Nora Emilia Chequer Guijarro
Expediente 264/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 264/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/06/2022
Partes del expediente
- Nora Emilia Chequer Guijarro y Otros.
- Nora Emilia Chequer Guijarro
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, dos de junio de dos mil veintidós. Cúmplase.
- Principal
Ensenada, Baja California, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y la certificación que antecede, de lo que se desprende que por razón de turno le correspondió conocer de la incompetencia planteada en proveído treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio, al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, el cual registró con el número de expediente 2759/2022. Por tanto, dado que aún no obra el acuse de recibo del oficio 7725/2021, que contiene la transcripción de dicha determinación, se solicita vía interconexión al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, que de no tener inconveniente legal alguno, informe a este órgano jurisdiccional el tramite dado a la incompetencia que registró con el número 2759/2022. Notifíquese.
- Principal
con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, el que suscribe Karlos González Bautista, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, hago efectivo el apercibimiento del AVISO de cuatro de junio de dos mil veintiuno, dejado en el domicilio procesal de los promoventes, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, por lista y por lista en una página electrónica a los promoventes que dice...Se tiene por recibida la demanda que promueve ***por propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades 1. Congreso de la Unión; 2. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; 3. Secretario de Comunicaciones y Transportes; 4. Secretario de Gobernación, todas con residencia en la Ciudad de México; y, 5. Radiomóvil Dipsa, Sociedad Anónima, de Capital de Variable, todas con residencia en la Ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 264/2021-II-B. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA Ahora, debe precisarse que del análisis integral del escrito de demanda (que se analiza en su conjunto como un todo, se desprende que la parte quejosa señala como autoridades responsables las precisadas con antelación, en contra de los actos reclamados, siguientes "IV. Acto que de cada autoridad se reclama Del H. Congreso de la Unión reclamo la aprobación a las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en sus artículos 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintes, 180 Sextus, 180 Septimus, 190 fracción VII, y transitorios Primero y Cuarto de la ley federal referida. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos reclamo la aprobación, promulgación y publicación del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha de 16 de abril de 2012, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, específicamente en sus artículos 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintes, 180 Sextus, 180 Septimus, 190 fracción VII, transitorios Primero y Cuarto. Del C. Secretario de Comunicaciones y Transportes reclamo el refrendo a la aprobación, promulgación y publicación del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha de 16 de abril de 2012, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, específicamente en sus artículos 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintes, 180 Sextus, 180 Septimus, 190 fracción VII, transitorios Primero y Cuarto; así como la inminente recepción de datos personales, específicamente de datos biométricos del quejos, derivados de la obtención en ingreso de los mismos al Padrón Nacional de usuarios de telefonía móvil, con base en el decreto mencionado en líneas precedentes. De la compañía telefónica ***reclamamos la inminente obtención e ingreso de datos biométricos de losquejosos al Padrón Nacional de usuarios de telefonía móvil, derivado de la aprobación del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha de 16 de abril de 2012, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, específicamente en sus artículos 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintes, 180 Sextus, 180 Septimus, 190 fracción VII, transitorios Primero y Cuarto, empresas que tienen las respetivas filiales en esta ciudad de ENSENANDA BAJA CALIFORNIA" De los actos reclamados transcritos emitidos por las autoridades que señala como responsables, como del examen integral de la demanda, se estima como premisa mayor, que la parte quejosa combate por esta vía los artículos 180 ter, 180 quáter y 180 quintes de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, contenido en el decreto publicado el diecisiete de abril de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación. Acto que es atribuible al Congreso de la Unión integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y al Presidente de la República. Precisado lo anterior, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo. La competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Las reglas de competencia de los jueces de distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, con fundamento en los artículos 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Sirve de fundamento, la jurisprudencia *** La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición del procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la remisión de los autos al juez competente. Para que un juez tenga competencia respecto de un asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, la vía y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por razón de la vía; y, d) Competencia auxiliar. Competencia por materia: Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales, por razón de la materia, se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales administrativos, civiles, penales o del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Es aplicable la jurisprudencia *** En la especie, se ejercita la acción constitucional de amparo esencialmente contra El decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno. De la litis planteada de la demanda de cuenta, se advierten cuestiones que involucran aspectos técnicos, que pudieran incidir en la adecuada