en el caso del agraviado, se ubiquen en rangos superiores (H). La norma reclamada es del tenor literal siguiente: "ACUERDO DE CARÁCTER GENERAL POR EL QUE SE OTORGAN SUBSIDIOS FISCALES PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL. PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto apoyar, en términos del numeral SEGUNDO, en el pago del Impuesto Predial (en adelante Impuesto) a los contribuyentes que se encuentren en los siguientes supuestos: a) Que cuenten con inmuebles de uso habitacional o uso mixto cuyo valor catastral se encuentre dentro de los rangos A, B, C y D de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México (en adelante Código); b) Que cuenten con inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos E, F y G de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código; y c) Realicen operaciones de compraventa de inmuebles y adquieran nuevas construcciones en términos del artículo 127, párrafo cuarto del Código. SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en el numeral PRIMERO se otorgan los subsidios fiscales que a continuación se indican: Para el pago del Impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2021, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos A, B, C y D de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código, de acuerdo con las cuotas que a continuación se mencionan: Rango Cuota de Subsidio A $52.00 B $61.00 C $73.00 D $88.00 b) Para el pago del Impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2021, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos E, F y G de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código, de acuerdo con el porcentaje que a continuación se menciona: Rango Porcentaje de Subsidio E 50% F 35% G 25% c) Para los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto previsto en el párrafo cuarto del artículo 127 del Código, tendrán derecho a un subsidio en el pago del Impuesto, equivalente a la diferencia que exista entre el Impuesto determinado conforme a valor de mercado que resulte del avalúo a que se refiere la fracción III del artículo 116 del Código, presentado por el contribuyente y aquel que corresponda conforme al valor catastral establecido en los párrafos segundo y quinto del mencionado artículo 127." [.]" La normatividad administrativa de carácter general transcrita establece un beneficio fiscal para aquéllos propietarios o poseedores de inmuebles de uso habitacional cuyo valor catastral se ubique dentro de los rangos previstos de la "A" a la "D", así como del "E" al "G", consistente en una reducción de la tarifa del impuesto predial a su cargo, al exigirles que para efectos de su determinación y pago apliquen al valor catastral de dichos bienes únicamente una cuota fija, la cual es menor a la que les corresponde conforme al régimen general de tributación previsto en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente a partir del uno de enero de dos mil veintiuno, y en el segundo caso, solo el pago de un porcentaje del pago que les corresponde. Lo que pone de manifiesto que estamos ante la presencia de un subsidio tributario, es decir, una medida desgravatoria o exoneradora de carácter parcial, pues no impide el surgimiento de la obligación fiscal generada por la actualización del hecho imponible, sino que opera en uno de los elementos cuantitativos del impuesto predial, a saber la tarifa aplicable a la base gravable, aminorando el impacto económico que causa dicho gravamen, constituyéndose así en un apoyo económico que el Ejecutivo Local concede de manera indirecta, mediante el cobro parcial del importe de la contribución de mérito. Ahora, atendiendo a que dicha medida crea una situación jurídica concreta en materia del impuesto predial (régimen especial de tributación) que da a lugar a un derecho exclusivo para sus beneficiarios (propietarios y/o poseedores de inmuebles de uso habitacional cuyo valor catastral se ubique dentro de los rangos previstos de la "A" a la "G"), genera un tratamiento diferenciado en relación con los demás sujetos pasivos del tributo (particularmente, respecto de aquellos que de igual manera son propietarios y/o poseedores de inmuebles de uso habitacional cuyo valor catastral se encuentra dentro de los rangos establecidos de la "H" a la "P"), por tanto, en respeto al principio de justicia fiscal de equidad tributaria, la misma debe encontrarse justificada de manera objetiva y razonable. Dicho en otras palabras, el apoyo de carácter económico de que se trata, debe, por una parte, perseguir una finalidad constitucionalmente válida y, por otro lado, ser adecuada con el fin pretendido, así como proporcional con los efectos que causa. Bajo ese contexto, de las consideraciones que dieron origen al Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, dado a conocer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinte de enero de dos mil veintiuno, se advierte que el beneficio fiscal en comento se estableció con el fin extrafiscal de proteger a aquellos titulares de bienes inmuebles de uso habitacional que pertenecen a los grupos más vulnerables de la Ciudad de México. Al respecto, debe decirse que el régimen especial de tributación del impuesto predial para inmuebles de uso habitacional de bajo costo (esto es, aquellos cuyo valor catastral oscile entre $0.11 y $1´164,039.58) resulta legítimo desde un punto de vista constitucional, al ser acorde con el derecho fundamental de los gobernados a tener una vivienda digna, así como a la correlativa obligación del legislador de prever los mecanismos necesarios para garantizar su plena efectividad, previstos en el artículo 4 de la Constitución General de la República. Sin embargo, la medida desgravatoria parcial establecida por el Ejecutivo Local en el artículo Segundo, inciso a), del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, dado a conocer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, no resulta adecuada con el fin extrafiscal que se persigue, atento que para tales efectos utilizó como único parámetro para acceder a la misma el valor catastral de los inmuebles de uso habitacional, esto es, aquéllos que se ubiquen en los primeros cuatro rangos que se prevén en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente a partir del uno de enero de dos mil veintiuno. Siendo que tal factor, por sí mismo considerado, no demuestra que se esté frente los grupos más vulnerables de la Ciudad de México, menos aún que dichos predios se encuentren en las zonas de mayor rezago en servicios, como tampoco que sus beneficiarios sean los contribuyentes de menores ingresos per cápita; toda vez que pueden darse distintas condiciones o circunstancias por las que, quien deba pagar el impuesto predial, se ubique en esos grupos vulnerables pero que por tal parámetro