Nora Griselda Luna Baldenegro
Expediente 269/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 269/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Nora Griselda Luna Baldenegro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, seis de junio de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las 1 Exceptuando los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de mayo de dos mil veintidós, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 , archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, trece de mayo de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese sin mayor determinación el escrito suscrito por la autorizada legal de la parte quejosa, en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto el nueve de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de mayo de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado y anexo presentados por el presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Guaymas, Sonora, dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa dicha autoridad, a las cuales este juzgador les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de las que se advierte la actualización de una causal de improcedencia. Del estudio integral de la demanda de derechos humanos y constancias que integran este juicio de derechos, se aprecia que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ? La omisión de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Guaymas, Sonora, de realizar los actos encaminados a dar cumplimiento a lo ordenado en auto de ejecución de diez de agosto de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 118/2017 de su índice. Al respecto, de la constancia mencionada en segundo término, este Juzgado Federal, de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, mismo que a letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]" En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance, destaca la 2a. XLVIII/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "Registro digital: 196442 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. XLVIII/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Abril de 1998, página 241 Tipo: Aislada CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." El anterior precepto es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando aun existiendo el acto reclamado hay una imposibilidad jurídica para que pueda surtir sus efectos legales o materiales por la extinción de su materia u objeto. Así las cosas, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (uno de marzo de dos mil veintidós) y hasta la data en que se emite la presente determinación el acto reclamado subsiste, pues la Junta responsable no ha realizado las acciones tendentes al cumplimiento del citado auto de diez de agosto de dos mil veintiuno, en el expediente laboral de origen, como se aprecia del informe justificado de cuenta, donde anexó constancia de auto de veinticinco de marzo del año que transcurre, dictado en el consabido juicio arbitral, en el que al proveer diversa petición de la parte actora, le fue imposible localizar los autos originales del juicio natural, a saber 118/2017. De lo anterior, puede inferirse que para que se actualice la causa de improcedencia en estudio es necesario que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierte por alguna circunstancia, existe imposibilidad de que sus efectos se realicen por haber dejado de existir la materia u objeto del acto. Por lo que, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria o podría en su caso, ocasionar un detrimento mayor en perjuicio del gobernado. Existen diversas razones que pueden actualizar la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, como son: a) Que la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encuentre incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; b) La situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o c) Por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En la especie, de las constancias remitidas por la autoridad informante, se denota que se encuentra imposibilitada para llevar a cabo lo ordenado en el multicitado auto de diez de agosto de la pasada anualidad, dictado en el juicio de origen. Lo anterior es así, ya que del auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, relativo al juicio laboral 118/2017, se dilucida que debido al extravío de dicho expediente, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 725 y 726 de la Ley Federal del Trabajo de manera oficiosa, la Junta señalada como responsable señaló las once horas con treinta minutos del doce de mayo de dos mil veintidós, para la celebración de la AUDIENCIA INCIDENTAL DE REPOSICIÓN DE AUTOS, con el fin de que la parte actora -aquí quejosa-, comparezca a la misma, aporte y exhiba copias existentes en su poder respecto del expediente 118/2017, bajo los apercibimientos de ley, es decir, que de no presentarse al desahogo de la citada audiencia, tendrá por precluídos los derechos que pudiese hacer valer en la citada audiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 738 de la Ley Federal del Trabajo. Bajo ese contexto, se estima que en el caso la omisión de efectuar las actuaciones proclives dentro del citado juicio laboral, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia u objeto generadora del acto -omisión de dar cumplimiento al auto de ejecución del laudo-, pues jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estima violado, ya que la reactivación del juicio dependerá de la reposición de los autos en el citado juicio laboral, que se encuentra a expensas de que comparezca la quejosa a hacer valer sus derechos en la audiencia programada por la Junta señalada como responsable, y en su caso, exhiba las constancias necesarias para integrar el juicio y se encuentre en estado de continuar con la ejecución del laudo. Como se evidencia, si bien subsiste el antedicho acto reclamado, también lo es, que dicho acto no puede tener ningún efecto jurídico, ya que el acto reclamado no puede surtir consecuencia material alguna en la esfera jurídica del solicitante de la tutela constitucional, en razón de haber dejado de existir el objeto o materia del acto aquí reclamado (omisión de ordenar la ejecución del laudo), dado la reposición del expediente ordenada oficiosamente por la autoridad señalada como responsable. Por lo que no puede analizarse la constitucionalidad del acto que por este vía se reclama, ya que los efectos de una sentencia concesoria de amparo no podrían concretarse, a consecuencia del entorno en donde tuvo su origen, debido a que no existe materia para ordenar las acciones propensas al cumplimiento del consabido auto de ejecución del que se duele, menos para analizar la inconstitucionalidad del eventual auto que emerja en ese sentido. De manera que, si se estimara lo contrario y considerar que el acto originalmente reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estima violado sin afectar la situación jurídica actual que guarda el procedimiento de origen. Se afirma lo anterior, pues el juicio de amparo como medio de control de la constitucionalidad tiene por objeto reparar las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas. De ahí que se considere que de estimarse inconstitucional el acto reclamado, no podría darse los efectos restitutorios al quejoso pues la materia del mismo dejó de existir, al haberse extraviado el expediente laboral - causa generadora del derecho aquí reclamado-. Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "Registro digital: 173858 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 181/2006 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189 Tipo: Jurisprudencia ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por ende, el acto reclamado en este juicio de amparo no podrá surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, atento al estado procesal a que actualmente se encuentra el asunto de la junta responsable. Cabe precisar que en caso de inconformidad con dicha actuación, la parte aquí quejosa está en aptitud de promover el medio de defensa que estime pertinente, pues el acto omisivo aquí reclamado ha dejado de tener efecto en el juicio laboral de origen. En esas condiciones, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el procedimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con el arábigo 63, fracción V, de la legislación en cita. Cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo el órgano jurisdiccional, resuelve abstenerse de analizar la violación de derechos humanos imputada por la parte quejosa a la autoridad responsable y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de uno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento en el juicio de amparo por improcedente, fuera de la audiencia constitucional, opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige, que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto el día y la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa -nueve horas con cuarenta y nueve minutos del diez de mayo del año en curso-. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, doce de abril de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese a los autos el escrito y anexo presentados por la autorizada legal de la parte quejosa, y en cuanto a su petición, dígasele que se esté a lo acordado en auto de seis de abril de dos mil veintidós, en virtud de que se difirió la audiencia constitucional por los motivos ahí expuestos. Por lo que refiere a su petición de requerir a la autoridad responsable por las constancias que integran el juicio de origen, dígasele que se estará a la espera de que rinda su informe justificado, en el entendido que sigue transcurriendo a su favor el plazo previsto en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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