prestación de los servicios de telecomunicaciones y/o radiodifusión. Por otra parte, el once de junio de dos mil trece, se publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones, entre otros el artículo 28 Constitucional de cuya iniciativa destaca lo siguiente "Como inicio de esta política de Estado se plantean las siguientes acciones: [...] Creación de Tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones. Se realizarán las reformas necesarias para crear tribunales especializados que permitan dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica. (Compromiso 38). Asimismo, propone la creación de órganos reguladores con autonomía constitucional, con las facultades necesarias para asegurar el desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y asegurar condiciones de competencia y libre concurrencia, tanto en los sectores referidos, como en la actividad económica en general [...] Con tal propósito se proponen diversas adiciones al artículo 28 de la Constitución a efecto de crear de (sic) la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órganos constitucionales autónomos, con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto. Tribunales especializados y efectividad de las resoluciones. Una parte importante de la regulación en materia de competencia y de telecomunicaciones es su aplicación efectiva. La mejor regulación será incapaz de lograr sus objetivos si no se puede aplicar por la interposición de medios de impugnación y litigios múltiples, que en muchas ocasiones tienen la intención de ganar tiempo para eludir la regulación u obtener un beneficio económico. El tiempo que pasa entre la emisión de la regulación y su aplicación es vital para la efectividad de la misma. Una sanción contra una práctica monopólica o una declaración de poder dominante en el mercado requiere una aplicación eficaz y ágil, para detener las prácticas monopólicas antes de que las mismas eliminen a los competidores y ocasionen que el mercado sea acaparado por el monopolista en forma irremediable. En los últimos años, ha existido una alta cantidad de litigios sobre las resoluciones en esta materia, lo que ha impedido en la práctica una mayor competencia en los mercados. Al respecto, la OCDE, en el estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, consideró que 'Puede decirse que el actual sistema jurídico, aunado al frecuente uso del amparo, constituye el principal factor que impide la aplicación de la regulación en México. La consecuencia, como explica el informe, es una entidad reguladora incapaz de regular, pues la responsabilidad de la implementación efectiva de la regulación queda en manos de los tribunales. Esta estructura es sin duda ineficiente y su resultado insostenible. El problema esencial no es la existencia de acceso a la justicia, el cual es un derecho fundamental de toda persona, sino evitar que las empresas en mercados vitales como los del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, abusen del sistema de justicia para frenar la regulación que busca reducir su poder de mercado o detener prácticas anticompetitivas. Las decisiones de las autoridades en esta materia deben estar sujetas a revisión, sin embargo, lo que debe evitarse es que las impugnaciones tengan como principal objetivo la suspensión de la acción reguladora y detengan o retrasen las decisiones tomadas por los órganos competentes, prevaleciendo el interés particular sobre el interés de la sociedad. ... Por lo anterior, es urgente dar a las autoridades del sector de las herramientas necesarias para llevar a cabo su labor. Se requiere que los tribunales que conozcan de impugnaciones contra resoluciones de órganos reguladores en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión no suspendan su aplicación, con el objeto de salvaguardar el interés de la sociedad en la prestación de estos servicios. Asimismo, para reducir el número de impugnaciones ante los tribunales (en ocasiones por el mismo actor) y que las decisiones en estas materias sean congruentes, es necesario que los juicios se concentren en tribunales especializados, con objeto de evitar criterios contradictorios que complican la aplicación de la ley y generan incertidumbre jurídica. Esto también permitirá que los juzgadores que resuelvan estas impugnaciones puedan especializarse para conocer los aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión que, de suyo, reviste una alta complejidad. Con el objeto de atender esta problemática y especializar el control jurisdiccional sobre las resoluciones de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, así como clausurar las vías de litigiosidad que propicia actualmente la posibilidad de controvertir dichas resoluciones a través del juicio contencioso administrativo federal, el juicio ordinario administrativo en materia de competencia económica y el juicio de amparo, la iniciativa propone reformar el artículo 28 constitucional para establecer que las normas, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones sólo podrán ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Asimismo, se propone modificar el párrafo quinto del artículo 94 constitucional para que el Consejo de la Judicatura Federal incluya en la determinación del número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a Juzgados y Tribunales Especializados en Radiodifusión, Telecomunicaciones y Competencia Económica. Con estas reformas se da cumplimiento al compromiso número 38 del Pacto por México, consistente en la creación de Tribunales Especializados en Materia de Competencia Económica y Telecomunicaciones, así como al número 39, relativo a las impugnaciones de las resoluciones de los órganos reguladores, a través de las cuales se ha logrado eludir el cumplimiento de las mismas." Énfasis añadido De dicha reforma constitucional es posible determinar la creación de la rama del derecho económico regulatorio y dentro de este el derecho de competencia económica, el cual se dejó a cargo de órganos autónomos cuyas resoluciones sólo son impugnables vía juicio de amparo indirecto ante los órganos jurisdiccionales especializados en la materia; ello con la finalidad de brindar certeza a los agentes económicos mediante la aplicación eficaz y técnicamente informada de los marcos normativos que regulan esas actividades. Expuesto lo anterior, resulta importante mencionar que de conformidad con lo establecido por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de los asuntos en materia administrativa que ahí se prevé. Dicho precepto señala*** Conviene precisar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. El artículo transitorio Décimo Segundo del Decreto en cita, establece lo siguiente "El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior." De lo anterior, así como de los artículos en cita, se advierte que el Consejo de la Judicatura Federal debía establecer tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Con base en tales obligaciones legales, en sesión de siete de agosto de dos mil trece, el Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el acuerdo siguiente*** El cual en sus artículos SEGUNDO y SEXTO determinó lo siguiente: "SEGUNDO.