poco objetivo no pueda acceder al beneficio fiscal o, viceversa, aquellos contribuyentes que no estén en situación de vulnerabilidad pero que a raíz de que el valor catastral del inmueble donde habitan es bajo, sí resultan beneficiados con la reducción del tributo que nos ocupa. Aunado a ello, tampoco se considera proporcional con los efectos que causa el sistema de aminoración que se combate, en razón de que se excluye del mismo a propietarios de inmuebles de uso habitacional cuyo valor catastral es considerado como mediano o alto, a saber, aquellos que se encuentren dentro de los rangos previstos del "E" al "P" en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, soslayando que éstos también gozan del derecho fundamental a tener una vivienda digna, en el entendido de que la protección de tal prerrogativa constitucional no se encuentra limitada a la vivienda de bajo costo. Consecuentemente, a fin de que el Ejecutivo Local cumpliera con su deber de prever los mecanismos necesarios para garantizar la efectividad del citado derecho, también debió establecer un sistema de reducción del impuesto predial acorde con su capacidad contributiva, más no excluirlos, como en la especie acontece, puesto que también tienen la necesidad humana de un lugar para vivir. A mayor abundamiento, se debe hacer un análisis a la luz del artículo 31, fracción IV, constitucional, en principio se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 139/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, noviembre de 2012, tomo 2, página 1243, de rubro y texto siguientes: "ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA EL AÑO 2011 Y EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO EN MATERIA VEHICULAR A LA ECONOMÍA FAMILIAR DE LA MISMA ENTIDAD. NO PUEDE ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA. El beneficio en cuestión constituye un estímulo fiscal que no tiene relevancia impositiva en el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de donde surge el deber de pago, ya que no incide en alguno de sus elementos esenciales como objeto, base, tasa o tarifa, ni integra su mecánica, pues lo único que se pretende con su otorgamiento es apoyar la economía familiar mediante la entrega en dinero de un porcentaje del valor del vehículo respectivo para sufragar los costos que conlleva su uso; por tanto, al no medir la capacidad contributiva de los sujetos obligados ni pretender impedir que se cause el impuesto respectivo, dicho beneficio no puede analizarse a la luz de los principios de justicia tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que no impide que su regularidad constitucional pueda examinarse al tenor del artículo 1o. de la Constitución Federal." En la ejecutoria que dio origen a esa jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el tema relativo a los estímulos fiscales en relación con si les resultaban aplicables los principios de justicia fiscal. La referida Segunda Sala indicó que los estímulos fiscales son prestaciones económicas concedidas a una persona que puede hacer valer a su favor respecto de un tributo a su cargo, con el objeto de obtener por medio de ese beneficio un fin parafiscal o extrafiscal. La Sala también indicó que son básicamente dos los elementos constitutivos de los estímulos fiscales, a saber: 1. El beneficiario debe ser contribuyente del impuesto. Este elemento es fundamental porque el estímulo fiscal sólo se origina y concreta en torno a las cargas tributarias que pesan sobre él. 2. La situación especial del sujeto beneficiado establecida en abstracto en la disposición legal que otorga el estímulo y que, al concretarse, da origen al derecho del contribuyente para exigir el otorgamiento de dicho estímulo en su favor. A continuación la Sala consideró que los estímulos fiscales, a pesar de su denominación tributaria, no siempre quedan integrados a la estructura de la contribución, debido a que el Estado puede sólo utilizarlos como instrumentos eficientes para alcanzar sus fines públicos; es decir, por facilidad operativa y se incorporan al final de la mecánica de la contribución para disminuir la carga impositiva, siendo este último el beneficio económico que recibe el gobernado, aunque puede adoptarse cualquier otra forma como la entrega directa del monto dinerario o que se disminuya el precio de la adquisición de un bien o servicio. Enseguida, señaló que el legislador no trata de medir o graduar la capacidad contributiva de los sujetos obligados, de hecho por la forma en que se integran los estímulos fiscales sin relevancia impositiva atienden a factores que no guardan relación con el hecho imponible o los demás elementos cuantitativos del tributo, ni parecen razonables a su mecánica, por lo que pueden surgir en un ejercicio o no estar presentes en otro, de acuerdo con las políticas económicas del Estado, sin afectar a la tributación misma, pues la correspondencia sólo se refleja en el sujeto obligado y la carga económica que tiene que cubrir. Sin embargo, añadió que los estímulos fiscales también pueden actuar junto a los elementos esenciales del tributo o se integran a su mecánica, de ahí que son relevantes para graduar el monto económico que se trate al contribuyente. Sobre esa base, la Segunda Sala indicó que la distinción entre ambos estímulos fiscales no radicaba en su relación con la carga tributaria que tienen que soportar los gobernados por virtud de las contribuciones, pues esta situación se presenta en los dos supuestos, sino en la forma en que se incorpora al esquema del tributo, ya que si actúa mediante un elemento esencial o se adiciona a su mecánica, dado que no se puede separar, tiene relevancia impositiva porque se asocia a la valoración de la capacidad contributiva de los sujetos obligados. Sentido contrario, explicó que no acontecía lo mismo, si el estímulo fiscal operaba desde afuera, es decir, sin relevancia impositiva, debido a que solamente sustrae una parte del impuesto que debe soportar el contribuyente. Asimismo, la Sala estableció que esa diferenciación resultaba útil para analizar si le eran aplicables los principios de justicia fiscal al estímulo o si debían sujetarse a éstas en una connotación más amplia, concluyendo que si el beneficio fiscal medía la capacidad económica del sujeto obligado o integra esta valoración, entonces era idóneo su estudio a la luz de los principios de justicia fiscal, pues a partir de este hecho se puede vincular con la proporcionalidad y la equidad en el sentido de verificar si los recursos que aporta son producto de su capacidad contributiva, o si a otros sujetos se les da un trato preferente en el pago respectivo. Con base en ese elemento la Sala afirmó que si el estímulo no estaba inmerso en la medición del hecho imponible o en cualquier otro de los