Nora Hilda Navarro Lagunas
Expediente 1148/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1148/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Nora Hilda Navarro Lagunas
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra del auto de ocho de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda de amparo, es evidente que este asunto constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, por lo que al no existir documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en consecuencia, el presente expediente es susceptible de destrucción. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, la relativa a la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Nora Hilda Navarro Lagunas, en contra de los actos que reclama del Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán (en su correcta denominación); la cual fue exhibida con seis copias y dos anexos. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte que en el presente caso se encuentra un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual lo procedente es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo que promovió Nora Hilda Navarro Lagunas, en contra de los actos que reclama del Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán (en su correcta denominación). En efecto, en el caso la parte quejosa reclama la inscripción de los avisos preventivo de compraventa y definitivo de compraventa del predio trescientos treinta de la calle veintiséis por ochenta y uno y ochenta y tres de la colonia Morelos Oriente de esta ciudad de Mérida, Yucatán. A consideración del suscrito, se actualiza la causal de improcedencia del Juicio Constitucional, prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en vigor, por las razones que a continuación se exponen: Dada la interpretación integral de la demanda de amparo, se advierte que lo que la parte quejosa pretende al promover este juicio, es obtener la protección constitucional a fin de que la autoridad registral responsable soslaye las referidas inscripciones de aviso preventivo de compraventa y aviso definitivo de compraventa del predio trescientos treinta de la calle veintiséis por ochenta y uno y ochenta y tres de la colonia Morelos Oriente de esta ciudad de Mérida, Yucatán; extremos que permiten evidenciar la existencia de un conflicto entre particulares (la parte quejosa y su demandado Marlon Miguel Sánchez Ortiz, en el juicio ejecutivo mercantil 456/2018 del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado). Al respecto, el artículo 2191 del Código Civil del Estado de Yucatán, en lo que interesa establece: "Artículo 2191. Las inscripciones o anotaciones únicamente pueden cancelarse por consentimiento de los otorgantes del acto o convenio que conste en el título o documento inscrito o anotado o por decisión judicial." Por su parte, el artículo 89, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, en lo conducente dispone: "Artículo 89. Para decretar la cancelación de un registro, o la rectificación de actas del estado civil, es competente el Juez del lugar en donde estuviere ubicado el Registro.". En virtud de lo anterior, este Juzgador Constitucional considera que la quejosa, previamente a la interposición del juicio de amparo, debió promover ante la autoridad del fuero común el juicio correspondiente, en el que ejercitara la acción civil prevista por el artículo 2191 del código sustantivo civil del Estado, a fin de que sea el Juez del fuero común quien determine si procede o no la invalidación de la señalada inscripción registral y demás consecuencias; de ahí que al no hacerlo, es incuestionable que en el caso se configuró la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en vigor. En efecto, conforme a la segunda de las disposiciones mencionadas, la finalidad del Juicio Constitucional es la de resarcir a los particulares por actos de autoridad violatorios de los derechos humanos otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es claro entonces, que el juicio de amparo no puede tener por objeto resolver conflictos entre particulares; en este sentido, si en las leyes comunes (como son los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Yucatán) se establece un determinado procedimiento para dirimir un conflicto entre particulares; es inconcuso que los órganos de control constitucional no pueden sustituirse a la autoridad del fuero común en el conocimiento de tal conflicto. No obsta a lo anterior, el hecho de que en el caso se estén imputando los actos a cierta autoridad, como lo es el Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues como ya se dijo en líneas precedentes, en el fondo lo que pretende la quejosa es que se dirima un conflicto suscitado entre ella y su demandado Marlon Miguel Sanchez Ortiz, respecto del predio a que se ha hecho referencia. En esta hipótesis, en el juicio natural que se pueda llegar a promover con el propósito de nulificar las inscripciones reclamadas, la autoridad en cita deben ser oída, teniendo obligación legal de acatar lo que se resuelva en la sentencia ejecutoria que llegue a dictarse. Lo anterior, sin perjuicio de que los particulares interesados puedan promover el juicio constitucional contra la sentencia definitiva que solucione la apuntada controversia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.3o. J/15, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la foja 388, del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 197412, que informa: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO PARA NULIFICAR UNA INSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el juicio de garantías se promueve con la finalidad de nulificar una inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, resulta improcedente al tenor del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 