- A partir del diez de agosto de dos mil trece el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional. En esa misma fecha, el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional." "SEXTO. Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones." Aunado a lo anterior, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establece en el Título Décimo Sexto lo siguiente: "Artículo 312. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensiónArtículo 313. Cuando se trate de resoluciones del Instituto emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento. Las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales. Artículo 314. Los juicios de amparo indirecto serán sustanciados por los jueces y tribunales especializados establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión. Artículo 315. Corresponderá a los tribunales especializados del Poder Judicial de la Federación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión, conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley." De la transcripción anterior, se advierte que se concluyó que tratándose de los actos vinculados con los temas comprendidos en el marco normativo anteriormente transcrito, se actualiza la competencia material de los Juzgados de Distrito especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Como se ha dicho en los párrafos precedentes, respecto de los actos aquí reclamados corresponde conocer a los Juzgados de Distrito Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, pues están vinculados con un tema de Radiodifusión y Telecomunicaciones, ya que de la reforma señalada (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada el dieciséis de abril de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación), se estableció entre otros aspectos la obligación del Instituto Federal de Telecomunicaciones de instalar, operar, regular y mantener un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), lo que involucra a la telefonía móvil de los quejosos. De ahí´ que al estar relacionada la naturaleza de los actos con la especialidad en competencia económica, y no con la administrativa genérica, el conocimiento de esos juicios de amparo corresponde a los citados órganos judiciales especializados. Sin que sea óbice a lo anterior, que uno de los actos reclamados se atribuya a diversa autoridad administrativa, dado que el mismo guarda íntima relación con los acuerdos que la parte quejosa aduce inconstitucionales (que se reflejan en una factura del servicio de telefonía celular), lo que constitucionalmente se reservó a los Juzgados Especializados. Así las cosas, para conocer de un juicio de amparo por razón de materia, se debe atender fundamentalmente a la naturaleza del acto reclamado, prescindiendo de la calidad de la autoridad que lo haya emitido. Por eso se determina, que la competencia para conocer del presente juicio, le corresponde al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia 83/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 28, registro digital 195007, de rubro***lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado." En suma, debe indicarse que el derecho de la competencia económica se encuentra comprendido por un complejo jurídico técnico-normativo extenso, que faculta al Estado para la ordenación de los mercados, aunado a una regulación intensa de ciertas y específicas actividades, estimadas prioritarias, en aras del funcionamiento eficiente de los mercados para el desarrollo social y beneficios a los consumidores. Así, el mercado relativo a las comunicaciones telefonía sujeta a los principios de regulación asimétrica. Por ello, con fundamento en los artículos 94, párrafo primero, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley de Amparo; 52 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; este Juzgado Federal resuelve que carece de competencia, por razón de la materia, para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto. Por ende, se ordena remitir los autos al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, a quien se estima competente, conforme a los motivos y los fundamentos expuestos. Apoya lo anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia número 2a./J. 84/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, agosto de 2016, Tomo II, página 1092, registro digital 2012188, de rubro y texto siguientes*** Así también, la tesis*** No procede suspender los actos reclamados por la incompetencia. El artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se presente una demanda de amparo ante un Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie, se declina la competencia, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión, porque no se reclama alguno de los actos de excepción DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo; por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Elsa Ceseña Duarte, dado que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Sujell Osiris Martínez García y Reynaldo Junior Mangiral Ceseña, por no contar con su cédula registrada en dicho sistema. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario: "LIC. CHEQUER", para que tenga acceso al expediente electrónico del presente juicio. Además, se le tiene proporcionando el correo electrónico Norachequer@hotmail.com. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
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