elementos, resultaba lógico que no podía apegarse a los principios de justicia tributaria porque no se lograría su adecuado acoplamiento, ya que ese tipo de beneficios fiscales surgían con datos o elementos ajenos a la estructura de la contribución. Ahora, con sustentó en lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es dable concluir que los planteamientos vertidos por el quejoso, en cuanto se aduce que las disposiciones del Acuerdo reclamado transgreden el principio de equidad tributaria resultan fundados, ya que el estímulo fiscal que en ellos se contienen guarda relación con el elemento constitutivo del tributo, a saber, la base y tarifa. Ciertamente, a través del acuerdo reclamado se concede un estímulo fiscal a los sujetos pasivos del impuesto predial, durante el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, en específico a los gobernados propietarios o poseedores de inmuebles que se encuentren en los rangos A al D, establecidos en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, que permite que exista una diferenciación entre los sujetos pasivos que se encuentran en esos rangos y los restantes. Se arriba a esta conclusión, ya que respecto de los rangos A al D, se establece una nueva cuota, a la que identifica como "Cuota con Subsidio" para substituir a la cuota fija establecida en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, en tanto que respecto de los rangos E a F, prevé un porcentaje de subsidio y que va del 50% al 25%, de la cuota fija establecida en el citado artículo 130, fracción I. Aspectos que se considera inciden en la mecánica para el cálculo del entero relativo al impuesto predial, pues modifican la cuota fija establecida en el citado artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, lo que permite concluir que esos estímulos actúan a nivel de los elementos esenciales del tributo y, por tanto, gradúan la capacidad impositiva del contribuyente. Sentido contrario, no se considera que actúen fuera de la mecánica del tributo, pues como se encuentra diseñado este, no es que se calcule y posteriormente la autoridad hacendaria, proceda a una renuncia en parte del monto, sino por el contrario a través de la aplicación de las cuotas de subsidio o porcentajes de subsidio se aplican directamente en el cálculo y se obtiene el monto del tributo a enterar. Ante ello, tales disposiciones normativas deben cumplir con el principio de justicia fiscal relativo a la equidad. En este punto debe indicarse que en los ejercicios fiscales entre dos mil once y dos mil diecinueve, se incluyó un sistema de aminoración en la cuota fija, el cual se establecía en el artículo 130, fracción II, punto 1, sistema que se fue actualizando en cuanto a sus montos a lo largo de tales ejercicios fiscales. Siendo que para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, tal disposición fue derogada y ahora se incluye en el "Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinte de enero de dos mil veintiuno, en particular los artículos primero y segundo, incisos a) y b). En este punto debe conocerse el contenido de la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en su Séptima Época, Volumen 205-216, Cuarta Parte, página 98, de rubro y texto siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. AUN CUANDO EL PRECEPTO INTERPRETADO POR ELLA SE ENCUENTRE DEROGADO, DEBE SEGUIRSE APLICANDO SI EL LEGISLADOR REPRODUJO ESA MISMA NORMA EN UN ORDENAMIENTO POSTERIOR. Si se derogó la ley en que aparece un precepto interpretado por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el legislador lo reproduce en diverso ordenamiento, y lo destina a regir las mismas situaciones que en el anterior, el criterio adoptado subsiste con la misma fuerza obligatoria, y en consecuencia debe seguirse aplicando, pues la fuente que le da vida es el contenido de la norma que en el nuevo cuerpo legal, quizá tan sólo con otro número, seguirá produciendo idénticos efectos que en el pasado." Ahora bien, tal sistema de aminoración fue analizado por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, emitiéndose la jurisprudencia identificada como PC.I.A. J/53 A (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III, pagina 2981, de rubro y texto siguientes: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 130, FRACCIÓN II, PUNTO 1, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER UNA REDUCCIÓN EN EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El precepto indicado prevé una reducción, como beneficio fiscal, relacionada con el valor catastral del inmueble, para efecto del cálculo del impuesto predial. Al respecto, el legislador tomó como parámetros para incluir el beneficio, la vulnerabilidad en el Distrito Federal, el mayor rezago en determinadas zonas, así como los ingresos per cápita de los contribuyentes. Ahora bien, desde el momento en que el tributo pierde su única función original, que es la recaudadora, la cual debe ser completa y no parcial (en inicio), al sacrificarse esa recaudación, aunque sea en parte, se exige al legislador la validación constitucional de su actuar, lo cual no acontece en el caso del beneficio aludido, porque el hecho de que el valor catastral de los inmuebles en relación con los cuales puede operar la reducción se ubique en los rangos respectivos, no necesariamente significa que se está frente a los grupos más vulnerables de la ciudad, a las zonas de mayor rezago en servicios y a los contribuyentes de menores ingresos per cápita, en virtud de que pueden darse distintas condiciones y circunstancias por las que, quien deba pagar el impuesto predial, resida en esas zonas. De ahí que, si bien es poco probable que determinado inmueble cuente con un valor catastral menor al que tengan otros de características análogas, aunque esté ubicado en una zona que no sea considerada vulnerable o rezagada, por lo que sería objetiva y razonable la justificación del legislador en ese sentido, no se trata del único motivo, por lo que la reducción no encuentra pleno asidero constitucional, al generar un trato diferenciado; de ahí que el artículo 130, fracción II, punto 1, del Código Fiscal del Distrito Federal que prevé una reducción en el cálculo del impuesto predial en favor de quienes se ubiquen en los rangos ahí determinados, viola el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, conviene señalar que el sistema tributario mexicano se encuentra estructurado de conformidad con lo que al efecto establece el Ordenamiento Supremo en diferentes preceptos. Así, de acuerdo con la fracción IV, del artículo 31 constitucional, existen cuatro fiscos (variantes): el federal, el estatal, el de la Ciudad de México y el municipal. Estos diversos fiscos pueden acudir a gravar, en forma simultánea, una misma fuente tributaria, sin que ello ocasione