1o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, conforme a la segunda de las disposiciones mencionadas, la finalidad del juicio constitucional es la de resarcir a los particulares por actos de autoridad violatorios de las garantías individuales. Es claro entonces que el juicio de amparo no puede tener por objeto resolver conflictos entre particulares; en este sentido, si en las leyes comunes (concretamente en los artículos 3009 del Código Civil y 126, fracción X, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla), se establece un procedimiento para obtener la cancelación de una inscripción registral, que en el fondo implica la existencia de un conflicto entre dos personas que se están disputando la preferencia de un crédito, es inconcuso que los órganos de control constitucional no pueden sustituirse a la autoridad del fuero común en el conocimiento de tal conflicto." Así como la tesis XI.2o.96 C, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 1423, del Tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 190803, que establece: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, INSCRIPCIONES EN EL. EL JUICIO DE AMPARO NO ES LA VÍA LEGAL ADECUADA PARA OBTENER SU CANCELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). El artículo 2854 del Código Civil dispone que las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad, pueden cancelarse por consentimiento de las partes o por decisión judicial; de lo que se deduce que fuera del caso en que la cancelación de una inscripción registral se haga por consentimiento de las partes, para realizarla válidamente, es necesario oír a los interesados, o sea, que cuando exista controversia respecto a la inscripción de un derecho en el Registro Público de la Propiedad, sólo por orden de una autoridad jurisdiccional puede cancelarse. Ahora bien, como las inscripciones están vinculadas con la declaración de un derecho real cuyo reconocimiento judicial compete a las autoridades del ramo, según el artículo 1o. del Código de Procedimientos Civiles, es evidente que quien pretenda su cancelación debe agotar el juicio correspondiente, previo al ejercicio de la acción constitucional, pues de no hacerlo así, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo." Bajo esa óptica jurídica, es innegable que en el caso concreto, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes invocada, por lo que con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada ley, se desecha de plano la demanda promovida por Nora Hilda Navarro Lagunas, contra los actos que reclama del Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán (en su correcta denominación), con sede en esta ciudad. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a María Fernanda Perulles Medina, Cinthia Nallely Acopa Arevalo, Carlos Enrique Ortegón Medina y Carlos Antonio Pérez Islas de conformidad con la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. Por lo que respecta a la solicitud de uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obran en los presentes autos; se accede a su petición, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que al rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, quien autoriza y da fe.
- Principal
cita ...Mérida, Yucatán, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Nora Hilda Navarro Lagunas, en contra de los actos que reclama del Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán (en su correcta denominación); la cual fue exhibida con seis copias y dos anexos. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte que en el presente caso se encuentra un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual lo procedente es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo que promovió Nora Hilda Navarro Lagunas, en contra de los actos que reclama del Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán (en su correcta denominación). En efecto, en el caso la parte quejosa reclama la inscripción de los avisos preventivo de compraventa y definitivo de compraventa del predio trescientos treinta de la calle veintiséis por ochenta y uno y ochenta y tres de la colonia Morelos Oriente de esta ciudad de Mérida, Yucatán. A consideración del suscrito, se actualiza la causal de improcedencia del Juicio Constitucional, prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en vigor, por las razones que a continuación se exponen: Dada la interpretación integral de la demanda de amparo, se advierte que lo que la parte quejosa pretende al promover este juicio, es obtener la protección constitucional a fin de que la autoridad registral responsable soslaye las referidas inscripciones de aviso preventivo de compraventa y aviso definitivo de compraventa del predio trescientos treinta de la calle veintiséis por ochenta y uno y ochenta y tres de la colonia Morelos Oriente de esta ciudad de Mérida, Yucatán; extremos que permiten evidenciar la existencia de un conflicto entre particulares (la parte quejosa y su demandado Marlon Miguel Sánchez Ortiz, en el juicio ejecutivo mercantil 456/2018 del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado). Al respecto, el artículo 2191 del Código Civil del Estado de Yucatán, en lo que interesa establece: "Artículo 2191. Las inscripciones o anotaciones únicamente pueden cancelarse por consentimiento de los otorgantes del acto o convenio que conste en el título o documento inscrito o anotado o por decisión judicial." Por su parte, el artículo 89, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, en lo conducente dispone: "Artículo 89. Para decretar la cancelación de un registro, o la rectificación de actas del estado civil, es competente el Juez del lugar en donde estuviere ubicado el Registro.". En virtud de lo anterior, este Juzgador Constitucional considera que la quejosa, previamente a la interposición del juicio de amparo, debió