Nora Girón Salas

Expediente 1508/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1508/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
12/06/2023

Partes del expediente

  • Nora Girón Salas
  • 2. Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de junio de dos mil veintitrés. Visto; el oficio de cuenta firmado criptográficamente por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, recayéndole el número 171/2023. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y se toma conocimiento de lo antes expuesto. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice la captura correspondiente del recurso citado supralíneas. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Visto; el libelo de cuenta suscrito por la parte quejosa ********************; por medio del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia constitucional dictada en este juicio de amparo. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el escrito de cuenta. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos 81, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el RECURSO DE REVISIÓN que hace valer; en consecuencia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítase dentro de los tres días siguientes al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, para la substanciación del mismo, enviándose al efecto el original y réplica del aludido escrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro es el siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro es el siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO DE DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO, DICTADOS POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA POR ESTIMAR QUE LA RESPONSABLE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN LA MATERIA EN LA QUE INCIDE EL ACTO RECLAMADO Y, EN SU CASO, A LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES CONSIDERADAS COMO RESPONSABLES. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron sobre el Tribunal Colegiado de Circuito competente para conocer del recurso de queja interpuesto contra el acuerdo de desechamiento de la demanda dictado por un Juez de Distrito con competencia mixta al estimar que no se está ante actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. La Segunda Sala determinó que la competencia para conocer del recurso de queja interpuesto contra el auto que desecha la demanda o del recurso de revisión contra la sentencia que decrete el sobreseimiento, en ambos casos por estimar que no se está ante actos de autoridad, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito especializado en materia administrativa, pues de ese modo al resolverse el conflicto no se prejuzgará sobre el fondo de ese medio de defensa atendiendo al criterio residual previsto en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin que se actualicen los supuestos de excepción establecidos en las fracciones II del artículo 50 y III del diverso 51 de ese ordenamiento legal; en cambio, la Primera Sala sostuvo que para determinar qué Tribunal Colegiado de Circuito es el competente para conocer de un recurso de queja interpuesto contra la determinación del Juez de Distrito que desecha la demanda por estimar que no se está ante actos de autoridad, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de las señaladas como responsables. Hágase del conocimiento de la Superioridad, que desde este momento, queda debidamente vinculado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), este expediente de manera electrónica, a fin de que se encuentre disponible para su consulta, y con ello, obtener la información o constancias que se requieran; de conformidad con lo establecido en artículo 113, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial A, para que en el ámbito de sus funciones, realice los trámites correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, de conformidad con los artículos 14, 21 y 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con la finalidad de garantizar un pronta y expedita administración de justicia, mediante la tramitación del presente asunto, a través el esquema de Juicio en Línea; y tomando en consideración que la Representación Social Federal adscrita a este órgano de control constitucional, se encuentra registrada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "********************", y a su vez, habilitada para consultar el expediente electrónico y recibir notificaciones mediante esa misma vía, así como promover mediante el referido sistema de servicios en línea. En tal virtud, con apoyo en los artículos 17 de la Constitución Federal; y, 3, 5°, fracción IV, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención que legalmente le corresponde; para lo cual se instruye a los Actuarios, realicen la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes que conforme al ordenamiento legal en consulta deban practicarse en forma personal a la representación social en cita, en forma electrónica a través del usuario "********************". NOTIFÍQUESE POR LISTA, ELECTRÓNICAMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Apertura de la audiencia y relación de constancias. Con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, la Jueza de Distrito declara abierta la audiencia, sin la asistencia de las partes ni persona que legalmente las represente. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias de autos, entre las que destacan: No. CONSTANCIAS 1 Escrito de demanda. 2 Auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, por el que se previno a la parte quejosa. 3 Escrito aclaratorio. 4 Auto admisorio de catorce de noviembre de dos mil veintidós. 5 Emplazamiento a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. 6. Constancia de notificación e informes justificados de las autoridades responsables. 7 Proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés, por el que se le da vista a la parte quejosa para que ampliara su demanda de amparo. 8 Escrito de ampliación de demanda e informes justificados. Asimismo, hace constar y certifica que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de sus informes: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME AUTO 1. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia en esta ciudad. No es cierto. 03/04/2023 2. Secretaria General del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia en esta ciudad. No es cierto. 03/04/2023 3. Oficial Mayor del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia en esta ciudad. No es cierto. 03/04/2023 4. Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia en esta ciudad. Cierto y Niega (se desvirtúa). 20/12/2022 y 03/04/2023 La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124, de la ley de la materia, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: PARTE PRUEBAS AUTO 4. Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia en esta ciudad. Documental consistente en copia certificada del oficio ********************, de treinta de septiembre de dos mil veintidós. 19/01/2023 Atento a lo anterior, la Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, por lo que se cierra esta etapa. Acto seguido, se abre el periodo de alegatos, haciendo constar que ninguna de las partes los formularon; razón por la que se cierra esta fase. Finalmente, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, el Secretario certifica que al no existir diligencia pendiente de desahogar, se procede a dictar la siguiente sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo número 1508/2022-IX, y; R E S U L T A N D O: I. Demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y Amparo en Materia Penal, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, ********************, presentó demanda de amparo contra las autoridades y actos que se mencionaran en el siguiente considerando. II. Admisión y trámite. Previo cumplimiento a la prevención, mediante auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, registró la demanda de amparo con el número 1508/2022-IX, se admitió a trámite; se requirió su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. III. Ampliación de demanda. En auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, por lo que, en diverso de nueve de marzo siguiente, se tuvo por ampliada la demanda de amparo. IV. Audiencia. Previo diferimiento, se llevó a cabo la misma al tenor del acta que antecede; y. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en los Acuerdos Generales números 3/2013 y 16/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues el acto reclamado se atribuye a una autoridad circunscrita en razón de territorio a la jurisdicción de este juzgado. Segundo. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de las autoridades responsables. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J.40/2000 del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se acota tanto las autoridades señaladas como responsables y el acto reclamado, advertido de la demanda de amparo. Así, del análisis integral de la demanda de amparo y su ampliación (por conceptos de violación por la complementación de la fundamentación y motivación del acto reclamado), se aprecia que la parte promovente reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: a). El oficio ********************, de treinta de septiembre de dos mil veintidós, que negó hacer el recalculo de la pensión por invalidez y devolución de las diferencias existentes entre el salario que devengaba como trabajadora del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que en cuya complementación de la fundamentación y motivación del oficio reclamado aducido en el informe justificado, adujo el acuerdo que regula el procedimiento para el otorgamiento de pensiones a favor de los trabajadores y derechohabientes del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 208, de dos de febrero de dos mil veintidós, referido por el Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y IV, del cuerpo de leyes en consulta, debe analizarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo. Apoya la anterior consideración la siguiente jurisprudencia: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. En consecuencia, según constancia de autos, se advierte lo siguiente: No es cierto, el acto precisado 1. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 2. Secretaria General del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y 3. Oficial Mayor del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; todas con residencia en esta ciudad, por así haberlo manifestado expresamente al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa haya aportado medio de prueba alguna para desvirtuar dichas negativas. Máxime que como más adelante se verá, la cita del acuerdo que regula el procedimiento para el otorgamiento de pensiones a favor de los trabajadores y derechohabientes del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 208, de dos de febrero de dos mil veintidós, fue aducido por diversa autoridad esto es, por el Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la complementación de la fundamentación y motivación del acto reclamado, y no a las antes mencionadas. En ese contexto, ante la inexistencia del acto reclamado, lo procedente es sobreseer el juicio respecto de dichas autoridades, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable 4. Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia en esta ciudad por así haberlo informado, al rendir su informe justificado, en el sentido que emitió el oficio que constituye el acto reclamado. Y aún cuando al rendir su informe de ampliación de demanda (respecto de la complementación de la fundamentación y motivación del acto reclamado), haya manifestado que no le fue aplicado a la quejosa el acuerdo que regula el procedimiento para el otorgamiento de pensiones a favor de los trabajadores y derechohabientes del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ya que únicamente se hizo referencia en su informe justificado; sin embargo al tratarse propiamente de la complementación de la fundamentación y motivación del oficio reclamado, aducido a su informe justificado, debe tenerse por cierto el mismo. Es aplicable en ese sentido, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a /foja 391 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, julio de 1994, que dice: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Para corroborar su dicho, la autoridad responsable 4. Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia en esta ciudad, anexó copia certificada del oficio ********************, de treinta de septiembre de dos mil veintidós, a la cual se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo; porque se tratan de actuaciones emitidas por la autoridad responsable en el ejercicio de su encargo. Resultan aplicables los criterios establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinto. Procedencia. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En ese tenor, en relación con el acto reclamado reclamado al 4. Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia en esta ciudad, sobreviene la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. Los artículos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, respectivamente disponen: "Artículo 1o.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En principio, cabe señalar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, a diferencia de las que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio, sino que se relaciona con las causas que deriven de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. En ese contexto, los numerales 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la ley de la materia, prevén que el juicio de amparo es procedente contra actos de autoridad, que vulneren derechos fundamentales, entendiendo por aquélla, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que autoridad para efectos del juicio de amparo, es la persona que con fundamento en una norma legal puede emitir actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema estableció las siguientes notas distintivas de los actos de autoridad, a saber: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. Que emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En ese orden de ideas, válidamente se puede sostener que no todo acto emitido por un órgano del Estado constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino únicamente aquellos que reúnan las notas distintivas fijadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El primer presupuesto o nota que se debe satisfacer para considerar que el acto reclamado es un acto de autoridad y, por ende, que su autor es autoridad para efectos del juicio de amparo, es que se debe originar en una relación de supra a subordinación, entre la autoridad y el particular. En la contradicción de tesis 71/98, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre particulares y administrados, en las que los primeros actúan en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Estas relaciones, se regulan por el derecho público que prevé los procedimientos para resolver los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, el procedimiento contencioso-administrativo en el ámbito ordinario; mientras que en el ámbito constitucional, destaca el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tal motivo, la Constitución consagra una serie de garantías individuales o derechos fundamentales como limitaciones al actuar del órgano del Estado, ya que impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las que actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, de tal suerte que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, la ley prevé los procedimientos o juicios ordinarios necesarios para resolverlas. La nota distintiva de las relaciones de coordinación es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o previstas por la ley. Las partes se colocan en el mismo plano, de tal suerte que los actos que surjan son de naturaleza "particular" y, por ende, el amparo resulta improcedente. Las relaciones de coordinación están reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral; y están sostenidas entre los particulares, así como entre éstos y el Estado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis que se transcribe: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. En virtud de lo anterior, si bien las hora autoridades responsables están en posibilidad de emitir actos de autoridad, será la naturaleza jurídica de cada acto en particular la que permitirá determinar si se está en presencia o no de un acto de autoridad; es decir, cuando el acto reúna los atributos esenciales del proceder autoritario, a saber, la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, que se traducen en la posibilidad de que el Estado actúe sin el consenso de los particulares y pueda imponer sus determinaciones, aun contra su voluntad; caso contrario será cuando asume conductas y obligaciones como cualquier otro particular, en que su actuación será la de un ente de derecho privado. En el caso que nos ocupa, la quejosa mediante escrito de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, solicitó, en esencia, el recalculo de la pensión por invalidez y devolución de las diferencias existentes entre el salario que devengaba como trabajadora del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lo que dio origen al oficio ********************, de treinta de septiembre de dos mil veintidós, (acto reclamado). En ese sentido, se deduce que la relación que existe entre la parte quejosa y la autoridad señalada como responsable, es de coordinación; es decir, de igualdad, y no de supra a subordinación, por lo que no se le puede considerar como autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, en razón de que la solicitud que le formuló la quejosa, la realizó con su carácter de extrabajadora y pensionada de dicha dependencia [Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas], en estricto sentido, a efecto de realizar un recalculo del pago de pensión por invalidez. De ahí que, ambas partes se encuentran en el mismo nivel, es decir, de coordinación entablada entre particulares en los que actúan en un mismo plano; precisamente, porque en esta instancia el Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia en esta ciudad, tiene el carácter de patron de la persona a quien dio contestación a la solicitud de recalculo de pensión por invalidez, en su calidad de ente asegurador. Es decir, el acto reclamado al tener su origen en la relación laboral que sostuvo la