ninguna afectación de tipo constitucional. Para tal efecto se indica que el precepto constitucional antes señalado establece la obligación de las personas de pagar (ya sea en forma simultánea o alternativa) contribuciones a cuatro diferentes personas jurídicas de derecho público: la Federación, la Ciudad de México (actualmente equiparable a una entidad federativa), los Estados y los Municipios. Los beneficios tributarios susceptibles de ser aplicados en todo régimen fiscal, pueden estudiarse desde diversos puntos de vista, dependiendo de los elementos que los integren, ya sean estos materiales, legales, de tiempo o de lugar, o bien, de las finalidades que se persigan con el beneficio otorgado, ya sea éste: económico, social, político o de simple equidad tributaria. El tema ha sido estudiado abundantemente por la doctrina y la jurisprudencia, pero se ha enfocado en las exenciones, las cuales no constituyen el único beneficio tributario en favor de los contribuyentes, sino que pueden ser los siguientes: Beneficios tributarios objetivos. Son aquellos que encuentran la razón de su existencia en determinados hechos o situaciones, los cuales, al realizarse, originan que el sujeto que figure como autor de tales hechos quede eliminado como contribuyente. Ejemplo de este tipo de beneficios (vigentes en la actualidad o en el pasado) son, en el caso del impuesto sobre la renta: el salario mínimo que se paga a los trabajadores, las prestaciones que se otorgan a los propios trabajadores, que no excedan al mes o al año de cierta cantidad, el aguinaldo, con las modalidades que imponen los ordenamientos. En el caso de las enajenaciones de inmuebles, el arrendamiento de esos inmuebles, cuando estén destinados a casa habitación (con los límites que marquen las leyes), en otros tributos, la enajenación de libros, periódicos, revistas y, en el caso del impuesto especial sobre producción y servicios, la producción de aguamiel y los derivados de su fermentación. Beneficios tributarios subjetivos. Estos los otorga el legislador atendiendo al carácter de las personas que gozan de este beneficio, independientemente del objeto realizado. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, los ingresos de las instituciones de beneficencia y asistencia privada, los de las instituciones religiosas o los de los sindicatos obreros. Dentro del impuesto al valor agregado se encuentran los siguientes beneficios de tipo personal: los servicios personales que se presten en forma gratuita o los servicios profesionales que presten los médicos. Beneficios tributarios de carácter mixto. Son aquellos que requieren la presencia de los elementos tanto objetivos como subjetivos, para que pueda darse el beneficio. Dentro del impuesto sobre la renta se encuentra que son beneficios tributarios mixtos, los ingresos que obtienen los autores por la explotación de sus obras o los ingresos por salarios que obtienen las personas que ejercen una representación oficial de su país en México. Así, el tributo tiene una única función recaudadora, su papel irrumpe, empero, en otros objetivos constitucionales. Adquiere una gama de posibilidades de tinte extrafiscal. Así, se pierde la calidad recaudatoria y se persigue un designio diferente. Por tanto, los impuestos no se crean únicamente con la finalidad de obtener ingresos, ya que son un medio directo para la consolidación de actos y hechos con contenido político, económico y social. Tan pronto como el impuesto sacrifica parte de su recaudación al servicio de uno u otros objetivos, se está ante el llamado impuesto no-fiscal. La validación constitucional de la contribución en uno y otro caso -fiscal y extrafiscal- no puede realizarse de igual forma. Un impuesto instituido para allegar recursos económicos a las arcas públicas demanda un control fincado en el principio de capacidad contributiva, la cual, a su vez, se relaciona con la equidad, aunque ambos supuestos se ven modalizados bajo las circunstancias que en cada caso imperen. Así, en un primer momento, el legislador valora los índices de riqueza susceptibles de tributación, con el fin de establecer los presupuestos normativos; posteriormente, en un plano individual, personaliza la carga tributaria atendiendo a la aptitud de pago del contribuyente. Esta regla no funciona con la misma eficacia en aquellos impuestos donde el legislador deposita una pretensión diferente de la finalidad principal, señalar la línea donde termina la fiscalidad e inicia la extrafiscalidad no es una cuestión que se aprecie bajo las mismas reglas en todos los casos y sin que admita excepciones. De ahí que la tributación no puede ser producto de una concepción eminentemente jurídica, ya que su contenido se determina, a su vez, por decisiones de carácter político, económico y social. Pretender, en consecuencia, que el legislador, apegado únicamente a criterios de equidad, vote por tal o cual normativa tributaria, es incoherente con la situación nacional. Ello, empero, no es motivo suficiente para permitir al tributo atentar contra uno de los derechos esenciales de la sociedad: la propiedad. Es necesario, en consecuencia, obrar con sumo cuidado y valorar si la lesión es menor al beneficio colectivo alcanzado. El tributo puede utilizarse como instrumento, al margen de la función recaudatoria, favorable para la realización de específicas situaciones, pero como ya se indicó, los fines extrafiscales, cualquiera que estos sean, no pueden servir de pretexto para dejar de observar las garantías que en materia tributaria establecen a favor de los particulares el artículo 31, fracción IV, constitucional. Es decir, el tributo o impuesto extrafiscal, aunque en principio aparentara que atenta con los principios materiales de justicia, encuentra su justificación en aquellos otros objetivos establecidos en la Constitución, los cuales deben estar justificados. En relación con el principio de equidad tributaria, que está inmerso en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado reiteradamente que tal principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo establece y regula, lo que, a la vez, implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una diversa; implicando, además, que se establezca que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición que estas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, sino que se sustenten en bases objetivas que razonablemente justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o, incluso, extrafiscales. En relación con el aludido principio de equidad, es necesario destacar que son muchos los autores que se han ocupado del estudio de la base imponible y la polémica entre ellos continúan, sobre todo en lo que atañe a la posibilidad de que la base imponible refleje elementos ajenos al propio