promover ante la autoridad del fuero común el juicio correspondiente, en el que ejercitara la acción civil prevista por el artículo 2191 del código sustantivo civil del Estado, a fin de que sea el Juez del fuero común quien determine si procede o no la invalidación de la señalada inscripción registral y demás consecuencias; de ahí que al no hacerlo, es incuestionable que en el caso se configuró la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en vigor. En efecto, conforme a la segunda de las disposiciones mencionadas, la finalidad del Juicio Constitucional es la de resarcir a los particulares por actos de autoridad violatorios de los derechos humanos otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es claro entonces, que el juicio de amparo no puede tener por objeto resolver conflictos entre particulares; en este sentido, si en las leyes comunes (como son los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Yucatán) se establece un determinado procedimiento para dirimir un conflicto entre particulares; es inconcuso que los órganos de control constitucional no pueden sustituirse a la autoridad del fuero común en el conocimiento de tal conflicto. No obsta a lo anterior, el hecho de que en el caso se estén imputando los actos a cierta autoridad, como lo es el Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues como ya se dijo en líneas precedentes, en el fondo lo que pretende la quejosa es que se dirima un conflicto suscitado entre ella y su demandado Marlon Miguel Sanchez Ortiz, respecto del predio a que se ha hecho referencia. En esta hipótesis, en el juicio natural que se pueda llegar a promover con el propósito de nulificar las inscripciones reclamadas, la autoridad en cita deben ser oída, teniendo obligación legal de acatar lo que se resuelva en la sentencia ejecutoria que llegue a dictarse. Lo anterior, sin perjuicio de que los particulares interesados puedan promover el juicio constitucional contra la sentencia definitiva que solucione la apuntada controversia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.3o. J/15, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la foja 388, del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 197412, que informa: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO PARA NULIFICAR UNA INSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el juicio de garantías se promueve con la finalidad de nulificar una inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, resulta improcedente al tenor del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 1o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, conforme a la segunda de las disposiciones mencionadas, la finalidad del juicio constitucional es la de resarcir a los particulares por actos de autoridad violatorios de las garantías individuales. Es claro entonces que el juicio de amparo no puede tener por objeto resolver conflictos entre particulares; en este sentido, si en las leyes comunes (concretamente en los artículos 3009 del Código Civil y 126, fracción X, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla), se establece un procedimiento para obtener la cancelación de una inscripción registral, que en el fondo implica la existencia de un conflicto entre dos personas que se están disputando la preferencia de un crédito, es inconcuso que los órganos de control constitucional no pueden sustituirse a la autoridad del fuero común en el conocimiento de tal conflicto." Así como la tesis XI.2o.96 C, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 1423, del Tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 190803, que establece: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, INSCRIPCIONES EN EL. EL JUICIO DE AMPARO NO ES LA VÍA LEGAL ADECUADA PARA OBTENER SU CANCELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). El artículo 2854 del Código Civil dispone que las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad, pueden cancelarse por consentimiento de las partes o por decisión judicial; de lo que se deduce que fuera del caso en que la cancelación de una inscripción registral se haga por consentimiento de las partes, para realizarla válidamente, es necesario oír a los interesados, o sea, que cuando exista controversia respecto a la inscripción de un derecho en el Registro Público de la Propiedad, sólo por orden de una autoridad jurisdiccional puede cancelarse. Ahora bien, como las inscripciones están vinculadas con la declaración de un derecho real cuyo reconocimiento judicial compete a las autoridades del ramo, según el artículo 1o. del Código de Procedimientos Civiles, es evidente que quien pretenda su cancelación debe agotar el juicio correspondiente, previo al ejercicio de la acción constitucional, pues de no hacerlo así, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo." Bajo esa óptica jurídica, es innegable que en el caso concreto, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes invocada, por lo que con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada ley, se desecha de plano la demanda promovida por Nora Hilda Navarro Lagunas, contra los actos que reclama del Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán (en su correcta denominación), con sede en esta ciudad. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a María Fernanda Perulles Medina, Cinthia Nallely Acopa Arevalo, Carlos Enrique Ortegón Medina y Carlos Antonio Pérez Islas de conformidad con la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. Por lo que respecta a la solicitud de uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obran en los presentes autos; se accede a su petición, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que al rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, quien autoriza y da fe.
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