parte quejosa como exempleada de su patrón y actualmente pensionada, no constituye un acto emitido por autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que, como se citó con antelación, se trata de una relación de coordinación, toda vez que tanto la parte quejosa como la señalada como responsable guardan un plano de igualdad. Por tanto, aun cuando el acto reclamado ocasionara algún perjuicio a la quejosa, no es impugnable en esta vía, pues los Tribunales del Estado en materia laboral se les ha dotado entre otras facultades, las de conocer y resolver los conflictos como el que se suscita entre la aquí quejosa y el Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia en esta ciudad; en esa premisa, se itera, es evidente, que el acto reclamado no es proveniente de una relación de supra a subordinación. Sirve de apoyo por identidad jurídica, la jurisprudencia: SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia. En consecuencia, la actuación del Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia en esta ciudad, no se encuentra revestida de imperio frente a la particular, porque el acto impugnado carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad, propias de un acto de autoridad. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción XXIII, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, por los motivos antes mencionados. De igual forma, no pasa inadvertido para esta juzgadora el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 111/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, septiembre de 2005; que dice: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva. Al respecto, de la tesis de jurisprudencia transcrita se deduce que el Alto Tribunal considera que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tiene el carácter de autoridad, en los casos en que el referido Instituto emite resoluciones mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión de algún beneficiario. No obstante, al margen del criterio orientador que antecede, válidamente se puede sostener que, en la hipótesis que nos ocupa, no nos encontramos ante una resolución en la cual se haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión de la ahora solicitante de amparo, todo lo contrario, en atención a lo solicitado por la quejosa, en su carácter de pensionada, el ente asegurador le proporcionó un informe detallado de su pensión. Por tanto, la naturaleza jurídica del aludido oficio no crea, modifica o extingue una situación jurídica de la asegurada pensionada. A mayor abundamiento, el informe por medio del cual la autoridad responsable comunicó a la quejosa sobre el porcentaje que constituye su pensión, no contiene decisión alguna que pueda irrogar algún perjuicio a la impetrante, habida cuenta que el resultado es meramente informativo y, respecto de erogaciones trasladadas al patrimonio de la peticionaria con anterioridad a su emisión, de ahí que no constituye una situación que modifique la esfera jurídica de la solicitante de amparo. De ahí que, en todo caso, la determinación que cause una afectación real y directa en la esfera jurídica del demandante, será aquella que haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión de la ahora solicitante de amparo; en razón de las anteriores consideraciones, se concluye que el acto reclamado en esta instancia constitucional no ocasiona un daño a la quejosa que derive en un perjuicio irreparable. En mérito de lo anterior, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, tal y como lo establece la Jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, cuyo rubro y texto es: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Sexto. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 61 fracciones XXI y XXIII, 73, 74, 75, 76, 124 y 217, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se SOBRESEE en el juicio promovido por ********************, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables 1. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 2. Secretaria General del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 3. Oficial Mayor del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 4. Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, todas con residencia en esta ciudad, en los términos precisados en el considerando tercero y cuarto de esta sentencia. Segundo. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de este instrumento. NOTIFÍQUESE Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA. Así lo resolvió y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de abril de dos mil veintitrés. Vistos; los oficios de cuenta signados por el Director de Recursos Humanos; Oficial Mayor; Secretaria General y Presidente Municipal, Todos del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, residentes en esta ciudad, por medio de los cuales rinden informe justificado, asimismo, las tres últimas señalan delegados, domicilio para oír y recibir notificaciones, proporcionan correo electrónico y número telefónico oficial. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósense a los autos los oficios de cuenta. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los mismos; y con sus contenidos, dése vista a las partes para que, en su caso, manifiesten lo que a su interés legal convenga. Relaciónense en la audiencia constitucional. En términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de las autoridades mencionadas a las personas que designan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan en su oficio de cuenta. Por otra parte, las responsables Oficial Mayor; Secretaria General y Presidente Municipal, Todos del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, residentes en esta ciudad, proporcionan correo electrónico y número telefónico para mantener contacto en relación con el presente juicio; en ese sentido, tomando en consideración que se trata de un correo electrónico y número telefónico oficial, se deberán tomar nota de dichos datos; para que, en el caso de ser necesario, se pueda entablar comunicación a través de dichos medios, en términos del ordinal 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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