presupuesto de hecho o deba circunscribirse, exclusivamente, a su aspecto material. De esto también se deriva el poder o no considerar a la base imponible como un elemento autónomo e independiente del hecho generador del tributo. La relación que media entre el hecho imponible y la base tributaria es estrecha e indisoluble, pues no se les puede desligar porque ésta es una consecuencia de aquél, a pesar de estar regulada por disposiciones autónomas e individuales, que, por otra parte, necesariamente se reconducen a elementos presentes en el hecho imponible, como partes integrantes (aunque estructuralmente independientes) de un todo; y el nexo de unión entre unas disposiciones y otras radica en la función que deben desarrollar y que se traduce en la cuantificación del presupuesto de hecho conforme al principio de contribución. De esta forma, el aspecto cuantitativo (por ejemplo, el mínimo), el subjetivo (su consideración mediante reducciones por circunstancias personales), el temporal (como ser las bases de actividades de temporada) o el espacial (determinar la base en función de la población) pueden ser objeto de reflejo y consideración en la base del tributo. Estas especificaciones no pueden desvincularse plenamente del aspecto objetivo, es decir, de la riqueza gravada, ya que se dirigen a la mejor cuantificación de esta última; es absolutamente necesario que la manifestación de los otros aspectos del tributo guarde relación intensa con la riqueza gravada. En este orden de ideas, la base imponible debe integrarse exclusivamente por todos aquellos componentes positivos y negativos estrictamente ligados a perfeccionar y contribuir a especificar, en función de consideraciones eminentemente técnicas y de capacidad, la riqueza asumida por el legislador para su gravamen. La variedad de disposiciones dirigidas a este efecto se justifica adicionalmente en la circunstancia que el hecho imponible no se efectúa con la misma intensidad en todos los casos y, por ello, la base se convierte en un factor específico de determinación, que necesariamente debe contar con inclusiones, exclusiones y correcciones, para lograr con éxito su cometido en cada caso concreto, como expresión trasparente de la capacidad contributiva de un sujeto, aunque en términos relativos, es decir, en consideración a la magnitud con que cada sujeto ha realizado el presupuesto elegido por el legislador. De ahí que, si en determinados casos se quiere adecuar el gravamen a las circunstancias personales o familiares del sujeto, discriminar rentas o frenar la progresividad de un impuesto, ello no será producto del azar ni del beneplácito del legislador, sino que estaremos ante una consecuencia lógica y necesaria del propio reflejo que el aspecto subjetivo tiene en la cuantificación del tributo, conforme a los principios de justicia fiscal, entre ellos, la proporcionalidad y la equidad. Respecto del impuesto predial, es necesario destacar los puntos siguientes: Están obligadas al pago del impuesto predial las personas físicas y las morales propietarias del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él, independientemente de los derechos que sobre las construcciones tenga un tercero. Los poseedores también estarán obligados al pago del impuesto predial por los inmuebles que posean, cuando no se conozca al propietario o el derecho de propiedad sea controvertible. Los propietarios de los bienes a que se refiere el párrafo anterior y, en su caso, los poseedores, deberán determinar y declarar el valor catastral de los inmuebles, aun en el caso que se encuentren exentos del pago del impuesto. La declaración se presentará en los formatos oficiales, aprobados ante las oficinas autorizadas, durante los dos primeros meses de cada año y, en tratándose de la ahora Ciudad de México, en los supuestos y plazos a que se refería el Código Financiero y actualmente el Código Fiscal de aquella Ciudad. En este sentido, de los artículos 126, 127, 129 y 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, en lo que interesa, se deriva que los elementos del impuesto predial son: Sujeto: Las personas físicas y morales que sean propietarias o poseedoras del suelo o de este y de las construcciones adheridas a él, independientemente de los derechos que respecto de las construcciones tenga un tercero. Asimismo, los poseedores de aquellos, en los casos señalados en la ley. Objeto: El suelo y las construcciones adheridas a él que se encuentren ubicados en la Ciudad de México. Hecho imponible: la titularidad o posesión del suelo y/o las construcciones adheridas a él. Base: La base del impuesto predial será el valor catastral determinado por los contribuyentes siguiendo la mecánica establecida en la ley. Tarifa: Es la establecida en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal del Distrito Federal. Aquí debe señalarse que en términos del "Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinte de enero de dos mil veintiuno, en particular los artículos primero y segundo, incisos a) y b), se establece una reducción en la cuota de la tarifa, lo cual se traduce en una reducción de este elemento, misma que se aplica a la tarifa prevista en la fracción I, del artículo 130, del Código Fiscal de la Ciudad de México y, genera que la base que en principio se calcularía, se vea disminuida, porque esa cuota se aplicará al valor que se ubique en cada uno de los rangos que prevé la disposición (que identifican cantidades en el límite inferior y en el límite superior, respecto del valor catastral del inmueble). Ahora bien, en la ejecutoria que dio origen al criterio citado en párrafos anteriores, el Pleno de Circuito Administrativo estimó que se estaba frente a una reducción, porque se trata de la disminución de la cantidad en las cuotas que van del rango A al D. Asimismo, dicho Pleno consideró que la reducción impacta en la determinación de la base, porque implica que la cantidad que se tomaría en cuenta en principio, para el cálculo, al ser menor, impacte en el resultado, pues, se obtendrá un monto menor con motivo de la aplicación de esa cuota (disminuida) al valor que se ubique en cada rango (del A al D), que prevé un límite inferior y un límite superior, como tope, y precisa que aunque pareciera que la reducción se traduce en un beneficio tributario objetivo, porque se relaciona con el valor catastral del inmueble. Es decir, el Pleno de Circuito de mérito advirtió que el autor de la norma tomó como parámetros para incluir el beneficio tributario, la vulnerabilidad en la ciudad, así como el rezago (vulnerabilidad de grupos, en zonas de mayor rezago), y los ingresos per cápita (menores), los cuales se refieren, en el primer caso, a los inmuebles y, en el segundo, a los propietarios y poseedores; al respecto, el citado Pleno enfatizó que desde el momento en que el tributo pierde su única función original, que es la recaudadora, la cual debe ser completa y no parcial (en inicio), al sacrificarse esa recaudación, aunque sea en parte, se exige al legislador la validación constitucional de su actuar, para concluir que desde ese momento en que el legislador justificó la reducción a partir de cuestiones como la vulnerabilidad, el rezago, así como el ingreso per cápita de los contribuyentes, se considera, tal justificación no es objetiva y razonable. Esto, pues el hecho de que el valor catastral de los inmuebles, en relación con los cuales puede operar la reducción, se ubique en los rangos del A al D, no necesariamente significa que se está frente a los grupos más vulnerables de la ciudad, a las zonas de mayor rezago en servicios y [a los contribuyentes] de menores ingresos per cápita, ya que pueden darse distintas condiciones y circunstancias por las que, quien deba pagar el impuesto predial, resida en esas zonas, por ejemplo, por cuestiones de conveniencia en distancias, por la ubicación de sus actividades ordinarias, o bien, por razones estrictamente personales; las cuales, de ninguna forma reflejan los ingresos que de manera ordinaria obtengan. Luego, esos contribuyentes se beneficiarían con una reducción que no tiene relación alguna con la intención del legislador. En ese contexto, el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito concluyó que la reducción de mérito no encuentra pleno asidero constitucional, porque se edifica a partir de razones que solamente son válidas parcialmente, y si se tiene en cuenta que el beneficio tiene que estar justificado de manera objetiva y razonable, sin que haya lugar a arbitrariedades, el trato diferenciado que genera la reducción, al permitir sólo a quienes cuenten con inmuebles con valores catastrales que se sitúen en los primeros cuatro rangos, acceder a aquel, genera un trato diferenciado que viola el artículo 31, fracción IV, constitucional, en lo que se refiere al principio de equidad tributaria Lo anterior, puesto que, en la implementación de la reducción, el legislador al crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, debe despojarse de determinaciones caprichosas o arbitrarias y prescindir de apoyarse en bases objetivas que carezcan de justificación razonable y objetiva, como sucede en este caso; por más que su actuación pueda atender a finalidades económicas o sociales, a razones de política fiscal o, incluso, extrafiscales. No obsta que los aspectos cuantitativos, subjetivos, temporales o espaciales, puedan ser objeto de reflejo y consideración en la base del tributo; asimismo, que la base, al convertirse en un factor específico de determinación que necesariamente debe contar con inclusiones, exclusiones y correcciones, para lograr su cometido (por lo que no están proscritas las reducciones); empero, tales circunstancias, como ya se dijo, deben estar plenamente justificadas, porque de ninguna forma es tolerable el actuar del legislador a partir de criterios carentes de sustento, cuando se adopta una finalidad extrafiscal en el diseño de la contribución, alejándose del fin fiscal original, que es la recaudación (lo cual se extiende a la recaudación disminuida). La decisión adoptada por el Pleno de Circuito además encontró apoyo, en el diverso criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un supuesto análogo, que originó la tesis 2a./J. 225/2009, emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, enero de 2010, página 286, de rubro "PREDIAL. EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN II, PUNTO 2, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE UNA REDUCCIÓN DEL 0% PARA INMUEBLES DE USO HABITACIONAL CUYO VALOR CATASTRAL ESTÉ COMPRENDIDO EN LOS RANGOS DEL "K" AL "P" DE LA TARIFA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DE ESE PRECEPTO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008)." Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 130, fracción I del Código Fiscal de la Ciudad de México, los contribuyentes determinarán el impuesto predial bimestralmente, aplicando al valor catastral de los inmuebles la tarifa respectiva, que se conforma de dieciséis rangos que van de la letra A a la P, determinados entre un mínimo y un máximo según el propio valor, con cuotas fijas y tasas aplicables sobre el excedente del límite inferior. Pero en términos del Acuerdo reclamado, tratándose de inmuebles de uso habitacional, los contribuyentes que se establecen en el acuerdo reclamado tendrán derecho a una reducción del impuesto predial a su cargo mediante el pago de una cuota fija. Así, los sujetos pasivos que se ubiquen en los rangos A al D de la tarifa respectiva, pagarán la cuota fija con subsidio prevista para cada renglón en el año respectivo y los ubicados en los rangos E al G se les aplicará el porcentaje del subsidio que ahí se indica. Empero, aquellos contribuyentes de uso habitacional que se ubiquen en los rangos H al P, no están contemplados para que disminuyan el impuesto predial a su cargo. Lo anterior refleja que el sistema de aminoración del impuesto predial que prevé el precepto reclamado, se establece atendiendo al destino del inmueble -uso habitacional- y a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del tributo -reflejada en el valor catastral del inmueble de que se trate-, mediante un esquema regresivo de cuotas fijas; sin embargo, como puede observarse de las tablas transcritas, solamente pueden acceder a ese beneficio los propietarios y poseedores de inmuebles de uso habitacional comprendidos en los rangos A al G, y no los que se ubican en los renglones H al P, como sucede con el quejoso. Tal circunstancia se considera vulnera el principio de equidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues no se establece un esquema de aminoración de la carga tributaria para los inmuebles cuyo valor esté comprendido en los rangos H al P de la tarifa respectiva, a pesar de que cumplen con el parámetro elegido por el legislador para la actualización de tal beneficio, a saber, que el inmueble sea de uso habitacional. Es decir, el hecho de que los rangos H a P del artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente a partir del uno de enero del dos mil veintiuno, respecto de la tarifa del impuesto predial no estén comprendidos en la tabla de descuentos, los excluye del régimen especial de tributación previsto para los inmuebles de uso habitacional, colocándolos en el régimen general, cuestión que se traduce en un trato desigual entre sujetos que se ubican en la misma situación, sin que exista una razón objetiva para ello. Máxime si se toma en consideración que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º constitucional, el legislador ordinario puede válidamente establecer un sistema de aminoración de la carga tributaria para los inmuebles de uso habitacional conforme al cual el beneficio disminuye en la medida que aumenta su valor catastral, pero no excluir de dicho sistema a determinados inmuebles por virtud de su valor superior. En relación con esto, el Máximo Tribunal ha señalado que si en atención al derecho que consagra el artículo 4º constitucional a favor de los gobernados de tener una vivienda digna y la correlativa obligación del legislador de prever los mecanismos necesarios para alcanzar ese objetivo, se estableció un régimen especial de tributación del impuesto predial para los inmuebles de uso habitacional; entonces, el legislador no puede excluir materialmente de ese régimen a algunos inmuebles por tener valores catastrales altos, dado que la protección garantizada por el citado precepto constitucional no está limitada a la vivienda de bajo o mediano costo, por lo que tal circunstancia conllevaría a que, para dichos inmuebles, la aminoración tributaria fuese más baja dado el sistema decreciente de beneficio que comprende el aludido régimen especial de tributación. En el caso concreto, la hipótesis normativa analizada prevé una reducción en el pago del impuesto predial, a través de una cuota fija, quedando excluidos de dicho beneficio todos los contribuyentes poseedores o propietarios de inmuebles comprendidos en los rangos de la H a la P, por lo que es claro que el criterio adoptado en la contradicción de tesis 14/2015 del índice del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito invocado, resulta aplicable al caso en particular y, por ende, se debe concluir que la aminoración establecida en los artículos primero y segundo, incisos a), del "Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinte de enero de dos mil veintiuno, reclamado, vulneran en perjuicio del quejoso el principio de equidad tributaria, previsto en el diverso 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en tanto que no establecen un descuento del impuesto predial a pagar por los inmuebles de uso habitacional comprendidos en los rangos H a P, de lo que se deriva que para este inmueble no se prevé ninguna aminoración del tributo ni beneficio alguno, con lo que se soslaya que el régimen especial de tributación para los inmuebles de uso habitacional se estableció con el objeto de disminuir la carga tributaria de los contribuyentes en atención a lo previsto en el artículo 4° de la Constitución Federal. Sin que pase inadvertido el hecho de que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en los artículos Primero, inciso b), y Segundo, inciso b), del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, haya previsto un diverso beneficio fiscal para aquéllos propietarios y/o poseedores de inmuebles de uso habitacional de mediano costo (esto es, aquellos que se ubican en los rangos E, F y G previstos en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, y, por tanto, su valor catastral oscila entre $1´164,039.59 y $2´328,079.14). Sin embargo, dicho beneficio fiscal, consiste en diversos porcentajes de subsidio (a saber, 50%, 35% y 25%), más no en una cuota fija reducida de manera progresiva en atención al valor catastral del inmueble; lo cual, evidencia que éste es significativamente menos favorecedor para los contribuyentes respectivos; y, por tanto, con su emisión no se subsana la violación al principio de justicia fiscal de equidad tributaria antes demostrada. Sobre las bases expuestas, al resultan fundados los argumentos expuestos por la parte quejosa, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. OCTAVO. Efectos de la sentencia. Tomando en consideración que beneficio fiscal reclamado únicamente surtirá sus efectos hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno -de conformidad con lo dispuesto en el artículo Segundo Transitorio del Acuerdo de carácter general de que se trata-, así como que el quejoso realizó el pago anual anticipado del impuesto predial dos mil veintiuno, respecto del inmueble que por esta vía se defiende, en términos de lo previsto en el artículo 78 de la ley de la materia, lo procedente es conceder al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal, en relación con el "Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinte de enero de dos mil veintiuno, en particular el artículo SEGUNDO, para el efecto de que: Hasta en tanto se encuentre vigente y no sea reformado a la mecánica de cálculo del impuesto predial se le aplique la cuota fija con subsidio señalada para el rango D en el "Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, es decir, $88.00 ochenta cinco pesos 00/100 M.N.), por ser la última ahí prevista, a la mecánica del cálculo del impuesto prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente a partir del uno de enero de dos mil veintiuno, según el lugar donde se ubique el inmueble respectivo, de acuerdo con su valor catastral; y, Le sea devuelta la diferencia que resulte a su favor al aplicarse a dicha mecánica, el descuento señalado en tal rango, respecto del pago que haya realizado, o que tenga que realizar por dicha contribución, en orden con el inmueble que tributa bajo el número de cuenta 056964020665. Lo anterior, a fin de respetar el principio de progresividad fiscal, toda vez que si se toma en cuenta que lo que se declaró inconstitucional fue la normatividad que regula el beneficio fiscal a favor de propietarios y/o poseedores de inmuebles de uso habitacional de bajo costo, ello implica que la mecánica del tributo regulada en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México y que está diseñada sobre valores progresivos, continúa rigiendo en el cálculo del impuesto predial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.A. J/140 A (10a.), derivada de la contradicción de tesis 1/2018, emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Décima Época, registro ius: 2019364, página: 1547, del siguiente rubro y contenido: "IMPUESTO PREDIAL. EFECTO DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. En la jurisprudencia PC.I.A. J/53 A (10a.), el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró inconstitucional el punto 1 de la fracción II del artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, por violar el principio de equidad tributaria, por lo que los particulares que promueven amparo en su contra con motivo de la modificación de los importes contenidos en dicha fracción tienen derecho a que se les otorgue la protección federal al respecto; sin embargo, el alcance de dicha protección debe limitarse a que se substituya el importe de la cuota fija prevista en el rango de la fracción I del precepto, según el lugar donde se ubique el inmueble respectivo, de acuerdo con su valor catastral, por el importe reducido del rango D de la fracción II del propio artículo, porque la modificación de los importes de las cuotas fijas reducidas (fracción II) no actualiza una oportunidad para reclamar la constitucionalidad de la porción normativa prevista en la fracción I del mismo precepto, como se establece en la diversa jurisprudencia PC.I.A. J/126 A (10a.), del propio Pleno de Circuito y, por tanto, la concesión del amparo contra la fracción II del precepto no implica modificar la obligación del particular de pagar el impuesto conforme a la mecánica de cálculo prevista en la fracción I, sin que pueda tomarse en cuenta el posible pago que deba hacerse respecto de otros inmuebles por los que no se conceda la protección federal, pues el principio de relatividad de las sentencias de amparo obliga a considerar sólo el caso específico de cada quejoso al que se le conceda el amparo.". Asimismo, es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 93/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 175, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, Materia(s): Administrativa, Novena Época, Registro: 166618, que dice: "NORMA FISCAL QUE OTORGA UN BENEFICIO SÓLO A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, SIN INCLUIR A OTROS QUE JURÍDICAMENTE SON IGUALES. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA SU INEQUIDAD, ES QUE SE INCLUYA AL QUEJOSO EN EL BENEFICIO. En los juicios de amparo en que se combata una norma fiscal que otorga un beneficio a determinados contribuyentes, excluyendo a otros jurídicamente iguales, y se estime fundado el concepto de violación relativo a la inequidad tributaria de la ley reclamada, los efectos de la protección constitucional se traducen en otorgar al quejoso el mismo trato del que gozan los contribuyentes destinatarios de la norma, esto es, hacerle extensivo el beneficio contenido en la ley declarada inconstitucional, porque así se le restituiría en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación." Y por analogía y en cuanto al criterio que la informa, la jurisprudencia P./J. 18/2003 20, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 17, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, Materia(s): Administrativa, Novena Época, Registro: 183828, que establece: "EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO. La declaratoria de que un precepto que establece la exención parcial de un tributo es inequitativo, no tiene por efecto exentar al quejoso del pago en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte inconstitucional, es decir, tratándose de una norma que concede dicho beneficio a determinados contribuyentes en detrimento de otros que se encuentran en la misma situación, como el amparo se concede sólo respecto de dicha porción normativa y no de las normas que establecen los elementos esenciales del tributo, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, consiste en hacer extensiva en su favor únicamente la exención parcial otorgada a los demás." En otro orden de ideas, toda vez que mediante acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente de varios 10/2021 del índice de este Juzgado de Distrito, se autorizó la consulta del expediente Electrónico, al usuario "MARCE2000", que corresponde a Marcelo Fernández Delgado, Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito, por así haberlo solicitado para todos los expedientes radicados en este órgano jurisdiccional, así como la realización de las notificaciones por la misma vía y mediante el usuario que precisó; lo anterior, en virtud de las razones expuestas en el oficio 007/2021, del índice de la Agencia de la Fiscalía de la Federación adscrita a este Juzgado. En relatadas circunstancias, se ordena que las notificaciones que deban realizarse al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito por medio de oficio en el presente asunto, se efectúen de manera electrónica. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 63, 73, 74, 75, 76, 124, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio, promovido por Nora Leticia Hernández Puga, respecto del acto consistente en la recepción del pago y cobro del impuesto predial del inmueble con número de cuenta predial 056964020665, atribuido al Tesorero de la Ciudad de México; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Nora Leticia Hernández Puga, respecto de la expedición y promulgación del "ACUERDO DE CARÁCTER GENERAL POR EL QUE SE OTORGAN SUBSIDIOS FISCALES PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL" publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinte de enero de dos mil veintiuno, en concreto, el artículo SEGUNDO, inciso a); atribuido a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por las razones y para los efectos señalados en el dos últimos considerandos de esta sentencia NOTIFÍQUESE; VIA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma Everardo Mercado Salceda, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, comunicadas mediante oficio CCJ/ST/1800/2021, de esa misma fecha, asistido del Secretario Julio César Rodríguez Matha, quien autoriza y certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente resolución, y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico, hasta el día de hoy veintiuno de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
Visto el contenido del artículo 44 párrafo I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece que cuando un Juez de Distrito falte por un término menor a quince días al despacho del juzgado, el Secretario respectivo practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite, así como las resoluciones de carácter urgente, sin que se encuentre facultado para resolver en definitiva, pues para ello se requiere la autorización del Consejo de la Judicatura Federal... Por lo anterior, a fin de respetar las formalidades del procedimiento previstas en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy quedando en su lugar las TRECE HORAS CON VEINTIUN MINUTOS DEL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO para su verificativo; fecha que se fija atendiendo a la carga de audiencias señaladas en la agenda y en el tiempo en el que se encuentran realizando la integración de las notificaciones a las partes; dada la reanudación de actividades en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID -19. Finalmente, intégrese a los autos el escrito de cuenta, signado electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 119, de la ley de la materia, se tienen como pruebas de su parte, las documentales que acompaña en el ocurso que se provee; las cuales se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de ser relacionadas al momento de celebrar la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
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